Exigimos incluir la Criminología en la futura Ley estatal de profesiones de servicios sociales

Recordamos al Ministerio que los criminólogos aportan funciones específicas en prevención del delito, atención a víctimas, menores infractores y violencia familiar

Madrid, a 8 de mayo de 2026

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), en representación de los Colegios Profesionales de Criminología de España, ha solicitado por escrito al Estado que el futuro proyecto de ley por el que se regulan las profesiones de los servicios sociales incluya expresamente la Criminología en el catálogo de profesiones propias de este ámbito.

Así lo recoge el documento de aportaciones que hemos remitido al trámite de consulta pública previa convocado por la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el que reclamamos que la Criminología sea reconocida junto al Trabajo Social, la Educación Social y la Psicología de la intervención social.

En el escrito, los Colegios Profesionales de Criminología sostenemos que la consulta pública identifica correctamente como problema principal la ausencia de una regulación básica estatal de las profesiones de los servicios sociales, al generar diferencias territoriales en el ejercicio profesional, dificultar la movilidad de los profesionales y afectar a la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.

A ese diagnóstico, añadimos un problema adicional de igual relevancia: la exclusión sistemática de la Criminología del catálogo de profesiones de los servicios sociales, pese a que los criminólogos y criminólogas desarrollamos funciones esenciales en dicho sistema en numerosas comunidades autónomas, “sin reconocimiento legal expreso ni homogeneidad en su estatuto profesional”.

De hecho, esta omisión no solo perjudica a los profesionales, sino que empobrece la respuesta del sistema de servicios sociales ante fenómenos para los que la Criminología ofrece herramientas específicas, como la violencia en el entorno familiar y comunitario, la delincuencia juvenil, la victimización, la reincidencia, el tráfico de personas, las conductas adictivas con dimensión delictiva o la cibervictimización.

PREVENCIÓN, VÍCTIMAS Y MENORES INFRACTORES

Los Colegios Profesionales recordamos que la Criminología es una ciencia autónoma con objeto, método y corpus teórico propios, dedicada al estudio del delito, el delincuente, la víctima, el control social y las políticas de prevención. Además, subrayamos que su autonomía científica ha sido reconocida recientemente a nivel normativo por el Estado a través del proyecto de real decreto sobre especialidades de conocimiento del profesorado universitario, que incluye la Criminología como especialidad independiente.

El documento remitido destaca que la formación en Criminología, impartida en más de cuarenta grados y numerosos másteres universitarios en España, incluye materias directamente vinculadas al ámbito de los servicios sociales, como victimología, criminología forense, prevención del delito, intervención con menores en conflicto con la ley, criminología ambiental, análisis del riesgo y la reincidencia o intervención con colectivos vulnerables.

En este sentido, las instituciones colegiales sostenemos que la prevención del delito en sus tres niveles —primaria, secundaria y terciaria— es una de las contribuciones “más directas” de la Criminología al sistema de servicios sociales, al permitir actuar en programas de prevención comunitaria, identificar factores de riesgo individuales, familiares y sociales, y diseñar intervenciones basadas en evidencia.

También defendemos que la Victimología, como rama nuclear de la Criminología, proporciona el marco teórico y metodológico para la atención, evaluación y acompañamiento de víctimas de delitos y situaciones traumáticas. Y es que está científicamente comprobado que la presencia de criminólogos y criminólogas especializadas en Victimología refuerza la calidad de la primera atención y la derivación adecuada, dado que los servicios sociales son, en muchos casos, la primera puerta de acceso de las víctimas al sistema de protección.

FUNCIONES PROPIAS DEL CRIMINÓLOGO/A

Entre sus solicitudes concretas, exigimos que la ley reconozca como funciones propias del criminólogo en servicios sociales la evaluación del riesgo de victimización, delincuencia y reincidencia; el diseño, implementación y evaluación de programas de prevención del delito; la atención especializada a víctimas; y la intervención técnica en programas de menores en conflicto con la ley y en riesgo de exclusión.

Asimismo, instamos al Ministerio a que reconozca la valoración criminológica en contextos de violencia de género, doméstica e intrafamiliar; el análisis del riesgo en situaciones de exclusión social y conductas adictivas con dimensión delictiva; y la elaboración de informes criminológicos dentro de equipos multiprofesionales de servicios sociales.

Los Colegios Profesionales también solicitamos que se establezca el Grado en Criminología como título habilitante para el ejercicio de estas funciones, en coherencia con el reconocimiento académico ya existente en el sistema universitario español y con el reconocimiento de la Criminología como especialidad de conocimiento en el sistema de acreditación del profesorado universitario.

Además, pedimos que la futura ley garantice la participación de las instituciones colegiales en los órganos consultivos y de coordinación que se establezcan para la gobernanza del sistema de profesiones de servicios sociales, en igualdad de condiciones con los colegios de las demás profesiones incluidas.

Por último, el documento enviado concluye que la inclusión de la Criminología en el catálogo de profesiones de los servicios sociales “no es una reivindicación corporativa”, sino una exigencia derivada de la propia lógica del sistema, ya que si los servicios sociales pretenden abordar de forma integral la vulnerabilidad social, la exclusión, la victimización y el riesgo delictivo, necesitan equipos multiprofesionales en los que el criminólogo aporte su perspectiva científica específica.

Exigimos incluir la Criminología en la futura Ley estatal de profesiones de servicios sociales
Exigimos incluir la Criminología en la futura Ley estatal de profesiones de servicios sociales

Seguimos caminando juntos hacia un Estatuto de la Criminología

Madrid, a 6 de mayo de 2026

Representantes de los Colegios Profesionales de Criminología de España mantuvieron este miércoles, 6 de mayo, una nueva reunión de trabajo con el Ministerio de Justicia para continuar avanzando en el futuro Estatuto que regule la Criminología en nuestro país.

