Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid

Del «macho alfa» a la prueba pericial

Criminología · Adiestramiento canino y bienestar animal.

El PEAC y la Ley 7/2023 ponen fin al limbo del adiestramiento canino en España y entregan a la criminología lo que le faltaba: un criterio técnico con el que medir la buena praxis.

Esteban Borobia.
Artículo redactado con la asistencia de una IA (Claude IA)

Aviso: este artículo se ha redactado con ayuda de inteligencia artificial, tal y como indica su autor. Puedes descargar en PDF el ensayo completo, una versión más extensa y detallada del mismo contenido, o este artículo en su formato original, y consultar la página del Grupo de Trabajo de Prevención y Erradicación del Maltrato Animal.

Madrid, a 21 de octubre de 2026

Durante décadas, el adiestramiento canino en España ha vivido en una especie de limbo medieval. Bastaba con cierto empaque, un collar de eslabones, pinchos o eléctrico y tres o cuatro consignas sobre la «dominancia» para ser adiestrador a domicilio o abrir un centro de adiestramiento en una finca particular. Para un profesional que se enfrentaba a una investigación por maltrato animal o a un accidente con un perro de trabajo, aquello era una pesadilla. ¿Cómo determinar la lex artis, o valorar la negligencia de un guía, cuando la propia profesión carecía de una norma técnica clara?

La respuesta no llegó de golpe, pero ha tomado forma en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias, el PEAC. Para nuestro gremio no es otro trámite burocrático de la administración educativa. Es el listón técnico que permite separar la buena praxis de la arbitrariedad, o del maltrato que se esconde tras la costumbre.

Brújula antigua sobre una mesa de madera — **La brújula técnica.** El PEAC y la lex artis funcionan como un norte común: una guía objetiva que permite distinguir la buena praxis de la arbitrariedad, con la Ley 7/2023 y los registros como referencias en el mapa.

El PEAC, sin rodeos.

El planteamiento es sensato. En lugar de sentar en un pupitre, a escuchar teoría básica, a quien acumula quince años de experiencia en pista, el Estado le propone otra cosa: muestre sus evidencias, pase una evaluación práctica y demuestre que trabaja con estándares oficiales.

Lo que interesa a la criminología está en el contenido de esas cualificaciones del Catálogo Nacional, como la SEAC205_2, de adiestramiento de base, la SEA537_3, de adiestramiento en instrucción avanzada, y no me puedo olvidar de la AGA706_2 que establece los parámetros para la Cría, venta y custodia de animales. No se limitan a explicar cómo enseñar a un perro a sentarse. Fijan requisitos de bienestar, protocolos de primeros auxilios y pautas de higiene y, sobre todo, prohíben de forma explícita los métodos violentos o coercitivos. Así, cuando un perito debe analizar un atestado o decidir si el uso de un instrumento concreto constituye un delito de maltrato físico o psicológico, este marco estatal le ofrece por fin un punto de apoyo firme.

Este paraguas pericial no se limita al adiestramiento puro. El Catálogo Nacional extiende su lógica científica a toda la cadena de bienestar a través de cualificaciones como la AGA706_2 (Cría, venta y custodia de animales de compañía). Al objetivar las competencias requeridas en centros de reproducción, residencias o guarderías caninas, proporciona al perito forense el estándar exacto de lex artis para evaluar casos de hacinamiento, desatención o cría irresponsable.

A este marco de capacitación profesional se suma una herramienta de certificación técnica fundamental: la Norma UNE 313001:2016 («Centros de protección animal y residencias de animales de compañía. Gestión sanitaria y de bienestar animal»). Esta norma de calidad establece los requisitos mínimos y los procedimientos operativos —desde las pautas higiénicas y el control veterinario hasta la gestión de las instalaciones— que garantizan la salud física y etológica de los animales custodiados. Ya no dependemos del criterio subjetivo de un inspector o de la costumbre de un centro; la confluencia entre la cualificación del personal y el cumplimiento de la norma UNE tipifica legalmente qué constituye un cuidado zoológico riguroso y qué cae de lleno en la negligencia punible.

Ley de Bienestar Animal: el tablero de los registros.

A la homologación del profesional del adiestramiento se suma la Ley 7/2023 de protección y bienestar animal. Más allá del ruido mediático que acompañó su tramitación, introduce dos figuras clave para fiscalizar el sector: el Registro de Adiestradores Caninos y el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

«Los registros suponen un golpe directo a la clandestinidad y acotan el intrusismo que durante años ha servido de refugio a las malas prácticas.»

De ahora en adelante, tanto la cría como el adiestramiento profesional quedan ligados a una inscripción obligatoria, al cumplimiento de requisitos higiénico-sanitarios y a la acreditación de la competencia técnica. Para la función pericial y policial son una herramienta valiosísima: permiten comprobar de inmediato la habilitación legal de un investigado, seguir la trazabilidad de un ejemplar y poner límites al intrusismo.

Una transición en marcha, con asignaturas pendientes.

Sería ingenuo creer que aprobar un texto legal cambia los hábitos de la noche a la mañana. El sector se encuentra en plena digestión de la norma. Conviven hoy profesionales con una formación exquisita, acreditados por el PEAC y versados en ciencia del comportamiento, y reductos donde se siguen justificando los tirones de ahogo y los castigos físicos con el argumento de que «hay perros que no entienden otro idioma».

Además, la proliferación de diplomas privados sin validez oficial sigue generando confusión entre los propios usuarios e incluso en el ámbito judicial. Queda camino por recorrer para que la regulación sea plenamente efectiva en la calle.

Un escenario condicionado por el despliegue reglamentario.

A pesar del marco de exigencias trazado por la Ley 7/2023, cabe precisar que, a fecha de hoy, los registros previstos en la norma (entre ellos el Registro de Adiestradores Caninos y el Sistema Central de Registros para la Protección Animal) no han entrado en funcionamiento operativo. Su creación efectiva e implantación técnica permanecen pendientes del correspondiente desarrollo normativo por parte de la autoridad legislativa correspondiente. Esta interinidad normativa mantiene en suspenso la exigencia práctica de las obligaciones registrales, configurando un escenario de transición en el que la validez técnica de la lex artis debe apoyarse, mientras tanto, de forma directa en las Unidades de Competencia acreditadas a través del PEAC.

Acorralar la negligencia.

La erradicación del maltrato animal no se logra solo subiendo las penas del Código Penal. Se consigue acorralando la negligencia con criterios técnicos inapelables. En esa tarea, la alianza entre la criminología, la etología veterinaria y los profesionales acreditados por el PEAC es la mejor garantía de rigor y de justicia. La ley marca el rumbo; el criterio técnico y la colaboración entre disciplinas son los que consiguen que se cumpla.

