Tanto en las Oficinas de Asistencia a Víctimas, como en otras esferas que interactúan con las víctimas, como pueden ser las dependencias policiales o los programas de justicia restaurativa, existe un claro objetivo: prevenir, en la medida de lo posible, la victimización primaria, así como la victimización secundaria y la revictimización.

      Y para conseguir este objetivo, es necesario, bajo un punto de vista criminológico, que la atención a la víctima sea multidisciplinar, realizándose una intervención de forma conjunta, integral y teniendo un conocimiento global de las necesidades de la víctima desde las diferentes perspectivas (psicológica, social, criminológica, etc.).

    Esto se debe a que, con una intervención individual de cada disciplina, estas no serían eficaces por sí solas, o por lo menos no en su totalidad, ya que puede existir una falta de información para la intervención, y puede darse también una duplicidad de esta y de trabajo que resulta innecesario.

     La multidisciplinariedad, entonces, se planea debido a las brechas que presenta una intervención escasa en cuanto a la actuación y a los profesionales disponibles para la actuación victimal. Entre otros, en el motivo particular de la violencia de género, podemos ver que cuando una persona ha sufrido este tipo de agresión, es necesario que, desde que se presenta en las dependencias policiales para presentar una denuncia, se siga un protocolo de actuación y, a continuación, de intervención y seguimiento para que esta adolezca lo más mínimamente posible las consecuencias de esa agresión.

     En el caso de la actuación en dependencias policiales (Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2004), el llamado sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género marca que, cuando la mujer víctima de violencia a manos de su pareja va a interponer una denuncia, automáticamente se da de alta en dicho sistema de seguimiento integral y pasa a realizársele unos test de evaluación policial de riesgo.

     Los resultados de estos test emiten una valoración con posibilidad de cinco niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo; estableciéndose, posteriormente, unas medidas de seguridad adecuadas a cada nivel. Además, se tiene en cuenta que nivel de riesgo de la valoración inicial podría aumentar o disminuir, dado que las circunstancias de cada caso pueden verse modificadas.

     Ahora bien, tras este protocolo de actuación policial, a la víctima se le proporciona un plan de intervención para paliar los efectos (negativos) propiamente dichos del delito. A modo de ejemplo, el plan de intervención protocolizado en la Comunidad Valenciana se realiza en función del nivel de peligro del que hablábamos, distinguiéndose dos planes de actuación: el primero, en el que la mujer no se encuentra en situación de peligro extremo, y en el segundo, cuando la mujer si se encuentra en situación de peligro extremo.

     Sea cual fuere la situación en la que se encuentre la víctima, el plan de intervención por parte de los profesionales va desde la atención de las lesiones físicas o psíquicas con médicos especializados, al establecimiento de contacto continuo con un trabajador social de los servicios sociales municipales para el acompañamiento, al igual que de la realización de test de evaluación por parte del psicólogo.

     Un equipo multidisciplinar completo es capaz de analizar qué necesidades existen en la víctima, en cada una de las disciplinas, y qué respuesta se da en relación a esas necesidades. Con lo cual, si a la atención de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de médicos especializados para las lesiones físicas o psíquicas, y al acompañamiento del trabajador social, unimos las actuaciones de un psicólogo, de un jurista y de un criminólogo, además de profesionales de la justicia restaurativa o la información que proporcionan los medios de comunicación a la sociedad, entre otros, obtendremos una atención que minimizaría en gran medida, los riesgos que entraña el ser víctima de un delito y, consecuentemente, ayudaría a su reparación.

     En nuestro caso concreto, el de un criminólogo, una de las vías de estudio debe de ser el riesgo victimógeno. García-Pablos sostiene que: “(…) coherentemente, si el riesgo de victimización se configura según las estadísticas como un riesgo “diferencial”; riesgo que se distribuye no de forma igual y uniforme —ni caprichosa— sino muy discriminatoria y selectiva en torno a precisas variables, parece entonces verosímil la posibilidad de evitar con eficacia  muchos delitos dirigiendo específicos programas de prevención hacia aquellos grupos y subgrupos humanos que exhiben mayores riesgos de victimización” (2014).

     Partiendo desde este argumento, se considera necesaria una herramienta de valoración del riesgo que comienza en la relación víctima-victimario, y basada en la información que proporciona la víctima en todos los aspectos, en cuanto a sí misma y en cuanto al delito: circunstancias personales, modo de vida y/o rutinas diarias, hecho delictivo, qué pasó y qué pesó más para llevarse este a cabo, tipos de riesgo y su nivel, y áreas de impacto. De esta manera, lo importante es detectar el riesgo victimal y actuar sobre ello, y para ello, deviene imperativo destacar aquellas variables que convierten a determinados individuos y colectivos en objetivos propicios para ser victimizados.

     Los factores de vulnerabilidad cobran, entonces, una fuerte relevancia de cara a realizar un análisis del riesgo de victimización; no obstante, estos reclaman un estudio individualizado puesto en relación con cada tipo delictivo en concreto. Esto es esencial dado que no existe un riesgo homogéneo y genérico, sino un riesgo diferencial que varía con cada persona y delito (García-Pablos de Molina, 2014). De este modo, un estudio pormenorizado e individualizado será esencial para permitir tanto la recuperación de la víctima como que reciba la asistencia y la protección adecuadas para permitir que pueda acceder de forma segura y efectiva a la justicia y en aras a evitar, en la medida de lo posible, futuras revictimizaciones, victimizaciones adicionales o intimidaciones.

     En definitiva, dirigiendo la Criminología sus esfuerzos y ambiciones al estudio de la víctima y del criminal en su conjunto, además de las actuaciones psicológicas, sociales, jurídicas y policiales, obrando todas de manera unida y coordinada, se conseguirá realizar un tratamiento efectivo, eficaz y eficiente sobre el delito, los factores de riesgo y de protección, así como las consecuencias que acarrea dicho fenómeno. Esto, en su totalidad, se traduciría en una armonía y una coherencia que da con el método más completo para tratar de evitar esa victimización primaria y secundaria de la que se habla.

     Igualmente, como he mencionado levemente, la regulación y puesta en marcha de herramientas como la justicia restaurativa, y la regulación de los medios de comunicación (si se trabaja con ellos y están formados puede dar una información que no sea dañina para la víctima o sus familiares), permiten la protección de derechos de las víctimas, como el derecho a su intimidad y su derecho a obtener una reparación.

Bibliografía

A.A.V.V. (2004). Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de Violencia Doméstica y de Género. Madrid. Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

García Pablos de Molina, A. (2014). Criminología. Fundamentos y Principios para el Estudio Científico del Delito, la Prevención de la Criminalidad y el Tratamiento del Delincuente. Perú: Instituto Peruano de Criminología y Ciencias Penales.

Mónica Santos López
Miembro del Grupo de Trabajo Victimología en Delitos Violentos