En el encuentro participaron en nombre de todos los Colegios la decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Carmen Balfagón, el vicedecano del CPCM Abel González, el secretario del CPCM Ramón Chippirrás y la tesorera del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunitat Valenciana (ICOC), Saray Pavón, junto a representantes del Ministerio, entre ellos diversos asesores técnicos implicados en la revisión y depuración del texto normativo.

La reunión, que se prolongó durante varias horas, permitió seguir trabajando en la revisión técnica del documento e incorporar y perfilar aquellas cuestiones trasladadas previamente por el propio Ministerio de Justicia, con el objetivo de mejorar el encaje jurídico y técnico de la propuesta.

Tras este nuevo encuentro, el texto queda prácticamente ultimado, a falta de una última revisión técnica antes de continuar con la tramitación institucional y parlamentaria correspondiente.

Desde la representación colegial se valora positivamente el clima de trabajo mantenido durante estas reuniones, así como la voluntad de avance mostrada por las partes. Asimismo, se confía en que tanto el Ministerio de Justicia como el Grupo Parlamentario Socialista continúen impulsando esta iniciativa hasta culminar su tramitación parlamentaria y lograr que la proposición de ley pueda ser elevada al Congreso de los Diputados para su debate y votación.

Este nuevo paso supone un avance relevante en el camino hacia el reconocimiento y la regulación de la Criminología como profesión, una reivindicación histórica de los colegios profesionales y del conjunto de criminólogos y criminólogas de España.

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Soto del Real somete su seguridad local a una auditoría criminológica, realizada por el Colegio y pionera en la Comunidad de Madrid

Soto del Real somete su seguridad local a una auditoría criminológica, realizada por el Colegio y pionera en la Comunidad de Madrid

Madrid, a 4 de mayo de 2026

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) y el Ayuntamiento de Soto del Real han suscrito este lunes un convenio por el cual la institución colegial llevará a cabo una auditoría criminológica con el objetivo de analizar el trabajo diario de la Policía Local del municipio, identificar sus necesidades y conocer la percepción de los agentes sobre su servicio y las condiciones en que operan.

La auditoría criminológica evaluará si los medios disponibles son adecuados para el desempeño de sus funciones de seguridad, teniendo en cuenta la evolución de las necesidades futuras.

Para ello, se aplicará una metodología científica basada en cuestionarios dirigidos a los agentes y entrevistas a los mandos policiales. Asimismo, se celebrará una reunión preliminar para conocer la estructura del Cuerpo y recabar la documentación necesaria. También se analizará la coordinación con la Guardia Civil, que dispone de un cuartel en la localidad.

Firma del convenio entre el CPCM y el Ayuntamiento de Soto del Real
Firma del convenio entre el CPCM y el Ayuntamiento de Soto del Real para la auditoría criminológica de la Policía Local

"Con todo ello elaboraremos un informe con conclusiones y recomendaciones, triangulando la información aportada por mandos y agentes", ha explicado Abel González, vicedecano del CPCM, quien ha añadido que también se recabará la percepción del responsable de Seguridad y de los portavoces municipales.

PLANIFICAR EL FUTURO

Por su parte, la alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado Olivades, ha subrayado la importancia de esta auditoría, señalando que "en materia de seguridad solemos actuar desde la inmediatez, pero no siempre realizamos evaluaciones profundas que permitan tomar mejores decisiones y planificar el futuro".

Por su parte, Mario Gallego Rodríguez, subinspector de la Policía Local de Soto, destacó el nivel tecnológico del Cuerpo, integrado por 21 agentes: "Estamos muy digitalizados, hemos eliminado el papel, facilitamos informes en PDF a los vecinos y estamos conectados telemáticamente con la red SARA y la Dirección General de Tráfico".

De hecho, Soto del Real es uno de los 27 municipios de la Comunidad de Madrid conectados telemáticamente con la DGT. Asimismo, ha anunciado un acuerdo con Eucaris para el intercambio europeo de datos, lo que sitúa al municipio "por encima de la media en servicios y medios".

Finalmente, Mario Gallega ha destacado la buena coordinación de la Policía Local de oto con la Guardia Civil, evidenciada en las 12 reuniones de seguimiento celebradas en 2025 y en actuaciones conjuntas como controles de acceso, operativos en transporte público con unidad canina y dispositivos de búsqueda.

El CPCM celebra su Asamblea de Colegiados con avances en regulación profesional y en plena consolidación institucional

Madrid, a 27 de abril de 2026

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid celebró el pasado sábado su Asamblea Ordinaria de Colegiados, una cita en la que se informó a los colegiados de los avances institucionales, económicos y organizativos desarrollados durante el último ejercicio.

La sesión comenzó con la aprobación del acta de la asamblea anterior y con la exposición de los avances mantenidos con el Ministerio de Justicia para lograr completar una proposición de ley en la que se incluya una regulación clara de la profesión criminológica.

La decana del CPCM, Carmen Balfagón; el vicedecano, Abel González; y el secretario, Ramón Chippirrás, detallaron a los colegiados el estado de estas conversaciones y el trabajo que se está realizando desde la institución para reforzar el reconocimiento profesional de la Criminología. Todo va por buen camino y esperan que pueda aprobarse esta legislatura.

A continuación, el secretario presentó la Memoria de Actividades de 2025, documento que se encuentra en el Área privada de Colegiados de la web, un documento que refleja la consolidación del Colegio y de todos sus servicios durante el último año.

En este detallado balance de todas las áreas, puso de relieve el impulso de nuevas implementaciones informáticas y operativas, así como el papel relevante de los Grupos de Trabajo, la formación especializada, el acceso a más bases de datos, el fortalecimiento del área pericial, la repercusión mediática de muchos colegiados y la creciente representación institucional del CPCM.

SITUACIÓN ECONÓMICA POSITIVA Y ESTABLE

Durante la Asamblea también intervino el tesorero, Juan Carlos Gutiérrez Narvanes, quien expuso el balance económico correspondiente a 2025. En su intervención, destacó el aumento de ingresos registrado durante el ejercicio, reflejo del crecimiento sólido de la actividad colegial, así como la existencia de un excedente positivo.

