El texto incorpora el trabajo técnico desarrollado por los Colegios Profesionales de Criminología en la Mesa con Justicia
Madrid, a 15 de septiembre de 2026
El proceso para alcanzar la regulación profesional de la Criminología en España ha dado este martes un nuevo paso con el registro en el Congreso de los Diputados de una Proposición de Ley por la que se regula el ejercicio profesional de la Criminología, presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Plurinacional Sumar.
El texto pretende establecer por primera vez un marco estatal integral para el ejercicio de una profesión que cuenta desde hace años con reconocimiento universitario pero que todavía carece de una regulación profesional específica.
La nueva iniciativa supone un avance respecto a la proposición presentada anteriormente por el Grupo Sumar, ya que incorpora la fase técnica de los trabajos desarrollados por representantes de todos los Colegios Profesionales de Criminología de España en el marco de la Mesa constituida junto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para avanzar en la regulación de la profesión.
El registro de la proposición se ha producido este martes en la Cámara Baja en presencia del presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Joaquín Martínez Salmerón, así como de Francisco Aranda, Enrique Santiago y otros diputados. En representación de los Colegios Profesionales han asistido el vicedecano del CPCM, Abel González, y el secretario de la institución madrileña, Ramón Chippirrás.
Un estatuto integral para la profesión
La proposición tiene como objetivo regular el ejercicio profesional de la Criminología en todo el territorio español, identificar sus funciones específicas, establecer los requisitos necesarios para ejercerla e integrar adecuadamente la profesión en los sistemas públicos y privados de prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.
Uno de sus principales puntos establece que el ejercicio profesional de las funciones propias de la Criminología corresponderá a quienes dispongan de un título universitario oficial en Criminología o de un título extranjero homologado. Esta exigencia será vinculante para los sectores público, privado y social y para cualquier entidad que contrate a personas destinadas a ejercer profesionalmente la Criminología.
El texto define igualmente un amplio catálogo de competencias, entre las que figuran diseñar y ejecutar investigaciones sobre el fenómeno criminal, aplicar teorías criminológicas al comportamiento delictivo, diseñar y evaluar programas de prevención del delito y de la victimización, intervenir y asesorar a víctimas, elaborar informes criminológicos y dictámenes técnicos y participar en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.
La actividad profesional se articula además en cuatro grandes áreas: análisis e investigación criminológica; prevención del delito y seguridad; ejecución penal, reinserción y justicia restaurativa; y atención a víctimas y protección de personas especialmente vulnerables.
Más presencia en el empleo público
Uno de los ámbitos de especial relevancia para la profesión es el acceso a las administraciones públicas. La proposición contempla que estas puedan incorporar la figura profesional del criminólogo o criminóloga en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público cuando el perfil competencial del puesto así lo requiera, garantizando el acceso mediante los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Además, una de las disposiciones de la norma establece que las administraciones públicas deberán adoptar las medidas necesarias para adaptar sus relaciones de puestos de trabajo a lo dispuesto en la ley en un plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor.
La iniciativa también prevé impulsar la presencia de profesionales de la Criminología en órganos consultivos, comisiones técnicas y órganos destinados a evaluar y diseñar políticas públicas relacionadas con la seguridad, la convivencia, la justicia, la protección de menores o la igualdad.
Colegiación para actuar ante juzgados y tribunales
Otro de los aspectos destacados es la regulación del ejercicio profesional ante la Justicia. La proposición establece la colegiación obligatoria para actuar ante juzgados y tribunales, en los términos que determine la propia ley y la legislación general de colegios profesionales, salvo cuando se actúe al servicio de administraciones o entidades públicas por razón de dependencia funcional o laboral.
Asimismo, la futura organización estatal de la profesión deberá fijar unos requisitos mínimos para ejercer como perito en Criminología, incluyendo la superación de un curso específico acreditado y el correspondiente proceso de habilitación pericial, además de mantener un registro de profesionales habilitados para esta actividad.
Consejo General y Registro Nacional de Criminología
La norma crea además el Consejo General de Colegios de Criminología, que se configurará como órgano nacional de representación, coordinación y gobierno de la profesión. En él se integrarán los Colegios Profesionales existentes y aquellos que puedan constituirse posteriormente, respetando también la posible existencia de consejos autonómicos.
Entre sus funciones estará armonizar la actuación de los diferentes Colegios, establecer condiciones homogéneas de colegiación, regular la habilitación pericial y representar institucionalmente a la profesión ante las administraciones públicas, los órganos constitucionales del Estado, la Unión Europea y organismos internacionales.
El proyecto incorpora igualmente la creación de un Registro Nacional de Criminología de acceso público, en el que figurarán los profesionales habilitados para ejercer. Su creación y gestión corresponderá al Consejo General, en coordinación con las administraciones públicas competentes.
Secreto profesional, deontología y régimen sancionador
La proposición reconoce además el secreto profesional y la confidencialidad como obligaciones de los criminólogos, y establece que los Colegios deberán aprobar un código deontológico que regule la conducta profesional, los principios éticos, las incompatibilidades y el régimen disciplinario. Ese código será de obligado cumplimiento para las personas colegiadas.
El texto incorpora también un régimen de infracciones y sanciones. Entre las infracciones muy graves incluye ejercer la Criminología sin la titulación exigida por la ley, vulnerar el secreto profesional causando un perjuicio grave u obtener fraudulentamente la habilitación mediante falsedad documental.
La regulación apuesta igualmente por la formación continua y la especialización de los profesionales, y atribuye a los Colegios funciones como ordenar el ejercicio profesional, velar por el cumplimiento de la normativa y del código deontológico, colaborar con las administraciones en las políticas públicas y defender los intereses de las personas colegiadas.
Una reivindicación histórica de la profesión
La exposición de motivos de la proposición recuerda que la Licenciatura en Criminología fue establecida en 2003 y que posteriormente se implantó el Grado en Criminología, pero señala que ese reconocimiento académico no ha ido acompañado hasta ahora de una regulación profesional estatal. Y esta ausencia, reconoce el texto, genera inseguridad jurídica, limita el acceso al empleo público y privado y dificulta garantizar que quienes ejercen profesionalmente dispongan de la cualificación necesaria.
Para el CPCM, el registro de esta nueva proposición representa un paso especialmente relevante porque traslada el trabajo del Colegio en todos los ámbitos durante los últimos cinco años. No obstante, ahora toca seguir trabajando con los distintos grupos parlamentarios para intentar conseguir el mayor consenso posible en torno a una regulación que constituye una reivindicación histórica de los profesionales de la Criminología. El objetivo es que se apruebe la ley antes de que acabe el año.
Hemos colgado el texto de la proposición de ley en el Área privada de nuestra web.
