Category: Noticia sobre el Colegio

PSOE y PP se interesan por el proyecto de Ley para regular la profesión de Criminólogo/a

El proyecto legislativo está publicado en el Área Privada del Colegio

 MADRID, a 12 de mayo de 2022

Representantes del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad Madrid (CPCM), y en nombre, igualmente, del resto de Colegios de la Criminología de España, se han reunido con parlamentarios de los dos grupos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, para presentarles el proyecto legislativo que ha sido elaborado por todos los Colegios y que pretende regular el de la profesión de Criminólogo/a en nuestro país, al igual que ya ocurre en otros países de nuestro entorno.

La decana del CPCM, Carmen Balfagón; el vicedecano, Abel González; el secretario del Colegio, Ramón Chippirrás; y la vocal de Formación y Apoyo a Comunicación Victoria Pascual, han mantenido estos días sendos encuentros con la diputada del Partido Popular Ana Vázquez y con el diputado del Partido Socialista Obrero España David Serrada.

A los parlamentarios, en términos generales, les llamó la atención la situación actual de los criminólogos y criminólogas en nuestro país, aun a pesar del elevado número tanto de egresados y el número de universidades españolas que tienen entre su oferta educativa esta carrera universitaria, con notas de corte cada vez más altas para poder cursar estos estudios.

Los representantes de los criminólogos de España, a través del Colegio de la Comunidad de Madrid, también expusieron a los políticos de estos grupos parlamentarios la cantidad de funciones que pueden desarrollar en el ámbito de las competencias que les son propias por su titulación, entendiendo como fundamental la prevención y la valoración del riesgo como respuesta al delito.

Los diputados se sorprendieron por situaciones tan injustas como la ausencia de criminólogos/as en las prisiones españolas o, entre otros, la ausencia total de Oferta Pública de Empleo de estos titulados. Por todo ello, se comprometieron a estudiar el proyecto legislativo y valorar una posible toma en consideración para elevarlo a tramitación parlamentaria en un futuro.

La Comisión Intercolegial, a través del Colegio de la Comunidad de Madrid, ya ha mantenido reuniones con otros grupos parlamentarios como ERC, Ciudadanos y Vox.

La vicepresidenta de esta Comisión, y decana del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, Carmen Balfagón, ha solicitado reuniones con el resto de los grupos representados en la Cámara Baja y espera y confía, en nombre de todos los actuales criminólogos/as y futuros, que nuestro poder legislativo, haga realidad una Ley que ya es realidad  en otros países europeos, como ocurrió en septiembre del año 2019, en donde Portugal se dotó de una Ley en donde se regula el ejercicio de la profesión de Criminólogo.

“España debe ser ejemplo de modernidad y debe acabar de una vez por todas con la infravaloración del Criminólogo y su ausencia en las instituciones públicas. Una Ley que regule nuestra profesión nos permitirá acabar con la injerencia profesional a la que se viene enfrentando nuestro colectivo. No se puede seguir coartando el principio de igualdad de oportunidades reconocido por nuestra Constitución”, ha señalado Balfagón.

pp psoe criminologos criminologia

PROYECTO DE LEY

En 2003 un Real Decreto estableció el Título de Licenciado en Criminología y en 2010, a consecuencia del Plan Bolonia, el Título de Graduado. Sin embargo, la profesión no goza de la correspondiente regulación donde se señalen, entre otros aspectos, el título universitario que habilita para su ejercicio y la normativa vigente al respecto.

La profesión de Criminólogo/a desarrolla los aspectos preventivos de la conducta delictiva, de la conducta antisocial, de la Victimología y de los problemas de convivencia a través del análisis en profundidad de los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia, incluidas las del ámbito escolar. Se realiza tanto con el análisis de casos concreta y de zonas, poblaciones, comunidades o instituciones.

Esta labor preventiva se desarrolla en todos los ámbitos del control social formal: operadores policiales, jurídicos, penitenciarios y de justicia de menores. También en el control social informal, como pueden ser entidades locales, comunidades, centros educativos o empresas. En todos ellos la Criminología aporta y enrique sus conocimientos y soluciones prácticas, puesto que es la ciencia que se encarga de todo ello.

Una vez fijados en detalle todos estos ámbitos, el Proyecto de Ley determina que el ejercicio de las funciones de criminólogo con carácter profesional corresponde a las personas que ostenten el título universitario de Licenciado/Graduado en Criminología. Esta exigencia debe ser vinculante para los sectores públicos, privados, sociales y cualquier otro que realicen la contratación de un criminólogo, intentando con ello erradicar la injerencia profesional en este colectivo. Todos sus actividades, tanto en territorio nacional como autonómico, bien por cuenta ajena o propia, deben estar recogidos en él.

Tras exponer las funciones concretas de los criminólogos, la iniciativa parlamentaria pretende regular que podrán ejercer su actividad en investigación científica y la docencia, en el ámbito de su formación y/o especialización; en el apoyo, como asesores, a las autoridades judiciales en la fase de Instrucción cuando dichas autoridades judiciales lo soliciten; en calidad de peritos en la fase de juicio oral; o en los equipos técnicos de Instituciones Penitenciarias, para contribuir a la constitucional labor de reinserción.

Igualmente, en las Oficinas de Atención a Víctimas como profesionales especialistas en Victimología; en los equipos de mediación; en calidad de agentes de libertad vigilada; en los equipos técnicos adscritos a los Juzgados de Menores con ejecución de medidas judiciales para que, junto con el resto de profesionales implicados; en las plantillas de los Centros de Ejecución de medidas judiciales; en los ámbitos empresariales de seguridad y ciberdelincuencia; o colaborando con los profesionales responsables de la educación, en la prevención y/o erradicación de conductas violentas en las aulas; en las oficinas de delitos de odio; y en las FCSE como asesores externos para la investigación criminal.

El Proyecto de Ley –cuyos detalles se pueden analizar en el Área Privada del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid– contempla las distintas modalidades del ejercicio de nuestra profesión, tanto en el ámbito privado como público.