Además, la deuda del préstamo solicitado para la adecuación de la sede del Colegio se está abonando en tiempo y forma. En definitiva, la situación económica de la institución fue definida como «estable y sostenible». La Memoria económica –que también se puede consultar en el Área de Colegiados– fue aprobada sin ningún voto en contra.

El tesorero abordó en este punto la problemática de los impagos de cuotas pendientes. Es una cuestión que continúa suponiendo una carga para la institución y sobre la que el Colegio va a trabajando para garantizar la sostenibilidad económica y el buen funcionamiento de los servicios colegiales.

Para minimizarlo, la Asamblea votó favorablemente la incorporación de una cuota de inscripción administrativa para las nuevas colegiaciones de 15 euros, destinada a cubrir los costes administrativos derivados de la tramitación y gestión de las altas colegiales. Se materializará más adelante.

CONTRATACIÓN DE UNA ADMINISTRATIVA

Otro de los asuntos tratados fue la contratación de una administrativa, una persona colegiada que se presentó a los presentes en la Asamblea. Se trata de una medida adoptada ante el incremento de la colegiación y el crecimiento de la actividad del Colegio. Esta incorporación permitirá reforzar la atención y la gestión diaria del CPCM, con presencia en la sede algunos días a la semana.

La Asamblea concluyó con el turno de ruegos y preguntas, en el que los asistentes pudieron trasladar a la Junta de Gobierno sus dudas, propuestas y comentarios sobre la actividad colegial y los retos de la institución.

Desde el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid agradecemos la participación de todos los colegiados asistentes y su implicación en una etapa de consolidación, crecimiento y defensa activa de la profesión criminológica. Y animamos a las personas que no pudieron asistir a hacerlo en próximas convocatorias, ya que se abordan asuntos tan importantes como los abordados este sábado.

El Ministerio de Justicia retoma la tramitación de la proposición de ley para la regulación estatal de la Criminología

Representantes de los colegios profesionales mantienen una reunión de trabajo con el Ministerio para avanzar en el texto normativo y acelerar su tramitación en el próximo periodo de sesiones

Madrid, a 9 de abril de 2026

La regulación estatal de la Criminología en España ha experimentado un avance significativo tras el desbloqueo de la situación que venía afectando a la tramitación de la iniciativa legislativa en el ámbito del Ministerio de Justicia. Este avance es resultado de varios meses de trabajo institucional y técnico que han contribuido de forma decisiva a reactivar el proceso, facilitando el diálogo entre representantes del ámbito profesional, académico y político.

En este contexto, recientemente ha tenido lugar una primera reunión entre representantes de la Criminología en toda España y el Ministerio de Justicia, en la que se ha comenzado a trabajar sobre el texto base de lo que se prevé será la futura proposición de ley destinada a regular el ejercicio profesional de la Criminología en España.

En dicho encuentro han participado representantes de los Colegios Profesionales de Criminología: Carmen Balfagón, Abel González y Ramón Chippirrás, quienes han colaborado con los responsables ministeriales en la revisión y mejora técnica del texto.

Conversación del ministro de Justicia con representantes de la Criminología en el Congreso
Conversación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, con Ramón Chippirrás y Abel González en el Congreso tras el registro de la proposición de Ley que regula la profesión

Durante la reunión se tomó como referencia el texto registrado hace unos meses en sede parlamentaria, introduciéndose ajustes orientados a reforzar su encaje normativo y su viabilidad. Entre las principales cuestiones abordadas destacan la delimitación de la colegiación obligatoria, circunscribiéndola al ejercicio profesional en el ámbito de la función pública, así como la incorporación de la creación de un Consejo General de Colegios de Criminología como órgano de coordinación estatal.

Asimismo, se acordó continuar con la revisión del texto mediante la elaboración de informes técnicos adicionales por parte del Ministerio de Justicia, que servirán de base para una próxima reunión de trabajo en la que se analizarán las distintas propuestas y se avanzará hacia una versión más consolidada de la iniciativa.

El calendario legislativo actual, con un próximo periodo de sesiones previsto tras el verano, hace necesario intensificar los trabajos para garantizar que la proposición de ley pueda ser impulsada y tramitada en plazo, con el objetivo de que pueda avanzar a lo largo de finales de 2026.

Este proceso supone un paso relevante hacia el reconocimiento y la regulación de la Criminología como profesión a nivel estatal en España, dando respuesta a una reivindicación histórica del conjunto del sector profesional y académico.

Impulso institucional a la regulación de la Criminología en España
Impulso institucional a la regulación de la Criminología en España

La Criminología reclama en el Congreso más prevención y evaluación del delito ante el auge de la ciberdelincuencia y los riesgos de la IA

Madrid, a 3 de marzo

La Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados ha acogido este martes la I Jornada “Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA”, un encuentro preparatorio del V Congreso Internacional Profesional de Criminología y del III Congreso de Criminología de la Comunidad de Madrid, organizado por los Colegios Profesionales de Criminología de España para “integrar el conocimiento criminológico en la toma de decisiones legislativas” en un escenario de transformación tecnológica y cambio en los patrones delictivos.

La apertura institucional ha corrido a cargo de la decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, Carmen Balfagón; del el presidente del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya, Ángel Párraga; de la decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad Valenciana, Amparo Peris; y del decano del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi, Diego Leonet; junto al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Joaquín Martínez Salmerón.

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En la conferencia inaugural, el magistrado y asesor del Ministerio de Justicia Fernando de la Fuente Honrubia ha defendido el papel de la Criminología en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, subrayando su aportación para evaluar el impacto de medidas, estudiar reincidencia y riesgo y equilibrar garantías y eficacia investigadora.

