El Colegio de Criminología de Madrid diseña un protocolo de actuación integral para luchar contra los narcopisos de Lucero

La propuesta ya ha sido remitida a la Junta del Distrito de Latina

Cámaras de vigilancia, sanciones a propietarios que no colaboren con las autoridades, zona de párking exclusivas para residentes o un único fiscal para todos los casos son algunas de las medidas

Madrid, a 6 de junio de 2024

Debido a la creciente alarma social generada por los ‘narcopisos’ situados en la calle Cullera, en el madrileño barrio de Lucero, y el riesgo de que esta zona se convierta en un lugar con mayor inseguridad real y percibida, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), a través de su Grupo de trabajo de Criminología aplicada a la Función policial, ha desarrollado un análisis detallado y una serie de propuestas para abordar la problemática actual.

Desde hace tiempo, la calle Cullera se enfrenta a problemas significativos relacionados con ‘narcopisos’ situado en los números 14-16. El análisis previo realizado por los criminólogos ha identificado varios factores clave, como el contexto social y urbano. Lucero es un barrio de clase trabajadora con edificios residenciales antiguos y falta de inversión en mantenimiento y seguridad, lo que ha facilitado la aparición de ‘narcopisos’.

Los datos policiales indican un aumento de delitos relacionados con drogas y actividades delictivas asociadas, como robos y vandalismo. Y encuestas locales muestran que los residentes tienen una percepción baja de seguridad, especialmente en torno a los edificios identificados como ‘narcopisos’.

El trabajo de campo realizado por los criminólogos, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero (Madrid), ha contado también con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes revelan que la problemática comenzó con la llegada de una familia conflictiva que ha ocupado varias viviendas.

Desde entonces, califican como “dramática” la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido “insuficientes” y los narcotraficantes se sienten «intocables». Por tanto, los vecinos han perdido la confianza en las instituciones y expresan una sensación de “vulnerabilidad e indefensión”.

 

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

     Ante este problemática, el Colegio de Criminología de Madrid ha desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países:

  1. Involucrar a los Propietarios: Realizar talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.
  2. Medidas Comunitarias: Lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos.
  3. Acciones Policiales y Legales: Establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de vigilancia.
  4. Medidas Jurídicas: Implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para actividades delictivas.
  5. Intervenciones Físicas y de Infraestructura: Mejorar la iluminación, establecer el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes e instalar cámaras en zonas estratégicas.
  6. Colaboración con Instituciones Financieras: Informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.
  7. Refuerzo de Normativas y Código Urbano: Asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas.
  8. Programas de Recuperación y Tratamiento: Implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas.
  9. Involucrar a las Administraciones: Informar y exigir actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.

Los criminólogos madrileños señalan que estas medidas, combinadas de manera estratégica y adaptadas a las condiciones específicas del barrio de Lucero, pueden ayudar a reducir y eventualmente eliminar el problema de los narcopisos. Estas estrategias se deben basar en estudios de investigación criminológica y de informes policiales que subrayan la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes en la solución del problema (vecinos, asociaciones culturales del barrio, Ayuntamiento  de Madrid, Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Municipal, Juzgados).

Las respuestas efectivas suelen implicar la implementación de múltiples estrategias de manera simultánea, y no deben limitarse a acciones policiales, sino que deben incluir la colaboración de toda la comunidad, concluyen desde Grupo de trabajo de Criminología aplicada a la Función policial del CPCM, que harán llegar el informe a la Junta del Distrito de Latina y al resto de las instituciones públicas para que actúen.

Convenio de Colaboración entre INDESEC y el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid

Madrid, a 20 de mayo de 2024

La Asociación de Jóvenes en Inteligencia, Defensa y Seguridad (INDESEC) y el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) han firmado un convenio de colaboración para unir esfuerzos en la difusión del conocimiento a través de actividades académicas, culturales y de formación.

El acuerdo fue firmado por Alejandra Moreno García, presidenta de INDESEC, y Alejandro López Palma, vicepresidente de la asociación, así como por Carmen Balfagón, decana del CPCM. Ambas partes reconocieron la importancia de esta colaboración con el objetivo principal de fomentar la cultura de inteligencia, defensa y seguridad. A través de esta alianza, se organizarán eventos conjuntos y se promoverán programas y actividades de interés común.

INDESEC se ha comprometido a no cobrar por los servicios ofrecidos por el Colegio, difundir internamente los programas y eventos del CPCM a sus miembros, y dar visibilidad a la colaboración mediante su blog y redes sociales. Además, la asociación juvenil participará en la organización de eventos conjuntos.

Por su parte, el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid ofrecerá descuentos a los asociados de INDESEC en cursos y congresos no gratuitos, y permitirá la publicación de artículos de los asociados en su revista divulgativa. También se compromete a colaborar en la organización de eventos.

El convenio, que tendrá una duración inicial de dos años, se renovará automáticamente por períodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su deseo de no renovarlo. Ambas entidades han acordado gestionar los datos personales conforme a la normativa vigente y garantizar la confidencialidad de la información intercambiada.

Este nuevo acuerdo representa un paso significativo en la cooperación entre INDESEC y el CPCM, fortaleciendo sus esfuerzos para fomentar la seguridad, defensa y el conocimiento en la comunidad. Conoce todos los detalles en el Área Privada de nuestra web.

Los criminólogos podrán optar a ser expertos facilitadores de apoyo en Juzgados a personas con discapacidad

     Madrid, a 13 de mayo de 2023

Gracias a las negociaciones del Colegio con la Comunidad de Madrid, los criminólogos podrán optar a ser expertos facilitadores de apoyo en Juzgados a personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid ha aprobado en su último Consejo de Gobierno un Decreto que regular la figura del experto facilitador que prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales: juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes en la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

Una iniciativa pionera porque Madrid se convierte en la primera de España en formalizar legalmente este recurso público y también porque por primera vez incluye a los graduados y licenciados en Criminología para poder optar a estas plazas. Y todo gracias a las negociaciones que desde hace meses ha liderado el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y que ahora dan los primeros resultados, que esperemos no sean los únicos.

El Ejecutivo autonómico ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que respalda al experto facilitador y donde destaca el carácter “precursor” de esta iniciativa que, según expone, “constituye un hito en aras a garantizar la participación de la persona con discapacidad en plena igualdad dentro del proceso”.

La normativa establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales. Deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica –-cursos con una duración mínima de 100 horas– en este ámbito.

