Madrid, a 22 de julio de 2024

El vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Abel González, el secretario del Colegio, Ramón Chippirrás, y el coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología y Función Policial, Alberto Rodríguez Hernández, se reunieron el pasado jueves con la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Carmen Martín García-Matos, y la directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandra Alonso, para impulsar la Criminología en el ámbito madrileño.

La viceconsejera, junto con la directora general, han sido claves para incluir la figura del Criminólogo en el ámbito profesional para que pueda ejercer como experto facilitador en los Juzgados de personas con discapacidad, un nuevo nicho de trabajo que acaba de aprobar el Gobierno regional. De hecho, el Colegio ha preparado un curso habilitante para formar a los profesionales que lo requieran, y así puedan presentarse a la próxima convocatoria. Se impartirá en septiembre y en esta web se puede acceder a más información e inscripción: https://colegiocriminologosmadrid.es/curso-facilitador-apoyo-juzgados/.

En el encuentro, los miembros del CPCM agradecieron a las representante regionales la inclusión, tras el trabajo previo y presión realizada en este sentido por la decana, Carmen Balfagón, ya que se trata de “un paso importante para el reconocimiento y la regulación de su labor”.

Asimismo, durante la reunión se discutieron varias posibilidades de colaboración entre el Colegio de la Criminología y la Viceconsejería. Entre las ideas propuestas, destacó la creación de un Observatorio de Victimología en la Comunidad de Madrid, que permitiría un análisis más profundo y sistemático de las víctimas de delitos, contribuyendo a la mejora de políticas públicas y a la atención integral de las mismas.

Igualmente, se exploró la posibilidad de que desde el Colegio se ofrecieran cursos de Criminología destinados a los funcionarios de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Su objetivo principal capacitar a los funcionarios en nuevas técnicas y conocimientos que mejoren su desempeño diario y, en última instancia, el sistema de justicia en su conjunto.

Además de las propuestas específicas, se discutió la necesidad de impulsar la Ley de regulación del Criminólogo en toda España, una normativa propuesta elaborada hace medio año por el Colegio y que ha seguido con encuentros y negociaciones con los distintos grupos representados en el Congreso de los Diputados. La regulación formal de la profesión permitiría establecer estándares claros y uniformes, garantizando una formación adecuada y reconociendo oficialmente el papel crucial de los criminólogos y criminólogas en la sociedad, un paso que vemos esencial para consolidar la profesión y asegurar su desarrollo futuro.

La viceconsejera de Justicia y la directora general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia reafirmaron su compromiso de apoyar estas iniciativas, resaltando la importancia de contar con profesionales bien formados y reconocidos legalmente. Subrayaron que la colaboración entre instituciones es clave para lograr avances significativos en la administración de Justicia y en la atención a las víctimas.

El ambiente de la reunión fue sumamente cordial y fructífero. Los criminólogos destacaron la apertura y disposición de las autoridades autonómicas para escuchar y considerar las propuestas presentadas. Ahora, desde el CPCM esperan que las ideas y proyectos planteados se concreten en acciones y políticas que beneficien a la comunidad y fortalezcan el papel de los criminólogos en el ámbito judicial.

Madrid, a 20 de junio de 2024

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ofrecerá en septiembre la formación necesaria para que los criminólogos y criminólogas interesadas puedan obtener el curso de expertos que les habilite como Facilitador de Apoyo en Juzgados a Personas con Discapacidad, un nuevo campo en el que, gracias a las gestiones del Colegio, pueden trabajar nuestros profesionales.

El Decreto 52/2024, publicado el pasado 10 de mayo en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), regula la figura del personal Experto Facilitador, un rol crucial para prestar apoyo a las personas con discapacidad en las sedes judiciales de la región. Tras las conversaciones mantenidas por miembros del Colegio con el Gobierno regional, este decreto establece que los Licenciados o Graduados en Criminología pueden ser habilitados como Peritos Judiciales Expertos Facilitadores, siempre y cuando cuenten con una formación específica de al menos 100 horas.

Para responder a esta nueva regulación, el CPCM y la Fundación 360 han desarrollado conjuntamente un curso habilitante de 125 horas, que se impartirá de forma online en septiembre. Está diseñado para proporcionar la formación integral y especializada requerida para desempeñar el rol de facilitador judicial para personas con discapacidad, ofreciendo una oportunidad excepcional para los profesionales interesados en este ámbito.