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La primera mesa redonda, centrada en políticas de seguridad, ha girado alrededor de la distancia entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva, y de la necesidad de reforzar herramientas de medición más allá de los delitos conocidos. En ese contexto, el presidente del colegio catalán, Ángel Párraga, ha sostenido que España es “probablemente uno de los más seguros del mundo” en términos objetivos, pero ha advertido de la falta de correlación con la percepción social y el miedo de parte de la sociedad a la delincuencia y al problema de la multirreincidencia.

Así, se ha debatido el hecho de que la seguridad no es absoluta y  depende de variables que trascienden el recuento estadístico, como el entorno cotidiano, la salud, el nivel de vida o la soledad. En este sentido, el vocal del Colegio madrileño Alberto Rodríguez ha pedido desarrollar encuestas de victimización para abordar la “cifra negra” de delitos no denunciados y ha puesto ejemplos de conductas que, a su juicio, pueden escalar cuando “el agresor solo tiene beneficio y no tiene coste”.

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Rodríguez, que coordina el Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial También ha cuestionado la utilidad de la tasa de criminalidad agregada, utilizada por el Ministerio del Interior al considerar que mezcla categorías y puede ocultar repuntes relevantes. Además, ha expuesto una batería de datos comparativos de 2017 a 2025 y ha advertido de un incremento en delitos graves, aunque ha matizado que, en comparación internacional, España sigue siendo un país seguro, “pero camino de dejar de serlo si seguimos con esta tendencia”.

En la misma mesa ha intervenido el diputado de Vox por Barcelona y portavoz de su partido en la Comisión de Justicia, Juan José Aizcórbe, quien ha afirmado que “España en relación al 2017 es menos segura y esto los datos lo demuestran”, y ha señalado que existe una “percepción social” de inseguridad alimentada, entre otros factores, por la idea de que algunos delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”.

La mesa también ha abordado el papel de las fuerzas de seguridad y los límites del enfoque policial. Párraga ha defendido que la seguridad “es transversal” y que “la policía no es la solución”, sino “una herramienta potente”, al tiempo que ha alertado contra “policializar” problemas que —ha dicho— deberían contar con respuestas sociales y comunitarias para reforzar el control informal.

En la segunda mesa, dedicada a políticas tecnológicas y riesgos de la inteligencia artificial, el diputado del PP José Luis Pedreño Molina ha descrito la IA como una tecnología “disruptiva de verdad” por basarse en el aprendizaje, y ha subrayado que el núcleo del debate está en los datos, el modelo y el algoritmo. Pedreño ha destacado que Europa regula por categorías de riesgo y ha citado el debate sobre biometría como una de las cuestiones más sensibles al cruzar seguridad pública y derechos fundamentales.

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Durante el debate, se han citado riesgos como el exceso de confianza en sistemas automatizados, la necesidad de “supervisión” y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en decisiones que afectan a terceros, especialmente en ámbitos como seguridad, justicia y prueba digital.

El experto criminólogo miembro del Colegio madrileño Pablo Luis Gómez ha advertido de un escenario de “sociedad sintética” y ha explicado que la IA se sostiene —en su planteamiento— sobre tres capas: energía, algoritmo y datos, además del papel del usuario como “discriminador” del resultado. En su intervención, ha reclamado mecanismos claros de transparencia sobre fiabilidad y sesgos, y ha citado amenazas como la manipulación hiperrealista, el fraude automatizado y los riesgos de estigmatización en sistemas predictivos.

La jornada reservó su tramo final a una conclusión de carácter estructural: sin un marco de regulación profesional suficiente, la Criminología pierde capacidad de aportar valor estable al Estado de Derecho y, a la vez, se expone a riesgos que terminan impactando en la ciudadanía y en la propia calidad del sistema penal y de seguridad.

Ese fue el eje de la conferencia ‘La importancia de la regulación de la profesión criminológica”, prevista como clausura y atribuida en el programa al diputado del Grupo Socialista Francisco Aranda, con la presencia de Carmen Balfagón; el vicedecano del Colegio madrileño, Abel García; y el secretario de la entidad, Ramón Chippirrás.

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El mensaje final se resume en que la profesión necesita un encaje normativo que reduzca la arbitrariedad, unifique criterios y evite que el asesoramiento criminológico dependa de prácticas dispares o de actores no cualificados.


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El Congreso de los Diputados acoge el martes la I Jornada ‘Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA”

Este evento pionero supone un hito institucional para la Criminología española.

Madrid, a 27 de febrero de 2026

El Congreso de los Diputados celebrará el martes 3 de marzo la I Jornada “Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA”, una cita que supone un paso significativo en el reconocimiento institucional de la Criminología como disciplina científica al servicio de la política pública y del fortalecimiento del Estado de Derecho.

La jornada, organizada por todos los colegios profesionales de Criminología constituidos en España (Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Asturias, Andalucía y Euskadi) que se desarrollará en la sala Clara Campoamor de 10:00 a 15:00 horas, constituye además el acto preparatorio del V Congreso Internacional Profesional de Criminología y del III Congreso de Criminología de la Comunidad de Madrid.

En un contexto caracterizado por la digitalización del delito, la complejidad geopolítica y la aceleración tecnológica, la jornada plantea la necesidad de que la política criminológica no se limite a la reacción, sino que anticipe, evalúe y diseñe respuestas estructurales sostenibles, con el objetivo de reforzar la calidad democrática, garantizar la seguridad jurídica y mejorar la eficacia preventiva del Estado.

LA GRAN IMPORTANCIA DE LA CRIMINOLOGÍA EN EL PROCESO JUDICIAL

En el acto de inauguración intervendrá el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Joaquín Martínez Salmerón, así como Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM); Ángel Párraga, presidente del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya; Amparo Peris, decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad Valenciana; y Diego Leonet, decano del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi.

La conferencia inaugural, titulada ‘La importancia de la Criminología en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal’, será impartida por el Fernando de la Fuente Honrubia, magistrado y asesor de planta de la Secretaría de Estado de Justicia, y estará moderada por Abel González García, vicedecano del CPCM.

