Category: Artículo de Criminología

Del «macho alfa» a la prueba pericial

Criminología · Adiestramiento canino y bienestar animal.

El PEAC y la Ley 7/2023 ponen fin al limbo del adiestramiento canino en España y entregan a la criminología lo que le faltaba: un criterio técnico con el que medir la buena praxis.

Esteban Borobia.
Artículo redactado con la asistencia de una IA (Claude IA)

Aviso: este artículo se ha redactado con ayuda de inteligencia artificial, tal y como indica su autor. Puedes descargar en PDF el ensayo completo, una versión más extensa y detallada del mismo contenido, o este artículo en su formato original, y consultar la página del Grupo de Trabajo de Prevención y Erradicación del Maltrato Animal.

Madrid, a 21 de octubre de 2026

Durante décadas, el adiestramiento canino en España ha vivido en una especie de limbo medieval. Bastaba con cierto empaque, un collar de eslabones, pinchos o eléctrico y tres o cuatro consignas sobre la «dominancia» para ser adiestrador a domicilio o abrir un centro de adiestramiento en una finca particular. Para un profesional que se enfrentaba a una investigación por maltrato animal o a un accidente con un perro de trabajo, aquello era una pesadilla. ¿Cómo determinar la lex artis, o valorar la negligencia de un guía, cuando la propia profesión carecía de una norma técnica clara?

La respuesta no llegó de golpe, pero ha tomado forma en el Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias, el PEAC. Para nuestro gremio no es otro trámite burocrático de la administración educativa. Es el listón técnico que permite separar la buena praxis de la arbitrariedad, o del maltrato que se esconde tras la costumbre.

Brújula antigua sobre una mesa de madera
La brújula técnica. El PEAC y la lex artis funcionan como un norte común: una guía objetiva que permite distinguir la buena praxis de la arbitrariedad, con la Ley 7/2023 y los registros como referencias en el mapa.

El PEAC, sin rodeos.

El planteamiento es sensato. En lugar de sentar en un pupitre, a escuchar teoría básica, a quien acumula quince años de experiencia en pista, el Estado le propone otra cosa: muestre sus evidencias, pase una evaluación práctica y demuestre que trabaja con estándares oficiales.

Lo que interesa a la criminología está en el contenido de esas cualificaciones del Catálogo Nacional, como la SEAC205_2, de adiestramiento de base, la SEA537_3, de adiestramiento en instrucción avanzada, y no me puedo olvidar de la AGA706_2 que establece los parámetros para la Cría, venta y custodia de animales. No se limitan a explicar cómo enseñar a un perro a sentarse. Fijan requisitos de bienestar, protocolos de primeros auxilios y pautas de higiene y, sobre todo, prohíben de forma explícita los métodos violentos o coercitivos. Así, cuando un perito debe analizar un atestado o decidir si el uso de un instrumento concreto constituye un delito de maltrato físico o psicológico, este marco estatal le ofrece por fin un punto de apoyo firme.

Este paraguas pericial no se limita al adiestramiento puro. El Catálogo Nacional extiende su lógica científica a toda la cadena de bienestar a través de cualificaciones como la AGA706_2 (Cría, venta y custodia de animales de compañía). Al objetivar las competencias requeridas en centros de reproducción, residencias o guarderías caninas, proporciona al perito forense el estándar exacto de lex artis para evaluar casos de hacinamiento, desatención o cría irresponsable.

A este marco de capacitación profesional se suma una herramienta de certificación técnica fundamental: la Norma UNE 313001:2016 («Centros de protección animal y residencias de animales de compañía. Gestión sanitaria y de bienestar animal»). Esta norma de calidad establece los requisitos mínimos y los procedimientos operativos —desde las pautas higiénicas y el control veterinario hasta la gestión de las instalaciones— que garantizan la salud física y etológica de los animales custodiados. Ya no dependemos del criterio subjetivo de un inspector o de la costumbre de un centro; la confluencia entre la cualificación del personal y el cumplimiento de la norma UNE tipifica legalmente qué constituye un cuidado zoológico riguroso y qué cae de lleno en la negligencia punible.

Ley de Bienestar Animal: el tablero de los registros.

A la homologación del profesional del adiestramiento se suma la Ley 7/2023 de protección y bienestar animal. Más allá del ruido mediático que acompañó su tramitación, introduce dos figuras clave para fiscalizar el sector: el Registro de Adiestradores Caninos y el Registro de Criadores de Animales de Compañía.

«Los registros suponen un golpe directo a la clandestinidad y acotan el intrusismo que durante años ha servido de refugio a las malas prácticas.»

De ahora en adelante, tanto la cría como el adiestramiento profesional quedan ligados a una inscripción obligatoria, al cumplimiento de requisitos higiénico-sanitarios y a la acreditación de la competencia técnica. Para la función pericial y policial son una herramienta valiosísima: permiten comprobar de inmediato la habilitación legal de un investigado, seguir la trazabilidad de un ejemplar y poner límites al intrusismo.

Una transición en marcha, con asignaturas pendientes.

Sería ingenuo creer que aprobar un texto legal cambia los hábitos de la noche a la mañana. El sector se encuentra en plena digestión de la norma. Conviven hoy profesionales con una formación exquisita, acreditados por el PEAC y versados en ciencia del comportamiento, y reductos donde se siguen justificando los tirones de ahogo y los castigos físicos con el argumento de que «hay perros que no entienden otro idioma».

Además, la proliferación de diplomas privados sin validez oficial sigue generando confusión entre los propios usuarios e incluso en el ámbito judicial. Queda camino por recorrer para que la regulación sea plenamente efectiva en la calle.

Un escenario condicionado por el despliegue reglamentario.

A pesar del marco de exigencias trazado por la Ley 7/2023, cabe precisar que, a fecha de hoy, los registros previstos en la norma (entre ellos el Registro de Adiestradores Caninos y el Sistema Central de Registros para la Protección Animal) no han entrado en funcionamiento operativo. Su creación efectiva e implantación técnica permanecen pendientes del correspondiente desarrollo normativo por parte de la autoridad legislativa correspondiente. Esta interinidad normativa mantiene en suspenso la exigencia práctica de las obligaciones registrales, configurando un escenario de transición en el que la validez técnica de la lex artis debe apoyarse, mientras tanto, de forma directa en las Unidades de Competencia acreditadas a través del PEAC.

Acorralar la negligencia.

La erradicación del maltrato animal no se logra solo subiendo las penas del Código Penal. Se consigue acorralando la negligencia con criterios técnicos inapelables. En esa tarea, la alianza entre la criminología, la etología veterinaria y los profesionales acreditados por el PEAC es la mejor garantía de rigor y de justicia. La ley marca el rumbo; el criterio técnico y la colaboración entre disciplinas son los que consiguen que se cumpla.

La ley que no llegó: la regulación profesional de la Criminología ante la disolución de las Cortes

Por Ramón Chippirrás, secretario del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid

Madrid, a 7 de octubre de 2026

El 15 de septiembre de 2026 se presentó en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley por la que se regula el ejercicio profesional de la Criminología. El 22 de septiembre, la Mesa de la Cámara acordó admitirla a trámite, trasladarla al Gobierno a los efectos del artículo 126 del Reglamento del Congreso y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, lo que se produjo el 25 de septiembre. Apenas unos días después, la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales interrumpían el recorrido de una iniciativa que, para quienes llevamos años trabajando por la regulación profesional de la Criminología, tenía un valor que iba mucho más allá de su mera tramitación parlamentaria.

No se trataba de una declaración institucional ni de una reivindicación genérica. Se había alcanzado el punto en el que una propuesta legislativa concreta, destinada a regular de manera integral el ejercicio profesional de la Criminología, había entrado formalmente en el Congreso de los Diputados. Desde un punto de vista estrictamente parlamentario, el texto se encontraba todavía en una fase inicial de tramitación, aunque el horizonte de trabajo manejado situaba su posible aprobación en el mes de diciembre de este mismo año.

Conviene decirlo así, porque el rigor obliga a diferenciar el recorrido institucional y político previo del procedimiento legislativo propiamente dicho. Pero desde la primera de esas perspectivas, el camino recorrido había sido mucho más largo. Habían sido necesarios años de trabajo, interlocución, reuniones, elaboración técnica, revisión jurídica, búsqueda de consensos y explicación constante de una cuestión que, a estas alturas, debería resultar evidente: la Criminología es una disciplina científicamente consolidada, académicamente reconocida y profesionalmente ejercida, pero continúa sin disponer de una regulación estatal suficiente de su ejercicio profesional.

Asistentes al registro de la Proposición de Ley que regula el ejercicio profesional de la Criminología, en el Congreso de los Diputados
Registro de la Proposición de Ley que regula el ejercicio profesional de la Criminología en el Congreso de los Diputados, el 15 de septiembre de 2026

Esa es, probablemente, una de las principales anomalías de la situación actual. En España contamos con una titulación universitaria oficial, miles de egresados en Criminología, grados y posgrados, investigación científica, Colegios profesionales, profesionales en ejercicio y ámbitos perfectamente identificables de intervención criminológica. Sin embargo, el marco estatal de ejercicio profesional sigue siendo difuso o, en muchos aspectos, sencillamente inexistente. La Criminología ha alcanzado antes su madurez académica, científica e institucional que su pleno reconocimiento profesional por el legislador.

La propia exposición de motivos de la proposición asumía este diagnóstico. Recordaba que el Real Decreto 858/2003 estableció el título de Licenciatura en Criminología y que posteriormente se implantó el Grado, pero señalaba que esa consolidación académica no había venido acompañada de una regulación específica del ejercicio profesional. El texto vinculaba esa carencia con inseguridad jurídica, dificultades de acceso al empleo público y falta de garantías suficientes respecto de la cualificación de quienes ejercen la Criminología.

La ausencia de regulación, por tanto, no es una cuestión menor. Afecta a la delimitación de funciones, al reconocimiento de competencias, a la identificación social del criminólogo y a su incorporación estable a determinados espacios profesionales. A ello se añade una realidad que quienes ejercemos conocemos bien: la ocupación por otros perfiles de espacios de intervención vinculados directamente al conocimiento criminológico, favorecida precisamente por la ausencia de un marco estatal que defina quién puede ejercer profesionalmente determinadas funciones y bajo qué requisitos.

No se trata de reclamar privilegios corporativos ni de invadir ámbitos propios de otras disciplinas. El criminólogo no sustituye al abogado, al psicólogo, al trabajador social, al sociólogo, al médico forense ni a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su función es distinta y su aportación responde a una formación específica que permite analizar el fenómeno criminal desde la convergencia de factores jurídicos, sociales, conductuales, victimológicos, preventivos y de seguridad. La propia proposición era expresamente respetuosa con esa realidad al establecer que las competencias criminológicas se ejercerían sin perjuicio de las funciones propias de otras profesiones conforme a la normativa vigente.