El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se instruirá a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y apoyen a los individuos con discapacidad en situación de víctima.

FUNCIONES DEL FACILITADOR

El facilitador es un profesional experto encargado de trabajar con el personal de justicia y con las personas con discapacidad para asegurar una comunicación efectiva durante los procesos judiciales. Su rol es apoyar a estas personas para que comprendan el proceso y tomen decisiones informadas, garantizando que la información se transmita en un lenguaje accesible y proporcionando los ajustes necesarios para su participación.

El experto facilitador debe informar al órgano judicial y a los operadores jurídicos sobre los ajustes necesarios para garantizar la participación efectiva de la persona con discapacidad, proporcionando explicaciones adaptadas de los procedimientos y acompañamiento durante todo el proceso judicial.

Los informes deben incluir objetivos, metodología, identificación de necesidades específicas y justificación de los ajustes propuestos, asegurando que estos se prioricen según las necesidades y preferencias del individuo.

Los servicios de facilitación serán remunerados, con tarifas específicas para la elaboración de informes y el acompañamiento en sede judicial, ajustándose estas tarifas según la complejidad del servicio prestado. El órgano judicial solicitará la designación de un facilitador cuando se identifique la necesidad de realizar adaptaciones para garantizar la participación efectiva de la persona con discapacidad.

 

Más información en el BOCM del 10 de mayo: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/05/10/BOCM-20240510-17.PDF

El 72% de los graduados en Criminología ha trabajado en campos relacionados con la profesión, pero con contratos efímeros

Madrid, a 13 de mayo de 2024

El 72,5% de los encuestados ha trabajado en campos relacionados con la Criminología al menos una vez, pero solo el 53,8% se mantiene en dichos puestos actualmente. Además, la duración media en estos trabajos es de aproximadamente 19,7 meses.

Así se desprende del ‘Estudio de Inserción Profesional de la Criminología en España 2023‘, dirigido por el director del Departamento de Criminología de la UDIMA y vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, Abel González García, con el objetivo de cuantificar la inserción real de estos profesionales tanto en el sector público como privado.

Desgranando los datos del informe, solo el 27,2 por ciento de los encuestados había trabajado en el ámbito puramente criminológico, es decir, en un puesto para el que se requería la titulación de Criminología y continúan en ese puesto de trabajo un total del 19,9%. Si tratamos de conocer qué sucede en el ámbito relacionado, es decir, en aquel en el que se emplean conocimientos criminológicos, pero no exige estar en posesión del título de Criminología para ejercer ese trabajo, encontramos que el 45,3% han trabajado alguna vez en el sector, mientras que lo siguen haciendo el 33,9% de las personas que han respondido a la encuesta.

Además, los resultados por universidad muestran una disparidad considerable: la Universidad Camilo José Cela lidera, con un 66.7% de sus graduados trabajando en Criminología, seguida por la Universitat Pompeu Fabra, con el 60%. En contraste, la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Católica de Murcia tuvieron una tasa de inserción del 0%.

      Entre los graduados que trabajan en Criminología, la docencia universitaria (12,4%), la consultoría privada (11,2%), y la prevención del fraude en empresas (10,1%) fueron los campos más comunes. Además, un 28.2% de los encuestados encontraron empleo en la Policía, indicando una aplicación indirecta de sus conocimientos criminológicos.

Comparado con estudios previos, como los realizados en Bélgica entre 1978 y 1998, la inserción laboral en España parece rezagada, especialmente en el ámbito público. Sin embargo, un estudio reciente de la Fundación BBVA indica que la inserción profesional en Criminología alcanza un 88,7%, sugiriendo una mejor integración en el ámbito privado, un enfoque en el que también está trabajando el Colegio.

UNA PROFESIÓN CON UNA INSERCIÓN LABORAL REZAGADA

     Desde la instauración de la Licenciatura de Criminología en 2003, los estudios en esta disciplina han visto un crecimiento exponencial. A partir del cambio a Grado en 2008, el número de universidades ofreciendo este programa ha ascendido a 39, y los estudiantes matriculados han experimentado un notable aumento, pasando de 11.647 en el curso 2016/17 a 23.710 en 2022/23, lo que representa un incremento del 104%.

Pero a pesar del interés académico, la inserción laboral en el sector público sigue siendo limitada, con solo una plaza oficialmente publicada en el Ayuntamiento de Benidorm hace ya muchos años. Pero todos sabemos que muchos criminólogos se emplean como personal laboral en diversas instituciones públicas, aunque sin cifras concretas que respalden esta afirmación.

     Ante la falta de datos concretos, se puso en marcha el ‘Estudio de Inserción Profesional de la Criminología en España 2023’, dirigido por el director del Departamento de Criminología de la UDIMA y vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, Abel González García, con el objetivo de cuantificar la inserción real de estos profesionales tanto en el sector público como privado.

     El estudio utilizó una metodología basada en encuestas, aplicando un cuestionario online a 367 individuos durante febrero de 2023. De las respuestas obtenidas, 350 fueron consideradas válidas para el análisis, excluyendo aquellas de no graduados de universidades españolas o respuestas incompletas.

     Los datos mostraron una participación significativa de recientes graduados, con 67 personas que finalizaron sus estudios en 2022, representando un importante segmento de la muestra. La mayoría de las universidades españolas estuvieron representadas, abarcando el 92,31% de instituciones que ofrecen este Grado.    

     El estudio concluye que, aunque la formación académica en Criminología en España ha avanzado significativamente, aún quedan desafíos considerables en la inserción laboral, particularmente en el sector público. Se recomienda una expansión de oportunidades en este sector y una revisión de los currículos para alinear mejor la formación con las demandas del mercado laboral.

El informe también subraya la importancia de una colaboración continua entre instituciones educativas y entidades gubernamentales para facilitar la integración de criminólogos y criminóloga en el mercado laboral y asegurar que su formación se traduzca efectivamente en empleabilidad. Se insta a realizar estudios adicionales para profundizar en estos hallazgos y ajustar las políticas educativas y laborales correspondientes.

Conoce todo el estudio pinchando aquí:

Y recuerda que estamos elaborando el II Estudio de Inserción laboral y necesitamos contar con tu opinión. Solo hasta el 2 de junio. Son solo unos minutos:

Suscribimos convenios con dos medios digitales para luchar contra el bullying y promover la Cibercriminología

     Madrid, a 29 de abril de 2024

     El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha suscrito esta semana sendos convenios con los medios digitales ‘Éxito Educativo’ y ‘Delta News’ con el objetivo de prevenir y luchar contra el acoso escolar y promover contenidos sobre cibercrimología, respectivamente.