RETOS CONTEMPORÁNEOS DE LA POLÍTICA CRIMINAL

Tras un espacio de café y networking institucional entre parlamentarios, académicos y profesionales, se celebrarán dos mesas redondas centradas en los principales retos contemporáneos de la política criminal.

La primera, bajo el título ‘Políticas de Seguridad: evaluación, prevención y proporcionalidad’, contará con la participación de Ángel Párraga; Alberto Rodríguez, vocal del CPCM, y dos diputados de Sumar y Vox. Servirá para analizar desde una perspectiva técnica cómo deben diseñarse y evaluarse las políticas públicas de seguridad para que sean eficaces, preventivas y ajustadas a los principios del Estado de Derecho.

La segunda mesa abordará las ‘Políticas tecnológicas y riesgos de la Inteligencia Artificial’ y reunirá a Abel González, al criminólogo del CPCM Pablo Luis Gómez, El diputado del PP José Luis Pedreño y otro de Sumar. Su objetivo es analizar el impacto de la IA en la política criminal, los riesgos emergentes asociados a su uso y los desafíos regulatorios que plantea en términos de garantías jurídicas y protección de derechos.

IMPULSO A LA PROPOSICIÓN DE LEY QUE REGULA LA PROFESIÓN

La conferencia de clausura, titulada ‘La importancia de la regulación de la profesión criminológica’, será impartida por el diputado socialista Francisco Aranda, uno de los impulsores de la iniciativa, y estará moderada por Ramón Chippirrás, secretario del CPCM. El pasado mes de noviembre Sumar registró en el Congreso una Proposición de Ley sobre el reconocimiento jurídico y profesional de la Criminología,

El texto incorpora la exigencia del título oficial de Grado o Licenciatura en Criminología para el ejercicio profesional, delimita 21 ámbitos competenciales –desde la evaluación del riesgo de reincidencia hasta la prevención policial, penitenciaria, vial y cibernética–, identifica más de 30 puestos profesionales específicos y prevé la inclusión obligatoria del criminólogo en la función pública en materias vinculadas a la prevención del delito, la reinserción, la seguridad y la protección de víctimas, entre otros puntos.

Por todo ello, la celebración de esta Jornada criminológica en el Congreso de los Diputados tiene un significado institucional explícito: reconocer el papel estructural de la Criminología en la política pública española, establecer un puente estable entre academia y legisladores, fortalecer la calidad técnica del debate parlamentario y anticipar riesgos emergentes en el ámbito normativo.

La Jornada está dirigida a criminólogos, académicos, parlamentarios y operadores jurídicos. El acceso es gratuito, pero requiere inscripción previa –solo hasta el 1 de marzo– a través de la web https://colegiocriminologosmadrid.es/jornada-congreso-2026/, donde consta toda la información detallada del evento. Para entrar, será imprescindible presentar DNI o NIE original, acudir con al menos 30 minutos de antelación y cumplir con el control de seguridad correspondiente.

22 profesionales obtienen la primera certificación en ciberinteligencia operacional en español avalada por el Colegio

22 profesionales obtienen la primera certificación en ciberinteligencia operacional en español avalada por el Colegio

Madrid, a 2 de febrero de 2026

Un total de 22 profesionales en el ámbito de seguridad, entre ellos muchos criminólogos y criminólogas, han obtenido la primera certificación profesional en ciberinteligencia operacional en español, el Operational Cyberintelligence Certificate (OCC), tras superar un duro examen presencial de ocho horas de duración celebrado en la sede del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) en dos convocatorias: ayer domingo y a mediados de diciembre.

El OCC, dirigida por el vicedecano Abel González, se ha convertido así en la primera certificación de estas características avalada por un Colegio profesional de Criminología en todo el mundo, orientada a capacitar a criminólogos/as, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, detectives privados y profesionales de la seguridad en el ámbito de la ciberinteligencia aplicada.

La evaluación final se estructuró en tres fases diferenciadas: un test teórico de 100 preguntas sobre los contenidos del programa, una simulación práctica tipo Capture The Flag (CTF) basada en un caso de investigación gamificado y la elaboración de un informe profesional de inteligencia, integrando los hallazgos obtenidos durante la prueba práctica.

El programa formativo del OCC consta de 100 horas lectivas y 12 créditos ECTS, distribuidos en tres módulos: introducción a la ciberinteligencia, técnicas de obtención OSINT y operativa digital, y difusión de información y elaboración de informes. La formación se desarrolló a lo largo de 12 semanas con un enfoque progresivo, aplicado y orientado a escenarios reales de investigación digital y análisis de fuentes abiertas.

Entre las competencias adquiridas por los participantes se incluyen el uso avanzado de técnicas OSINT, la evaluación de la fiabilidad y trazabilidad de fuentes digitales, la navegación segura en entornos de riesgo, el análisis en Dark Web, la aplicación de medidas de seguridad operativa (OPSEC) y la elaboración de informes de inteligencia operacional y criminal bajo criterios profesionales.

La primera edición del OCC contó con 40 plazas, que se agotaron antes del inicio del programa. La próxima convocatoria está prevista para este mes de marzo, tras la finalización de esta primera promoción certificada.

Con esta iniciativa, el CPCM amplía su intensa oferta formativa, incorporando la ciberinteligencia como un ámbito estratégico de creciente demanda en la investigación criminológica, la seguridad y el análisis digital.