CPCM
21 octubre, 2026
No Comments

La ley que no llegó: la regulación profesional de la Criminología ante la disolución de las Cortes

Por Ramón Chippirrás, secretario del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid

Madrid, a 7 de octubre de 2026

El 15 de septiembre de 2026 se presentó en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley por la que se regula el ejercicio profesional de la Criminología. El 22 de septiembre, la Mesa de la Cámara acordó admitirla a trámite, trasladarla al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento del Congreso y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que se produjo el 25 de septiembre. Apenas unos días después, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales interrumpían el recorrido de una iniciativa que, para quienes llevamos años trabajando por la regulación profesional de la Criminología, tenía un valor que iba mucho más allá de su mera tramitación parlamentaria.

No se trataba de una declaración institucional ni de una reivindicación genérica. Se había alcanzado el punto en el que una propuesta legislativa concreta, destinada a regular de manera integral el ejercicio profesional de la Criminología, había entrado formalmente en el Congreso de los Diputados. Desde un punto de vista estrictamente parlamentario, el texto se encontraba todavía en una fase inicial de tramitación, aunque el horizonte de trabajo manejado situaba su posible aprobación en el mes de diciembre de este mismo año.

Conviene decirlo así, porque el rigor obliga a diferenciar el recorrido institucional y político previo del procedimiento legislativo propiamente dicho. Pero desde la primera de esas perspectivas, el camino recorrido había sido mucho más largo. Habían sido necesarios años de trabajo, interlocución, reuniones, elaboración técnica, revisión jurídica, búsqueda de consensos y explicación constante de una cuestión que, a estas alturas, debería resultar evidente: la Criminología es una disciplina científicamente consolidada, académicamente reconocida y profesionalmente ejercida, pero continúa sin disponer de una regulación estatal suficiente de su ejercicio profesional.

Asistentes al registro de la Proposición de Ley que regula el ejercicio profesional de la Criminología, en el Congreso de los Diputados — Registro de la Proposición de Ley que regula el ejercicio profesional de la Criminología en el Congreso de los Diputados, el 15 de septiembre de 2026

Esa es, probablemente, una de las principales anomalías de la situación actual. En España contamos con una titulación universitaria oficial, miles de egresados en Criminología, grados y posgrados, investigación científica, Colegios profesionales, profesionales en ejercicio y ámbitos perfectamente identificables de intervención criminológica. Sin embargo, el marco estatal de ejercicio profesional sigue siendo difuso o, en muchos aspectos, sencillamente inexistente. La Criminología ha alcanzado antes su madurez académica, científica e institucional que su pleno reconocimiento profesional por el legislador.

La propia exposición de motivos de la proposición asumía este diagnóstico. Recordaba que el Real Decreto 858/2003 estableció el título de Licenciatura en Criminología y que posteriormente se implantó el Grado, pero señalaba que esa consolidación académica no había venido acompañada de una regulación específica del ejercicio profesional. El texto vinculaba esa carencia con inseguridad jurídica, dificultades de acceso al empleo público y falta de garantías suficientes respecto de la cualificación de quienes ejercen la Criminología.

La ausencia de regulación, por tanto, no es una cuestión menor. Afecta a la delimitación de funciones, al reconocimiento de competencias, a la identificación social del criminólogo y a su incorporación estable a determinados espacios profesionales. A ello se añade una realidad que quienes ejercemos conocemos bien: la ocupación por otros perfiles de espacios de intervención vinculados directamente al conocimiento criminológico, favorecida precisamente por la ausencia de un marco estatal que defina quién puede ejercer profesionalmente determinadas funciones y bajo qué requisitos.

No se trata de reclamar privilegios corporativos ni de invadir ámbitos propios de otras disciplinas. El criminólogo no sustituye al abogado, al psicólogo, al trabajador social, al sociólogo, al médico forense ni a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su función es distinta y su aportación responde a una formación específica que permite analizar el fenómeno criminal desde la convergencia de factores jurídicos, sociales, conductuales, victimológicos, preventivos y de seguridad. La propia proposición era expresamente respetuosa con esa realidad al establecer que las competencias criminológicas se ejercerían sin perjuicio de las funciones propias de otras profesiones conforme a la normativa vigente.

Ese conocimiento tiene aplicación directa en prevención del delito, análisis criminal, políticas públicas, victimología, seguridad, ejecución penal, justicia restaurativa, investigación criminológica, evaluación de riesgos, reinserción, asesoramiento técnico y elaboración de informes y dictámenes, entre otros ámbitos. Por ello, el debate no consiste en inventar funciones para una profesión, sino en reconocer y ordenar funciones que ya existen y que, en muchos casos, se vienen desarrollando sin un marco suficientemente claro.

Y ese es uno de los aspectos que hace especialmente relevante la proposición presentada en septiembre de 2026. No pretendía limitarse a reconocer nominalmente la existencia de una profesión. Su artículo primero establecía como objeto de la ley regular el ejercicio profesional de la Criminología en España, fijar las condiciones para su reconocimiento, identificar sus funciones específicas, delimitar los requisitos de ejercicio y garantizar su adecuada integración en los sistemas públicos y privados de prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.

El artículo 4 contenía, además, una previsión de enorme trascendencia: el ejercicio profesional de las funciones de la Criminología correspondería a quienes ostentasen el título universitario oficial en Criminología o una titulación extranjera homologada, exigencia que se proyectaba sobre los sectores público, privado y social. La norma pretendía, por tanto, establecer por primera vez una vinculación clara entre formación universitaria específica y ejercicio profesional.

La propuesta definía también competencias concretas. Entre ellas figuraban el diseño y ejecución de investigaciones empíricas sobre el fenómeno criminal, la aplicación de teorías criminológicas a la explicación e interpretación del comportamiento delictivo, el diseño y evaluación de políticas y programas de prevención, la atención, asesoramiento e intervención con víctimas, la elaboración de informes criminológicos y dictámenes técnicos y la participación en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.

A partir de esas competencias, el texto estructuraba el ejercicio profesional en cuatro grandes áreas funcionales: análisis e investigación criminológica; prevención del delito y seguridad; ejecución penal, reinserción y justicia restaurativa; y atención a víctimas y protección de personas en situación de vulnerabilidad. No es una cuestión terminológica. Durante años hemos tenido que explicar qué hace un criminólogo/a. Una regulación de este tipo habría permitido transformar una identidad profesional que con frecuencia debe justificarse desde la práctica en una identidad jurídicamente reconocible.