El Curso de Experto Facilitador de Apoyo en Juzgados a Personas con Discapacidad comenzará el 9 de septiembre y tendrá una duración de un mes. Se impartirá de manera online, con la excepción de 24 horas de prácticas presenciales en un centro especializado de la Comunidad de Madrid. Las plazas están limitadas a 20 participantes, lo que garantiza una formación personalizada y de alta calidad.

El periodo de preinscripción está abierto hasta el 2 de septiembre. Los interesados deben completar la inscripción antes de esta fecha para asegurar su lugar en el curso. El plazo de pago se ha establecido del 2 al 4 de septiembre, siguiendo las instrucciones proporcionadas en la preinscripción.

El contenido del curso se estructura en módulos especializados que abarcan diversas áreas cruciales para el desempeño del rol de facilitador. Estos módulos incluyen el perfil profesional del facilitador y herramientas de apoyo, victimología, proceso penal y personas con discapacidad, aspectos psicosociales y modelo de autonomía personal, legislación específica, y prácticas y casos prácticos.

El equipo docente está compuesto por profesionales altamente cualificados en sus respectivas áreas. El curso será dirigido por el profesor Abel González García, vicedecano del CPCM y coordinado por la profesora Victoria Pascual Cortés, Vocal Responsable de Formación del CPCM y por el profesor Ramón Chippirrás, Secretario del Colegio. Este equipo se encargará de impartir los módulos relacionados con criminología y victimología.

Por parte de la Fundación 360, los módulos sobre aspectos psicosociales, legislación específica, y prácticas y casos prácticos serán impartidos por expertos en estas áreas. Esta colaboración con una entidad tan reconocido en su ámbito, con la que el Colegio tiene convenio desde hace tiempo, asegura una formación completa y diversa, abarcando todos los aspectos necesarios para el correcto desempeño del rol de facilitador judicial.

El curso incluye sesiones en directo que quedarán grabadas, materiales complementarios como documentos, informes y artículos científicos, y actividades interactivas como la realización de trabajos, test y participación en foros de discusión. Además, los participantes realizarán visitas a centros especializados y resolverán casos prácticos, lo que les permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales.

Para obtener el título y certificado, será necesario superar una prueba práctica final y un examen tipo test. También se requiere la asistencia al 75% de las sesiones en directo y la aprobación del 50% de las actividades propuestas durante el curso. Estos requisitos aseguran que los participantes adquieran y demuestren un conocimiento sólido y práctico de los temas tratados.

El curso tiene como objetivos principales conocer las características de un buen facilitador judicial, profundizar en los aspectos psicosociales de las personas con discapacidad, ahondar en las cuestiones criminológicas y victimológicas, explorar las particularidades de los procedimientos policiales y judiciales, y estudiar los aspectos victimológicos generales y particulares. Además, se pretende conocer la legislación sobre los derechos de las personas con discapacidad y desarrollar competencias en accesibilidad universal y medios de apoyo.

Entre las competencias que adquirirán los participantes se encuentran la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos, la mejora continua en la atención judicial a personas con discapacidad, el desarrollo de la capacidad crítica para la mejora del sistema de justicia, y el conocimiento general sobre las personas con discapacidad, sus necesidades y derechos. Este curso habilita oficialmente para ser facilitador de personas adultas con discapacidad en especialidades como discapacidad intelectual, salud mental, trastornos del desarrollo, trastornos neurocognitivos y personas con dificultades en el habla y el lenguaje.

El coste del curso es de 1.000 euros, que incluye el título y certificado, así como acceso ilimitado a las sesiones grabadas. Sin embargo, los colegiados y precolegiados del CPCM, así como el personal de la Fundación 360, pueden beneficiarse de un descuento del 50%, reduciendo el costo a 500 euros, muy por debajo del coste del curso en otro tipo de centros de formación.

Para más información y preinscripción, los interesados pueden visitar el sitio web del CPCM en https://colegiocriminologosmadrid.es/curso-facilitador-apoyo-juzgados/. La página proporciona todos los detalles necesarios para completar la inscripción y participar en este curso innovador y necesario. No lo dejes para agosto e inscríbite ya. Las plazas son limitadas.