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Criminología, Seguridad y Profesiones Reguladas: por qué las críticas de detectives y directores de seguridad a la Proposición de Ley no se sostienen (y no se entienden)

Criminología, Seguridad y Profesiones Reguladas: por qué las críticas de detectives y directores de seguridad a la Proposición de Ley no se sostienen (y no se entienden)

Prof. Dr. Abel González García
Prof. Dr. Abel González García
Director del Departamento de Criminología, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Durante años, la criminología española ha vivido en un limbo jurídico: una ciencia consolidada académicamente, pero sin una regulación profesional que establezca claramente sus funciones, sus límites y su aportación al ecosistema de seguridad. La Proposición de Ley presentada en 2025 para regular la profesión viene precisamente a solventar esa anomalía. Sin embargo, una parte del colectivo de detectives privados y algunos sectores vinculados a la seguridad privada han reaccionado con una oposición frontal basada en dos premisas falsas: que la ley invade sus funciones y que pretende crear una profesión paralela a la investigación privada o a la policía.

Ni una cosa ni la otra es cierta. Y lo más interesante: los propios marcos normativos actuales, incluyendo los que estos colectivos utilizan como referencia, demuestran justo lo contrario. En este artículo desmontamos, punto por punto y con base normativa, las críticas más repetidas por estos sectores, y explicamos por qué la futura Ley de Criminología no solo no les afecta negativamente, sino que es necesaria para modernizar y ordenar el sistema de seguridad en España e incluso puede ser de utilidad para el crecimiento de estos colectivos.

1.- Detectives privados y criminología: una relación mal planteada desde el inicio

Una parte de las críticas surge de un error histórico: la integración de la criminología en los estudios de detective privado, una decisión tomada hace décadas y que hoy resulta completamente anacrónica. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada exige para el detective una formación de contenido mínimo de 180 créditos ECTS, obligando a las universidades a ofrecer titulaciones de grado para poder habilitar al profesional. Pero aquí aparece el problema: el detective no necesita una formación universitaria completa, sino una formación profesional especializada. La criminología, como ciencia empírica multidisciplinar, no puede encajarse en un plan de estudios que intenta simultáneamente habilitar para una profesión operativa y para una disciplina científica.

El resultado ha sido doblemente perjudicial para todos:

  1. El grado de Criminología (en aquellas universidades que han integrado la investigación privada) perdió coherencia interna al introducir contenidos estrictamente vinculados a la actividad del detective, que no pertenece al campo científico criminológico.
  2. El detective privado recibió una formación sobredimensionada respecto a lo que marca su marco laboral real, cuando debería disponer de una formación profesional técnica sólida, actualizada y orientada a competencias investigativas privadas.

Las protestas de determinadas asociaciones de detectives reflejan esta confusión estructural, al interpretar que cualquier mención al análisis de delitos equivale a otorgar al criminólogo competencias exclusivas de investigación privada (o a no saber leer y entender lo que se leer, mal común en estos tiempos de prisas constantes). Pero la propia Proposición de Ley no incluye ninguna habilitación para investigar personas, vigilar, obtener información privada o actuar para terceros —funciones exclusivas recogidas en el art. 48 LSP— tal como muestra el análisis técnico del documento:

Las críticas, por tanto, se basan en una falsa lectura del articulado, alimentada por la mezcla artificial entre criminología y estudios de detective, mezcla que la futura ley precisamente viene a clarificar y separar.

2.- La formación de los directores/directoras de seguridad: un problema que la criminología viene a resolver

Otro colectivo que ha reaccionado negativamente es el de los directores de seguridad, cuyo proceso formativo también revela un desfase importante con los estándares profesionales europeos. De acuerdo con la Ley 5/2014 y su normativa de desarrollo, la habilitación se obtiene mediante un curso de aproximadamente 600 horas, que contrasta dramáticamente con la complejidad del cargo: análisis de riesgos, planificación estratégica, seguridad corporativa, ciberseguridad, compliance, gestión de crisis, etc.

Este modelo “rápido” es posible gracias a una habilitación administrativa que no exige titulación universitaria de máster, por ejemplo -que sería lo más adecuado-. Pero las universidades, conscientes de la insuficiencia de este esquema, han empezado a integrar el curso de director de seguridad dentro del grado en Criminología, como ocurre en UDIMA y otras facultades, para garantizar un nivel adecuado de competencia profesional.

Este dato demuestra exactamente lo contrario de lo que sostienen algunos críticos:

  • La criminología no invade la seguridad privada: es la seguridad privada la que se ha apoyado en la criminología para elevar la calidad de su formación.
  • Los directores y directoras de seguridad, en su mayoría, carecen de una base científica sólida en análisis delictivo, sociología criminal, prevención situacional, victimología o políticas públicas, que son áreas troncales de la criminología.

Por eso, paradójicamente, son las propias instituciones de seguridad las que llevan años incorporando criminólogos para reforzar sus departamentos. Si algún colectivo debe sentirse interpelado por la Proposición de Ley, es precisamente este: los directores de seguridad necesitarán reconfigurar un perfil profesional que ya no podrá sostenerse únicamente con un curso habilitante de 600 horas, sino que deberá evolucionar hacia entornos donde el conocimiento criminológico sea un valor añadido.

3.- La seguridad pública: el criminólogo como apoyo científico, no operativo

Otro de los argumentos repetidos en las alegaciones de los críticos es que la Proposición de Ley otorgaría a los criminólogos funciones policiales o investigadoras. Esto es rotundamente falso. El texto señala claramente que el criminólogo solo actúa dentro de los cuerpos policiales si ha superado la oposición correspondiente, exactamente igual que ocurre con psicólogos u otros profesionales en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Proposición de Ley no introduce ninguna excepción a la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No crea un “cuarto cuerpo policial”, ni habilita para intervenir operativamente, ni permite al criminólogo sustituir a un investigador. El que interprete esto tiene un problema grave de comprensión lectora (mal de muchos de nuestros jóvenes).

Lo que hace la ley es reconocer algo que ya ocurre:

  • Policías en puestos de análisis criminal ya están dirigidos por o trabajan junto a criminólogos titulares.
  • Las unidades de análisis de información, violencia de género, ciberdelincuencia o inteligencia policial utilizan metodologías criminológicas.
  • Instituciones Penitenciarias, Justicia Juvenil y organismos de prevención de la violencia llevan años trabajando con criminólogos.