Ese conocimiento tiene aplicación directa en prevención del delito, análisis criminal, políticas públicas, victimología, seguridad, ejecución penal, justicia restaurativa, investigación criminológica, evaluación de riesgos, reinserción, asesoramiento técnico y elaboración de informes y dictámenes, entre otros ámbitos. Por ello, el debate no consiste en inventar funciones para una profesión, sino en reconocer y ordenar funciones que ya existen y que, en muchos casos, se vienen desarrollando sin un marco suficientemente claro.

Y ese es uno de los aspectos que hace especialmente relevante la proposición presentada en septiembre de 2026. No pretendía limitarse a reconocer nominalmente la existencia de una profesión. Su artículo primero establecía como objeto de la ley regular el ejercicio profesional de la Criminología en España, fijar las condiciones para su reconocimiento, identificar sus funciones específicas, delimitar los requisitos de ejercicio y garantizar su adecuada integración en los sistemas públicos y privados de prevención, intervención, investigación y evaluación de la criminalidad y la seguridad.

El artículo 4 contenía, además, una previsión de enorme trascendencia: el ejercicio profesional de las funciones de la Criminología correspondería a quienes ostentasen el título universitario oficial en Criminología o una titulación extranjera homologada, exigencia que se proyectaba sobre los sectores público, privado y social. La norma pretendía, por tanto, establecer por primera vez una vinculación clara entre formación universitaria específica y ejercicio profesional.

La propuesta definía también competencias concretas. Entre ellas figuraban el diseño y ejecución de investigaciones empíricas sobre el fenómeno criminal, la aplicación de teorías criminológicas a la explicación e interpretación del comportamiento delictivo, el diseño y evaluación de políticas y programas de prevención, la atención, asesoramiento e intervención con víctimas, la elaboración de informes criminológicos y dictámenes técnicos y la participación en programas de tratamiento, reinserción y ejecución de medidas judiciales.

A partir de esas competencias, el texto estructuraba el ejercicio profesional en cuatro grandes áreas funcionales: análisis e investigación criminológica; prevención del delito y seguridad; ejecución penal, reinserción y justicia restaurativa; y atención a víctimas y protección de personas en situación de vulnerabilidad. No es una cuestión terminológica. Durante años hemos tenido que explicar qué hace un criminólogo/a. Una regulación de este tipo habría permitido transformar una identidad profesional que con frecuencia debe justificarse desde la práctica en una identidad jurídicamente reconocible.

Uno de los problemas en los que esa falta de reconocimiento resulta más visible es el acceso al empleo público. La proposición contemplaba expresamente que las Administraciones públicas pudieran incluir la figura profesional del criminólogo/a en sus relaciones de puestos de trabajo y ofertas de empleo público cuando el perfil competencial así lo requiriese. También preveía su presencia en órganos consultivos, comisiones técnicas y órganos de evaluación y diseño de políticas públicas en materia de seguridad, convivencia, justicia, protección de menores o igualdad. Más adelante, la disposición adicional primera establecía que las Administraciones adoptarían las medidas necesarias para adaptar sus relaciones de puestos de trabajo a la nueva regulación en un plazo máximo de dos años.

Uno de los elementos más relevantes del proceso alcanzado en 2026 había sido precisamente la capacidad de generar consenso. Durante el trabajo institucional previo, la necesidad de regular la profesión había conseguido un respaldo político muy amplio. Y ese dato importa. La regulación de la Criminología no se había planteado como una reivindicación partidista ni como una cuestión ideológica. Había conseguido articularse sobre una base transversal porque lo que se pretendía resolver no pertenecía a un bloque político concreto: se trataba de ordenar jurídicamente una profesión que lleva décadas consolidándose en las universidades y que dispone ya de una presencia efectiva en distintos ámbitos profesionales.

El propio contenido de la proposición demuestra hasta qué punto el texto pretendía construir una verdadera arquitectura profesional. No se limitaba a definir competencias. Creaba el Consejo General de Colegios de Criminología como corporación de Derecho público y órgano de representación, coordinación y gobierno nacional de la profesión criminológica. En él quedarían integrados los Colegios profesionales existentes y los que pudieran constituirse posteriormente, creando por primera vez una estructura estatal de representación de la profesión ante la Administración General del Estado, los demás poderes públicos, la Unión Europea y las instituciones internacionales.

La iniciativa preveía igualmente la creación de un Registro Nacional de Criminología, un código deontológico común, sistemas de formación continua, especialidades profesionales y mecanismos de habilitación específica. Particularmente significativa era la previsión de requisitos mínimos de habilitación para el ejercicio de la actividad pericial criminológica y la creación de un registro de profesionales habilitados para dicha función.

Este último extremo tampoco es secundario. La Criminología forense lleva años abriéndose espacio en los procedimientos judiciales mediante informes criminológicos y dictámenes técnicos. La proposición reconocía expresamente entre las competencias profesionales la elaboración de informes criminológicos y dictámenes técnicos y preveía un sistema específico para ordenar la actividad pericial. Para quienes ejercemos profesionalmente en este terreno, esa regulación habría permitido avanzar desde una práctica técnicamente consolidada hacia un reconocimiento normativo mucho más claro.

También existe una dimensión académica que no puede ignorarse. Las universidades españolas forman cada año a nuevos graduados en Criminología. Quienes dirigimos grados universitarios tenemos la responsabilidad de ofrecer a nuestros estudiantes una formación rigurosa, científica y actualizada, pero también de explicarles con honestidad cuál es la situación profesional que encontrarán al finalizar sus estudios. No podemos crear expectativas irreales, pero tampoco deberíamos aceptar como normal que una titulación oficial consolidada continúe encontrando dificultades para definir su identidad profesional y su encaje estable en determinadas estructuras públicas y privadas.

En este sentido, la proposición de ley daba un paso que conecta directamente regulación profesional y universidad. Su disposición adicional quinta establecía que las universidades y centros de formación superior adaptarían sus planes de estudios de Criminología a los perfiles competenciales definidos en la ley, en coordinación con el Ministerio competente. Era una previsión especialmente interesante porque permitía aproximar dos realidades que no pueden continuar avanzando indefinidamente de forma separada: aquello para lo que formamos a nuestros estudiantes y aquello que posteriormente el ordenamiento reconoce como ejercicio profesional.

Por eso conviene dimensionar correctamente qué es lo que se ha interrumpido con la disolución de las Cortes. No hemos perdido una ley aprobada. Tampoco sería correcto afirmar que el texto se encontraba en su último trámite parlamentario, ya que aún nos quedaban dos largos meses por delante. Pero sí se ha detenido el intento más avanzado hasta la fecha de configurar mediante una ley estatal un estatuto integral de la profesión criminológica en España.

Y eso, después de tantos años de trabajo, no es poco.

Para quienes hemos participado activamente en este proceso, la convocatoria electoral provoca inevitablemente frustración. Habíamos alcanzado un punto que durante mucho tiempo pareció lejano. Existía un texto articulado, se había logrado trasladar la cuestión al ámbito político, se había trabajado para alcanzar un consenso muy amplio y la Criminología había llegado finalmente al Congreso de los Diputados con una propuesta normativa concreta.

La disolución de las Cortes interrumpe el proceso, pero no elimina lo conseguido. En la siguiente legislatura, quienes representamos a la Criminología volveremos a abordar esta cuestión, pero ya no deberíamos hacerlo desde cero. Existe un texto. Existe un trabajo técnico previo. Existe experiencia acumulada. Existen interlocuciones construidas. Existe una reivindicación profesional perfectamente articulada y existe, sobre todo, una necesidad que no desaparece porque finalice una legislatura.

Los criminólogos seguirán ejerciendo. Las universidades seguirán formando nuevos titulados. Los colegios profesionales seguirán desarrollando sus funciones. Las Administraciones, empresas, instituciones, juzgados y operadores jurídicos seguirán encontrándose con situaciones en las que el conocimiento criminológico puede aportar un valor específico. Lo que no resulta razonable es que todo ello continúe desarrollándose indefinidamente sobre un marco profesional sin definir.

Lo conseguido permanece. Permanece el trabajo institucional, permanece el conocimiento acumulado, permanece el texto elaborado y permanece la evidencia de que la regulación profesional de la Criminología ha dejado de ser una reivindicación abstracta para entrar definitivamente en la agenda legislativa.

La próxima legislatura no debería volver a preguntarse si la Criminología merece una regulación profesional. Esa discusión debería estar superada. La cuestión real es cómo recuperar el trabajo realizado, mejorar aquello que deba mejorarse y culminar adecuadamente un proceso que ya ha comenzado, sin volver a perder años recorriendo exactamente el mismo camino.

La proposición presentada en septiembre de 2026 representaba una oportunidad real para comenzar a cerrar la distancia entre la realidad académica y profesional de la Criminología y su reconocimiento jurídico. La legislatura ha terminado antes de que pudiera culminarse el proceso.

La reivindicación, sin embargo, no termina con ella.

Después de años de trabajo, la regulación profesional de la Criminología ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una propuesta legislativa concreta que ha llegado oficialmente al Congreso de los Diputados y que ha definido cómo podría estructurarse jurídicamente nuestra profesión. Ese paso ya está dado.

Cuando se constituyan las nuevas Cortes, corresponderá a los colegios profesionales, universidades, asociaciones, profesionales y responsables políticos conseguir que el siguiente no vuelva a tardar años.

Porque la pregunta ya no debería ser si la Criminología merece una regulación profesional. La pregunta es cuánto tiempo más puede justificarse que siga sin ella.

No quiero terminar sin agradecer el trabajo realizado durante todos estos años a mis compañeros y compañeras de profesión, a los asesores y técnicos ministeriales que han contribuido a este recorrido y, de manera especial, al diputado Paco Aranda. Gracias, Paco, por creer en la Criminología, por escuchar a la profesión y por contribuir a que una regulación que durante demasiado tiempo pareció inalcanzable llegara finalmente al Congreso de los Diputados.

Ramón Chippirrás
Secretario del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid.
Director del Grado en Criminología de UNIE Universidad.

Helena García Amo aborda los retos de la criminología del deporte y la transformación del fútbol

El Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid ha entrevistado a la criminóloga Helena García Amo, coautora junto a Eduardo Muñoz del libro La doble cara del gol. Del business al potrero, en la primera entrega de un nuevo proyecto destinado a dar visibilidad a los profesionales que investigan y trabajan en esta especialidad.