Los criminólogos podrán entrar en las cárceles a petición de un recluso

MADRID, a 10 de mayo de 2022

La decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Carmen Balfagón, se ha reunido este lunes con Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias (IIPP), y con Eugenio Arribas, subdirector general de Recursos Humanos, para abordar la posibilidad de incorporar en el futuro a criminólogos y criminólogas a los centros penitenciarios.

La decana ha estado acompañada durante este fructífero y agradable encuentro por el vicedecano, Abel González; la vocal encargada de la Coordinadora Jurídica y Protección de Datos del Colegio, Lorena Pérez; y por Pascasio Hinojosa, vocal de apoyo en relaciones con organizaciones sindicales y policiales.

Los miembros del CPCM han charlado de la situación de los criminólogos en España, de los proyectos de cambio legislativo propulsados por la Comisión Intercolegial y de su deseo de volver a trabajar en las Instituciones Penitenciarias; una demanda que se tramitaría a través de la Ley de Regulación de la profesión, cuyo primer proyecto se presentó hace unos meses a varios grupos parlamentarios. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, por su parte, se ha mostrado dispuesta a valorar este planteamiento.

Por otro lado, se ha acordado que los criminólogos y criminólogas puedan entrar próximamente a las prisiones españolas a petición del recluso en sus visitas regladas, como ocurre actualmente con abogados, psicólogos, psiquiatras, etc. También se ha establecido la posibilidad de abrir cauces de colaboración para que nuestros profesionales puedan participar en estudios y programas relacionados con nuestra disciplina promovidos por IIPP.

“Por todo ello, agradecemos al secretario general la buenaventura, disposición y sintonía que hemos encontrado en este organismo, con la idea de profundizar en este y otros asuntos en el futuro. Y para que los profesionales criminólogos trabajen en los lugares donde se merecen y para los que se han formado”, ha concluido la decana del CPCM.

 

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El Colegio de la Criminología de Madrid pide a la Comunidad que abandere el reconocimiento profesional de los criminólogos en España

Abriendo la oferta de empleo público regional a nuestros profesionales

El ARRMI, los Oficinas Judiciales de Atención al Ciudadano, las de Atención a Víctimas, los equipos técnicos adscritos a la Fiscalía de Menores necesitan criminólogos/as     

Madrid, a 1 de mayo de 2022

El Colegio Profesional de la Criminología de Madrid (CPCM) celebra este 2 de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid, solicitando al Ejecutivo autonómico que convierta a la región en avanzadilla en España del reconocimiento profesional de los criminólogos y criminólogas, abriendo la Oferta de Empleo Público (OEP) regional a los profesionales criminólogos en multitud de organismos en los que son necesarios.

Cada año se gradúan solo en la Comunidad de Madrid cientos de estudiantes de Criminología, tanto en universidades públicas (financiadas en gran parte con los impuestos de todos los ciudadanos) como en privadas; y tristemente la mayoría no puede ejercer su profesión por la escasez de empleo, a pesar de tratarse de personas muy cualificadas, a los que se les ha exigido una nota elevada para poder acceder a estos estudios.

Por ello, consideramos que las administraciones públicas, entre ellas especialmente el Gobierno regional y la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, dirigida por Enrique López, deben ser aliados y servir de punta de lanza para acabar con esta situación, dando ejemplo de una real y efectiva inserción laboral de los criminólogos en todos los campos públicos en los que son necesarios e imprescindibles como ejemplo de una sociedad moderna.

Entre estos campos, desde el Colegio destacamos la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), cuya función es ejecutar las medidas adoptadas por los órganos judiciales en aplicación de la legislación sobre responsabilidad penal de los menores, a través de los centros de internamientos y programas en medio abierto de reparaciones extrajudiciales, sociolaborales y socioeducativas, entre otros. Una de las facultades de los criminólogos y criminólogas es la articulación de planes de prevención y reinserción de delincuentes, especialmente en menores.

El CPCM cree también imprescindible la inclusión de profesionales en las Oficinas Judiciales de Atención al Ciudadano, en las Oficinas de Atención a Víctimas del Delito y en los servicios de asistencia y atención integral a las víctimas de violencia de género (Servicio de Orientación Jurídica, 012 y puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género) y en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Las víctimas necesitan ayuda integral específica y los criminólogos, como victimólogos, disponen de formación y recursos específicos para ello.

En el ámbito de Seguridad, las criminólogas y criminólogos tienen también mucho que aportar dentro de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid, que cuenta con competencias en coordinación de policías locales, prevención de incendios, espectáculos públicos, atención a víctimas del terrorismo y en el Organismo autónomo Madrid 112, donde estamos trabajando para estar presentes de igual manera que otros colectivos profesionales

Por otro lado, ya denunciamos en su momento la exclusión de criminólogos/as en el nuevo Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad de Madrid. Por eso, solicitamos a Enrique López que reconsidere esta situación de discriminación y sume a estos profesionales al considerable trabajo del nuevo Instituto.

Como conocen nuestras autoridades autonómicas, la funciones regladas de los criminólogos, entre muchas otros, son la de asesorar en la elaboración e interpretación de los informes forenses y en redacción de informes propios complementarios para suministrar al juez los elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles y el tipo de respuesta aplicable a cada caso. Y es que otra de las áreas fundamentales de nuestra formación es la Medicina Legal.

MÁS CRIMINÓLOGOS PARA LOGRAR SER MÁS LIBRES

Estos son algunos ejemplos de la importante labor que pueden desempeñar los criminólogos en las instituciones y organismos públicos de la Comunidad de Madrid, pero hay muchos más. La Criminología es una ciencia multidisciplinar y, por tanto, nuestras funciones son transversales en muchas áreas de la Administración; y no sólo como empleados públicos, sino también en otras muchas situaciones que se dan en una sociedad cambiante como la nuestra.

“Estamos convencidos de que nuestra labor será útil para que los ciudadanos tengan más libertades, puesto que si hay más criminólogos y criminólogas se conseguirá reducir la criminalidad y rencauzar la delincuencia, siempre en colaboración con el resto de profesionales también necesarios en este objetivo. La sociedad madrileña no puede seguir dándonos la espalda y prueba de ello, es que no hemos sido invitados como Colegio a los actos de la fiesta que hoy celebramos todos los madrileños” ha señalado la decana de la institución, Carmen Balfagón.