La ley no cambia nada de esto, simplemente lo ordena y lo dota de seguridad jurídica.

4.- “La ley invade mis competencias”: Una narrativa desmontada

Las alegaciones de los detectives parten de un supuesto de invasión de competencias. Analicemos esto con rigor jurídico:

AspectoDetective Privado (Art. 48 LSP)Criminólogo (Proposición de Ley)
Naturaleza de las FuncionesOperativas, investigativas, dirigidas a hechos y personas concretas.Científicas, analíticas, preventivas y de asesoramiento.
InvestigaciónInvestiga hechos y conductas privadas.No investiga personas ni hechos privados; analiza fenómenos delictivos de forma general.
Obtención de InformaciónObtiene información sobre personas para terceros.No obtiene información privada: utiliza datos ya accesibles legalmente.
VigilanciaPuede realizar vigilancias y seguimientos.No realiza vigilancia ni actividades operativas.
Pruebas para tercerosPuede recoger y aportar pruebas en procedimientos judiciales.Sus informes son técnicos/científicos, no probatorios mediante obtención directa de información privada.
Habilitación administrativaRequiere habilitación del Ministerio del Interior, control policial y normativa específica.Profesión regulada con funciones técnicas y científicas sin habilitación de investigación privada.
Responsabilidad JurídicaMarco específico de responsabilidad por actividad investigadora.Responsabilidad vinculada a informes técnicos, evaluación y asesoramiento.
Análisis del DelitoNo forma parte de su función esencial; puede observar hechos para el encargo privado.Función principal: análisis criminológico del delito.
Evaluación de RiesgosNo es función central, salvo en investigaciones privadas concretas.Función reconocida: evaluación de riesgos criminológicos y victimológicos.
Informes TécnicosInformes vinculados a la investigación encargada.Informes técnicos/científicos de análisis y prevención del delito.
Prevención Del DelitoNo es función reservada.Función destacada: diseño y evaluación de programas de prevención.
Investigación AcadémicaNo tiene rol académico ni científico.Función propia: investigación científica y académica.
Análisis VictimológicoNo constituye una función definida.Parte del campo profesional del criminólogo.
Asesoramiento InstitucionalNo tiene rol institucional salvo casos específicos.Función propia: asesoramiento a instituciones públicas y privadas en materia criminológica.

Ninguna de ellas entra en el bloque reservado a detectives. La narrativa de invasión de competencias es, por tanto, una estrategia corporativa defensiva, no una objeción jurídica.

5.- Un sistema de seguridad que ya funciona separando funciones

En la práctica, el ecosistema de seguridad español funciona así:

  • Los detectives investigan para clientes privados bajo habilitación.
  • Los policías investigan delitos bajo ley orgánica.
  • Los criminólogos aportan conocimiento científico, análisis, evaluación y prevención.

La Proposición de Ley no inventa nada nuevo: reconoce lo que ya existe. 

Las tensiones surgen porque algunos sectores han disfrutado durante años de una extralimitación conceptual: creer que todo lo relativo al delito pertenece a su ámbito profesional. Pero el delito es un fenómeno complejo que requiere múltiples miradas: jurídica, policial, preventiva, sociológica, psicológica y, por supuesto, criminológica.

6.- El ejemplo del Real Decreto 43/2021: el caso más claro

El argumento más potente para desmontar las críticas aparece cuando analizamos cómo el Estado regula una de las figuras más estratégicas en la seguridad nacional y empresarial: el Responsable de Seguridad de la Información (CISO). El Real Decreto 43/2021, que desarrolla el marco nacional de seguridad de redes y sistemas, establece en su artículo 7 las funciones del CISO: coordinación, supervisión de medidas de seguridad, interlocución con autoridades, análisis de incidentes, gestión de riesgos, entre otras.

Pues bien, en ninguna parte del Real Decreto se exige una titulación concreta, solo se exige: conocimientos especializados, experiencia, independencia, posición adecuada en la organización. Es decir, el Estado define “qué funciones se realizan”, no “quién debe estudiar qué carrera para realizarlas”.

Este modelo basado en competencias, no en titulaciones cerradas, es el estándar europeo. Y, precisamente por eso, la Proposición de Ley de Criminología encaja perfectamente en el marco general: reconoce un perfil profesional que ya opera y que debe ser regulado, no imponer nuevas funciones ni desplazar a nadie.

La figura del CISO demuestra que:

  • la seguridad requiere perfiles diversos,
  • las funciones se asignan por experiencia y conocimiento,
  • los marcos profesionales deben ser flexibles,
  • no existe monopolio formativo de ningún colectivo para la seguridad.

Si ni siquiera el puesto más sensible del sector —responsable de gestionar ciberincidentes críticos, coordinar con CSIRT, notificar incidentes de nivel alto o crítico o aplicar las instrucciones de la autoridad competente— está restringido a una titulación específica, ¿cómo van a pretender algunos colectivos bloquear una ley que simplemente reconoce la profesión de criminólogo y sus funciones científicas?

7.- Conclusión: modernizar, ordenar y sumar, no confrontar

La Proposición de Ley de Criminología no resta competencias a nadie. No invade el ámbito del detective ni del director de seguridad ni de la policía. Lo que hace es lo que debería haberse hecho hace veinte años: definir qué es un criminólogo/a, qué hace, y qué no hace.

Las críticas de los colectivos mencionados se explican más por la resistencia al cambio que por argumentos jurídicos. La seguridad del siglo XXI no puede sostenerse sobre habilitaciones desfasadas, cursos de 600 horas o formaciones híbridas sin coherencia técnica. Necesita profesionales especializados, disciplinas claras y colaboraciones sólidas entre actores distintos.

La criminología forma parte de ese futuro. No para sustituir a nadie, sino para aportar lo que ninguna otra profesión puede ofrecer: una mirada científica, transversal y basada en evidencia sobre el delito, sus causas, su prevención y su impacto social. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para construir un sistema de seguridad más eficaz, más integrador y más alineado con los estándares europeos.