Los criminólogos se han ofrecido como mediadores con otras administraciones y han ofrecido al delegado análisis y respuestas sobre el aumento de los delitos sexuales en la región

  Madrid, a 21 de junio de 2024

El vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Abel González,  acompañado por el coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial, Alberto Rodríguez, han presentado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, el protocolo de actuación integral para luchar contra los ‘narcopisos’ del barrio de Lucero y la inseguridad que generan, en un fructífero encuentro en el trataron otras cuestiones.

Los miembros del Colegio han expuesto la problemática de la calle Cullera, la percepción de inseguridad real existente, los problemas de convivencia que hay alrededor de toda esa zona y las competencias en las posibles soluciones que se puedan aportar al problema. Martín ha acogido positivamente estas ideas y señalado que no sólo se trata de un problema de seguridad, sino también social, de convivencia y de salud pública, “que requiere la coordinación entre las administraciones”.

Los criminólogos se han ofrecido a favorecer esa coordinación a través de una Mesa en la que también participarían asociaciones vecinales, con el objetivo de que se ponga en marcha cuanto antes un plan estratégico para luchar contra estos puntos conflictivos. Así se lo trasladarán en reuniones que mantendrá en próximas fechas a representantes de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital. “Se trata de un problema multicausal que necesita una respuesta de todas las instituciones”, ha apuntado Abel González.

Igualmente, hablaron con el delegado del Gobierno de otros puntos problemáticos en la capital y el resto de la región, por lo que le solicitaron la realización un análisis integral con una serie de propuestas y con las funciones que pueda tener cada una de las Administraciones para resolver las distintas problemáticas. “Para eso estamos preparados nosotros desde el Colegio con la función pública y social que ostentamos”, ha recordado el vicedecano.

En el encuentro, los criminólogos también han planteado al representante estatal en Madrid la posibilidad que desde el Colegio Profesional realice encuestas profesionales de victimización en la Comunidad de Madrid, algo que llevan tiempo realizado en otros territorios como Cataluña. Martín se mostró bastante receptivo con la propuesta, ya que con estas encuestas se conocería con más precisión muchos problemas de delincuencia en la región y se actuará de forma más ágil y precisa.

Entre otras cuestiones, los miembros del CPCM conversaron con el delegado sobre el aumento de los delitos sexuales en la región, ofreciendo análisis sobre la cifra negra de estos delitos y algunas soluciones para atajar una problemática que a todos alarma. Los Grupos del Trabajo del Colegio llevan tiempo trabajando sobre ello y pueden aportar conocimientos y propuestas de futuro.

PROPUESTA CRIMINOLÓGICO SOBRE LOS ‘NARCOPISOS’ DE CALLE CULLERA

El Grupo de Función Policial ha realizado un análisis previo de la situación entorno a los ‘narcopisos’ de la madrileña calle Cullera, identificando varios factores clave, como el contexto social y urbano. Lucero es un barrio de clase trabajadora con edificios residenciales antiguos y falta de inversión en mantenimiento y seguridad, lo que ha facilitado su aparición.

Los datos policiales indican un aumento de delitos relacionados con drogas y actividades delictivas asociadas, como robos y vandalismo. Y encuestas locales muestran que los residentes tienen una percepción baja de seguridad, especialmente en torno a los edificios con ‘narcopisos’.

El trabajo de campo realizado, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero’, que ya ha sido presentado a la Junta de Distrito de Latina, ha contado también con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes califican como “dramática” la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido “insuficientes” y traficantes se sienten “intocables” y ellos “vulnerables e indefensos”.

Con todo, el Grupo de Trabajo han desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países:

1. Involucrar a los Propietarios: Realizar talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.
2. Medidas Comunitarias: Lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos.
3. Acciones Policiales y Legales: Establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras.
4. Medidas Jurídicas: Implementar programas que permitan a los residentes demandar a los dueños por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para delitos.
5. Intervenciones Físicas y de Infraestructura: Mejorar la iluminación, establecer el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes e instalar cámaras en zonas estratégicas.
6. Colaboración con Instituciones Financieras: Informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.
7. Refuerzo de Normativas y Código Urbano: Asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas.
8. Programas de Recuperación y Tratamiento: Implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas.
9. Involucrar a las Administraciones: Informar y exigir una actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.

Estas estrategias se han de basar en estudios de investigación criminológica e informes policiales que subrayen la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes en la solución del problema.