Madrid, a 29 de julio de 2026

Durante la conversación, conducida por el coordinador del Grupo de Trabajo, Adrián Rodríguez Molina, García Amo ha repasado su trayectoria, su vinculación con el deporte y las principales conclusiones de su publicación.

La autora ha explicado que el fútbol presenta una doble dimensión. Por una parte, puede generar identidad, valores, redes sociales, inclusión y reinserción. Por otra, puede convertirse en un ámbito criminógeno en el que aparecen fenómenos como la violencia, la corrupción, los abusos sexuales, la explotación, los amaños y las malas prácticas institucionales.

MENORES CAPTADOS CON FALSAS PROMESAS

Uno de los asuntos más graves abordados durante la entrevista ha sido la trata de personas mediante falsas promesas de desarrollar una carrera como futbolista profesional.

Según ha explicado García Amo, algunos menores procedentes de África, Latinoamérica o Europa del Este son captados por personas que se presentan como representantes u ojeadores y trasladados a otros países.

Estos jóvenes pueden terminar desamparados y sufrir explotación laboral, violencia e incluso explotación sexual. La criminóloga ha cuestionado también la eficacia de la normativa internacional sobre las transferencias de menores y ha reclamado una mayor colaboración entre las federaciones, las administraciones públicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad.

DEL CUMPLIMIENTO FORMAL AL CAMBIO REAL

García Amo también ha analizado el funcionamiento de los responsables de cumplimiento normativo o compliance officers dentro de los clubes.

A su juicio, la mera existencia de estos profesionales y de protocolos internos no garantiza una prevención efectiva si carecen de independencia y capacidad real para intervenir ante posibles irregularidades.

“Se está cumpliendo con la norma, pero presentando una apariencia de cumplimiento”, resume durante la criminóloga, quien ha defendido que el análisis debe extenderse a las culturas organizativas que normalizan determinadas prácticas.

EL PODER DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

La entrevistada ha advertido asimismo del poder político, económico y social alcanzado por organismos como la FIFA, la UEFA o la CONMEBOL. Considera que el fútbol se ha transformado progresivamente en un gran negocio y se ha alejado de las necesidades de los deportistas, los clubes modestos y los aficionados.

“La FIFA tiene más poder que la ONU”, afirma para ilustrar la capacidad de influencia de estas instituciones, que, en su opinión, pueden atravesar procesos de burocratización, corrupción y pérdida de legitimidad.

Frente a esta situación, ha defendido la necesidad de recuperar el espíritu del “potrero” y devolver protagonismo a los barrios, los clubes de base y los aficionados.

OPORTUNIDADES PARA LOS CRIMINÓLOGOS

Portada del libro «La doble cara del gol. Del business al potrero», de Eduardo Muñoz y H. G. Amo
Portada de «La doble cara del gol. Del business al potrero», de Eduardo Muñoz y H. G. Amo.

Durante la entrevista, García Amo ha reivindicado las funciones que los criminólogos pueden desempeñar en el deporte, como la investigación de amaños, apuestas ilegales, violencia y ciberdelincuencia; la elaboración de protocolos; la gestión de canales de denuncia; la protección de menores, y la seguridad de estadios y acontecimientos deportivos.

También ha destacado las posibilidades profesionales vinculadas a la figura del delegado de protección y ha animado a estudiantes y profesionales a investigar estos fenómenos y divulgar las aportaciones de la criminología.

La doble cara del gol. Del business al potrero pretende cubrir un vacío dentro de la bibliografía en español y analiza, desde una perspectiva criminológica, tanto la capacidad de transformación social del fútbol como los riesgos derivados de su conversión en una industria global.

La entrevista completa permite profundizar en estas reflexiones y conocer las oportunidades profesionales y académicas que ofrece la criminología del deporte. La puedes ver aquí: https://www.youtube.com/watch?v=rJjoMk_WB48

Y más temas interesantes sobre Criminología y Deporte en nuestro Grupo de Trabajo: https://colegiocriminologosmadrid.es/grupos_trabajo/criminologia-en-el-deporte/

Adrián Rodríguez Molina entrevista a la criminóloga Helena García Amo para el Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte del CPCM
Momento de la entrevista a Helena García Amo, conducida por Adrián Rodríguez Molina, coordinador del Grupo de Trabajo de Criminología del Deporte.

Criminología, Seguridad y Profesiones Reguladas: por qué las críticas de detectives y directores de seguridad a la Proposición de Ley no se sostienen (y no se entienden)

Criminología, Seguridad y Profesiones Reguladas: por qué las críticas de detectives y directores de seguridad a la Proposición de Ley no se sostienen (y no se entienden)

Prof. Dr. Abel González García
Prof. Dr. Abel González García
Director del Departamento de Criminología, Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

Durante años, la criminología española ha vivido en un limbo jurídico: una ciencia consolidada académicamente, pero sin una regulación profesional que establezca claramente sus funciones, sus límites y su aportación al ecosistema de seguridad. La Proposición de Ley presentada en 2025 para regular la profesión viene precisamente a solventar esa anomalía. Sin embargo, una parte del colectivo de detectives privados y algunos sectores vinculados a la seguridad privada han reaccionado con una oposición frontal basada en dos premisas falsas: que la ley invade sus funciones y que pretende crear una profesión paralela a la investigación privada o a la policía.

Ni una cosa ni la otra es cierta. Y lo más interesante: los propios marcos normativos actuales, incluyendo los que estos colectivos utilizan como referencia, demuestran justo lo contrario. En este artículo desmontamos, punto por punto y con base normativa, las críticas más repetidas por estos sectores, y explicamos por qué la futura Ley de Criminología no solo no les afecta negativamente, sino que es necesaria para modernizar y ordenar el sistema de seguridad en España e incluso puede ser de utilidad para el crecimiento de estos colectivos.

1.- Detectives privados y criminología: una relación mal planteada desde el inicio

Una parte de las críticas surge de un error histórico: la integración de la criminología en los estudios de detective privado, una decisión tomada hace décadas y que hoy resulta completamente anacrónica. La Ley 5/2014 de Seguridad Privada exige para el detective una formación de contenido mínimo de 180 créditos ECTS, obligando a las universidades a ofrecer titulaciones de grado para poder habilitar al profesional. Pero aquí aparece el problema: el detective no necesita una formación universitaria completa, sino una formación profesional especializada. La criminología, como ciencia empírica multidisciplinar, no puede encajarse en un plan de estudios que intenta simultáneamente habilitar para una profesión operativa y para una disciplina científica.

El resultado ha sido doblemente perjudicial para todos:

  1. El grado de Criminología (en aquellas universidades que han integrado la investigación privada) perdió coherencia interna al introducir contenidos estrictamente vinculados a la actividad del detective, que no pertenece al campo científico criminológico.
  2. El detective privado recibió una formación sobredimensionada respecto a lo que marca su marco laboral real, cuando debería disponer de una formación profesional técnica sólida, actualizada y orientada a competencias investigativas privadas.

Las protestas de determinadas asociaciones de detectives reflejan esta confusión estructural, al interpretar que cualquier mención al análisis de delitos equivale a otorgar al criminólogo competencias exclusivas de investigación privada (o a no saber leer y entender lo que se leer, mal común en estos tiempos de prisas constantes). Pero la propia Proposición de Ley no incluye ninguna habilitación para investigar personas, vigilar, obtener información privada o actuar para terceros —funciones exclusivas recogidas en el art. 48 LSP— tal como muestra el análisis técnico del documento:

Las críticas, por tanto, se basan en una falsa lectura del articulado, alimentada por la mezcla artificial entre criminología y estudios de detective, mezcla que la futura ley precisamente viene a clarificar y separar.

2.- La formación de los directores/directoras de seguridad: un problema que la criminología viene a resolver

Otro colectivo que ha reaccionado negativamente es el de los directores de seguridad, cuyo proceso formativo también revela un desfase importante con los estándares profesionales europeos. De acuerdo con la Ley 5/2014 y su normativa de desarrollo, la habilitación se obtiene mediante un curso de aproximadamente 600 horas, que contrasta dramáticamente con la complejidad del cargo: análisis de riesgos, planificación estratégica, seguridad corporativa, ciberseguridad, compliance, gestión de crisis, etc.

Este modelo “rápido” es posible gracias a una habilitación administrativa que no exige titulación universitaria de máster, por ejemplo -que sería lo más adecuado-. Pero las universidades, conscientes de la insuficiencia de este esquema, han empezado a integrar el curso de director de seguridad dentro del grado en Criminología, como ocurre en UDIMA y otras facultades, para garantizar un nivel adecuado de competencia profesional.

Este dato demuestra exactamente lo contrario de lo que sostienen algunos críticos:

  • La criminología no invade la seguridad privada: es la seguridad privada la que se ha apoyado en la criminología para elevar la calidad de su formación.
  • Los directores y directoras de seguridad, en su mayoría, carecen de una base científica sólida en análisis delictivo, sociología criminal, prevención situacional, victimología o políticas públicas, que son áreas troncales de la criminología.

Por eso, paradójicamente, son las propias instituciones de seguridad las que llevan años incorporando criminólogos para reforzar sus departamentos. Si algún colectivo debe sentirse interpelado por la Proposición de Ley, es precisamente este: los directores de seguridad necesitarán reconfigurar un perfil profesional que ya no podrá sostenerse únicamente con un curso habilitante de 600 horas, sino que deberá evolucionar hacia entornos donde el conocimiento criminológico sea un valor añadido.

3.- La seguridad pública: el criminólogo como apoyo científico, no operativo

Otro de los argumentos repetidos en las alegaciones de los críticos es que la Proposición de Ley otorgaría a los criminólogos funciones policiales o investigadoras. Esto es rotundamente falso. El texto señala claramente que el criminólogo solo actúa dentro de los cuerpos policiales si ha superado la oposición correspondiente, exactamente igual que ocurre con psicólogos u otros profesionales en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

La Proposición de Ley no introduce ninguna excepción a la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No crea un “cuarto cuerpo policial”, ni habilita para intervenir operativamente, ni permite al criminólogo sustituir a un investigador. El que interprete esto tiene un problema grave de comprensión lectora (mal de muchos de nuestros jóvenes).

Lo que hace la ley es reconocer algo que ya ocurre:

  • Policías en puestos de análisis criminal ya están dirigidos por o trabajan junto a criminólogos titulares.
  • Las unidades de análisis de información, violencia de género, ciberdelincuencia o inteligencia policial utilizan metodologías criminológicas.
  • Instituciones Penitenciarias, Justicia Juvenil y organismos de prevención de la violencia llevan años trabajando con criminólogos.

La ley no cambia nada de esto, simplemente lo ordena y lo dota de seguridad jurídica.