El Colegio logra el registro en el Congreso de una proposición de ley para regular la profesión

Incorpora la exigencia del título oficial de Criminología, define 21 ámbitos competenciales, más de 30 puestos profesionales y prevé la inclusión obligatoria del criminólogo en la función pública

     Madrid, a 1 de diciembre de 2025

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha expresado este lunes su satisfacción por el registro en el Congreso de los Diputados de la Proposición de Ley (PL) presentada por Sumar para regular por primera vez el ejercicio profesional de la Criminología en España.

El texto incorpora la propuesta técnica que redactó y promovió esta institución con el respaldo del resto de Colegios del país. Un logro resultado directo del trabajo realizado en los últimos años: más de 30 reuniones institucionales, contactos con todos los grupos parlamentarios y la elaboración de las bases del futuro Estatuto General de la Criminología.

El ministro Félix Bolaños conversa con Abel González y Ramón Chippirrás (CPCM) sobre la nueva regulación de la Criminología

El último encuentro fue durante el registro de la PL, el 19 de noviembre, a la que acudieron a la Cámara Baja el vicedecano del Colegio madrileño, Abel González, y el secretario, Ramón Chippirrás; así como Laura Pascual y David Montero, impulsores del recién aprobado Colegio Oficial de Andalucía; y otros representantes de asociaciones de Criminología. Los miembros del CPCM charlaron también ese día unos minutos con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que aseguró que se interesaría personalmente por la tramitación de este ley.

La iniciativa legislativa constituye un paso decisivo y se suma al impulso generado el pasado 7 de mayo con la aprobación en la Comisión de Justicia, por muy amplia mayoría parlamentaria, de la Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista —y apoyada por el Grupo Popular— para instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley reguladora de la profesión.

El CPCM quiere agradecer al PSOE el liderazgo en aquella PNL aprobada en la Comisión de Justicia, así como al conjunto de los grupos parlamentarios que la respaldaron, y apela ahora a su responsabilidad institucional para que se sumen con espíritu constructivo a esta proposición de ley en trámite y contribuyan a que la regulación de la Criminología sea una realidad cuanto antes, como ocurre en el resto de los países de nuestro entorno.

ÁMBITOS COMPETENCIALES Y PUESTOS PROFESIONALES

La proposición recoge la exigencia del título oficial de Grado o Licenciatura en Criminología para ejercer y la definición de la Criminología como disciplina científica interdisciplinar. También la delimitación de 21 ámbitos competenciales, que abarcan desde la evaluación del riesgo de reincidencia hasta la prevención policial, penitenciaria, vial y cibernética. Y la identificación de más de 30 puestos profesionales, incluyendo docencia e investigación, pericia judicial, análisis delictivo, atención a víctimas, ciberseguridad, criminología ambiental o gestión del informante.

Asimismo, prevé la inclusión obligatoria de criminólogos y criminólogas en la función pública en ámbitos relacionados con la prevención del delito, la reinserción, la seguridad y la protección de víctimas, así como la elaboración de un código deontológico, un régimen disciplinario y el Registro Nacional de Criminología.

El CPCM señala que la regulación profesional permitirá además garantizar que tareas sensibles se ejerzan únicamente por titulados cualificados; evitar el intrusismo y la desigualdad territorial actual, incorporar a la Criminología a equipos técnicos de la Administración, al igual que ocurre con psicólogos, juristas o trabajadores sociales; mejorar la prevención del delito, la atención a víctimas, la evaluación de riesgos y la intervención en contextos vulnerables; y facilitar la participación en proyectos europeos, redes internacionales y organismos multilaterales.

Representantes CPCM presentando las competencias y puestos profesionales de la nueva Ley de Criminología
ESENCIAL PARA DISEÑAR POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES

La Proposición de ley lleva la firma de la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, que ha destacado que más de 40.000 personas ejercen la Criminología en España y su función “resulta esencial para diseñar políticas públicas eficaces, garantizar la prevención del delito desde un enfoque basado en mejorar la atención a las víctimas y reducir la reincidencia mediante programas de reintegración”.

Por ejemplo, en el ámbito policial la Criminología contribuye a prevenir el delito y en el campo judicial aporta investigación aplicada y evaluación técnica. También en la ejecución penal diseña programas de rehabilitación y orienta sobre grados penitenciarios y medidas alternativas. O en menores, donde juega un papel clave coordinando circuitos de reforma, protección y reinserción.

“En definitiva, el saber criminológico desempeña un papel fundamental en la construcción de una convivencia más segura, inclusiva y respetuosa con los derechos humanos. Para ello hemos registrado esta iniciativa, para que siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa, la UE o el ejemplo de países como Portugal los criminólogos y criminólogas tengan marco jurídico sólido que les permita desarrollar su actividad profesional con todas las garantías”, ha explicado Barbero.

Por su parte, Abel González ha explicado que la responsabilidad recae ahora en el Ejecutivo: corresponde al Ministerio de Justicia activar el desarrollo normativo. “Desde el colectivo queremos agradecer expresamente al diputado Francisco Aranda (PSOE) su impulso y reconocimiento desde el inicio. Confiamos en que, como entonces, todos los grupos parlamentarios respalden esta regulación necesaria para dotar a la Criminología de un marco profesional claro y plenamente integrado en las políticas públicas de seguridad y justicia”, ha expresado.

Por su parte, Ramón Chippirrás ha confirmado que la PL es el mismo texto que el presentado en la PNL aprobada, salvo un pequeño añadido de corte jurídico. “Estamos ante un momento crucial para la regulación de la profesión de la Criminología, abanderado por la totalidad de Colegios Profesionales de Criminología de España. Es hora de que miles de criminólogas y criminólogos tengan una Ley que les regule y les habilite a nivel profesional”, ha concluido.