     Madrid, a 11 de junio de 2024

El Grupo de Trabajo de Criminología Empresarial del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha actualizado su reporte sobre ‘Análisis Criminológico del Robo de Mercancía en Carretera’ con datos registrados en la plataforma TIS de Transported Asset Protection Association EME hasta diciembre de 2023.

Esta nueva edición, además de examinar dónde y cuándo ocurren los incidentes, los objetivos y el ‘modus operandi’ de los delincuentes, incluye un tercer capítulo con una investigación criminológica más profunda. En este capítulo, se evalúa la eficacia de los estacionamientos certificados por TAPA y la Comisión Europea y se analiza la posible correlación entre la criminalidad regional y los incidentes en el sector del transporte y la logística, utilizando los datos recopilados en TIS.

Los miembros de TAPA y los colegiados y precolegiados del CPCM podrán acceder a todo el contenido. Solo la primera parte del reporte, que presenta un análisis general de España con datos hasta diciembre de 2023, será pública. Esto marca una diferencia con el reporte anterior, que solo contenía datos hasta mayo de 2023. Pueden acceder al contenido completo en: https://colegiocriminologosmadrid.es/grupos_trabajo/criminologia-empresarial/

ALGUNOS APUNTES DEL INFORME

Los incidentes registrados ocurren principalmente cerca de las carreteras AP-7, AP-2, C-25 y N-II, concentrándose en Cataluña y las vías que conectan Madrid con esta comunidad autónoma. La mayoría de los incidentes son muy leves, aunque los casos muy graves, menos del 1%, han causado pérdidas económicas significativas, ascendiendo a 30,5 millones de euros.

El análisis muestra que las pérdidas económicas varían a lo largo del año, con noviembre ahora como el mes con más incidentes de seguridad, seguido de diciembre y enero. El verano registra el 20% de los incidentes, pero con altas pérdidas en agosto. Los días de la semana con más incidencias son martes y miércoles, con lunes siendo el día con mayores pérdidas económicas.

Cataluña sigue siendo la comunidad autónoma española con más incidentes, aunque hay una distribución más equitativa en otras regiones como Murcia y Aragón. Barcelona es la ciudad con más incidentes, seguida por Zaragoza y Martorelles.

Los productos más robados son los catalogados como misceláneos, seguidos de productos no especificados y el robo de combustible. El ‘modus operandi’ principal sigue siendo la intrusión, aunque ha aumentado el uso de la violencia e intimidación y los robos internos.

Este informe destaca la importancia de correlacionar los datos delictivos con eventos sociales, políticos y económicos para comprender mejor la evolución de la actividad criminal y desarrollar herramientas para enfrentar estas amenazas.

La propuesta ya ha sido remitida a la Junta del Distrito de Latina

Cámaras de vigilancia, sanciones a propietarios que no colaboren con las autoridades, zona de párking exclusivas para residentes o un único fiscal para todos los casos son algunas de las medidas

Madrid, a 6 de junio de 2024

Debido a la creciente alarma social generada por los ‘narcopisos’ situados en la calle Cullera, en el madrileño barrio de Lucero, y el riesgo de que esta zona se convierta en un lugar con mayor inseguridad real y percibida, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), a través de su Grupo de trabajo de Criminología aplicada a la Función policial, ha desarrollado un análisis detallado y una serie de propuestas para abordar la problemática actual.

Desde hace tiempo, la calle Cullera se enfrenta a problemas significativos relacionados con ‘narcopisos’ situado en los números 14-16. El análisis previo realizado por los criminólogos ha identificado varios factores clave, como el contexto social y urbano. Lucero es un barrio de clase trabajadora con edificios residenciales antiguos y falta de inversión en mantenimiento y seguridad, lo que ha facilitado la aparición de ‘narcopisos’.

Los datos policiales indican un aumento de delitos relacionados con drogas y actividades delictivas asociadas, como robos y vandalismo. Y encuestas locales muestran que los residentes tienen una percepción baja de seguridad, especialmente en torno a los edificios identificados como ‘narcopisos’.

El trabajo de campo realizado por los criminólogos, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero (Madrid), ha contado también con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes revelan que la problemática comenzó con la llegada de una familia conflictiva que ha ocupado varias viviendas.