Desde el Colegio entendemos que nuestro reconocimiento laboral en la Administración autonómica es cuestión de voluntad y valentía política. “Las sociedades modernas de toda Europa reclaman mayor esfuerzo a los Gobiernos en planes de prevención del delito, en la correcta y eficaz reinserción de los menores infractores y de los delincuentes en general así como, en unos servicios jurídicos ágiles y especializados, y en una ayuda a las víctimas que cuente con profesionales cualificados”, ha añadido Balfagón.

Creemos que la Comunidad de Madrid, como región española como motor de España, está en condiciones de afrontar estos retos del futuro y reservar a los criminólogos y criminólogas el espacio que les reserva la ciencia. Por ello, pedimos a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que sea la líder autonómica que afronte la solución que actualmente tienen los criminólogos y criminólogas en la Comunidad de Madrid y al consejero López que mantenga nuevas reuniones con el Colegio Profesional de la Criminología de Madrid para dar respuesta práctica a nuestras demandas que son, en definitiva, las que la sociedad madrileña reclama.

El Colegio de Criminología de Madrid y Movimiento contra la Intolerancia firman un acuerdo de colaboración para avanzar en la defensa de los DDHH

c1 El Colegio de Criminología de Madrid y Movimiento contra la Intolerancia firman un acuerdo de colaboración para avanzar en la defensa de los DDHH

Se comprometer a trabajar conjuntamente en formación e investigación para atajar la lacra del racismo, la xenofobia y la discriminación en la sociedad madrileña

      Madrid, a 31 de enero de 2022

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) y Movimiento contra la Intolerancia han firmado hoy lunes un Acuerdo de colaboración activa entre ambas entidades, cuyos fines coinciden plenamente en avanzar en la defensa de los Derechos Humanos y, por ende, en la erradicación de la intolerancia en la sociedad madrileña y española.

El acuerdo ha sido materializado esta mañana por la decana del Colegio y propulsora de este importante entendimiento, Carmen Balfagón, y por el histórico presidente de Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra. Ambos, junto a la vocal de Relaciones con Universidades del CPCM, Susana Laguna, han compartido información y experiencias, además de muchos proyectos e iniciativas de futuro conjuntas.

Con el Acuerdo, el Colegio de la Criminología madrileña pone a disposición de Movimiento Contra la Intolerancia el conocimiento y experiencia de la que disponen el conjunto de colegiados, colegiadas y profesionales de ambas entidades para la realización de iniciativas formativas conjuntas, intercambio de información, puesta en marcha de estudios y proyectos de investigación en el ámbito de la intolerancia criminal y asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por las dos instituciones.

Las colaboraciones donde se reflejen las actividades concretas a realizar se reflejarán mediante un Acta de la Comisión de Seguimiento. El Acuerdo Marco, de un año de duración que podrá renovarse por periodos similares.

REFERENCIA EN EUROPA EN LA LUCHA CONTRA LA INTOLERANCIA

Movimiento contra la Intolerancia acaba de cumplir 30 años. Nació a finales de 1991 ante el surgimiento de una fuerte ola de racismo y xenofobia en Europa, que también se manifestó en España con el asesinato en 1992 de Lucrecia Pérez, el primer crimen racista reconocido en nuestro país; además de otros ataques y palizas a minorías étnicas y jóvenes.

Dirigida desde el primer momento por Esteban Ibarra, pionero en la movilización solidaria y pacifista frente a las manifestaciones de intolerancia en España, ha recibido el reconocimiento durante todos estos años por parte de numerosas instituciones. Su trabajo esencial ha sido dirigir la Oficina de Solidaridad con las Víctimas de Odio, el Informe Raxen y los programas de educación en valores de Tolerancia y Derechos Humanos que promueve la asociación.

Las actividades de esta ONG van dirigidas a promover una amplia acción a favor de los Derechos Humanos, la solidaridad, la tolerancia, la interculturalidad y la convivencia democrática frente al desarrollo de aptitudes de intolerancia, violencia, terrorismo, racismo, xenofobia, totalitarismo o cualquier forma de discriminación social. Así como a estimular la participación de la ciudadanía, de todos los sectores sociales, especialmente de jóvenes y menores, en la cultura de la solidaridad con los grupos sociales desfavorecidos, mujeres, ancianos, infancia, minorías étnicas, culturales o sexuales, inmigrantes y refugiados, marginados, con el medio ambiente, el desarrollo humano y las generaciones futuras.

Por su parte, el Colegio de la Criminología de la Comunidad de Madrid, cuya primera Junta de Gobierno se constituyó hace hoy cuatro años, tiene entre otros muchos principios y deberes promover una concepción de la comunidad científica criminológica al servicio de la paz y el progreso social que impulse un concepto activo de esta disciplina como instrumento solidario y democrático de acción y realización de los Derechos Humanos en toda su plenitud; así como cualquier otro fin que impulse la Criminología como instrumento útil de análisis y solución de problemas sociales, como los que en esta ocasión nos ocupan.

 

Acuerdo CPCM y Movimiento Intolerancia 2 El Colegio de Criminología de Madrid y Movimiento contra la Intolerancia firman un acuerdo de colaboración para avanzar en la defensa de los DDHH

El Colegio Profesional de la Criminología de Madrid pide a Marlaska que no dé la espalda a los criminólogos y criminólogas para su Plan contra los Delitos de Odio

     Madrid, a 20 de abril de 2022

La decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Carmen Balfagón, ha solicitado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “no dé la espalda” y cuente con los criminólogos y criminólogas del país para poner en marcha su II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio.

Según Marlaska, se trata de un paquete de 86 medidas que intenta “prevenir, detectar, investigar y atajar esta tipología delictiva” en auge, para lo que Ministerio del Interior tiene previsto destinar el 1,07 millones de euros. Tal y como anunció ayer Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el plan pretende “frenar la tendencia al alza de estos delitos y reducir la infradenuncia”.