Uno de los problemas en los que esa falta de reconocimiento resulta más visible es el acceso al empleo público. La proposición contemplaba expresamente que las Administraciones públicas pudieran incluir la figura profesional del criminólogo/a en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público cuando el perfil competencial así lo requiriese. También preveía su presencia en órganos consultivos, comisiones técnicas y órganos de evaluación y diseño de políticas públicas en materia de seguridad, convivencia, justicia, protección de menores o igualdad. Más adelante, la disposición adicional primera establecía que las Administraciones adoptarían las medidas necesarias para adaptar sus relaciones de puestos de trabajo a la nueva regulación en un plazo máximo de dos años.

Uno de los elementos más relevantes del proceso alcanzado en 2026 había sido precisamente la capacidad de generar consenso. Durante el trabajo institucional previo, la necesidad de regular la profesión había conseguido un respaldo político muy amplio. Y ese dato importa. La regulación de la Criminología no se había planteado como una reivindicación partidista ni como una cuestión ideológica. Había conseguido articularse sobre una base transversal porque lo que se pretendía resolver no pertenecía a un bloque político concreto: se trataba de ordenar jurídicamente una profesión que lleva décadas consolidándose en las universidades y que dispone ya de una presencia efectiva en distintos ámbitos profesionales.

El propio contenido de la proposición demuestra hasta qué punto el texto pretendía construir una verdadera arquitectura profesional. No se limitaba a definir competencias. Creaba el Consejo General de Colegios de Criminología como corporación de Derecho público y órgano de representación, coordinación y gobierno nacional de la profesión criminológica. En él quedarían integrados los Colegios profesionales existentes y los que pudieran constituirse posteriormente, creando por primera vez una estructura estatal de representación de la profesión ante la Administración General del Estado, los demás poderes públicos, la Unión Europea y las instituciones internacionales.

La iniciativa preveía igualmente la creación de un Registro Nacional de Criminología, un código deontológico común, sistemas de formación continua, especialidades profesionales y mecanismos de habilitación específica. Particularmente significativa era la previsión de requisitos mínimos de habilitación para el ejercicio de la actividad pericial criminológica y la creación de un registro de profesionales habilitados para dicha función.

Este último extremo tampoco es secundario. La Criminología forense lleva años abriéndose espacio en los procedimientos judiciales mediante informes criminológicos y dictámenes técnicos. La proposición reconocía expresamente entre las competencias profesionales la elaboración de informes criminológicos y dictámenes técnicos y preveía un sistema específico para ordenar la actividad pericial. Para quienes ejercemos profesionalmente en este terreno, esa regulación habría permitido avanzar desde una práctica técnicamente consolidada hacia un reconocimiento normativo mucho más claro.

También existe una dimensión académica que no puede ignorarse. Las universidades españolas forman cada año a nuevos graduados en Criminología. Quienes dirigimos grados universitarios tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros estudiantes una formación rigurosa, científica y actualizada, pero también de explicarles con honestidad cuál es la situación profesional que encontrarán al finalizar sus estudios. No podemos crear expectativas irreales, pero tampoco deberíamos aceptar como normal que una titulación oficial consolidada continúe encontrando dificultades para definir su identidad profesional y su encaje estable en determinadas estructuras públicas y privadas.

En este sentido, la proposición de ley daba un paso que conecta directamente regulación profesional y universidad. Su disposición adicional quinta establecía que las universidades y centros de formación superior adaptarían sus planes de estudios de Criminología a los perfiles competenciales definidos en la ley, en coordinación con el Ministerio competente. Era una previsión especialmente interesante porque permitía aproximar dos realidades que no pueden continuar avanzando indefinidamente de forma separada: aquello para lo que formamos a nuestros estudiantes y aquello que posteriormente el ordenamiento reconoce como ejercicio profesional.

Por eso conviene dimensionar correctamente qué es lo que se ha interrumpido con la disolución de las Cortes. No hemos perdido una ley aprobada. Tampoco sería correcto afirmar que el texto se encontraba en su último trámite parlamentario, ya que aún nos quedaban dos largos meses por delante. Pero sí se ha detenido el intento más avanzado hasta la fecha de configurar mediante una ley estatal un estatuto integral de la profesión criminológica en España.

Y eso, después de tantos años de trabajo, no es poco.

Para quienes hemos participado activamente en este proceso, la convocatoria electoral provoca inevitablemente frustración. Habíamos alcanzado un punto que durante mucho tiempo pareció lejano. Existía un texto articulado, se había logrado trasladar la cuestión al ámbito político, se había trabajado para alcanzar un consenso muy amplio y la Criminología había llegado finalmente al Congreso de los Diputados con una propuesta normativa concreta.

La disolución de las Cortes interrumpe el proceso, pero no elimina lo conseguido. En la siguiente legislatura, quienes representamos a la Criminología volveremos a abordar esta cuestión, pero ya no deberíamos hacerlo desde cero. Existe un texto. Existe un trabajo técnico previo. Existe experiencia acumulada. Existen interlocuciones construidas. Existe una reivindicación profesional perfectamente articulada y existe, sobre todo, una necesidad que no desaparece porque finalice una legislatura.

Los criminólogos seguirán ejerciendo. Las universidades seguirán formando nuevos titulados. Los colegios profesionales seguirán desarrollando sus funciones. Las Administraciones, empresas, instituciones, juzgados y operadores jurídicos seguirán encontrándose con situaciones en las que el conocimiento criminológico puede aportar un valor específico. Lo que no resulta razonable es que todo ello continúe desarrollándose indefinidamente sobre un marco profesional sin definir.

Lo conseguido permanece. Permanece el trabajo institucional, permanece el conocimiento acumulado, permanece el texto elaborado y permanece la evidencia de que la regulación profesional de la Criminología ha dejado de ser una reivindicación abstracta para entrar definitivamente en la agenda legislativa.

La próxima legislatura no debería volver a preguntarse si la Criminología merece una regulación profesional. Esa discusión debería estar superada. La cuestión real es cómo recuperar el trabajo realizado, mejorar aquello que deba mejorarse y culminar adecuadamente un proceso que ya ha comenzado, sin volver a perder años recorriendo exactamente el mismo camino.

La proposición presentada en septiembre de 2026 representaba una oportunidad real para comenzar a cerrar la distancia entre la realidad académica y profesional de la Criminología y su reconocimiento jurídico. La legislatura ha terminado antes de que pudiera culminarse el proceso.

La reivindicación, sin embargo, no termina con ella.

Después de años de trabajo, la regulación profesional de la Criminología ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una propuesta legislativa concreta que ha llegado oficialmente al Congreso de los Diputados y que ha definido cómo podría estructurarse jurídicamente nuestra profesión. Ese paso ya está dado.