Desde entonces, califican como “dramática” la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido “insuficientes” y los narcotraficantes se sienten «intocables». Por tanto, los vecinos han perdido la confianza en las instituciones y expresan una sensación de “vulnerabilidad e indefensión”.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

     Ante este problemática, el Colegio de Criminología de Madrid ha desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países:

1. Involucrar a los Propietarios: Realizar talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.
2. Medidas Comunitarias: Lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos.
3. Acciones Policiales y Legales: Establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de vigilancia.
4. Medidas Jurídicas: Implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para actividades delictivas.
5. Intervenciones Físicas y de Infraestructura: Mejorar la iluminación, establecer el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes e instalar cámaras en zonas estratégicas.
6. Colaboración con Instituciones Financieras: Informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.
7. Refuerzo de Normativas y Código Urbano: Asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas.
8. Programas de Recuperación y Tratamiento: Implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas.
9. Involucrar a las Administraciones: Informar y exigir actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.

Los criminólogos madrileños señalan que estas medidas, combinadas de manera estratégica y adaptadas a las condiciones específicas del barrio de Lucero, pueden ayudar a reducir y eventualmente eliminar el problema de los narcopisos. Estas estrategias se deben basar en estudios de investigación criminológica y de informes policiales que subrayan la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes en la solución del problema (vecinos, asociaciones culturales del barrio, Ayuntamiento  de Madrid, Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Municipal, Juzgados).

Las respuestas efectivas suelen implicar la implementación de múltiples estrategias de manera simultánea, y no deben limitarse a acciones policiales, sino que deben incluir la colaboración de toda la comunidad, concluyen desde Grupo de trabajo de Criminología aplicada a la Función policial del CPCM, que harán llegar el informe a la Junta del Distrito de Latina y al resto de las instituciones públicas para que actúen.

     Madrid, a 13 de mayo de 2023

Gracias a las negociaciones del Colegio con la Comunidad de Madrid, los criminólogos podrán optar a ser expertos facilitadores de apoyo en Juzgados a personas con discapacidad

La Comunidad de Madrid ha aprobado en su último Consejo de Gobierno un Decreto que regular la figura del experto facilitador que prestará apoyo a personas con discapacidad en sus sedes judiciales: juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales existentes en la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia.

Una iniciativa pionera porque Madrid se convierte en la primera de España en formalizar legalmente este recurso público y también porque por primera vez incluye a los graduados y licenciados en Criminología para poder optar a estas plazas. Y todo gracias a las negociaciones que desde hace meses ha liderado el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid y que ahora dan los primeros resultados, que esperemos no sean los únicos.

El Ejecutivo autonómico ha recibido el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que respalda al experto facilitador y donde destaca el carácter “precursor” de esta iniciativa que, según expone, “constituye un hito en aras a garantizar la participación de la persona con discapacidad en plena igualdad dentro del proceso”.

La normativa establece los requisitos, principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales. Deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. También tendrán que contar con una formación específica –-cursos con una duración mínima de 100 horas– en este ámbito.

El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se instruirá a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y apoyen a los individuos con discapacidad en situación de víctima.

FUNCIONES DEL FACILITADOR

El facilitador es un profesional experto encargado de trabajar con el personal de justicia y con las personas con discapacidad para asegurar una comunicación efectiva durante los procesos judiciales. Su rol es apoyar a estas personas para que comprendan el proceso y tomen decisiones informadas, garantizando que la información se transmita en un lenguaje accesible y proporcionando los ajustes necesarios para su participación.

El experto facilitador debe informar al órgano judicial y a los operadores jurídicos sobre los ajustes necesarios para garantizar la participación efectiva de la persona con discapacidad, proporcionando explicaciones adaptadas de los procedimientos y acompañamiento durante todo el proceso judicial.

Los informes deben incluir objetivos, metodología, identificación de necesidades específicas y justificación de los ajustes propuestos, asegurando que estos se prioricen según las necesidades y preferencias del individuo.

Los servicios de facilitación serán remunerados, con tarifas específicas para la elaboración de informes y el acompañamiento en sede judicial, ajustándose estas tarifas según la complejidad del servicio prestado. El órgano judicial solicitará la designación de un facilitador cuando se identifique la necesidad de realizar adaptaciones para garantizar la participación efectiva de la persona con discapacidad.

Más información en el BOCM del 10 de mayo: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2024/05/10/BOCM-20240510-17.PDF