Balfagón ha mostrado su disposición a colaborar con el Ministerio para que, tanto este plan, como otros, puedan contar con las aportaciones criminológicas imprescindibles en este tipo de actuaciones. Y lamenta que se olvide que en el momento actual, en nuestro país, hay 38 universidades impartiendo el Grado en Criminología, aportando a la sociedad cada cuatro años 12.000 nuevos profesionales criminólogos y criminólogas.

La decana de los criminólogos madrileños quiere recordar al ministro que una de las áreas de estudio y práctica de la Criminología es la prevención del crimen y el delito, es decir, la elaboración de protocolos y planes para favorecer la seguridad y evitar la comisión de infracciones penales. En varias regiones de Europa, la aportación del criminólogo como profesional científico ha sido de ayuda fundamental para reducir los niveles de delincuencia y aumentar la seguridad subjetiva de sus habitantes, demostrando con ello que estas regiones son modernas y eficaces ante la lucha contra el delito.

El CPCM considera necesario este Plan de Acción contra los Delitos de Odio y felicita al Ministerio por su puesta en marcha pero insiste que para que tenga éxito necesita contar con los profesionales de la Criminología, recordando que el pasado 31 de enero este Colegio firmó un acuerdo de colaboración activa con el Movimiento contra la Intolerancia para luchar juntos por la defensa de los Derechos Humanos, la erradicación de la intolerancia y los delitos de odio. Son muchos los profesionales graduados en Criminología que cuentan con formación específica en victimología de delitos violentos y de odio y que llevan trabajando desde hace años en esta problemática.

Por otro lado, la decana solicita a Marlaska su firme decisión para lograr que España sea un país moderno donde el papel activo de los criminólogos no este vetado en instituciones dependientes del Ministerio que dirige, como puede ser Instituciones Penitenciarias, como una reivindicación histórica de nuestro colectivo profesional que todavía no ha sido atendida.

“Por todo lo anterior, pedimos al ministro Grande-Marlaska que abra su Ministerio a la ciencia, investigación y experiencia que pueden aportar los criminólogos, algo innegable a un Estado democrático, moderno, y europeo del siglo XXI. No puede darnos la espalda a todos los profesionales de la Criminología que, desde el 2003, han salido de las universidades españolas”, ha resumido Carmen Balfagón en nombre de todos los Colegios Profesionales de la Criminología de España.

El Colegio firma convenios con Behavior & Law y la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos

Con importantes ventajas para nuestros colegiados y colegiadas

Madrid, a 11 de abril de 2022

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha firmado sendos convenios con Behavior & Law y con la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos (AEDEG), que supondrán importantes ventajas para nuestros colegiados y colegiadas.

En el acuerdo con B&L, ambas partes acuerdan organizar de forma conjunta de actividades formativas y congresos, realizar estudios y proyectos de investigación en áreas de interés compartido, asesoramiento e intercambio de información y documentación y, especialmente, promover acciones conjuntas para potenciar la inserción y el desarrollo laboral del profesional de la Criminología.

Además, Behavior & Law pondrá a disposición de los colegiados su ‘Club de Lenguaje No Verbal’ y su blog ‘Questioned Document Cases’, al que se podrá acceder a través del Área Privada del Colegio. Asimismo, se comprometen a realizar un descuento de un 10% en aquellos cursos y jornadas que se organicen por ambas entidades, tanto para las personas que formen parte de la entidad como a nuestros colegiados y precolegiados.

B&L también lanzará unas Becas especiales de determinadas cantidades económicas, según postgrado, que reduciría el costo de la matrícula, para los colegiados/a que quieran realizar alguna de las formaciones que ofrece, como Perfilación de personalidad y negociación, Análisis de conducta en la gestión del fraude o Pericia caligráfica y documentoscopia.

ASOCIACIÓN EUROPEA DE EXPERTOS EN DOCUMENTOSCOPIA

El CPCM también ha firmado recientemente un convenio con la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos (AEDEG) en la que ambas partes se comprometen a la organización conjunta de cursos, congresos, seminarios, etc., sobre temas de interés mutuo; la realización de estudios y proyectos de investigación en áreas comunes; asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por ambas entidades; intercambio de información y documentación; y promover acciones conjuntas para potenciar la inserción y el desarrollo laboral de los criminólogos y criminólogas.

Igualmente, ambas partes se comprometen a realizar un descuento de un 10% en aquellos cursos y jornadas que se organicen por ambas entidades, tanto para las personas que formen parte de la entidad como a nuestros colegiados y precolegiados.

Como en todos los convenios, una comisión mixta de seguimiento velará por su cumplimiento. Ambos documentos, firmados en pro de los beneficios y colaboraciones de los colegiados/as, podrán conocerse en detalle en el Área Privada de nuestra web www.colegiocriminologosmadrid.es.

Decálogo de funciones del criminólogo en prevención de delitos violentos y tratamiento victimal

Elaborado por el grupo de trabajo del Grupo de Victimología de Delitos Violentos

 

Decálogo de funciones del criminólogo en prevención de delitos violentos y tratamiento victimal

 

Madrid, a 23 de septiembre de 2019.