Cuando se constituyan las nuevas Cortes, corresponderá a los colegios profesionales, universidades, asociaciones, profesionales y responsables políticos conseguir que el siguiente no vuelva a tardar años.

Porque la pregunta ya no debería ser si la Criminología merece una regulación profesional. La pregunta es cuánto tiempo más puede justificarse que siga sin ella.

No quiero terminar sin agradecer el trabajo realizado durante todos estos años a mis compañeros y compañeras de profesión, a los asesores y técnicos ministeriales que han contribuido a este recorrido y, de manera especial, al diputado Paco Aranda. Gracias, Paco, por creer en la Criminología, por escuchar a la profesión y por contribuir a que una regulación que durante demasiado tiempo pareció inalcanzable llegara finalmente al Congreso de los Diputados.

Ramón Chippirrás
Secretario del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
Director del Grado en Criminología de UNIE Universidad.

CPCM
13 octubre, 2026
No Comments

El Colegio acerca la Criminología a cientos de jóvenes en el Día de las Profesiones 2026

Madrid, a 1 de octubre de 2026

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) volvió a acercar la profesión y sus salidas laborales a estudiantes y futuros profesionales durante la X edición del Día de las Profesiones, celebrada este miércoles en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid.

Durante toda la jornada, el equipo del Colegio atendió a un gran número de jóvenes de diferentes Institutos de la región interesadas en conocer de primera mano qué hace un criminólogo, cuáles son sus ámbitos de actuación y qué oportunidades profesionales ofrece actualmente la Criminología.

Cinco representantes del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid sonríen en la carpa del Colegio, junto al cartel enrollable del CPCM, en el Día de las Profesiones 2026. — Representantes del Colegio en la carpa del CPCM

Entre los representantes del CPCM que participaron en la cita estuvieron la decana, Carmen Balfagón; el secretario del Colegio, Ramón Chippirrás; el tesorero, Juan Carlos Gutiérrez Narganes; el vicetesorero, Jordi Delgado; la secretaria de la Comisión Deontológica, Marta de la Fuente; y los vocales Jesús Chaves, Alberto Rodríguez y Vicente García; y colegiados y colegiadas como Sara Belda.

Como en años anteriores, la carpa del Colegio se convirtió así en un punto de encuentro para estudiantes que pudieron trasladar directamente sus dudas a profesionales de la Criminología y recibir orientación sobre las posibilidades que ofrece la profesión. Además, pudieron llevarse folletos sobre la profesión y sellar sus pasaportes.

Decenas de estudiantes ante la carpa de los Colegios de Criminología y Profesionales del Turismo, con el cartel del CPCM a la izquierda, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. — Estudiantes ante la carpa de los Colegios de Criminología y Profesionales del Turismo

Representantes del CPCM atienden desde la mesa de la carpa a un grupo de estudiantes, con folletos del Colegio sobre la mesa. — Representantes del Colegio resuelven las dudas de un grupo de estudiantes

Una representante y un representante del Colegio, con acreditación roja, conversan con una estudiante en la carpa del CPCM. — Orientación sobre la profesión en la carpa del Colegio

Un representante del Colegio, con un folleto del CPCM en la mano, conversa con estudiantes entre las carpas del Día de las Profesiones. — Un representante del Colegio, con los folletos sobre la profesión, entre los estudiantes

Estudiantes agolpados ante la carpa del Colegio, junto al cartel del CPCM y al del Colegio Oficial de Profesionales del Turismo de la Comunidad de Madrid. — La carpa del Colegio, llena de estudiantes a lo largo de la jornada

Participantes en una mesa redonda del Día de las Profesiones 2026, sentados ante un panel con los logotipos de Sabadell Professional y Aceites de Oliva de España; uno de ellos habla al micrófono. — Mesa redonda «Emprender siendo joven: montar tu propio camino», en la que intervino Jordi Delgado, vicetesorero del Colegio

Posibilidades de emprendimiento para los criminólogos

La participación del CPCM se extendió también al programa de actividades del Día de las Profesiones. De esta forma, Jordi Delgado intervino en la mesa redonda 'Emprender siendo joven: montar tu propio camino', centrada en los retos y oportunidades que encuentran los jóvenes a la hora de desarrollar sus propios proyectos profesionales. Y que compartió con representantes de otros Colegios.

Durante su intervención, Delgado, experto en asuntos laborales, puso el foco en las salidas profesionales que existen para emprender como criminólogo/a y abordó cuestiones relacionadas con el empleo y las ayudas que ponen en marcha la Comunidad de Madrid y otras instituciones para quienes deciden iniciar su propio camino profesional.

Su participación en un encuentor lleno de asistentes permitió acercar la Criminología a los jóvenes desde una perspectiva directamente vinculada al desarrollo profesional, el emprendimiento y las diferentes posibilidades de ejercicio que ofrece la disciplina.

Más de 4.500 asistentes

El Día de las Profesiones 2026, organizado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM), reunió este año a más de 4.500 estudiantes, familias y ciudadanos, además de 39 colegios profesionales y 12 universidades. A lo largo del día se desarrollaron más de un centenar de talleres, actividades y encuentros destinados a acercar las distintas profesiones y sus salidas a los asistentes.

La jornada contó también con 'speed dates' entre estudiantes y profesionales de diferentes ámbitos, entre ellos Humanidades y Ciencias Sociales, además de mesas redondas sobre tendencias del mercado laboral, profesiones con impacto social, emprendimiento y la visión de los propios estudiantes sobre la Universidad.

En la inauguración participaron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; y el presidente de UICM, Eugenio Ribón. Durante el acto, Goyache y Ribón renovaron además el Acuerdo Marco de colaboración entre la Universidad Complutense y UICM.

La décima edición concluyó con la entrega de los Premios UICM 2026 y con la clausura a cargo de la viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid, Mirina Cortés.

Con su participación un año más en esta cita, el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, el más grande de toda España, ha tenido la oportunidad de mostrar directamente a los jóvenes la realidad de la Criminología, resolver sus dudas sobre el futuro profesional y dar visibilidad a las distintas vías de desarrollo y emprendimiento que ofrece la profesión.

CPCM
1 octubre, 2026
No Comments

Una jornada gratuita abordará la discapacidad en la justicia y el papel del facilitador judicial

Una oportunidad ideal para conocer esta figura, que demanda cada vez más criminólogos, y nuestro Curso de habilitación, que comienza el día 28

Madrid, a 18 de septiembre de 2026

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid organizará el próximo 29 de septiembre, junto con la Fundación 360 para la Autonomía Personal y la Universidad Pontificia Comillas, la jornada 'Discapacidad y sistema de justicia: el papel del facilitador judicial', centrada en la accesibilidad, las garantías y la aportación de la Criminología en este ámbito profesional.