Concretamente, con ‘Éxito Educativo’ ambas partes se comprometen a promover diversos contenidos para los profesionales de la educación y de la Criminología, especialmente relacionados con la prevención del acoso escolar, la violencia juvenil o cualquier aspecto que permita la mejora de la convivencia en los centros educativos a través de este diario digital y sus distintos canales de comunicación.

De esta manera, el medio educativo publicará noticias del Colegio, organizará webinars gratuitos durante el curso escolar sobre los temas relacionados con el acoso escolar y la mejora de la convivencia. También pondrán en marcha un espacio de la sección de convivencia con contenidos relacionados y promovidos por la institución madrileña, que los promocionará y dará visibilidad.

El acuerdo fue firmado por el vicedecano del CPCM, Abel González, y el consejero delegado de Éxito Educativo, Víctor Núñez, quien aseguró que esta alianza «mejora de la convivencia en los centros educativos de la mano de los criminólogos y criminólogas, profesionales formados en la prevención de cualquier forma de violencia y, muchos de ellos, como Abel, especializados en bullying y ciberbullying”.

Asimismo, el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid ha firmado otro convenio marco con el medio digital sobre seguridad e inteligencia ‘Delta13News’ por el que ambas partes se comprometen a promover diversos contenidos para los profesionales de la Criminología y la cibercriminología, a través del diario digital y sus distintos canales de comunicación.

El acuerdo fue suscrito en Madrid por el director general de Delta13New, Vicente de la Cruz y Abel González. Por medio de acuerdo, el digital se compromete a publicar noticias relacionadas con la actividad de la CPCM y a la organización de webinars gratuitos sobre temas relacionados con la materia, que el Colegio promocionará en sus medios y redes sociales.

De igual modo, la institución colegial incorporará en su página web el logotipo y el enlace correspondiente de Delta13News y de Éxito Educativo como un aliado en la tarea de comunicación sobre la Criminología y la Cibercriminología.

convenio ciber 1 Suscribimos convenios con dos medios digitales para luchar contra el bullying y promover la Cibercriminología
convenio ciber 2 Suscribimos convenios con dos medios digitales para luchar contra el bullying y promover la Cibercriminología

El Colegio avanza en la ley que regulará la profesión y en el acondicionamiento de la sede

Madrid, a 25 de abril de 2024

El Colegio Profesional de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha mantenido reuniones con distintos grupos parlamentarios, las últimos con diputados que componen el actual Gobierno de la Nación, para lograr cuanto antes una ley que regule la Criminología en España, un proyecto del que ya tiene conocimiento el Secretario de Estado de Justicia, ya que este Ministerio es clave para su el inicio de la tramitación legislativa.

Además, fruto de las conversaciones mantenidas con los distintos parlamentarios, se han abierto a estudiar la incorporación de criminólogos en la futurible Oficina Anticorrupción. Además, se han interesado por informes y por la II Encuesta de Inserción Laboral de la profesión que sigue en marcha y a la que invitamos a todos los criminólogos que participen (https://lc.cx/15IVWq).

De todo ello informaron el pasado sábado en la Asamblea Ordinaria de Colegiados la decana y el vicedecano del CPCM, Carmen Balfagón y Abel González, respectivamente. Asimismo, trasladaron a todos los presentes que han solicitado un crédito a muy buen tipo de interés, avalado por el ICO, para acometer las obras de acondicionamiento de la futura sede del Colegio, un local situado en el madrileño barrio de Ventilla alquilado a la Comunidad de Madrid a un bajísimo precio mensual y con una carencia de pago de un año.

Abel González también anunció la puesta en marcha de un análisis DAFO de la profesión y de un plan estratégico específico que ya ha comenzado con un plan de Comunicación, que se traducirá en el lanzamiento de un boletín o Newsletter mensual y el relanzamiento de informaciones sobre los servicios y órganos del Colegio en las redes sociales. Asimismo, dio la bienvenida a los nuevos Grupos de Trabajo de Difusión y Visibilización y el de Criminología aplicada a la Función Policial.

Entre otros asuntos, el vicedecano habló de la importancia de la colaboración con las universidades y el resto de los colegios y asociaciones autonómicas de criminólogos/as como las de Andalucía y País Vasco, que cuentan con todo nuestro apoyo para que se conviertan muy pronto en Colegios Profesionales. Y de la apuesta del CPCM por estrechar lazos internacionales, como ya mantenemos con una institución criminológica de México y pronto con otra de Chile.

Por su parte, la vicesecretaria del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, Tatiana Rosa Burgos, animó a todos los colegiados y colegiadas a participar más en los grupos de trabajo, cursos de formación, blog, revista, reuniones, acciones o servicios del CPCM. Por ejemplo, en la biblioteca virtual de Tirant lo Blanc o en los descuentos en eventos de ocio, hospedajes o servicios que se ofrecen en el Área Social.

Aunque aún queda un tiempo, la Secretaría del Colegio ya ha comenzado a preparar el II Congreso de la Criminología de la Comunidad de Madrid, que se celebrará en noviembre. También participará este año en otros grandes eventos como el Congreso de la SEIC en octubre en Cáceres o el Día de las Profesiones que organiza en septiembre la UICM en la plaza de Colón de la capital y donde tanto éxito de público tuvimos el año pasado.

En la Asamblea se dio repaso a la Memoria de Actividades del Colegio en cada una de sus áreas y comisiones en 2023 y a la Memoria Económica, que resultó muy positiva, ya que el año pasado terminó con un importante superávit en las cuentas, tal y como explico el tesorero Juan Carlos Gutiérrez. Ambos documentos detallados, que fueron aprobados por una amplísima mayoría, se encuentran en el Área Privada de nuestra web, a la que animamos a todos los miembros del CPCM a que consulten y analicen.