 

El grupo de trabajo de Victimología de Delitos Volentos del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) sigue avanzando. Tras el estudio de la situación de la atención y apoyo a víctimas del delito, ha realizado el siguiente decálogo de funciones del criminólog@, orientado a la prevención de la comisión de delitos violentos, así como al tratamiento victimal de las personas que los sufren:

 

  1. Identificar los fenómenos criminógenos de los delitos violentos. Nos referimos a estudiar las causas que los producen y sus consecuencias en relación a la victimización, la seguridad y la alarma social como reacción al delito.
  2. Detección de factores de vulnerabilidad victimal, que nos sirvan de indicadores de protección ciudadana.
  3. Estudio de los diferentes factores de riesgo que impulsan a la comisión del delito, y que nos sirvan como catálogo de referencia para realizar una detección temprana y de esta manera preventiva a la comisión del delito.
  4. Dar una relevancia especial a la formación en prevención victimal y delincuencial en el ámbito educativo. Equipos directivos, profesorado y alumnado, deben ser conocedores de los factores de vulnerabilidad ambientales, personales y sociales que exponen a una persona a ser víctima de un delito violento o cometerlo.
  5. Informar a la ciudadanía de las conductas que pueden suponer un riesgo para su seguridad y por ello convertirse en víctimas directas o indirectas de las diferentes tipologías de delitos violentos.
  6. Formar para prevenir. Informar y dotar de contenido teórico a los actores sociales que están llevando a cabo la intervención con víctimas de Delitos a través de los servicios de atención victimal que dependen de las instituciones públicas y/o privadas. Es necesario una formación continua, también dirigida a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
  7. Agente asesor en tribunales y juzgados. Valoración del riesgo de reincidencia victimal y delincuencial. Es necesario realizar un perfil de la víctima y del agresor, así como, dibujar un mapa de la dinámica relacional de ambos anterior y posterior al delito. Esto formará parte de un informe victimológico y/o de impacto victimal que servirá de apoyo a la instrucción y valoración judicial del caso y del suceso.
  8. Diseño y redacción de medidas de prevención y protección para la víctima y el delincuente en base a los estudios de los casos tratados.
  9. Análisis de carencias del modelo actual de tratamiento a víctimas de delitos violentos y propuestas de mejora criminológicas.
  10. Profesionales que unen disciplinas. Fomentar la interrelación con todas las personas que trabajen en los casos de Delitos Violentos, propiciando que la comunicación sea fluida y centrada en la resolución de la causa. En relación al delito, la víctima y la violencia, ser una referencia teórica para l@s compañer@s que se encuentran trabajando en este ámbito. Aportando una visión novedosa que les ayude a la resolución de los casos.

 

Forman parte del grupo de trabajo de Victimología en Delitos Violentos del CPCM :

Alicia Muñoz García. Criminóloga y especialista en perfiles forenses de peligrosidad criminal y en comportamiento no verbal y detección de la mentira.
Adrián Carmona Caballero. Criminólogo y perito judicial experto en toxicología forense y ciberdelincuencia y conducta criminal en la web.
Mª Carmen Bernal Pérez. Trabajadora social y criminóloga. Docente en el Grado de Trabajo Social y Doble Grado de la Universidad Pontificia de Comillas.
Raquel Rodríguez Benito. Criminóloga y Periodista. Investigación en tratamiento con condenados en violencia de género para su tratamiento y reinserción.

Informe de Impacto Victimal

Un delito violento es, como ya hemos descrito en uno de los artículos anteriores, un acontecimiento traumático en cuanto que supone una amenaza para la vida o la integridad física, y que como consecuencia de ello, surge una respuesta de miedo. Dicho acontecimiento no forma parte de las experiencias habituales y cotidianas de un sujeto, por lo que la sintomatología resultante devendrá producida por el daño psicológico y social producido.

De este modo, cuando un sujeto deviene víctima de un delito violento (entiéndase como delito violento alguno/s de los ya mencionados anteriormente), se produce un evidente quiebre entre el antes y el después en la realidad biopsicosocial del sujeto, todo ello marcado por un durante que, si bien puede resultar beneficioso para contrarrestar el impacto que el suceso ha generado, en ocasiones siguiendo una mala praxis se puede llegar a agravar la situación de la víctima.

Por este motivo, vamos a proceder a destacar las consecuencias y el impacto que, como corolario, pueden aparecer tras la sucesión de un delito violento en la vida de un sujeto. Para ello, vamos a proceder a dividir el suceso violento y los acontecimientos posteriores en tres fases claramente diferenciadas, dos de ellas marcadas por un evidente impacto generado a partir del delito sufrido.

En primer lugar, destacamos la fase previa a la producción de un delito violento por parte de la víctima. En esta fase, observamos numerosos ámbitos personales, sociales, económicos, médicos, emocionales… que poseen una “normalidad” encuadrada en la vida cotidiana del sujeto. No obstante, cuando se produce un suceso traumático en la vida de un individuo (en este caso, un delito violento), dicha normalidad se fragmenta y surge todo un conglomerado de secuelas que pueden llegar a gozar de extrema gravedad, tanto a corto como a largo plazo.

De este modo, observamos cómo en un proceso violento y traumático intervienen numerosos factores de tipo individual, interpersonal, contextual y social, que propician la victimización primaria, un proceso por el cual la víctima experimenta una pérdida de seguridad y control, a la vez que un fuerte sentimiento de humillación, vergüenza y sensación de injusticia. Asimismo, la víctima puede experimentar de forma involuntaria recuerdos recurrentes sobre el delito mediante pesadillas, flashbacks, etc. Del mismo modo, pueden llegar a experimentar conductas de evitación (de lugares, actividades, personas, rutinas…), sentimientos de culpa, ira y/o venganza, todas ellas enmarcadas en un claro cuadro de estrés postraumático.

Por otro lado, el impacto victimal puede acarrear diferentes tipos de daños, dependiendo de cada sujeto y tipo de victimización, conllevando secuelas, consecuencias o síntomas a corto, medio y largo plazo. En este caso, los daños pueden distinguirse en varios grupos: daños físicos, psicológicos, materiales, patrimoniales y sociales; y éstos, a su vez, vendrán causados en función de diversos factores:

  1. a) Según la vinculación con la persona afectada: victimización directa (víctima), victimización indirecta (familiares).
  2. b) En función del número de personas afectadas: victimización individual, colectiva, difusa o en masa.
  3. Según la concentración victimal de la persona afectada (número de victimizaciones sufridas por la misma persona): victimización ocasional, múltiple, reiterada (revictimización) y crónica (prolongada).
  4. d) En función de que el suceso llegue al conocimiento de las autoridades policiales y judiciales: victimización registrada y oculta.

Asimismo, la caracterización de los daños y las secuelas de las víctimas devendrán marcados por diversas causas, como pueden ser: factores de protección individuales, institucionales o sociales, capacidad de resiliencia del sujeto, procesos de afrontamiento del suceso, mayor o menor gravedad del delito sufrido, etc.