La cita se celebrará en el salón de actos del Edificio B de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, situada en la calle Universidad Comillas, 3-5, de Madrid (campus de Cantoblanco). Comenzará a las 17.00 horas y finalizará a las 18.30 horas. El acceso será libre hasta completar aforo.

La jornada analizará las principales dificultades que encuentran las personas con discapacidad en el ámbito judicial, explicará la función del facilitador judicial y abordará la aportación específica que puede realizar la Criminología en su formación e intervención profesional. También permitirá conocer el Título de Facilitador Judicial impulsado por el Colegio, su orientación práctica y las posibilidades de especialización profesional que ofrece.

Cartel de la jornada «El papel del facilitador judicial»: 29 de septiembre a las 17:00 h en el salón de actos del Edificio B de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas, C/ Universidad Comillas, 3-5, Madrid. Entrada libre hasta completar aforo. Organizan la Universidad Pontificia Comillas, la Fundación 360 para la Autonomía Personal y el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid. — Cartel de la jornada, que organizan el Colegio, la Fundación 360 para la Autonomía Personal y la Universidad Pontificia Comillas

Está especialmente dirigida a criminólogos/as, colegiados/as y precolegiados/as del Colegio, estudiantes y titulados en Criminología, profesionales jurídicos y judiciales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y otros profesionales vinculados a la intervención con personas vulnerables. También se dirige a profesionales y entidades del ámbito de la discapacidad, personas interesadas en especializarse como facilitadores judiciales y estudiantes universitarios interesados en justicia, discapacidad, victimología y criminología aplicada.

17.00 horas | Apertura y presentación

La jornada comenzará a las 17.00 horas con las intervenciones de Javier Font, presidente de la Fundación 360 para la Autonomía Personal, y nuestra decana, Carmen Balfagón.

La apertura servirá para presentar institucionalmente la jornada, sus objetivos y la necesidad de avanzar hacia un sistema de justicia accesible e inclusivo.

17.15 horas | Discapacidad, justicia y facilitación judicial

A las 17.15 horas comenzará la mesa redonda 'Discapacidad, justicia y facilitación judicial: barreras, formación y experiencia profesional', estructurada en tres intervenciones.

La primera, 'Barreras de acceso a la justicia para las personas con discapacidad', correrá a cargo de un representante de la Fundación 360 para la Autonomía Personal y analizará las principales dificultades y barreras que pueden encontrar estas personas en su relación con el sistema policial y judicial, así como la necesidad de establecer apoyos adecuados que garanticen su participación efectiva.

A continuación, el doctor Abel González, vicedecano de nuestro Colegio, abordará la sesión 'Formación de facilitadores judiciales: la aportación de la Criminología'.

Su intervención estará dedicada a la formación especializada de los facilitadores judiciales y a la aportación de la Criminología a este ámbito profesional, especialmente desde la victimología, la comunicación, el análisis de situaciones de vulnerabilidad, la prevención de la victimización secundaria y la intervención en el sistema de justicia. También presentará las características principales del Título de Facilitador Judicial del Colegio.

La tercera intervención, 'La práctica del facilitador judicial con personas adultas y menores', corresponderá a Jesús Chaves Rubio, vocal de nuestro Colegio.

Chaves expondrá la experiencia práctica del facilitador judicial en procedimientos en los que participan personas adultas y menores, abordando las funciones desarrolladas, las necesidades detectadas y los principales retos que plantea la intervención profesional.

18.10 horas | Coloquio y preguntas

A las 18.10 horas se abrirá un espacio de coloquio y preguntas para el diálogo entre los asistentes y los participantes de la mesa redonda.

18.25 horas | Título de Facilitador Judicial

A las 18.25 horas se presentará la formación organizada por el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid para obtener el Título de Facilitador Judicial. En este apartado se informará sobre los objetivos de la formación, sus contenidos y metodología, el perfil de acceso y la orientación profesional.

Se trata de una oportunidad única que abre una ventana laboral, cada vez más importante y demandada. Nuestro curso comienza este 28 de septiembre y aún hay plazas disponibles. Más información e inscripción en este enlace: https://colegiocriminologosmadrid.es/curso-facilitador-apoyo-juzgados/

18.30 horas | Clausura

La jornada finalizará a las 18.30 horas con el cierre institucional.

Entre los objetivos del encuentro figuran dar a conocer las barreras que pueden encontrar las personas con discapacidad en su acceso al sistema de justicia, explicar la función y utilidad del facilitador judicial, analizar las necesidades específicas de adultos y menores en los procedimientos judiciales y mostrar la aportación de la Criminología a la formación y actuación de estos profesionales.

También pretende dar a conocer experiencias de facilitación judicial, promover la especialización de criminólogos y otros profesionales en el ámbito de la discapacidad y la justicia y presentar el Título de Facilitador Judicial del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.

Descarga el programa completo de la jornada (PDF)

CPCM
18 septiembre, 2026
No Comments

La Criminología española da un paso decisivo con el registro de una nueva proposición de ley para regular la profesión

El texto incorpora el trabajo técnico desarrollado por los Colegios Profesionales de Criminología en la Mesa con Justicia

Madrid, a 15 de septiembre de 2026

El proceso para alcanzar la regulación profesional de la Criminología en España ha dado este martes un nuevo paso con el registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley por la que se regula el ejercicio profesional de la Criminología, presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Plurinacional Sumar.

El texto pretende establecer por primera vez un marco estatal integral para el ejercicio de una profesión que cuenta desde hace años con reconocimiento universitario pero que todavía carece de una regulación profesional específica.

La nueva iniciativa supone un avance respecto a la proposición presentada anteriormente por el Grupo Sumar, ya que incorpora la fase técnica de los trabajos desarrollados por representantes de todos los Colegios Profesionales de Criminología de España en el marco de la Mesa constituida junto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para avanzar en la regulación de la profesión.

El registro de la proposición se ha producido este martes en la Cámara Baja en presencia del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Joaquín Martínez Salmerón, así como de Francisco Aranda, Enrique Santiago y otros diputados. En representación de los Colegios Profesionales han asistido el vicedecano del CPCM, Abel González, y el secretario de la institución madrileña, Ramón Chippirrás.

Un estatuto integral para la profesión

La proposición tiene como objetivo regular el ejercicio profesional de la Criminología en todo el territorio español, identificar sus funciones específicas, establecer los requisitos necesarios para ejercerla e integrar adecuadamente la profesión en los sistemas públicos y privados de prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.