4.- “La ley invade mis competencias”: Una narrativa desmontada

Las alegaciones de los detectives parten de un supuesto de invasión de competencias. Analicemos esto con rigor jurídico:

AspectoDetective Privado (Art. 48 LSP)Criminólogo (Proposición de Ley)
Naturaleza de las FuncionesOperativas, investigativas, dirigidas a hechos y personas concretas.Científicas, analíticas, preventivas y de asesoramiento.
InvestigaciónInvestiga hechos y conductas privadas.No investiga personas ni hechos privados; analiza fenómenos delictivos de forma general.
Obtención de InformaciónObtiene información sobre personas para terceros.No obtiene información privada: utiliza datos ya accesibles legalmente.
VigilanciaPuede realizar vigilancias y seguimientos.No realiza vigilancia ni actividades operativas.
Pruebas para tercerosPuede recoger y aportar pruebas en procedimientos judiciales.Sus informes son técnicos/científicos, no probatorios mediante obtención directa de información privada.
Habilitación administrativaRequiere habilitación del Ministerio del Interior, control policial y normativa específica.Profesión regulada con funciones técnicas y científicas sin habilitación de investigación privada.
Responsabilidad JurídicaMarco específico de responsabilidad por actividad investigadora.Responsabilidad vinculada a informes técnicos, evaluación y asesoramiento.
Análisis del DelitoNo forma parte de su función esencial; puede observar hechos para el encargo privado.Función principal: análisis criminológico del delito.
Evaluación de RiesgosNo es función central, salvo en investigaciones privadas concretas.Función reconocida: evaluación de riesgos criminológicos y victimológicos.
Informes TécnicosInformes vinculados a la investigación encargada.Informes técnicos/científicos de análisis y prevención del delito.
Prevención Del DelitoNo es función reservada.Función destacada: diseño y evaluación de programas de prevención.
Investigación AcadémicaNo tiene rol académico ni científico.Función propia: investigación científica y académica.
Análisis VictimológicoNo constituye una función definida.Parte del campo profesional del criminólogo.
Asesoramiento InstitucionalNo tiene rol institucional salvo casos específicos.Función propia: asesoramiento a instituciones públicas y privadas en materia criminológica.

Ninguna de ellas entra en el bloque reservado a detectives. La narrativa de invasión de competencias es, por tanto, una estrategia corporativa defensiva, no una objeción jurídica.

5.- Un sistema de seguridad que ya funciona separando funciones

En la práctica, el ecosistema de seguridad español funciona así:

  • Los detectives investigan para clientes privados bajo habilitación.
  • Los policías investigan delitos bajo ley orgánica.
  • Los criminólogos aportan conocimiento científico, análisis, evaluación y prevención.

La Proposición de Ley no inventa nada nuevo: reconoce lo que ya existe. 

Las tensiones surgen porque algunos sectores han disfrutado durante años de una extralimitación conceptual: creer que todo lo relativo al delito pertenece a su ámbito profesional. Pero el delito es un fenómeno complejo que requiere múltiples miradas: jurídica, policial, preventiva, sociológica, psicológica y, por supuesto, criminológica.

6.- El ejemplo del Real Decreto 43/2021: el caso más claro

El argumento más potente para desmontar las críticas aparece cuando analizamos cómo el Estado regula una de las figuras más estratégicas en la seguridad nacional y empresarial: el Responsable de Seguridad de la Información (CISO). El Real Decreto 43/2021, que desarrolla el marco nacional de seguridad de redes y sistemas, establece en su artículo 7 las funciones del CISO: coordinación, supervisión de medidas de seguridad, interlocución con autoridades, análisis de incidentes, gestión de riesgos, entre otras.

Pues bien, en ninguna parte del Real Decreto se exige una titulación concreta, solo se exige: conocimientos especializados, experiencia, independencia, posición adecuada en la organización. Es decir, el Estado define “qué funciones se realizan”, no “quién debe estudiar qué carrera para realizarlas”.

Este modelo basado en competencias, no en titulaciones cerradas, es el estándar europeo. Y, precisamente por eso, la Proposición de Ley de Criminología encaja perfectamente en el marco general: reconoce un perfil profesional que ya opera y que debe ser regulado, no imponer nuevas funciones ni desplazar a nadie.

La figura del CISO demuestra que:

  • la seguridad requiere perfiles diversos,
  • las funciones se asignan por experiencia y conocimiento,
  • los marcos profesionales deben ser flexibles,
  • no existe monopolio formativo de ningún colectivo para la seguridad.

Si ni siquiera el puesto más sensible del sector —responsable de gestionar ciberincidentes críticos, coordinar con CSIRT, notificar incidentes de nivel alto o crítico o aplicar las instrucciones de la autoridad competente— está restringido a una titulación específica, ¿cómo van a pretender algunos colectivos bloquear una ley que simplemente reconoce la profesión de criminólogo y sus funciones científicas?

7.- Conclusión: modernizar, ordenar y sumar, no confrontar

La Proposición de Ley de Criminología no resta competencias a nadie. No invade el ámbito del detective ni del director de seguridad ni de la policía. Lo que hace es lo que debería haberse hecho hace veinte años: definir qué es un criminólogo/a, qué hace, y qué no hace.

Las críticas de los colectivos mencionados se explican más por la resistencia al cambio que por argumentos jurídicos. La seguridad del siglo XXI no puede sostenerse sobre habilitaciones desfasadas, cursos de 600 horas o formaciones híbridas sin coherencia técnica. Necesita profesionales especializados, disciplinas claras y colaboraciones sólidas entre actores distintos.

La criminología forma parte de ese futuro. No para sustituir a nadie, sino para aportar lo que ninguna otra profesión puede ofrecer: una mirada científica, transversal y basada en evidencia sobre el delito, sus causas, su prevención y su impacto social. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad para construir un sistema de seguridad más eficaz, más integrador y más alineado con los estándares europeos.

Reseña necrológica: Antonio García Chazarra (1937–2025)

«Padre de la Criminología Profesional en España»

Con profundo pesar, despedimos a Antonio García Chazarra, expresidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) y figura clave en la consolidación de la criminología como disciplina profesional en nuestro país. Su fallecimiento, a los 88 años, deja un vacío inmenso entre quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él la incansable lucha por el reconocimiento de la criminología en el entramado institucional, académico y social de España.

Visionario, comprometido y tenaz, Antonio García Chazarra dedicó su vida a defender el lugar que la criminología debía ocupar como ciencia aplicada al análisis, prevención y tratamiento del delito y sus consecuencias. Su liderazgo al frente de la FACE marcó una etapa de impulso decisivo para la articulación de asociaciones profesionales, el diálogo con las instituciones públicas y la creación de una conciencia colectiva entre criminólogos y criminólogas de toda España.

No solo fue un activista gremial incansable; fue también mentor de generaciones de activistas criminólogos y divulgador de esta profesión. Su figura, carismática, abría puertas y tendía puentes allí donde la incomprensión o el desconocimiento frenaban el avance de la criminología durante su etapa al frente de la FACE. Supo conjugar la firmeza en la defensa de la profesión con una profunda vocación de servicio, siempre con la mirada puesta en el futuro de las nuevas generaciones.

Antonio no buscaba protagonismo, pero se convirtió —con pleno merecimiento— en el padre de la criminología profesional española. Su legado perdurará en cada logro conseguido, en cada espacio conquistado por nuestra ciencia y en cada criminólogo o criminóloga que, gracias a su labor, puede hoy ejercer con dignidad y reconocimiento.

Me gustaría implicar a toda la red nacional de profesionales, que él ayudó a tejer, para enviarle nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y compañeros.

Descansa en paz, Antonio. Gracias por todo tu trabajo. Tu huella ha quedado impresa en la historia de la Criminología en España.

– Reseña/homenaje escrito por Dr. Abel González –

Antonio García Chazarra

En memoria de nuestro compañero José Antonio Seoane Martínez

Por Abel González García, vicedecano del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM)

Era la mañana del 31 de agosto, un sábado, cuando vi en mi teléfono móvil varias llamadas de un antiguo alumno mío de Criminología y también colegiado en el CPCM, Jaime Hachuel. En ese momento pensé que algo raro pasaba. Cuando le devolví la llamada, ya al mediodía, lo primero que me dijo es que tenía una mala noticia que darme. Esa noticia era el fallecimiento de nuestro amigo José Antonio Seoane Martínez (más que antiguo alumno o compañero del Colegio de Criminología).

Seoane había fallecido en un accidente de moto. Entonces, se hizo el silencio. Y en ese momento empecé a pensar en todo lo que nos quedaba por delante para hacer en este mundo de la Criminología con José Antonio Seoane Martínez, criminólogo, bombero y también perito judicial en incendios. Nos quedaba pendiente su tesis doctoral en la que quería investigar sobre incendios provocados, todo lo que pudiéramos analizar a través de la Criminología y sus teorías para la prevención… ahí se queda. También esa visita que tenía que hacerme para ponernos al día o la visita que le debía yo con mi familia para que nos diese un curso de buceo… ahí queda también…

Pero no todo es triste en relación a lo que no hicimos, porque lo importante es su recuerdo y todo lo que hizo en pro de la Criminología hasta que un siniestro se lo llevó por delante en la A-7, con solo 52 años. José Antonio no era un criminólogo famoso, pero eso no es importante (aunque, por cierto, sí era famoso con su grupo de música, The Smokers –todo relacionado con el fuego, ¡qué tío!–).

Tampoco fue un estudiante de sobresaliente –alguno tuve que ponerle, más que nada porque se lo ganó a pulso–, pero sí que fue un apasionado de la Criminología, comprometido con el desarrollo de la disciplina en el ámbito forense de la investigación de incendios y con el desarrollo profesional en general. Así lo demuestra el hecho de que era colegiado desde el minuto uno y que no hacía más que darme ideas sobre el funcionamiento del Colegio y lo que podíamos hacer para «vender» esta profesión.

José Antonio estudió Criminología con una pasión desbordante, al igual que su grupo de compañeros y compañeras de promoción (en especial, Laura, Juana, Fátima o el mismo Jaime que me dio la mala noticia) y, después de terminar el Grado, se especializó a través del Máster en Análisis e Investigación Criminal, lugar donde ya le picó la curiosidad por seguir investigando y hacer un doctorado.