El suicidio adolescente: El papel del Criminólogo

Los criminólogos, como expertos en el estudio de la conducta delictiva y antisocial, pueden desempeñar un papel importante en la prevención del suicidio adolescente, especialmente cuando se consideran los factores sociales y ambientales que pueden contribuir a este riesgo. El criminólogo puede contribuir a la prevención del suicidio adolescente mediante:

  1. Investigación y análisis de datos: Los criminólogos pueden llevar a cabo investigaciones para analizar patrones, identificar factores de riesgo específicos y tendencias relacionadas con el suicidio adolescente. Pueden examinar datos demográficos, epidemiológicos y estadísticas relacionadas con este tema. Esto incluye identificar grupos de alto riesgo y áreas geográficas específicas que puedan requerir atención especial.
  1. Desarrollo de políticas y programas: Los criminólogos pueden colaborar en el diseño y la implementación de políticas y programas de prevención del suicidio en entornos escolares, comunitarios y familiares. Esto puede incluir programas de concienciación, capacitación de profesionales, y estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud mental. Pueden ayudar también a desarrollar estrategias de intervención.
  1. Colaboración interdisciplinaria: Trabajar en colaboración con profesionales de la salud mental, educadores, trabajadores sociales y otros expertos puede ser crucial en la implementación de enfoques múltiples de prevención. Esta colaboración transversal permite un enfoque integral de las causas y posibles soluciones. La información compartida entre disciplinas puede proporcionar una evaluación más completa y precisa del riesgo.
  1. Análisis del entorno social y comunitario: Los criminólogos pueden evaluar el entorno social y comunitario para identificar factores de riesgo específicos, como el acoso, la violencia, el acceso a medios “letales” y la falta de apoyo en sus entornos. Todo ello esencial para la detección temprana del riesgo de suicidio.
  1. Capacitación y educación: Los criminólogos pueden participar en programas de capacitación para profesionales, educadores y miembros de la comunidad para aumentar la conciencia sobre el suicidio adolescente, sus factores de riesgo y las estrategias de prevención. Participar en la capacitación de estos profesionales que tienen contacto regular con adolescentes puede mejorar la capacidad de identificar señales de advertencia y derivar a los jóvenes a los recursos adecuados.
  1. Intervención en casos específicos: Al analizar casos individuales, los criminólogos pueden identificar factores de riesgo singulares, de los que pudieran derivarse actuaciones concretas y estrategias particulares en cada caso, basadas en la experiencia y los resultados obtenidos con anterioridad.
  1. Evaluación de programas de prevención: Basándose en la investigación y el análisis, los criminólogos pueden llevar a cabo evaluaciones de programas de prevención para determinar su eficacia y realizar ajustes según sea necesario. Abordar los factores de riesgo identificados y promover un entorno de apoyo efectivo y adaptado a la circunstancia.
  1. Promoción de entornos seguros: Trabajar para crear entornos seguros y de apoyo en la escuela, la comunidad y el hogar puede ser una parte crucial de la prevención del suicidio adolescente.
  1. Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana: Los criminólogos pueden contribuir al diseño e implementación de sistemas de alerta temprana en entornos escolares y comunitarios. Estos sistemas pueden identificar signos de riesgo en etapas iniciales y facilitar la intervención rápida. La ideación suicida puede presentarse como la preocupación por la vida, el deseo de morir o la planificación y representación mental de todos los pasos y conductas autodestructivas que se desean realizar hasta alcanzar el objetivo letal (Sánchez-Sosa et al., 2010).
  1. Participación en Investigaciones Cualitativas: Realizar investigaciones cualitativas para comprender mejor las experiencias individuales y los desafíos específicos que enfrentan los adolescentes puede proporcionar información valiosa para la detección temprana que lleve a tomar medidas y actuaciones a tiempo. Es importante destacar que la prevención del suicidio es un esfuerzo conjunto que implica la colaboración de profesionales de diversas disciplinas.

Los criminólogos, al aportar su experiencia en la comprensión de la conducta humana y los factores sociales, pueden contribuir significativamente a los esfuerzos para reducir el riesgo de suicidio adolescente. La intervención y participación de los criminólogos en la prevención del suicidio adolescente es esencial para abordar este problema complejo y multifacético.

Al enfocarse en factores sociales, emocionales, ambientales y de comportamiento, los criminólogos pueden aportar sus valiosos conocimientos, para desarrollar estrategias efectivas y comprender mejor las dinámicas que contribuyen y derivan hacia el suicidio adolescente. Además, al colaborar con otros profesionales y disciplinas, los criminólogos pueden contribuir a enfoques integrales y multifuncionales, que aborden las diversas dimensiones del problema.

La investigación y análisis de datos, la implementación de políticas y programas, la formación, y la evaluación continua son componentes clave para crear intervenciones efectivas y ajustarlas según sea necesario en cada caso.

La capacitación y educación, tanto para profesionales como para la comunidad en general, son fundamentales para aumentar la conciencia sobre el suicidio adolescente y sus factores de riesgo. La colaboración interdisciplinaria permite aprovechar la experiencia de diversos profesionales, enriqueciendo así la comprensión y las estrategias de prevención.

En resumen, los criminólogos pueden desempeñar un papel valioso en la prevención del suicidio adolescente al aportar su experiencia en la comprensión de la conducta humana y los factores sociales, y al trabajar en conjunto con otros profesionales para abordar este problema de manera integral.

***El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

Artículo escrito por el colegiado J.C. Martín (@BlogCrimi en la red social ‘X’)

Recuerda que si eres colegiado/a o precolegiada/o puedes enviar tus propuestas de artículo para publicación a prensa@colegiocriminologosmadrid.es

Tras los barrotes: Los presos más peligrosos de España

Tras los barrotes: Los presos más peligrosos de España

El 13 de marzo un reo asesinó a una empleada de la cocina de la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, con un cuchillo de cocina. El presunto autor estaba condenado por el homicidio de otra mujer, pero, por su buen comportamiento, se le consideraba en ese momento preso de confianza y por ese motivo podía trabajar, incluso con acceso a los utensilios de la cocina. Después del ataque mortal, se suicidó.

Un mes antes, el hombre que había sido encarcelado provisionalmente en la cárcel de Estremera por matar días antes de Navidad a tres hermanos mayores de Morata de Tajuña por una supuesta deuda por una estafa de amor, asesinó a su compañero de celda con una mancuerna del propio gimnasio del penal, según las primeras investigaciones.

Los homicidios dentro de las instituciones penitenciarias no son casos excepcionales, pero ocurren. Las agresiones entre presos o a funcionarios cada vez son más comunes. Los sindicatos del sector estiman que se produce una agresión cada día de media. En España hay 50.000 presos divididos en menos de un centenar de cárceles. Solo algunos tienen la consideración de “especialmente peligrosos”.