Uno de sus principales puntos establece que el ejercicio profesional de las funciones propias de la Criminología corresponderá a quienes dispongan de un título universitario oficial en Criminología o de un título extranjero homologado. Esta exigencia será vinculante para los sectores público, privado y social y para cualquier entidad que contrate a personas destinadas a ejercer profesionalmente la Criminología.

El texto define igualmente un amplio catálogo de competencias, entre las que figuran diseñar y ejecutar investigaciones sobre el fenómeno criminal, aplicar teorías criminológicas al comportamiento delictivo, diseñar y evaluar programas de prevención del delito y de la victimización, intervenir y asesorar a víctimas, elaborar informes criminológicos y dictámenes técnicos y participar en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.

La actividad profesional se articula además en cuatro grandes áreas: análisis e investigación criminológica; prevención del delito y seguridad; ejecución penal, reinserción y justicia restaurativa; y atención a víctimas y protección de personas especialmente vulnerables.

Más presencia en el empleo público

Uno de los ámbitos de especial relevancia para la profesión es el acceso a las administraciones públicas. La proposición contempla que estas puedan incorporar la figura profesional del criminólogo o criminóloga en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público cuando el perfil competencial del puesto así lo requiera, garantizando el acceso mediante los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Además, una de las disposiciones de la norma establece que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para adaptar sus relaciones de puestos de trabajo a lo dispuesto en la ley en un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.

La iniciativa también prevé impulsar la presencia de profesionales de la Criminología en órganos consultivos, comisiones técnicas y órganos destinados a evaluar y diseñar políticas públicas relacionadas con la seguridad, la convivencia, la justicia, la protección de menores o la igualdad.

Colegiación para actuar ante juzgados y tribunales

Otro de los aspectos destacados es la regulación del ejercicio profesional ante la Justicia. La proposición establece la colegiación obligatoria para actuar ante juzgados y tribunales, en los términos que determine la propia ley y la legislación general de colegios profesionales, salvo cuando se actúe al servicio de administraciones o entidades públicas por razón de dependencia funcional o laboral.

Asimismo, la futura organización estatal de la profesión deberá fijar unos requisitos mínimos para ejercer como perito en Criminología, incluyendo la superación de un curso específico acreditado y el correspondiente proceso de habilitación pericial, además de mantener un registro de profesionales habilitados para esta actividad.

Consejo General y Registro Nacional de Criminología

La norma crea además el Consejo General de Colegios de Criminología, que se configurará como órgano nacional de representación, coordinación y gobierno de la profesión. En él se integrarán los Colegios Profesionales existentes y aquellos que puedan constituirse posteriormente, respetando también la posible existencia de consejos autonómicos.

Entre sus funciones estará armonizar la actuación de los diferentes Colegios, establecer condiciones homogéneas de colegiación, regular la habilitación pericial y representar institucionalmente a la profesión ante las administraciones públicas, los órganos constitucionales del Estado, la Unión Europea y organismos internacionales.

El proyecto incorpora igualmente la creación de un Registro Nacional de Criminología de acceso público, en el que figurarán los profesionales habilitados para ejercer. Su creación y gestión corresponderá al Consejo General, en coordinación con las administraciones públicas competentes.

Secreto profesional, deontología y régimen sancionador

La proposición reconoce además el secreto profesional y la confidencialidad como obligaciones de los criminólogos, y establece que los Colegios deberán aprobar un código deontológico que regule la conducta profesional, los principios éticos, las incompatibilidades y el régimen disciplinario. Ese código será de obligado cumplimiento para las personas colegiadas.

El texto incorpora también un régimen de infracciones y sanciones. Entre las infracciones muy graves incluye ejercer la Criminología sin la titulación exigida por la ley, vulnerar el secreto profesional causando un perjuicio grave u obtener fraudulentamente la habilitación mediante falsedad documental.

La regulación apuesta igualmente por la formación continua y la especialización de los profesionales, y atribuye a los Colegios funciones como ordenar el ejercicio profesional, velar por el cumplimiento de la normativa y del código deontológico, colaborar con las administraciones en las políticas públicas y defender los intereses de las personas colegiadas.

Una reivindicación histórica de la profesión

La exposición de motivos de la proposición recuerda que la Licenciatura en Criminología fue establecida en 2003 y que posteriormente se implantó el Grado en Criminología, pero señala que ese reconocimiento académico no ha ido acompañado hasta ahora de una regulación profesional estatal. Y esta ausencia, reconoce el texto, genera inseguridad jurídica, limita el acceso al empleo público y privado y dificulta garantizar que quienes ejercen profesionalmente dispongan de la cualificación necesaria.

Para el CPCM, el registro de esta nueva proposición representa un paso especialmente relevante porque traslada el trabajo del Colegio en todos los ámbitos durante los últimos cinco años. No obstante, ahora toca seguir trabajando con los distintos grupos parlamentarios para intentar conseguir el mayor consenso posible en torno a una regulación que constituye una reivindicación histórica de los profesionales de la Criminología. El objetivo es que se apruebe la ley antes de que acabe el año.

Hemos colgado el texto de la proposición de ley en el Área privada de nuestra web.

Foto de familia en la escalinata del Congreso de los Diputados tras el registro de la Proposición de Ley de la Criminología

CPCM
15 septiembre, 2026
No Comments

El CPCM expresa su apoyo al Manifiesto institucional de UICM por Ceuta y Melilla

Madrid, a 2 de septiembre de 2026

Desde el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid queremos expresar nuestro apoyo al Manifiesto institucional de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) por Ceuta y Melilla, respaldado por los Colegios Profesionales que integran esta institución. Lo hacemos, además, en una fecha especialmente significativa, el 2 de septiembre, Día de Ceuta, reafirmando nuestro compromiso con sus ciudadanos, con quienes desarrollan allí su labor profesional y con la defensa del Estado de Derecho, la seguridad y los derechos fundamentales. Adjuntamos el PDF del Manifiesto.

Logotipo de Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid junto al título del Manifiesto institucional de UICM por Ceuta y Melilla. — Manifiesto institucional de UICM por Ceuta y Melilla.

CPCM
2 septiembre, 2026
No Comments

Helena García Amo aborda los retos de la criminología del deporte y la transformación del fútbol

El Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid ha entrevistado a la criminóloga Helena García Amo, coautora junto a Eduardo Muñoz del libro La doble cara del gol. Del business al potrero, en la primera entrega de un nuevo proyecto destinado a dar visibilidad a los profesionales que investigan y trabajan en esta especialidad.