Todo eso le llevó a algunos Congresos de Criminología, en especial recuerdo fue el de Oviedo en 2018, donde disfrutó de este ambiente profesional y académico y en el que pasamos mucho tiempo hablando de Criminología junto a mi familia (mis hijos todavía se acuerdan de él por lo bien que lo pasaron allí). José Antonio nos deja un legado: ser una magnífica persona (buena gente, de la que nos debemos rodear), ser una persona entrañable y con un gran humor (muchas risas nos hemos echado en sus visitas). Y, sobre todo, la pasión por la Criminología y el convencimiento de que en este campo se pueden hacer muchas cosas, incluso desde el ámbito profesional de los bomberos, donde fue pionero y donde estamos obligados a continuar con este legado que él inició.

José Antonio, allá donde estés, busca a nuestro buen amigo Pedro y tómate alguna cerveza con él mientras compruebas que no nos olvidamos de ti y que nos dejaste deberes por hacer. Los haremos, eso seguro.

Factores de riesgo y otros apuntes criminológicos sobre el crimen de Borja Villacís

Madrid, a 12 de junio de 2024

En Criminología estudiamos los casos de delitos, precisamente para conocer cuáles han sido las causas que han provocado que se cometiera, con el objetivo de aprender y poder tomar medidas para minimizar, eliminar o asegurar el riesgo y la oportunidad de que se cometa ese delito. Es por lo que, analizamos al delincuente, al delito, a la víctima y el control social que se hace por parte de la sociedad para defenderse del fenómeno delincuencial.

El origen de las conductas antisociales y/o delictivas es multifactorial y una sola explicación no sería suficiente para comprender este fenómeno. El origen y mantenimiento de las conductas delictivas se relacionan con el desarrollo, especialmente durante la infancia y la adolescencia.

Por tanto, existe una correlación sólida y esencial entre el mal comportamiento en las primeras etapas de la vida, y la delincuencia y el delito durante la adolescencia y la edad adulta. Y existe una distribución característica del comportamiento criminal a lo largo del curso vital, de tal modo que los incidentes relativos a delitos y violencia aumentan en cuanto a frecuencia con la edad, hasta la adolescencia tardía o la primera edad adulta, y a continuación disminuyen con rapidez y continuidad a lo largo de la vida.

La curva general ‘edad/delito’, que ha sido estudiada durante bastante más de un siglo, se aplica a la mayoría de las formas de delito y violencia interpersonales.

En este caso Borja Villacís tenía 41 años, pero desde su adolescencia tenía problemas relacionados con actitudes violentas, con sentido de pertenencia a su tribu urbana, lo que podría ser un indicador de ciertas carencias afectivas, y que si encuentra en un entorno de camaradería y de ideología común con otros miembros del grupo.

En el fenómeno delictivo existen factores de protección ante la conducta delictiva y factores de riesgo. En este caso, Borja tomó decisiones en su vida que le acercaron a un mundo de comportamientos delictivos. Esos factores de riesgo fueron un entorno violento (Ultrasur, neonazis…), amistades y círculos poco recomendables (drogas, narcotráfico) y el aprendizaje de conductas delictivas al estar cerca de delincuentes.

Los factores de riesgo son aditivos, es decir cuantos más factores de riesgo estén presentes, estos se van adicionando y más probabilidades hay de que se acabe cometiendo el hecho delictivo.

LA PREDISPOSICIÓN AL DELITO

La Delincuencia se puede explicar en varias principales proposiciones: se trata de una conducta aprendida; existen rasgos y características individuales que predisponen al delito; los delitos constituyen reacciones a vivencias de estrés y tensión; y la delincuencia es el resultado de la ruptura de los vínculos sociales.

Aunque son importantes las características psicológicas individuales específicas de personalidad que hace que algunos individuos sean más propensos a delinquir que otros, con una relación muy estrecha con el autocontrol, los factores de riesgo son fundamentales para que suba exponencialmente la posibilidad de cometer delitos, o como en este caso convertirse en víctima.

Hay distintos factores de riesgo. En los familiares se engloba la falta de supervisión o control de los padres, las actitudes crueles, pasivas, y negligentes de los padres con los hijos, la disciplina férrea, los conflictos familiares, los malos ejemplos conductuales, la falta de comunicación padre e hijo y las carencias afectivas.

También existen factores de riesgo socioeducativos como el fracaso escolar y factores de riesgo socioambientales, como la clase social, las amistades, el desempleo y la delincuencia juvenil producida entorno al mundo de la droga.

Otro factor es un posible trastorno de la personalidad antisocial. La característica esencial de este trastorno es un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás, que comienza con síntomas del trastorno del comportamiento antes de los 15 años y continúa en la edad adulta.

Algunos de los rasgos característicos de la personalidad antisocial son un fracaso reiterativo para adaptarse a las normas sociales y legales, deshonestidad con la intención de obtener un beneficio o placer personal, impulsividad o incapacidad para planificar el futuro, irritabilidad y agresividad manifiestas en agresiones físicas repetidas, irresponsabilidad constante y ausencia de remordimiento ante cualquier acto que viole los derechos de los demás, incluido un acto de gran crueldad con graves consecuencias para los otros.

Además, existen factores de riesgos cognitivos. Las competencias y destrezas cognitivas son un factor fundamental para poder autocontrolar y razonar los impulsos. Y factores de vinculación o apego. Por ejemplo, la inclusión del sujeto en las redes de contacto y apoyo social favorece la resistencia a las conductas de riesgo como las antisociales y delictivas.

Pero, por el contrario, la falta de vinculación, apego o lazos afectivos, la participación o amplitud de la implicación en actividades sociales positivas, el compromiso o grado de asunción de compromisos sociales y las creencias o conjunto de convicciones favorables a los valores establecidos con los padres, la familia y los amigos, así como con las normas convencionales, aumentan la vulnerabilidad del sujeto para realizar una conducta antisocial.

Por último, también son factores de riesgo las prácticas de crianza o estilos de crianza educativos, que hacen referencia al conjunto de comportamientos de los padres con los que inculcan a sus hijos las normas y valores culturales.

Hay padres que son más o menos exigentes, y esto hará que los hijos tengan que esforzarse más o menos para conseguir los objetivos. También hay padres y madres que establecen una gran variedad de normas, muy inflexibles y con castigos exigentes si no se cumplen. Y los hay que si ponen castigos, al final no los llevan a la práctica o quienes directamente no usan el castigo como método educativo. Como es de esperar, estas dimensiones no solo re rigen por sus extremos (nada afectivo-muy afectivos, nada exigentes-muy exigentes), sino que se organizan en una línea continua con muchos grados y matices.

LA ORGANIZACIÓN DEL CRIMEN

En el caso del crimen de Borja Villacís, hay otras consideraciones criminológicas que me gustaría aportar, como el nivel de organización de los supuestos asesinos. Con las informaciones que se conocen hasta el momento, se puede determinar que los victimarios vivían en un ambiente anómico, fuera del sistema, con sus propias reglas. Algo tan obvio para el resto de los ciudadanos como respetar la prohibición de tener armas de guerra, para ellos es algo que no les afecta, no va con ellos.

Está claro que su nivel de organización criminal ha sido un desastre, con una mala planificación en la organización, pero eso sí, por desgracia, con buen resultado en el objetivo. Los asesinos tenían claro que utilizarían las armas al llevarlas encima y usarlas y, ante la potencia de fuego de esos calibres, el resultado sería matar sí o sí, con premeditación y hasta con alevosía, ya que al utilizar este tipo de armas no tienes riesgo para el delincuente, es prácticamente imposible que salga viva la víctima. En nuestro Código Penal es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal.

Los homicidas también planifican la huida, pero tan mal que da hasta vergüenza ajena. Contrataron un coche de alquiler al que le cambiaron las placas de matrícula mientras eran grabados desde el edificio de enfrente. No tenían otros vehículos para la huida, por lo que fueron rápidamente identificados.

El supuesto autor material tiene 24 años. Fue impulsivo, y eso hace que cometan un error de bulto: un asesinato no es bueno para el negocio, pone el foco de la Policía en ellos y es un indicador de falta de profesionalidad.

Quienes cometen un delito lo hacen tras un proceso de toma de decisiones, a veces malas decisiones. Dentro de sus cabezas pensaban que lo tenían bien planeado y organizado: tenían acceso a armas de alto calibre, pero la ejecución claramente ha demostrado lo equivocados que estaban.

Como el resto de las personas que no delinquimos, los delincuentes toman decisiones racionales valorando su fracaso/éxito y si les merece la pena. Esto nos indica que no valoraron bien y que cometieron varios errores graves que han hecho que en menos de 48 horas estuvieran detenidos, lo que no desmerita el excelente trabajo policial.

Artículo elaborado por el criminólogo Jordi Delgado, con anotaciones de Julio de la Fuente

Borja Villacís

El suicidio adolescente: El papel del Criminólogo

Los criminólogos, como expertos en el estudio de la conducta delictiva y antisocial, pueden desempeñar un papel importante en la prevención del suicidio adolescente, especialmente cuando se consideran los factores sociales y ambientales que pueden contribuir a este riesgo. El criminólogo puede contribuir a la prevención del suicidio adolescente mediante:

  1. Investigación y análisis de datos: Los criminólogos pueden llevar a cabo investigaciones para analizar patrones, identificar factores de riesgo específicos y tendencias relacionadas con el suicidio adolescente. Pueden examinar datos demográficos, epidemiológicos y estadísticas relacionadas con este tema. Esto incluye identificar grupos de alto riesgo y áreas geográficas específicas que puedan requerir atención especial.
  1. Desarrollo de políticas y programas: Los criminólogos pueden colaborar en el diseño y la implementación de políticas y programas de prevención del suicidio en entornos escolares, comunitarios y familiares. Esto puede incluir programas de concienciación, capacitación de profesionales, y estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud mental. Pueden ayudar también a desarrollar estrategias de intervención.
  1. Colaboración interdisciplinaria: Trabajar en colaboración con profesionales de la salud mental, educadores, trabajadores sociales y otros expertos puede ser crucial en la implementación de enfoques múltiples de prevención. Esta colaboración transversal permite un enfoque integral de las causas y posibles soluciones. La información compartida entre disciplinas puede proporcionar una evaluación más completa y precisa del riesgo.
  1. Análisis del entorno social y comunitario: Los criminólogos pueden evaluar el entorno social y comunitario para identificar factores de riesgo específicos, como el acoso, la violencia, el acceso a medios “letales” y la falta de apoyo en sus entornos. Todo ello esencial para la detección temprana del riesgo de suicidio.
  1. Capacitación y educación: Los criminólogos pueden participar en programas de capacitación para profesionales, educadores y miembros de la comunidad para aumentar la conciencia sobre el suicidio adolescente, sus factores de riesgo y las estrategias de prevención. Participar en la capacitación de estos profesionales que tienen contacto regular con adolescentes puede mejorar la capacidad de identificar señales de advertencia y derivar a los jóvenes a los recursos adecuados.
  1. Intervención en casos específicos: Al analizar casos individuales, los criminólogos pueden identificar factores de riesgo singulares, de los que pudieran derivarse actuaciones concretas y estrategias particulares en cada caso, basadas en la experiencia y los resultados obtenidos con anterioridad.
  1. Evaluación de programas de prevención: Basándose en la investigación y el análisis, los criminólogos pueden llevar a cabo evaluaciones de programas de prevención para determinar su eficacia y realizar ajustes según sea necesario. Abordar los factores de riesgo identificados y promover un entorno de apoyo efectivo y adaptado a la circunstancia.
  1. Promoción de entornos seguros: Trabajar para crear entornos seguros y de apoyo en la escuela, la comunidad y el hogar puede ser una parte crucial de la prevención del suicidio adolescente.
  1. Desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana: Los criminólogos pueden contribuir al diseño e implementación de sistemas de alerta temprana en entornos escolares y comunitarios. Estos sistemas pueden identificar signos de riesgo en etapas iniciales y facilitar la intervención rápida. La ideación suicida puede presentarse como la preocupación por la vida, el deseo de morir o la planificación y representación mental de todos los pasos y conductas autodestructivas que se desean realizar hasta alcanzar el objetivo letal (Sánchez-Sosa et al., 2010).
  1. Participación en Investigaciones Cualitativas: Realizar investigaciones cualitativas para comprender mejor las experiencias individuales y los desafíos específicos que enfrentan los adolescentes puede proporcionar información valiosa para la detección temprana que lleve a tomar medidas y actuaciones a tiempo. Es importante destacar que la prevención del suicidio es un esfuerzo conjunto que implica la colaboración de profesionales de diversas disciplinas.