En cuanto a las diversas consecuencias e impacto que experimenta un sujeto tras devenir víctima de un delito violento, podemos advertir los siguientes:

❖ Impacto físico directo e indirecto del suceso. Tras la consecución de un delito de carácter violento son múltiples las secuelas físicas directas que pueden resultar, todas ellas dependiendo de las características del suceso traumático y de su perpetración. En cuanto a las indirectas, deviene de urgencia hablar de aquellos daños que se producen como consecuencia del daño psicológico sufrido, y los cuales no pueden pasar desapercibidos y no deberían atribuirse a otra etiología (por ejemplo, infecciones, las enfermedades de corazón, las úlceras de estómago…)

❖ Impacto psicológico. Son múltiples las secuelas psicológicas que a corto, medio y largo plazo se pueden instalar en la vida de la víctima: sentimientos de vergüenza, humillación y culpa, ansiedad, depresión, evocación recurrente del suceso traumático, pérdida de la autoestima e indefensión, alteraciones del sueño y de la alimentación, pérdida de interés y concentración por las actividades anteriormente gratificantes, cambio del sistema de valores (justicia, confianza en los demás, etc.), hostilidad y agresividad, alcoholismo y drogadicción como mecanismo de evasión, modificación de relaciones personales (dependencia emocional o aislamiento social), cambio drástico del estilo de vida (cambio de rutinas), disfunción sexual, aumento de la vulnerabilidad, ideaciones suicidas…

❖ Impacto emocional. Surge cuando el daño psíquico ya se ha estabilizado, evolucionando en una incapacidad permanente que no remite a largo plazo ni con el tratamiento adecuado: cambios profundos en la personalidad, trastorno por estrés postraumático, estrés agudo, trastornos adaptativos…

❖ Impacto social y/o familiar. Tras un delito violento, la red social de la víctima puede verse enormemente mermada o modificada: vulnerabilidad social, estigmatización social, aislamiento social, dificultad para la interacción social normalizada, introversión, dificultad para confiar en los demás, déficits en habilidades sociales, retraimiento, disfunción y ruptura del vínculo familiar…

❖ Impacto de ubicación. En muchas ocasiones, las víctimas de delitos violentos cambian drásticamente su anterior estilo de vida, evitando actividades rutinarias, personas, lugares e, incluso, realizando cambios de vivienda.

❖ Impacto económico directo e indirecto. Por un lado, debemos destacar los daños económicos directos de una agresión violenta, como pueden ser aquellos que devienen causados por la pérdida o la merma de los recursos económicos de la víctima (por ejemplo: robos con fuerza o violencia, extorsión, estragos, incendios…). Por otro lado, existen muchas circunstancias que generan en la víctima de forma indirecta un daño económico notable: merma económica como consecuencia de ciertos delitos, donde la víctima no posee libre acceso a bienes económicos (por ejemplo, en delitos de violencia de género con dependencia y/o violencia económica) y costes económicos que resultan, en muchas ocasiones, destinados al afrontamiento del suceso (psiquiatra, psicólogo, atención médica…).

❖ Impacto laboral. En este sentido, la víctima puede sufrir severos daños a nivel laboral y formativo, causados estos por diversos factores: faltas constantes, pérdida de la concentración y la motivación, merma de las habilidades sociales, incapacidad psicológica y emocional para retomar una vida laboral normalizada, estigmatización incluso incapacidades permanentes para el desarrollo de su trabajo habitual convirtiendo a al apersona vulnerable de exclusión social.

❖ Impacto escolar. Surge como consecuencia de los daños psicológicos, físicos, emocionales y sociales derivados de la agresión: pérdida de concentración, motivación e interés, ausencias constantes, lesiones invalidantes o incapacitantes, estigmatización, aislamiento, absentismo escolar, cambio de estilo de vida, cambio de ubicación, trastornos emocionales, problemas de sueño, depresión y ansiedad…

 

Del mismo modo, el proceso penal, junto con todas las fases que le corresponden (fase de instrucción, fase intermedia, juicio oral…), puede devenir uno de los momentos donde la víctima se sienta más desprotegida. En este caso, los factores que afectan y contribuyen a ello serían los siguientes:

❖ En muchas ocasiones se activan mecanismos de inculpación (ver a la víctima culpable, podría servir para neutralizar una probable amenaza para otras personas). Su condición o formas de actuar puede hacer que sea más fácil mancillarla y sentenciarla.

❖ La víctima es utilizada con fines activistas y políticos.

❖ Cuanto más responsable se considere a la víctima menos responsable se considerará al agresor, y menor será la pena impuesta.

❖ El destino de la misma en el proceso es incierto, ya que existe una serie de derechos que van centrados en el autor de los hechos y que pueden dejar a la víctima en un segundo plano. Por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, derecho a un abogado de oficio, las atenuantes, etc. En la mayoría de ocasiones, la finalidad o intereses del proceso penal no coinciden con el de las víctimas, apreciándose una gran insensibilización. Existe una mayor frustración si no se consigue una condena.

❖ El número de veces que se haya tomado declaración, destacando el delito de agresión sexual a menores, donde en ocasiones la única prueba para presentar a juicio oral sea la declaración del menor.

❖ Falta de conocimientos y formación, por parte del funcionariado y autoridades para la atención de las víctimas de delitos violentos, de sus derechos y necesidades.

❖ La duración del proceso, las dilaciones indebidas que juegan como un atenuante para el reo, y que prolongan la incertidumbre y sufrimiento de la víctima.

❖ La falta de información durante el proceso, sobre la sentencia o acerca del destino del victimario y su posterior salida del centro penitenciario.

❖ La tipificación de los delitos, por ejemplo, los diferentes tipos de delitos sexuales y las delgadas líneas que separan unos tipos de otros.

❖ Falta de intimidad y protección.

❖ La posibilidad de retracción o desistimiento en los delitos de violencia de género o que, sobre todo, influyen al funcionariado en aumentar su frustración y esto conlleva una revictimización.