FABRIZIO JOAO SILVA

 Uno de ellos es Fabrizio Joao Silva Ribeiro. Nacido en Guinea Bissau, de 1,90 metros de altura y 120 kilos de peso, dejó tras de sí un reguero de agresiones, muertes e incendios mientras estuvo entre rejas. Entró en la cárcel en 2004 por haber matado a su novia en Bilbao, asestándole 25 puñaladas. En 2014 asesinó a golpes a su compañero de celda en el penal de Córdoba. En 2016 mandó a 8 funcionarios de prisiones de Puerto III (Cádiz) al hospital. Dos de ellos quedaron en estado grave, tras haber sido atacados con un pincho artesanal. Decenas de incidentes menores e innumerables traslados por las prisiones de España completan su historial.

Sus propios compañeros calificaban a Fabrizio como «pura maldad» y rogaban no compartir espacio con él. Tan peligroso era que contaba con una galería entera sólo para él; permanecía en aislamiento constante y ocupaba en solitario una de las celdas. No tenía ningún contacto con el resto de los internos. Los funcionarios tomaban todo tipo de precauciones cada vez que se acercaban a él. La comida le era suministrada a través de una puerta metálica. Salía al patio solo, se duchaba en su celda y era controlado a través de una pantalla.

A Fabrizio lo encontraron inconsciente en su celda una tarde de octubre de 2019. Tenía los pantalones bajados. Los funcionarios, al ver que no contestaba, sospecharon que quería simular un problema para que se le acercasen y agredirles. Extremaron las precauciones, pero al acceder vieron que eran innecesarias porque había fallecido. La autopsia señaló que fallecio de muerte natural, aunque tenía un fuerte golpe en la cara que habría recibido al desmayarse y precipitarse contra el suelo.

‘IGOR EL RUSO’

 Otro de estos internos de alto riesgo es Norbert Feher. un exmilitar serbio conocido como ‘Igor el Ruso’, que en diciembre de 2017 asesinó a tres personas (dos guardias civiles y un ganadero) en la localidad turolense de Andorra, mientras emprendía una huida hacía Italia, país desde el que llegó en bici. Fue detenido tras ocho horas angustiosas y fue condenado por el triple crimen a prisión permanente revisable.

Igor fue internado en principio en la prisión aragonesa de Zuera, de donde fue trasladado precisamente por su alta conflictividad. Luego ingresó en la de A Lama (Pontevedra) y allí generó varios problemas con los funcionarios de prisiones, especialmente durante sus traslados para declarar por videoconferencia. No es solamente la agresividad del sujeto, experto en técnicas de combate y supervivencia. Su peligrosidad es tal que necesita un gran contingente de funcionarios, hasta el punto que los propios trabajadores han advertido de que cada vez que toca mover a ‘Igor el Ruso’, el resto de los módulos quedan desprotegidos. El reo comunicó inicialmente que prefería regresar a Italia para cumplir condena. Ese era uno de los motivos de su alta conflictividad en prisión. Pero fue condenado por videoconferencia a cadena perpetua en aquel país, por lo que no se ha vuelto a pronunciar en ese sentido.

Norbert está condenado a prisión permanente revisable y ha pasado ya por cinco cárceles. En una de ellas, en Palencia, agredió a cuatro funcionarios el día anterior al inicio de su juicio. Utilizó para el ataque un azulejo partido y además se encontraron en su celda extraños escritos en los que anunciaba que este ataque iba a ser solo el primero de muchos. Este nivel de violencia hizo que se construyera en la Audiencia provincial de Teruel una especie de jaula de vidrio especial solo para alojarlo a él durante las sesiones de sus juicios. Todo ello contrasta curiosamente con su supuesta religiosidad. Tiene en su celda una biblia, pide estampitas de sus santos favoritos y pasa varias horas al día rezando.

SEBASTIÁN SANTIAGO HEREDIA

 A Sebastián Santiago Heredia, malagueño de 37 años, le apodan ‘El Terror del Puerto’, por ser ese el nombre de la cárcel (Puerto III, Cádiz) en la que ha cometido sus mayores fechorías dentro de prisión. «Es como ver la muerte y saber que debes acudir a su encuentro. No tienes la capacidad de evitarlo. Es un tío al que la vida le da igual», contaban algunos de los funcionarios que le custodiaban en el penal gaditano.

Santiago entró en la cárcel por primera vez muy joven hace 17 años, condenado por un robo con fuerza. La suya ha sido una historia de entradas y salidas en prisión, aunque se podría decir que gran parte de su vida ha transcurrido tras los barrotes. Ha sido dentro de ellos donde su historial delictivo ha crecido de forma exponencial.

En estas dos décadas de privación de libertad ha liderado motines, ha quemado su colchón varias veces, ha agredido a numerosos funcionarios y ha obligado a retrasar sus juicios varias veces por la violencia que desplegaba en los traslados. Hace unos años publicó un libro titulado ‘Camino hacia la libertad’, en el que relata su vida entre rejas y el gran protagonista de la portada es su imponente físico musculado. Aprovechándose de él, ha protagonizado numerosos altercados en todas las prisiones españolas que ha ocupado.

El último, en la de Campos del Río (Murcia II), a la que llegó desde Cádiz. No había pasado ni una semana dentro y ya había protagonizado una especie de motín en solitario: le pegó fuego al colchón de la celda que ocupaba en solitario en el Módulo IX. Cuando los funcionarios acudieron a sofocar las llamas, fueron atacados por Santiago. Dos horas más tarde, volvió a provocar un fuego en el habitáculo, rompió los cristales de la ventana y se autolesionó, teniendo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud fuera de la prisión para ser tratado.

El grueso de su carrera delictiva ha tenido lugar, no obstante, en la prisión de Puerto III. Allí ha protagonizado incontables ataques a funcionarios de prisiones. Uno de sus juicios se intentó celebrar tres veces, debido a que sus agresiones durante los traslados hacían que se suspendieran una y otra vez. En una ocasión, incluso llegó a herir a varios funcionarios de prisiones en una sola pelea. En su caso, los ataques se centran de forma única y exclusiva en los empleados públicos, no en sus compañeros de prisión. «Nos ha dado tantas palizas, los jueces le temen, como los guardias civiles en los traslados…», confiesan fuentes penitenciarias. ‘El Terror del Puerto’, no obstante, está sacando partido de su faceta de preso conocido y ya ha escrito un libro sobre su vida en prisión que se titula ‘Camino hacia la libertad’.