Los criminólogos, al aportar su experiencia en la comprensión de la conducta humana y los factores sociales, pueden contribuir significativamente a los esfuerzos para reducir el riesgo de suicidio adolescente. La intervención y participación de los criminólogos en la prevención del suicidio adolescente es esencial para abordar este problema complejo y multifacético.

Al enfocarse en factores sociales, emocionales, ambientales y de comportamiento, los criminólogos pueden aportar sus valiosos conocimientos, para desarrollar estrategias efectivas y comprender mejor las dinámicas que contribuyen y derivan hacia el suicidio adolescente. Además, al colaborar con otros profesionales y disciplinas, los criminólogos pueden contribuir a enfoques integrales y multifuncionales, que aborden las diversas dimensiones del problema.

La investigación y análisis de datos, la implementación de políticas y programas, la formación, y la evaluación continua son componentes clave para crear intervenciones efectivas y ajustarlas según sea necesario en cada caso.

La capacitación y educación, tanto para profesionales como para la comunidad en general, son fundamentales para aumentar la conciencia sobre el suicidio adolescente y sus factores de riesgo. La colaboración interdisciplinaria permite aprovechar la experiencia de diversos profesionales, enriqueciendo así la comprensión y las estrategias de prevención.

En resumen, los criminólogos pueden desempeñar un papel valioso en la prevención del suicidio adolescente al aportar su experiencia en la comprensión de la conducta humana y los factores sociales, y al trabajar en conjunto con otros profesionales para abordar este problema de manera integral.

***El Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024.

Artículo escrito por el colegiado J.C. Martín (@BlogCrimi en la red social ‘X’)

Recuerda que si eres colegiado/a o precolegiada/o puedes enviar tus propuestas de artículo para publicación a prensa@colegiocriminologosmadrid.es

Tras los barrotes: Los presos más peligrosos de España

Tras los barrotes: Los presos más peligrosos de España

El 13 de marzo un reo asesinó a una empleada de la cocina de la cárcel de Mas d’Enric, en Tarragona, con un cuchillo de cocina. El presunto autor estaba condenado por el homicidio de otra mujer, pero, por su buen comportamiento, se le consideraba en ese momento preso de confianza y por ese motivo podía trabajar, incluso con acceso a los utensilios de la cocina. Después del ataque mortal, se suicidó.

Un mes antes, el hombre que había sido encarcelado provisionalmente en la cárcel de Estremera por matar días antes de Navidad a tres hermanos mayores de Morata de Tajuña por una supuesta deuda por una estafa de amor, asesinó a su compañero de celda con una mancuerna del propio gimnasio del penal, según las primeras investigaciones.

Los homicidios dentro de las instituciones penitenciarias no son casos excepcionales, pero ocurren. Las agresiones entre presos o a funcionarios cada vez son más comunes. Los sindicatos del sector estiman que se produce una agresión cada día de media. En España hay 50.000 presos divididos en menos de un centenar de cárceles. Solo algunos tienen la consideración de “especialmente peligrosos”.

FABRIZIO JOAO SILVA

 Uno de ellos es Fabrizio Joao Silva Ribeiro. Nacido en Guinea Bissau, de 1,90 metros de altura y 120 kilos de peso, dejó tras de sí un reguero de agresiones, muertes e incendios mientras estuvo entre rejas. Entró en la cárcel en 2004 por haber matado a su novia en Bilbao, asestándole 25 puñaladas. En 2014 asesinó a golpes a su compañero de celda en el penal de Córdoba. En 2016 mandó a 8 funcionarios de prisiones de Puerto III (Cádiz) al hospital. Dos de ellos quedaron en estado grave, tras haber sido atacados con un pincho artesanal. Decenas de incidentes menores e innumerables traslados por las prisiones de España completan su historial.

Sus propios compañeros calificaban a Fabrizio como «pura maldad» y rogaban no compartir espacio con él. Tan peligroso era que contaba con una galería entera sólo para él; permanecía en aislamiento constante y ocupaba en solitario una de las celdas. No tenía ningún contacto con el resto de los internos. Los funcionarios tomaban todo tipo de precauciones cada vez que se acercaban a él. La comida le era suministrada a través de una puerta metálica. Salía al patio solo, se duchaba en su celda y era controlado a través de una pantalla.

A Fabrizio lo encontraron inconsciente en su celda una tarde de octubre de 2019. Tenía los pantalones bajados. Los funcionarios, al ver que no contestaba, sospecharon que quería simular un problema para que se le acercasen y agredirles. Extremaron las precauciones, pero al acceder vieron que eran innecesarias porque había fallecido. La autopsia señaló que fallecio de muerte natural, aunque tenía un fuerte golpe en la cara que habría recibido al desmayarse y precipitarse contra el suelo.

‘IGOR EL RUSO’

 Otro de estos internos de alto riesgo es Norbert Feher. un exmilitar serbio conocido como ‘Igor el Ruso’, que en diciembre de 2017 asesinó a tres personas (dos guardias civiles y un ganadero) en la localidad turolense de Andorra, mientras emprendía una huida hacía Italia, país desde el que llegó en bici. Fue detenido tras ocho horas angustiosas y fue condenado por el triple crimen a prisión permanente revisable.

Igor fue internado en principio en la prisión aragonesa de Zuera, de donde fue trasladado precisamente por su alta conflictividad. Luego ingresó en la de A Lama (Pontevedra) y allí generó varios problemas con los funcionarios de prisiones, especialmente durante sus traslados para declarar por videoconferencia. No es solamente la agresividad del sujeto, experto en técnicas de combate y supervivencia. Su peligrosidad es tal que necesita un gran contingente de funcionarios, hasta el punto que los propios trabajadores han advertido de que cada vez que toca mover a ‘Igor el Ruso’, el resto de los módulos quedan desprotegidos. El reo comunicó inicialmente que prefería regresar a Italia para cumplir condena. Ese era uno de los motivos de su alta conflictividad en prisión. Pero fue condenado por videoconferencia a cadena perpetua en aquel país, por lo que no se ha vuelto a pronunciar en ese sentido.

Norbert está condenado a prisión permanente revisable y ha pasado ya por cinco cárceles. En una de ellas, en Palencia, agredió a cuatro funcionarios el día anterior al inicio de su juicio. Utilizó para el ataque un azulejo partido y además se encontraron en su celda extraños escritos en los que anunciaba que este ataque iba a ser solo el primero de muchos. Este nivel de violencia hizo que se construyera en la Audiencia provincial de Teruel una especie de jaula de vidrio especial solo para alojarlo a él durante las sesiones de sus juicios. Todo ello contrasta curiosamente con su supuesta religiosidad. Tiene en su celda una biblia, pide estampitas de sus santos favoritos y pasa varias horas al día rezando.

SEBASTIÁN SANTIAGO HEREDIA

 A Sebastián Santiago Heredia, malagueño de 37 años, le apodan ‘El Terror del Puerto’, por ser ese el nombre de la cárcel (Puerto III, Cádiz) en la que ha cometido sus mayores fechorías dentro de prisión. «Es como ver la muerte y saber que debes acudir a su encuentro. No tienes la capacidad de evitarlo. Es un tío al que la vida le da igual», contaban algunos de los funcionarios que le custodiaban en el penal gaditano.

Santiago entró en la cárcel por primera vez muy joven hace 17 años, condenado por un robo con fuerza. La suya ha sido una historia de entradas y salidas en prisión, aunque se podría decir que gran parte de su vida ha transcurrido tras los barrotes. Ha sido dentro de ellos donde su historial delictivo ha crecido de forma exponencial.

En estas dos décadas de privación de libertad ha liderado motines, ha quemado su colchón varias veces, ha agredido a numerosos funcionarios y ha obligado a retrasar sus juicios varias veces por la violencia que desplegaba en los traslados. Hace unos años publicó un libro titulado ‘Camino hacia la libertad’, en el que relata su vida entre rejas y el gran protagonista de la portada es su imponente físico musculado. Aprovechándose de él, ha protagonizado numerosos altercados en todas las prisiones españolas que ha ocupado.

El último, en la de Campos del Río (Murcia II), a la que llegó desde Cádiz. No había pasado ni una semana dentro y ya había protagonizado una especie de motín en solitario: le pegó fuego al colchón de la celda que ocupaba en solitario en el Módulo IX. Cuando los funcionarios acudieron a sofocar las llamas, fueron atacados por Santiago. Dos horas más tarde, volvió a provocar un fuego en el habitáculo, rompió los cristales de la ventana y se autolesionó, teniendo que ser trasladado de urgencia a un centro de salud fuera de la prisión para ser tratado.