❖ El tratamiento a la víctima desde las redes sociales que pueden culpabilizarla, hacer comentarios negativos e insensibles hacia ella. Todos estos factores influyen negativamente en la víctima, la cual desde un primer momento se encuentra sumergida en situación sumamente estresante. Estos pueden conllevar efectos psicológicos, económicos y sociales. Asimismo, la víctima puede llegar a sufrir diferentes trastornos, como pueden ser reacciones de estrés agudo, trastornos de pánico, fobias, ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos afectivos, trastornos por uso de sustancias, e incluso, un trastorno de estrés postraumático, daño social, todo ello incentivado y potenciado por el olvido o falta de acompañamiento social que sufre tras el proceso penal y que puede llevarla incluso al conductas autodestructivas.

 

Por este mismo motivo, la intervención a la víctima debe llevarse a cabo extremando sus necesidades de protección, información, compensación y tratamiento; tal y como estableció el Consejo Europeo en el año 1985.

Una vez analizados y expuestos los diversos daños que a corto, medio y largo plazo sufre una víctima de un delito violento debemos advertir diversas realidades y necesidades:

❖ Por un lado, observamos que todas y cada una de las secuelas derivadas de un acto delictivo violento, tanto de forma individual como colectiva, forman como corolario el quiebre de una vida normalizada. Esta ruptura genera en la víctima una situación de indefensión en múltiples ámbitos de su vida, lo cual se traduce en malestar profundo y, en ocasiones, prolongado.

❖ Estas secuelas, pueden convertirse en un intenso factor de riesgo de revictimización en algunos delitos violentos, como puede ser el caso de la violencia de género. En estos casos, si la víctima no recibe un tratamiento psicosocial adecuado, deviene sumamente probable que en su futuro vuelva a ser víctima de delitos de malos tratos. Lo mismo ocurre con los/as hijos/as de las víctimas, quienes mediante un aprendizaje vicario y por imitación, y tras asumir durante mucho tiempo un rol de victimización y de indefensión, reproducen en su futuro las mismas conductas que les harán ser víctimas de nuevo. Esta realidad la observamos en muchas víctimas de violencia de género, las cuales fueron ya víctimas en su infancia en delitos de violencia familiar, abusos, agresiones, etc.

❖ Del mismo modo, el ser víctima durante un período prolongado de tiempo y desde una temprana edad, puede conllevar que se afiancen en el comportamiento y en la mente del sujeto nuevos patrones de conducta violentos. Esto ocurre, en múltiples ocasiones, cuando un menor es víctima directa de delitos de abusos sexuales, violaciones y violencia familiar; o, indirecta, como en casos de violencia de género. Al igual que, como ya hemos mencionado anteriormente, una víctima menor puede sufrir nuevas revictimizaciones en su futuro, también puede convertirse en agresor/a. Esto es fácilmente observable en agresores de violencia de género y agresores sexuales, los cuales en su infancia fueron víctimas de violencia familiar o abusos.

❖ Finalmente, surge la necesidad de hablar sobre las instituciones policiales y judiciales y el paso de la víctima por ellas. En muchas ocasiones, después de haber sufrido un delito violento y traumático, las víctimas deben rememorar los sucesos en las dependencias policiales, en las declaraciones, en los juicios… y, junto con los sucesos, la víctima vuelve a sentir el inmenso malestar que dicha situación supuso y supone para ella: hablamos de la victimización secundaria como forma de violencia institucional. Así, increpando a la víctima, empleando términos inadecuados, presionándola en las declaraciones, dudando de su testimonio e incluso culpándola, las instituciones generan en ella una nueva situación de víctima que, lejos de ser positiva para ella, dificulta e impide su sanación. Por este motivo, deviene necesario el aporte de los conocimientos criminológicos en pro de evitar este tipo de situaciones que, desgraciadamente, se dan en muchas ocasiones.

 

En cuanto a la Criminología y sus aportes, debemos destacar el papel del criminólogo/a y sus conocimientos sobre el delito, el delincuente, la víctima, la violencia y los procesos institucionales relacionados con el suceso delictivo y sus consecuencias. Por ello, mediante el análisis y la comprensión de la relación entre víctima y agresor, el estudio exhaustivo la víctima y su estilo de vida (con el fin de relacionarla con un tipo ideal de agresor), la aplicación y el estudio de las premisas del principio de transferencia de Locard, así como la atención a los posibles testigos existentes en una agresión, se podría contribuir a una mejora en las investigaciones policiales y judiciales.

Asimismo, deviene especialmente de utilidad la reconstrucción de las últimas 24 horas antes de la consecución del delito, el estudio de los posibles criterios de selección, el nivel de riesgo asumido por el agresor y el nivel de riesgo y la exposición de la víctima con respecto al delito.

Por último, es importante conocer y comprender el inmenso impacto de los medios de comunicación en las personas víctimas de delitos violentos de carácter mediático. En este tipo de sucesos, no es ajeno al entendimiento que el impacto de lo sucedido, la crueldad con la que se comete la agresión y el trato que recibe el delito por los mass media, conlleve un sensacionalismo que desborda, en muchas ocasiones, el proceder y la buena praxis de los procesos judiciales.

Con este sensacionalismo y, junto al discurso populista de muchos partidos políticos, los efectos adversos en las víctimas y en la sociedad pueden ser nefastos, tanto a corto como a largo plazo. Por un lado, que múltiples medios de comunicación repitan el suceso traumático durante largos periodos de tiempo y que, incluso, se den detalles morbosos de éste, impide a la víctima y a su familia el poder avanzar y superar el delito. A largo plazo, este tratamiento sensacionalista y populista del delito genera numerosas consecuencias, como puede ser la aclamación por condenas más largas, más delitos condenados con prisión (panpenalización) y una mayor tipificación de conductas como delitos; medidas que, si bien no ayudan a las víctimas, tampoco favorecen a una reducción efectiva de la delincuencia.