Madrid, a 29 de julio de 2026

Durante la conversación, conducida por el coordinador del Grupo de Trabajo, Adrián Rodríguez Molina, García Amo ha repasado su trayectoria, su vinculación con el deporte y las principales conclusiones de su publicación.

La autora ha explicado que el fútbol presenta una doble dimensión. Por una parte, puede generar identidad, valores, redes sociales, inclusión y reinserción. Por otra, puede convertirse en un ámbito criminógeno en el que aparecen fenómenos como la violencia, la corrupción, los abusos sexuales, la explotación, los amaños y las malas prácticas institucionales.

MENORES CAPTADOS CON FALSAS PROMESAS

Uno de los asuntos más graves abordados durante la entrevista ha sido la trata de personas mediante falsas promesas de desarrollar una carrera como futbolista profesional.

Según ha explicado García Amo, algunos menores procedentes de África, Latinoamérica o Europa del Este son captados por personas que se presentan como representantes u ojeadores y trasladados a otros países.

Estos jóvenes pueden terminar desamparados y sufrir explotación laboral, violencia e incluso explotación sexual. La criminóloga ha cuestionado también la eficacia de la normativa internacional sobre las transferencias de menores y ha reclamado una mayor colaboración entre las federaciones, las administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

DEL CUMPLIMIENTO FORMAL AL CAMBIO REAL

García Amo también ha analizado el funcionamiento de los responsables de cumplimiento normativo o compliance officers dentro de los clubes.

A su juicio, la mera existencia de estos profesionales y de protocolos internos no garantiza una prevención efectiva si carecen de independencia y capacidad real para intervenir ante posibles irregularidades.

“Se está cumpliendo con la norma, pero presentando una apariencia de cumplimiento”, resume durante la criminóloga, quien ha defendido que el análisis debe extenderse a las culturas organizativas que normalizan determinadas prácticas.

EL PODER DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

La entrevistada ha advertido asimismo del poder político, económico y social alcanzado por organismos como la FIFA, la UEFA o la CONMEBOL. Considera que el fútbol se ha transformado progresivamente en un gran negocio y se ha alejado de las necesidades de los deportistas, los clubes modestos y los aficionados.

“La FIFA tiene más poder que la ONU”, afirma para ilustrar la capacidad de influencia de estas instituciones, que, en su opinión, pueden atravesar procesos de burocratización, corrupción y pérdida de legitimidad.

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de recuperar el espíritu del “potrero” y devolver protagonismo a los barrios, los clubes de base y los aficionados.

OPORTUNIDADES PARA LOS CRIMINÓLOGOS

Portada del libro «La doble cara del gol. Del business al potrero», de Eduardo Muñoz y H. G. Amo — Portada de «La doble cara del gol. Del business al potrero», de Eduardo Muñoz y H. G. Amo.

Durante la entrevista, García Amo ha reivindicado las funciones que los criminólogos pueden desempeñar en el deporte, como la investigación de amaños, apuestas ilegales, violencia y ciberdelincuencia; la elaboración de protocolos; la gestión de canales de denuncia; la protección de menores, y la seguridad de estadios y acontecimientos deportivos.

También ha destacado las posibilidades profesionales vinculadas a la figura del delegado de protección y ha animado a estudiantes y profesionales a investigar estos fenómenos y divulgar las aportaciones de la criminología.

La doble cara del gol. Del business al potrero pretende cubrir un vacío dentro de la bibliografía en español y analiza, desde una perspectiva criminológica, tanto la capacidad de transformación social del fútbol como los riesgos derivados de su conversión en una industria global.

La entrevista completa permite profundizar en estas reflexiones y conocer las oportunidades profesionales y académicas que ofrece la criminología del deporte. La puedes ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=rJjoMk_WB48

Y más temas interesantes sobre Criminología y Deporte en nuestro Grupo de Trabajo: https://colegiocriminologosmadrid.es/grupos_trabajo/criminologia-en-el-deporte/

Adrián Rodríguez Molina entrevista a la criminóloga Helena García Amo para el Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte del CPCM — Momento de la entrevista a Helena García Amo, conducida por Adrián Rodríguez Molina, coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte.

CPCM
29 julio, 2026
No Comments

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid impulsa el Programa de Bienestar Verano 2026

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) pone en marcha el Programa de Bienestar Verano 2026, una iniciativa desarrollada en colaboración con Wellington Wellness con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y contribuir al bienestar físico, emocional y personal de sus colegiados y colegiadas.

La labor de los profesionales de la criminología requiere en muchas ocasiones afrontar situaciones complejas, gestionar elevados niveles de responsabilidad y mantener un equilibrio adecuado entre la vida profesional y personal. Consciente de ello, el CPCM pone a disposición de sus miembros un programa diseñado para facilitar herramientas prácticas que favorezcan el bienestar integral y el desarrollo de hábitos saludables.

Cartel del Programa de Bienestar Verano 2026 del CPCM en colaboración con Wellington Wellness — Programa de Bienestar Verano 2026 del CPCM, en colaboración con Wellington Wellness.

A través de una aplicación disponible para Android y iPhone, los participantes tendrán acceso a contenidos, recursos y actividades relacionados con:

Nutrición y alimentación saludable.

Actividad física y ejercicio adaptado.

Gestión emocional y bienestar psicológico.

Hábitos saludables para el día a día.

Retos prácticos para favorecer la constancia y la motivación.

Recursos de apoyo y contenidos complementarios.

El programa está diseñado para que cada persona pueda avanzar a su propio ritmo, adaptando la experiencia a sus necesidades, intereses y objetivos personales.

El verano representa una excelente oportunidad para dedicar más tiempo al autocuidado, reforzar hábitos positivos y adquirir conocimientos que puedan mantenerse a largo plazo y generar beneficios duraderos para la salud y el bienestar.

Con esta iniciativa, el CPCM amplía los servicios que ofrece a sus colegiados, incorporando recursos orientados a favorecer la calidad de vida, el equilibrio personal y el bienestar emocional.

Los colegiados y colegiadas al corriente de sus cuotas podrán acceder gratuitamente al Programa de Bienestar Verano 2026 a través del siguiente enlace: https://www.programadebienestar.es/cpcm

Si deseas consultar otras ofertas y descuentos disponibles para colegiados y colegiadas, puedes acceder al Área Social del Colegio.

CPCM
25 junio, 2026
No Comments

El Colegio firma un convenio con Nueva Mutua Sanitaria para difundir sus ofertas aseguradoras entre los colegiados

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha firmado hace unos días un acuerdo de colaboración con Nueva Mutua Sanitaria del Servicio Médico, Mutua de Seguros a Prima Fija, con el objetivo de dar a conocer entre sus colegiados la oferta y las ventajas aseguradora de esta entidad, especialmente en materia de seguros de salud.