El grueso de su carrera delictiva ha tenido lugar, no obstante, en la prisión de Puerto III. Allí ha protagonizado incontables ataques a funcionarios de prisiones. Uno de sus juicios se intentó celebrar tres veces, debido a que sus agresiones durante los traslados hacían que se suspendieran una y otra vez. En una ocasión, incluso llegó a herir a varios funcionarios de prisiones en una sola pelea. En su caso, los ataques se centran de forma única y exclusiva en los empleados públicos, no en sus compañeros de prisión. «Nos ha dado tantas palizas, los jueces le temen, como los guardias civiles en los traslados…», confiesan fuentes penitenciarias. ‘El Terror del Puerto’, no obstante, está sacando partido de su faceta de preso conocido y ya ha escrito un libro sobre su vida en prisión que se titula ‘Camino hacia la libertad’.

JESÚS ROMERO, ‘EL NENE’ 

Otro de los presos más peligrosos de España es, sin duda, Jesús Romero ‘El Nene’. Madrileño de 32 años, lleva media vida practicando deportes de contacto como boxeo y Muay-Thay. En esta última disciplina llegó a proclamarse campeón de España y obtuvo varios premios en el circuito internacional. Llegó incluso a pelear de forma profesional en Tailandia, país originario de ese deporte y lugar en el que el nivel de agresividad de la competición es más alto.

‘El Nene’ era un viejo conocido de la Policía madrileña por haber protagonizado varios altercados. El que le llevó a prisión tuvo lugar en el Metro de Madrid. Jesús fue a robarle el móvil a un pasajero, que se dio cuenta y para escapar le apuñaló. Cuando salió del andén a la carrera, los agentes de seguridad de la estación intentaron reducirle, recibiendo también una paliza del boxeador. Finalmente hicieron falta más de cinco personas para apresarlo y llevarlo a comisaría.

Jesús ingresó en la cárcel de Soto del Real por aquel ataque el día de Navidad de 2018. Le pusieron a compartir celda con un interno venezolano de 55 años y condenado por narcotráfico. Esa misma noche ambos tuvieron una discusión por la posición de la litera que debían ocupar. El boxeador madrileño la emprendió a golpes contra el venezolano y lo mató. ‘El Nene’ fue condenado a 12 años más de cárcel por aquel homicidio.

En la actualidad cumple condena en la cárcel de Estremera, otro penal madrileño. Allí protagonizó el último brutal ataque. Fue el 5 de julio de 2022, cuando un funcionario de prisiones departía con él, amistosamente en apariencia. De repente, ‘El Nene’ explotó sin previo aviso y empezó a propinarle puñetazos y patadas en la base del cráneo; el mismo método de ataque con el que mató a su compañero de celda.

Su fuerte complexión física (que ha mantenido durante su estancia en prisión), su dominio de los deportes de combate y sus problemas de salud mental (tras el ataque fue trasladado a la Unidad Psiquiátrica del Gregorio Marañón) hacen de él una de las principales preocupaciones de los funcionarios de prisiones de España.

FERNANDO VÁZQUEZ AYUDE, EL ‘HANNIBAL LECTER GALLEGO’

 Son varios los presos que han recibido en su entorno el apodo de ‘Hannibal Lecter’, en referencia al diabólico protagonista de El silencio de los corderos e interpretado por Anthony Hopkins. Pero tal vez el que más ha hecho por acreditar ese alias es Fernando Vázquez Ayude, un gallego de 52 años que lleva desde 1990 haciendo méritos para ello (antes incluso de que se estrenase la película en 1991).

Este individuo lleva delinquiendo desde 1984 y pisando prisión por delitos de todo tipo. Desde atracos hasta narcotráfico. Pero, igual que en el caso de Santiago Heredia, su historial delictivo se ha hinchado durante su permanencia en prisión. En 1990 apuñaló a un preso en el penal de Monterroso (Lugo). En 1991 encabezó un amotinamiento en la cárcel manchega de Herrera de la Mancha, donde secuestró a un funcionario. Los motines, precisamente, ha sido una de sus especialidades, habiendo liderado varios durante su condena que asciende a 66 años.

El secuestro de funcionarios es también es uno de sus recursos habituales. El último tuvo lugar en 2019 en la prisión cordobesa de Alcolea. Fue el 4 de octubre, en la ronda de vigilancia de noche. En torno a la 1 de la madrugada, Vázquez Ayude le dijo a otro preso peligroso, de nombre José Pastor, que se fuera preparando y armando con lo que tuviera a mano, porque que iba a secuestrar a un funcionario y necesitaba que lo secundara, según informó el colectivo de funcionario de prisiones “Tu Abandono Me Puede Matar” (TAMPM).

“Acto seguido, estos dos internos proceden a ejecutar el plan que habían ideado. Comienzan haciendo una llamada al interfono de comunicación con los funcionarios, desafiándolos mientras destrozan ambas celdas a golpes, rompiendo todo lo que tienen a mano”, contaba el colectivo en un comunicado, explicando que los dos reos «consiguen arrancar las ventanas, con cuyos cristales logran hacerse muñequeras y armas cortantes para poder llevar a cabo con éxito su proyecto de secuestro. Debido a la gravedad de los hechos, se persona en el departamento la dirección del centro para intentar reconducir la situación. La misma se solventa gracias a la pericia de los funcionarios que, aunque disponen de medios escasos, a la vez que obsoletos y con una formación nula por parte de la Administración para este tipo de situaciones, arriesgan su vida, teniendo en cuenta el gran estado de agresividad que presentan los internos y de las armas de fabricación casera de las que se han provisto para conseguir su fin. El resultado de tal actuación es de un funcionario lesionado con varios cortes en el brazo”, concluye el comunicado sindical. Vázquez Ayude fue trasladado tras estos hechos al penal de Algeciras.

PHIERO BATISTA, EL QUE DEVORÓ UNA OREJA

 Destacable por muy peligroso es también el caso de Phiero Batista, un boxeador aficionado dominicano que está cumpliendo prisión en la cárcel de Madrid IV (Navalcarnero). El 22 de julio de 2018 emuló a su ídolo Mike Tyson y le arrancó la oreja a una persona de un bocado. Concretamente a uno de los 4 funcionarios que intentaban reducirle en el módulo 6 de la prisión. A uno le abrió una ceja y la frente, a otro le rompió un dedo y a otro le provocó numerosas contusiones.

Pero quien peor parte se llevó fue uno que debutaba. Un funcionario en prácticas que llevaba pocos días trabajando en el penal y al que Phiero le pegó un bocado y le arrancó media oreja, como hizo su ídolo con Holyfield en Las Vegas en el 97. El operario acabó siendo operado de urgencias y los médicos le consiguieron coser el trozo amputado. Casi no lo consiguen porque Phiero no sólo se la arrancó de un bocado; es que además se la intentó tragar sin éxito.

El conflicto se originó cuando Batista discutía con otro preso por una radio. El tono de la refriega empezó a subir y el otro interno, sabiéndose en inferioridad de condiciones físicas, acabó huyendo del lugar y recurriendo a los funcionarios de prisiones para ponerse a buen recaudo. Cuando Phiero vio que su rival se había largado, montó en cólera. Se fue a la cocina, destrozó un taburete y utilizó una de las patas metálicas como arma. Al grito de “ahora os voy a reventar las cabezas”, embistió contra los funcionarios y les pegó una paliza. Entre cinco no lo pudieron sujetar.

En el fragor de la escaramuza, Phiero acertó a agredir a los cinco, siendo el novato el que peor parte se llevó: el dominicano le arrancó la oreja de un bocado. Por fortuna para el trabajador de prisiones, el boxeador finalmente fue reducido, el trozo de pabellón auditivo recuperado y cosido de nuevo posteriormente en el Hospital 12 de Octubre, que es el único de Madrid que tiene un departamento de cirugía facial de urgencia.

EL GRAVE PROBLEMA DE LOS TRASTORNOS MENTALES EN PRISIÓN

 Como vemos, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los funcionarios de prisiones es que a menudo han de lidiar con expertos en artes marciales y/o deportes de contacto. Es el caso de ‘El Nene’ o de Sebastián Santiago, cuya complexión física y dominio de las técnicas de pelea hacen casi imposible reducirlos en un cuerpo a cuerpo con un funcionario.

Pero el principal problema es que muchos de los agresores tienen trastornos mentales de diversa índole, en ocasiones no diagnosticados. Además, el hecho de estar encarcelado y en privación de libertad trae consigo consecuencias psicológicas importantes. Estas pueden desarrollar una cadena de reacciones y distorsiones afectivas, cognitivas, emocionales y perceptivas, todo eso provocado por la tensión emocional dentro del ambiente penitenciario. A este tipo de síndrome, también se le ha denominado parológia, síndrome de respuestas aproximadas, pseudodementia o psicosis de la prisión.

Partiendo de la base de que un enfermo mental no debería entrar a prisión. Según los últimos datos facilitados por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, solo 159 de 481 plazas de médicos de prisiones están cubiertas actualmente en España y se estima que entre cuatro y cinco de cada 100 personas internas tiene un trastorno mental grave.

Si bien una persona con discapacidad declarada inimputable no se encuentra presente en su juicio, las leyes penales sí contemplan una sanción privativa de la libertad que se asemeja a la pena de prisión y que es denominada medida de seguridad. En las prisiones ni se les trata, ni se les ofrece alternativa, ni se les ayuda a reintegrase en la sociedad. La penalización de los enfermos mentales y su encarcelación como única forma de asegurar la seguridad colectiva cumple hoy la labor de limpieza social que las leyes de vagos y maleantes cumplieron en el estado totalitario.

Por ello, muchas cárceles españolas se han convertido en manicomios, donde los funcionarios van desarmados, con una plantilla en precario, escasa y envejecida. Presos con diferentes problemas mentales y expedientes a los que no se puede acceder.

CATEGORÍAS DE PRESOS EN ESPAÑA

 En España, hay diferentes tipos de internos. Son varias las normativas que regulan el derecho penitenciario en España, entre las que destacan la Constitución Española, la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 o el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996). Este último desarrolla la Ley Orgánica en consonancia con el Código Penal.

El derecho penitenciario recoge diferentes tipos de régimen en los que un preso puede ser internado, así, podemos destacar:

  • Ordinario: se aplicará a los penados clasificados en segundo grado, a los penados sin clasificar y a los detenidos y presos.
  • Abierto: se aplicará a los penados clasificados en tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semi-libertad.
  • Cerrado: se aplicará a los penados clasificados en primer grado por su peligrosidad extrema o manifiesta inadaptación a los regímenes comunes anteriores y a los preventivos en quienes concurran idénticas circunstancias.

En cuanto a los grados anteriormente mencionados, el Reglamento Penitenciario recoge en su Artículo 100 la clasificación penitenciaria y los principios de flexibilización de los penados. Así, se recogen los siguientes grados de clasificación penitenciaria:

  • Primer grado: Se aplicará el régimen cerrado.
  • Segundo grado: Se aplicará el régimen ordinario.
  • Tercer grado: Se aplicará el régimen abierto.