JESÚS ROMERO, ‘EL NENE’ 

Otro de los presos más peligrosos de España es, sin duda, Jesús Romero ‘El Nene’. Madrileño de 32 años, lleva media vida practicando deportes de contacto como boxeo y Muay-Thay. En esta última disciplina llegó a proclamarse campeón de España y obtuvo varios premios en el circuito internacional. Llegó incluso a pelear de forma profesional en Tailandia, país originario de ese deporte y lugar en el que el nivel de agresividad de la competición es más alto.

‘El Nene’ era un viejo conocido de la Policía madrileña por haber protagonizado varios altercados. El que le llevó a prisión tuvo lugar en el Metro de Madrid. Jesús fue a robarle el móvil a un pasajero, que se dio cuenta y para escapar le apuñaló. Cuando salió del andén a la carrera, los agentes de seguridad de la estación intentaron reducirle, recibiendo también una paliza del boxeador. Finalmente hicieron falta más de cinco personas para apresarlo y llevarlo a comisaría.

Jesús ingresó en la cárcel de Soto del Real por aquel ataque el día de Navidad de 2018. Le pusieron a compartir celda con un interno venezolano de 55 años y condenado por narcotráfico. Esa misma noche ambos tuvieron una discusión por la posición de la litera que debían ocupar. El boxeador madrileño la emprendió a golpes contra el venezolano y lo mató. ‘El Nene’ fue condenado a 12 años más de cárcel por aquel homicidio.

En la actualidad cumple condena en la cárcel de Estremera, otro penal madrileño. Allí protagonizó el último brutal ataque. Fue el 5 de julio de 2022, cuando un funcionario de prisiones departía con él, amistosamente en apariencia. De repente, ‘El Nene’ explotó sin previo aviso y empezó a propinarle puñetazos y patadas en la base del cráneo; el mismo método de ataque con el que mató a su compañero de celda.

Su fuerte complexión física (que ha mantenido durante su estancia en prisión), su dominio de los deportes de combate y sus problemas de salud mental (tras el ataque fue trasladado a la Unidad Psiquiátrica del Gregorio Marañón) hacen de él una de las principales preocupaciones de los funcionarios de prisiones de España.

FERNANDO VÁZQUEZ AYUDE, EL ‘HANNIBAL LECTER GALLEGO’

 Son varios los presos que han recibido en su entorno el apodo de ‘Hannibal Lecter’, en referencia al diabólico protagonista de El silencio de los corderos e interpretado por Anthony Hopkins. Pero tal vez el que más ha hecho por acreditar ese alias es Fernando Vázquez Ayude, un gallego de 52 años que lleva desde 1990 haciendo méritos para ello (antes incluso de que se estrenase la película en 1991).

Este individuo lleva delinquiendo desde 1984 y pisando prisión por delitos de todo tipo. Desde atracos hasta narcotráfico. Pero, igual que en el caso de Santiago Heredia, su historial delictivo se ha hinchado durante su permanencia en prisión. En 1990 apuñaló a un preso en el penal de Monterroso (Lugo). En 1991 encabezó un amotinamiento en la cárcel manchega de Herrera de la Mancha, donde secuestró a un funcionario. Los motines, precisamente, ha sido una de sus especialidades, habiendo liderado varios durante su condena que asciende a 66 años.

El secuestro de funcionarios es también es uno de sus recursos habituales. El último tuvo lugar en 2019 en la prisión cordobesa de Alcolea. Fue el 4 de octubre, en la ronda de vigilancia de noche. En torno a la 1 de la madrugada, Vázquez Ayude le dijo a otro preso peligroso, de nombre José Pastor, que se fuera preparando y armando con lo que tuviera a mano, porque que iba a secuestrar a un funcionario y necesitaba que lo secundara, según informó el colectivo de funcionario de prisiones “Tu Abandono Me Puede Matar” (TAMPM).

“Acto seguido, estos dos internos proceden a ejecutar el plan que habían ideado. Comienzan haciendo una llamada al interfono de comunicación con los funcionarios, desafiándolos mientras destrozan ambas celdas a golpes, rompiendo todo lo que tienen a mano”, contaba el colectivo en un comunicado, explicando que los dos reos «consiguen arrancar las ventanas, con cuyos cristales logran hacerse muñequeras y armas cortantes para poder llevar a cabo con éxito su proyecto de secuestro. Debido a la gravedad de los hechos, se persona en el departamento la dirección del centro para intentar reconducir la situación. La misma se solventa gracias a la pericia de los funcionarios que, aunque disponen de medios escasos, a la vez que obsoletos y con una formación nula por parte de la Administración para este tipo de situaciones, arriesgan su vida, teniendo en cuenta el gran estado de agresividad que presentan los internos y de las armas de fabricación casera de las que se han provisto para conseguir su fin. El resultado de tal actuación es de un funcionario lesionado con varios cortes en el brazo”, concluye el comunicado sindical. Vázquez Ayude fue trasladado tras estos hechos al penal de Algeciras.

PHIERO BATISTA, EL QUE DEVORÓ UNA OREJA

 Destacable por muy peligroso es también el caso de Phiero Batista, un boxeador aficionado dominicano que está cumpliendo prisión en la cárcel de Madrid IV (Navalcarnero). El 22 de julio de 2018 emuló a su ídolo Mike Tyson y le arrancó la oreja a una persona de un bocado. Concretamente a uno de los 4 funcionarios que intentaban reducirle en el módulo 6 de la prisión. A uno le abrió una ceja y la frente, a otro le rompió un dedo y a otro le provocó numerosas contusiones.

Pero quien peor parte se llevó fue uno que debutaba. Un funcionario en prácticas que llevaba pocos días trabajando en el penal y al que Phiero le pegó un bocado y le arrancó media oreja, como hizo su ídolo con Holyfield en Las Vegas en el 97. El operario acabó siendo operado de urgencias y los médicos le consiguieron coser el trozo amputado. Casi no lo consiguen porque Phiero no sólo se la arrancó de un bocado; es que además se la intentó tragar sin éxito.

El conflicto se originó cuando Batista discutía con otro preso por una radio. El tono de la refriega empezó a subir y el otro interno, sabiéndose en inferioridad de condiciones físicas, acabó huyendo del lugar y recurriendo a los funcionarios de prisiones para ponerse a buen recaudo. Cuando Phiero vio que su rival se había largado, montó en cólera. Se fue a la cocina, destrozó un taburete y utilizó una de las patas metálicas como arma. Al grito de “ahora os voy a reventar las cabezas”, embistió contra los funcionarios y les pegó una paliza. Entre cinco no lo pudieron sujetar.