Por parte de Nueva Mutua Sanitaria, el acuerdo ha sido suscrito por José Manuel Ruiz Muñoz, en calidad de apoderado de la entidad, mientras que por parte del Colegio ha sido firmado por su vicetesorero, Jordi Delgado Avilés.

Nueva Mutua Sanitaria es una entidad aseguradora que sucede al antiguo Servicio Médico del Colegio de Abogados de Madrid y que cuenta con más de 70 años de trayectoria. En virtud de este acuerdo, el CPCM colaborará con ellos en la promoción de sus productos a través de publicidad y difusión de la oferta aseguradora entre sus colegiados.

Firma del convenio de colaboración entre el CPCM y Nueva Mutua Sanitaria.

Entre las acciones previstas, el Colegio incluirá información de Nueva Mutua Sanitaria en la documentación de bienvenida a los nuevos colegiados, además de facilitar su presencia en la página web, en sus boletines y publicaciones.

Por su parte, Nueva Mutua Sanitaria asume el compromiso de impulsar iniciativas que generen valor e interés para el conjunto de los colegiados.

El convenio tiene vigencia desde su firma hasta el 31 de diciembre de 2026 y, a partir de ese momento, se entenderá prorrogado automáticamente por plazos anuales, salvo que las partes acuerden otra fórmula. Los colegiados pueden consultar el convenio completo en el área privada de la web del Colegio.

Representantes del CPCM y Nueva Mutua Sanitaria tras la firma del acuerdo.

CPCM
24 junio, 2026
No Comments

Los Colegios Profesionales de Criminología culminan los trabajos de la Mesa Técnica para la regulación de la profesión

Concluyen los trabajos desarrollados en la mesa técnica con el Ministerio de la Justicia para avanzar en la regulación del ejercicio profesional de la Criminología en España

Madrid, a 10 de junio de 2026

Los Colegios Profesionales de Criminología han concluido la fase técnica de los trabajos desarrollados en el marco de la Mesa constituida junto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, creada para avanzar en el proceso de regulación profesional de la Criminología.

Tras meses de reuniones, análisis jurídico y trabajo técnico conjunto entre los representantes de los Colegios Profesionales y del Ministerio, el documento resultante ha sido finalizado y remitido a los órganos competentes para continuar su recorrido institucional.

La culminación de esta etapa supone un avance de especial relevancia para la profesión criminológica, al poner a disposición de las instituciones un texto consensuado y técnicamente fundamentado que recoge las principales necesidades, competencias y ámbitos de actuación de la Criminología en España.

Representantes de los Colegios Profesionales de Criminología de España tras una reunión de trabajo en el Ministerio de Justicia — De izquierda a derecha, representantes de los Colegios Profesionales de Criminología de España: Abel González, Saray Pavón (tesorera del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana), Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás tras una reunión de trabajo en el Ministerio de Justicia.

Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) y una de las representantes de la profesión en los trabajos desarrollados con el Ministerio, ha destacado la trascendencia de este momento: “Hoy culmina una etapa de enorme importancia para la Criminología española. Han sido meses de trabajo, diálogo y compromiso institucional que nos permiten entregar una propuesta sólida y consensuada. Por primera vez, la regulación profesional de la Criminología está más cerca que nunca de convertirse en una realidad legislativa”.

Durante este periodo de trabajo se ha desarrollado una intensa labor de cooperación institucional que ha permitido alcanzar un texto ampliamente consensuado, capaz de recoger las demandas históricas de la profesión y de servir como base para las siguientes fases del proceso.

En palabras de Abel González, vicedecano del CPCM y miembro de la Mesa de Trabajo, “la conclusión de los trabajos de la Mesa representa la culminación de un importante esfuerzo jurídico y técnico en el que se han analizado las necesidades de la profesión y las mejores fórmulas para su encaje normativo. El texto resultante es fruto del consenso y refleja fielmente las demandas históricas de la Criminología”.

UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA

Concluida la fase técnica, se abre ahora una nueva etapa de carácter institucional y parlamentario. El objetivo será impulsar la tramitación de la iniciativa en el ámbito legislativo para que pueda ser debatida por las Cortes Generales y avanzar hacia la aprobación de una futura regulación del ejercicio profesional de la Criminología.

Los Colegios Profesionales de Criminología consideran que la presente legislatura representa una oportunidad histórica para culminar una reivindicación largamente demandada por el conjunto de la profesión. La existencia de un texto técnicamente solvente y ampliamente consensuado permite afrontar esta nueva fase con bases sólidas y con el respaldo del trabajo realizado durante los últimos meses.

Ramón Chippirrás, secretario del CPCM y participante en los trabajos desarrollados durante todo el proceso, ha subrayado que la profesión “ha cumplido con su responsabilidad y ha aportado una propuesta rigurosa, viable y técnicamente solvente; ahora corresponde trasladar este trabajo al ámbito parlamentario para que pueda convertirse en una iniciativa legislativa y seguir avanzando hacia el reconocimiento efectivo de la Criminología”.

“Sería difícil encontrar un escenario más favorable que el actual: existe consenso técnico, existe trabajo previo y existe una propuesta sólida sobre la que trabajar. Por ello, confiamos en que esta legislatura permita dar continuidad al esfuerzo realizado y avanzar definitivamente hacia una regulación largamente esperada por la profesión”, ha explicado.

La regulación de la profesión criminológica supondrá un avance para miles de profesionales en todo el territorio nacional y contribuirá a reforzar la seguridad jurídica, la definición competencial y la aportación de la Criminología en ámbitos tan relevantes como la prevención de la delincuencia, la atención a las víctimas, la seguridad y el diseño de políticas públicas basadas en la evidencia.

Los Colegios Profesionales de Criminología continuarán trabajando de forma coordinada para impulsar esta nueva etapa y seguir defendiendo el reconocimiento profesional de la Criminología en España.

Por último, los Colegios quieren expresar su agradecimiento a todo el equipo del Gabinete de la Secretaría de Estado de Justicia por su permanente disposición y colaboración durante todo el proceso. De manera especial, reconocen la labor desempeñada por el Ilmo. Sr. D. Fernando de la Fuente Honrubia, Magistrado Asesor del Gabinete del Secretario de Estado de Justicia, cuya implicación, diligencia y capacidad de coordinación han resultado fundamentales para el desarrollo de los trabajos y la consecución del texto final.

CPCM
10 junio, 2026
No Comments