Son calificados en primer grado aquellos internos que hubieran sido calificados con peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta según las normas de convivencia establecidas y ponderando factores como la naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de su historial delictivo, la comisión de actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad cometidos en modos o formas especialmente violentos, la pertenencia a organizaciones delictivas o a bandas armadas, la participación activa en motines y la introducción o posesión de armas de fuego en la prisión o, entre otros, la comisión de infracciones disciplinarias calificadas de muy graves o graves de manera reiterada.

Serán clasificados en segundo grado aquellos penados en quienes concurran unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin capacidad para vivir, por el momento, en régimen de semi- libertad.

Se aplicará el régimen penitenciario de tercer grado a todos aquellos internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semi-libertad. No confundir con Tercer Grado en el mundo anglosajón, el cual es todo lo contrario y equivale a nuestro Primer Grado.

Las instituciones penitenciarias también cuentan con los Ficheros de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Dentro del régimen FIES existen diferentes categorías. Cada una aglutina a un colectivo de presos diferente, dependiendo principalmente de los delitos o infracciones del recluso. Las cinco categorías son:

  • FIES 1 CD (control directo). Internos considerados especialmente conflictivos y peligrosos, que han protagonizado alteraciones regimentales muy graves dentro de la prisión o en los traslados, poniendo en peligro la vida o integridad de funcionarios, autoridades, otros internos o personal ajeno a la institución.
  • FIES 2 DO (delincuencia organizada). Personas condenadas o procesadas por pertenencia o colaboración con organizaciones delictivas nacionales o extranjeras cuya finalidad sea la obtención de beneficios económicos. Por ejemplo, narcotráfico, blanqueo de dinero o tráfico de personas.
  • FIES 3 BA (bandas armadas). Todos los pertenecientes a banda armada o grupos terroristas, y los encarcelados por vinculación con dichos grupos. Normalmente los miembros de ETA se incluyen en el FIES 3.9.
  • FIES 4 FS (fuerzas de seguridad y funcionarios de Instituciones Penitenciarias). Reclusos que hayan sido miembros de las fuerzas de seguridad o del sistema penitenciario. En este caso se les aplica el régimen FIES para protegerlos del resto de presos y evitar peleas o agresiones.
  • FIES 5 CE (características especiales). Esta categoría incluye diversos tipos de internos: vinculados a la delincuencia común de tipo internacional; autores de delitos muy graves que hayan generado una importante alarma social; pertenecientes o vinculados a grupos violentos de carácter racista o xenófobo; internos que, sin estar procesados o condenados por terrorismo islamista, destaquen por su fanatismo radical afín al ideario terrorista, y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el centro penitenciario; también los condenados por el Tribunal Penal Internacional y los que colaboraron con la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones criminales.

Hasta el 2006 también se incluían los internos del FIES 1 que evolucionaban favorablemente y los condenados por negarse a cumplir el servicio militar o la prestación social sustitutoria. Los condenados que sean delincuentes con un historial penitenciario de alta conflictividad, evasiones o violencia grave que hayan cometido delitos graves generando gran alarma social.

En este pequeño repaso por las cárceles españolas tampoco podemos olvidarnos de los llamados ‘presos- sombra’, que son personas que realizan tareas de apoyo, escucha, orientación, atención o seguimiento a aquellas personas que han entrado recientemente en prisión o que se encuentran en riesgo de suicidio, dentro de un programa de prevención de este tipo de acciones.

Todos los reos tienen, entre sus obligaciones, cumplir la condena, obedecer las normas y las órdenes de los trabajadores de la prisión y hacer lo posible para que haya buena convivencia con otros presos, además de respetar a los compañeros y a los trabajadores y cuidar su higiene personal.

En las cárceles españolas se desayuna pronto, se come pronto y se cena pronto. Durante el resto del día, salvo la hora de la siesta, está prohibido estar en la celda. Todos los días son iguales, incluidos fines de semana y festivos. Los días en la cárcel transcurren entre restricciones y rejas, sin mucho sol en los patios y sin la claridad que este da. No pueden ver los colores, como el verde, el amarillo o el naranja de los paisajes, lo único que se puede ver son paredes grises y rejas. Es una vida muy dura que solo la sabe el que la ha vivido.

Los presos pasan en la celda cada noche 11 horas, entre las 21:00 y las 8:00 horas. El recluso tiene derecho a llamar a su familia y su abogado al llegar al centro penitenciario. Después, puede realizar 10 comunicaciones semanales a 10 números autorizados.

EL DILEMA DE LA REINSERCIÓN

 La historia y el desarrollo del servicio penitenciario puede dividirse en tres grandes períodos. El primero transcurre desde el principio de la civilización hasta el siglo XVI, donde la cárcel era utilizada como guarda. Por entonces, su función no era meramente de castigo, sino que servía como retención de las personas, a la espera del dictamen de la sentencia. No se utilizaba como pena.

El segundo periodo, en el siglo XVII, el rol de la cárcel se modifica. En ese período, comenzó a establecerse un nuevo movimiento, influenciado por el orden religioso, directa e íntimamente relacionada con el surgimiento de un nuevo orden económico: el sistema capitalista. Fue así como la cárcel empezó a cumplir la función de pena privativa de la libertad como una tendencia correctiva, como un sacrificio que debe cumplir bajo la culpa, con trabajos forzados y obligatorios a favor del Estado. Este período se prolongó hasta el siglo XVIII.

Posteriormente, junto con el surgimiento del movimiento humanitario, se dio lugar a grandes críticas contra las penas de torturas, mutilaciones y muertes del Antiguo Régimen, buscando reemplazarlo completamente por una concepción correccionalista que situaba la finalidad de la cárcel en la expiación y corrección por medio del trabajo.

El tercer período empezó a principios del siglo XIX y continúa en la actualidad. En esta última etapa, se incluyó la moral como un valor que debía tener la persona detenida. De esta manera, se pasó al sistema punitivo actual, donde se considera que la pena debe contener un proceso de moralización y resocialización del condenado.

También es necesario promover una justicia de reconciliación que restaure las relaciones rotas por el acto criminal. Los elementos fundamentales de la justicia restaurativa que son la responsabilidad del agresor, la reparación del daño y la restauración de las relaciones sociales. Aunque la cárcel tiene muchas contraindicaciones, el tiempo en prisión puede ser una oportunidad para el arrepentimiento, para la reconciliación y la reinserción social.

Artículo elaborado por Jordi Delgado con aportaciones de Julio de la Fuente.
Recuerda que puedes enviar tus propuestas de artículo para publicación a prensa@colegiocriminologosmadrid.es

I Congreso de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Agradecimientos

Queridos compañeros y queridos asistentes al I Congreso del CPCM:

Estas palabras las escribo en mi condición de secretario del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) y en mi condición de simple colegiado de nuestro querido Colegio.

Apenas hace unos días, hemos clausurado el I Congreso de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Aquellos que tuvisteis ocasión de acudir al mismo, ya sea presencialmente o en su modalidad vía streaming, pudisteis observar que este Congreso no solo ha sido un congreso al uso, sino que ha sido un Congreso que nos ha dado un punto más, gracias al magnífico panel de ponentes participantes y a que en una gran mayoría de las ponencias se puso en valor la Criminología aplicada a distintos sectores, sectores como la seguridad pública, la seguridad privada o la seguridad corporativa.

Además, hemos podido comprobar cómo, en los pasillos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, entre ponentes y asistentes se ha realizado lo que se viene denominando Networking, es decir, se ha aprovechado el evento para crear o ampliar nuestras redes de contactos profesionales.

Han sido muchas las felicitaciones que este Junta de Gobierno ha recibido por la organización del Congreso, felicitaciones que, desde luego, recibimos con una inmensa alegría y con una inmensa preocupación también, ya que el listón del futuro II Congreso de la Criminología de la Comunidad de Madrid va a estar muy alto.

Quiero agradecer la labor que los compañeros de la Junta de Gobierno han realizado para que ese Congreso fuera un éxito, agradecimiento expreso a cada uno de ellos pero, con especial atención, sin que esto merme al resto, a Sandra Calvo, nuestra Vocal de Grupos de Trabajo y Apoyo a la Formación, por su especial dedicación y profesionalidad en preparar todas las mesas del Congreso relativas a los Grupos de Trabajo. También a Juan Carlos Gutiérrez, tesorero del Colegio, que ha tenido que bregar con una gran cantidad de información económica de todos los asistentes y que ha debido cotejar debidamente en un tiempo récord; o a nuestro encargado de Prensa, Julio de la Fuente, por la magnífica, y creo que aquí no hay dudas entre ningún asistente, mesa sobre ‘Periodismo y Criminología’.

Pero, por encima de todo esto, quiero agradecer, en mayúsculas, el indudable trabajo realizado por dos personas, dos amigos y compañeros, para que este Congreso haya salido adelante:

A Ana Gil Araujo, precolegiada de nuestro colegio y presidenta de la Asociación de Estudiantes de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid.

“Ana, sin tu labor, dedicación, esfuerzo y perseverancia este Congreso no habría salido adelante. Gracias por el trabajo realizado por y para este Colegio, ahora y siempre, y su I Congreso. Gracias por tus gestiones tanto para la reserva del auditorio, como con los responsables informáticos de la Universidad Complutense y, con el servicio de catering de la cafetería de la Facultad de Derecho. Gracias de parte de toda la Junta de Gobierno y, por supuesto, personalmente, por toda la labor a lo largo, no solo de los dos días de Congreso, sino de los días previos. Me atrevo a decir que este Congreso no habría salido sin tu gestión personal y mereces el reconocimiento al trabajo realizado”.

A Javier Sanz, colegiado de nuestro Colegio y encargado del Área informática.

“Gracias Javi, gracias infinitas por tu esfuerzo, constancia, lucha y humildad con la que has llevado a cabo todo el trabajo pasado, presente y futuro de este Congreso. No me cabe duda de que sin tu aporte esto no habría salido tampoco; no es fácil realizar la labor informática de streaming y estar pendiente de todas las ponencias y sus retransmisiones, y mucho menos estar atento a todo el proceso informático del evento. Este Colegio, y este secretario, nunca podrán agradecerte, como te mereces, tu dedicación”.

Para finalizar, no puedo olvidarme de todos los colegiados y precolegiados que habéis participado como ponentes en el reciente Congreso y que habéis dado una auténtica lección de cómo se puede aplicar la Criminología en todos los campos.

Ramón Chippirrás

Secretario CPCM

 

congreso 1 I Congreso de la Criminología de la Comunidad de Madrid. Agradecimientos PEAC adiestramiento canino