En el fragor de la escaramuza, Phiero acertó a agredir a los cinco, siendo el novato el que peor parte se llevó: el dominicano le arrancó la oreja de un bocado. Por fortuna para el trabajador de prisiones, el boxeador finalmente fue reducido, el trozo de pabellón auditivo recuperado y cosido de nuevo posteriormente en el Hospital 12 de Octubre, que es el único de Madrid que tiene un departamento de cirugía facial de urgencia.

EL GRAVE PROBLEMA DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN PRISIÓN

 Como vemos, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los funcionarios de prisiones es que a menudo han de lidiar con expertos en artes marciales y/o deportes de contacto. Es el caso de ‘El Nene’ o de Sebastián Santiago, cuya complexión física y dominio de las técnicas de pelea hacen casi imposible reducirlos en un cuerpo a cuerpo con un funcionario.

Pero el principal problema es que muchos de los agresores tienen trastornos mentales de diversa índole, en ocasiones no diagnosticados. Además, el hecho de estar encarcelado y en privación de libertad trae consigo consecuencias psicológicas importantes. Estas pueden desarrollar una cadena de reacciones y distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales y perceptivas, todo eso provocado por la tensión emocional dentro del ambiente penitenciario. A este tipo de síndrome, también se le ha denominado parológia, síndrome de respuestas aproximadas, pseudodementia o psicosis de la prisión.

Partiendo de la base de que un enfermo mental no debería entrar a prisión. Según los últimos datos facilitados por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, solo 159 de 481 plazas de médicos de prisiones están cubiertas actualmente en España y se estima que entre cuatro y cinco de cada 100 personas internas tiene un trastorno mental grave.

Si bien una persona con discapacidad declarada inimputable no se encuentra presente en su juicio, las leyes penales sí contemplan una sanción privativa de la libertad que se asemeja a la pena de prisión y que es denominada medida de seguridad. En las prisiones ni se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como única forma de asegurar la seguridad colectiva cumple hoy la labor de limpieza social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario.

Por ello, muchas cárceles españolas se han convertido en manicomios, donde los funcionarios van desarmados, con una plantilla en precario, escasa y envejecida. Presos con diferentes problemas mentales y expedientes a los que no se puede acceder.

CATEGORÍAS DE PRESOS EN ESPAÑA

 En España, hay diferentes tipos de internos. Son varias las normativas que regulan el derecho penitenciario en España, entre las que destacan la Constitución Española, la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 o el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996). Este último desarrolla la Ley Orgánica en consonancia con el Código Penal.

El derecho penitenciario recoge diferentes tipos de régimen en los que un preso puede ser internado, así, podemos destacar:

  • Ordinario: se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.
  • Abierto: se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semi-libertad.
  • Cerrado: se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias.

En cuanto a los grados anteriormente mencionados, el Reglamento Penitenciario recoge en su Artículo 100 la clasificación penitenciaria y los principios de flexibilización de los penados. Así, se recogen los siguientes grados de clasificación penitenciaria:

  • Primer grado: Se aplicará el régimen cerrado.
  • Segundo grado: Se aplicará el régimen ordinario.
  • Tercer grado: Se aplicará el régimen abierto.

Son calificados en primer grado aquellos internos que hubieran sido calificados con peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta según las normas de convivencia establecidas y ponderando factores como la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad cometidos en modos o formas especialmente violentos, la pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, la participación activa en motines y la introducción o posesión de armas de fuego en la prisión o, entre otros, la comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves de manera reiterada.

Serán clasificados en segundo grado aquellos penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en régimen de semi- libertad.

Se aplicará el régimen penitenciario de tercer grado a todos aquellos internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semi-libertad. No confundir con Tercer Grado en el mundo anglosajón, el cual es todo lo contrario y equivale a nuestro Primer Grado.

Las instituciones penitenciarias también cuentan con los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Dentro del régimen FIES existen diferentes categorías. Cada una aglutina a un colectivo de presos diferente, dependiendo principalmente de los delitos o infracciones del recluso. Las cinco categorías son:

  • FIES 1 CD (control directo). Internos considerados especialmente conflictivos y peligrosos, que han protagonizado alteraciones regimentales muy graves dentro de la prisión o en los traslados, poniendo en peligro la vida o integridad de funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la institución.
  • FIES 2 DO (delincuencia organizada). Personas condenadas o procesadas por pertenencia o colaboración con organizaciones delictivas nacionales o extranjeras cuya finalidad sea la obtención de beneficios económicos. Por ejemplo, narcotráfico, blanqueo de dinero o tráfico de personas.
  • FIES 3 BA (bandas armadas). Todos los pertenecientes a banda armada o grupos terroristas, y los encarcelados por vinculación con dichos grupos. Normalmente los miembros de ETA se incluyen en el FIES 3.9.
  • FIES 4 FS (fuerzas de seguridad y funcionarios de Instituciones Penitenciarias). Reclusos que hayan sido miembros de las fuerzas de seguridad o del sistema penitenciario. En este caso se les aplica el régimen FIES para protegerlos del resto de presos y evitar peleas o agresiones.
  • FIES 5 CE (características especiales). Esta categoría incluye diversos tipos de internos: vinculados a la delincuencia común de tipo internacional; autores de delitos muy graves que hayan generado una importante alarma social; pertenecientes o vinculados a grupos violentos de carácter racista o xenófobo; internos que, sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, destaquen por su fanatismo radical afín al ideario terrorista, y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario; también los condenados por el Tribunal Penal Internacional y los que colaboraron con la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones criminales.

Hasta el 2006 también se incluían los internos del FIES 1 que evolucionaban favorablemente y los condenados por negarse a cumplir el servicio militar o la prestación social sustitutoria. Los condenados que sean delincuentes con un historial penitenciario de alta conflictividad, evasiones o violencia grave que hayan cometido delitos graves generando gran alarma social.

En este pequeño repaso por las cárceles españolas tampoco podemos olvidarnos de los llamados ‘presos- sombra’, que son personas que realizan tareas de apoyo, escucha, orientación, atención o seguimiento a aquellas personas que han entrado recientemente en prisión o que se encuentran en riesgo de suicidio, dentro de un programa de prevención de este tipo de acciones.

Todos los reos tienen, entre sus obligaciones, cumplir la condena, obedecer las normas y las órdenes de los trabajadores de la prisión y hacer lo posible para que haya buena convivencia con otros presos, además de respetar a los compañeros y a los trabajadores y cuidar su higiene personal.

En las cárceles españolas se desayuna pronto, se come pronto y se cena pronto. Durante el resto del día, salvo la hora de la siesta, está prohibido estar en la celda. Todos los días son iguales, incluidos fines de semana y festivos. Los días en la cárcel transcurren entre restricciones y rejas, sin mucho sol en los patios y sin la claridad que este da. No pueden ver los colores, como el verde, el amarillo o el naranja de los paisajes, lo único que se puede ver son paredes grises y rejas. Es una vida muy dura que solo la sabe el que la ha vivido.

Los presos pasan en la celda cada noche 11 horas, entre las 21:00 y las 8:00 horas. El recluso tiene derecho a llamar a su familia y su abogado al llegar al centro penitenciario. Después, puede realizar 10 comunicaciones semanales a 10 números autorizados.

EL DILEMA DE LA REINSERCIÓN

 La historia y el desarrollo del servicio penitenciario puede dividirse en tres grandes períodos. El primero transcurre desde el principio de la civilización hasta el siglo XVI, donde la cárcel era utilizada como guarda. Por entonces, su función no era meramente de castigo, sino que servía como retención de las personas, a la espera del dictamen de la sentencia. No se utilizaba como pena.

El segundo periodo, en el siglo XVII, el rol de la cárcel se modifica. En ese período, comenzó a establecerse un nuevo movimiento, influenciado por el orden religioso, directa e íntimamente relacionada con el surgimiento de un nuevo orden económico: el sistema capitalista. Fue así como la cárcel empezó a cumplir la función de pena privativa de la libertad como una tendencia correctiva, como un sacrificio que debe cumplir bajo la culpa, con trabajos forzados y obligatorios a favor del Estado. Este período se prolongó hasta el siglo XVIII.

Posteriormente, junto con el surgimiento del movimiento humanitario, se dio lugar a grandes críticas contra las penas de torturas, mutilaciones y muertes del Antiguo Régimen, buscando reemplazarlo completamente por una concepción correccionalista que situaba la finalidad de la cárcel en la expiación y corrección por medio del trabajo.

El tercer período empezó a principios del siglo XIX y continúa en la actualidad. En esta última etapa, se incluyó la moral como un valor que debía tener la persona detenida. De esta manera, se pasó al sistema punitivo actual, donde se considera que la pena debe contener un proceso de moralización y resocialización del condenado.

También es necesario promover una justicia de reconciliación que restaure las relaciones rotas por el acto criminal. Los elementos fundamentales de la justicia restaurativa que son la responsabilidad del agresor, la reparación del daño y la restauración de las relaciones sociales. Aunque la cárcel tiene muchas contraindicaciones, el tiempo en prisión puede ser una oportunidad para el arrepentimiento, para la reconciliación y la reinserción social.

Artículo elaborado por Jordi Delgado con aportaciones de Julio de la Fuente.
Recuerda que puedes enviar tus propuestas de artículo para publicación a prensa@colegiocriminologosmadrid.es

Firmamos un convenio con la UDIMA para mejorar la formación práctica y la visión real de la profesión entre los estudiantes

Madrid, a 18 de abril de 2024

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha firmado recientemente un convenio con la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) de un año de duración, prorrogable por periodos de misma duración, con el objetivo de que puedan mejorar en el conocimiento de la profesión, en sus formación práctica y de investigación y en su futura inserción laboral en Criminología.

El Colegio está interesado en participar en el desarrollo formativo y profesional de los/las universitarios/as en el marco de titulaciones oficiales y propias, así como en actividades de I+D. Y con este convenio ambas instituciones consideran que pueden mejorar el desarrollo de sus respectivos fines mediante la colaboración en diversas iniciativas por las que acometer acciones en el marco de titulaciones oficiales y propias.

Además, pretenden ofrecer al estudiante la posibilidad de combinar los conocimientos teóricos con los conocimientos y competencias de contenido práctico dotando de una visión real de las problemáticas que surgen en su profesión, al tiempo que integrar a la empresa en el contexto de las actividades universitarias formativas, docentes y de investigación.

De esta manera, el convenio entre el CPCM y UDIMA contempla la organización conjunta de actividades formativas, tales como cursos, congresos, seminarios, etc., sobre temas que respondan al interés mutuo de las instituciones firmantes, y la realización de estudios y proyectos de investigación en aquellas áreas que se consideren de interés común, como el reciente II Estudio sobre la inserción laboral de los criminólogos y criminólogas en España.

Otros objetivos pasan por el asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por ambas entidades, el intercambio de información y documentación y cualquier otra actividad que, en el ámbito de este Acuerdo, redunde en beneficio mutuo. Las colaboraciones donde se acuerden las actividades concretas a realizar se reflejarán mediante Acta de la Comisión de Seguimiento.

Presentamos en una Jornada-Taller en el Congreso nuestro proyecto de Ley para regular el ejercicio profesional de la Criminología

Madrid, a 4 de abril de 2024

El vicedecano y el secretario del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Abel González y Ramón Chippirrás, acompañado por el colegiado Manuel Fanega, han asistido este jueves a la IV Jornada-Taller ‘Ciencia y políticas públicas relacionadas con la delincuencia’ impulsada por el Grupo Español de Política Legislativa Penal (GEPLP).

El evento ha tenido lugar en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, entorno privilegiado en donde se ha conectado la investigación académica con la toma de decisiones políticas y de gestión. Un lugar donde la Junta de Gobierno del Colegio ha reivindicado de nuevo, esta vez a través de la presentación de un póster, un ‘Proyecto de Ley por el que se regula el ejercicio profesional de la Criminología’.

El póster hace un resumen de la situación actual de los estudios y la profesión de la Criminología en España y del contenido del proyecto legislativo. Un texto que representantes del CPCM y del resto de Colegios han trasladado desde hace tiempo a distintos Grupos Parlamentarios y a otros actores sociales e institucionales para que sea pronto sea estudiado y aprobado por el Congreso de los Diputados.

El objetivo no es otro que la creación de un marco jurídico que regule la Criminología como profesión para que “mejore la convivencia en la sociedad, se dé uso práctico a la evidencia científica y contribuya a un mayor disfrute de los derechos fundamentales”. Una política pública necesaria. Se puede acceder a este y el resto de pósteres en el siguiente enlace: https://www.uma.es/grupo-espanol-politica-legislativa-penal/info/146201/iv-jornada/.

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