De igual forma, conociendo a fondo el impacto victimal y los costes que este supone, resulta necesario optar por otras vías de actuación mucho más fructíferas a largo plazo: la prevención. Con determinadas medidas tendentes a reducir la victimización y la delincuencia, se conseguirá a largo plazo disminuir, tanto ambos fenómenos, como el profundo malestar que los delitos violentos causan a víctimas directas e indirectas, así como las numerosas secuelas y consecuencias, y la delincuencia aprendida por las propias víctimas (asunción de roles, aprendizaje por imitación…). En este caso, existen numerosas vías de prevención (primaria, secundaria y terciaria) enfocadas a distintas realidades (prevención delincuencial y prevención victimal).

  1. Prevención en víctimas: Este tipo de prevención se enfoca, principalmente, sobre aquellos sujetos que pueden, son o han sido víctimas de delitos violentos. El objetivo radica en evitar que estas personas se conviertan en víctimas o, si ya lo han sido, sufran una revictimización.
  2. Prevención primaria: se orienta a la raíz del problema, con el fin de neutralizar cualquier factor de riesgo que pueda desencadenar una situación de victimización. Se trata de una medida proactiva en tanto que no se dirige directamente contra el delito, sino hacia la sociedad; creando una situación general satisfactoria que disminuya (cuantitativa y cualitativamente) a medio y largo plazo el riesgo de devenir víctima. Un ejemplo de prevención primaria sería el realizar una política de concienciación sobre la violencia de género, la cual estaría enfocada a toda la población general de mujeres.
  3. Prevención secundaria: Se destina a aquellos grupos de personas que poseen ciertos factores de riesgos de convertirse en víctimas de delios violentos. Con ello, se actúa sobre personas en situación de vulnerabilidad, en ambientes propicios para ser víctimas o con estilos de vida especialmente peligrosos. Un ejemplo de prevención secundaria sería la actuación sobre menores que han convivido durante mucho tiempo en un hogar donde se ha llevado a cabo violencia de género o violencia familiar. Ésta se enfocaría en reforzar y empoderar a los menores para que, a pesar de tener riesgo de ser víctimas, no lleguen a serlo.
  4. Prevención terciaria: A diferencia de las anteriores, esta se destina a aquellas personas que ya han devenido víctimas de un delito violento. La finalidad de este tipo de prevención radica en evitar que la víctima sufra una nueva revictimización. Con ello, y mediante el tratamiento multidisciplinar adecuado, se reducirán los factores de riesgo y se potenciarán los de protección. Un claro ejemplo de prevención terciaria sería el actuar sobre un grupo de mujeres víctimas de violencia de género. Mediante el empoderamiento, ayudas y reestructuración cognitiva, se evitará que este grupo de mujeres vuelva a ser víctima de violencia de género y de cualquier otro delito violento.

Informe elaborado por Raquel García Martí y Tamara Sánchez Morales,
criminólogas colegiadas pertenecientes al Grupo de Trabajo de Victimología en Delitos Violentos.

 

El Colegio y la Fundación 360 para la Autonomía Personal firman un convenio para luchar juntos contra la discriminación a personas con discapacidad

Madrid, a 4 de marzo de 2021

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) y la Fundación 360 para la Autonomía Personal han firmado esta semana un Acuerdo marco para la reforzar la colaboración conjunta para el desarrollo, entre otras acciones, del intercambio de formación, formación de los profesionales de ambas entidades, la realización de estudios e investigación, así como cualquier otra que se pueda plantear durante la vigencia del convenio.

En la firma de este viernes han participado por parte del CPCM la decana Carmen Balfagón, el vicedecano Abel González y el secretario del Colegio Ramón Chippirrás; y, por parte de la Fundación, su presidente Javier Font, además de su secretaria y el asesor jurídico de la entidad.

La Fundación 360 para la Autonomía Personal fue creada hace unos meses por la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) para potenciar el concepto de la autonomía personal de las personas con discapacidad, que si bien está reconocido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia y discapacidad, es poco conocido por la sociedad y por sus potenciales beneficiarios.

La colaboración entre esta entidad y el Colegio se promoverá a instancias de cualquiera de ellas y podrá contemplar la organización conjunta de actividades formativas tales como cursos, congresos, seminarios, etcétera, sobre temas que responda al interés mutuo de ambas instituciones.

El convenio contempla también la realización de estudios y proyectos de investigación en áreas de interés común; asesoramiento mutuo en cuestiones relacionadas con las actividades desarrolladas por ambas entidades; intercambio de información y documentación; y cualquier otra actividad que, en el ámbito del acuerdo, redunde en beneficio mutuo.

Para poner en marcha esta iniciativa, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a los colegiados/as y precolegiados/as que quieran constituir un Grupo de Trabajo sobre Discapacidad que aborde sus problemáticas criminógenas.

El Colegio constituye un Comité Asesor de Expertos de reconocido prestigio para poner en valor la importancia de la Criminología

El Colegio constituye un Comité Asesor de Expertos de reconocido prestigio para poner en valor la importancia de la Criminología

Lo presidirá Paz Velasco

Contará con autoridades como Javier Gómez Bermúdez, Vicente Garrido, José Luis Graña, Sussana Antequera y Francisco Pérez Caballero

Madrid, a 3 de diciembre de 2021 (Noticia actualizada el 7 de marzo de 2022)

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha constituido este semana un Comité Asesor de Expertos compuesto por profesionales de reconocido prestigio que han defendido durante su brillante trayectoria la importancia de la Criminología, y que aportarán su conocimientos y experiencias a la Institución.

El objetivo es que Colegio alcance su meta principal, que no es otra que el reconocimiento del papel que debe tener el criminólogo en la sociedad, implicado necesariamente en la labor fundamental de garantizar la libertad y seguridad del ciudadano. No se puede olvidar que la Criminología se basa, entre otros muchos aspectos, en la prevención del delito.

La nueva decana, Carmen Balfagón, quiere agradecer el compromiso de todos los profesionales que integrarán el Comité Asesor de Expertos y da cumplimiento así uno de los puntos de su ambicioso programa electoral: la creación de este órgano asesor integrado por personas de una amplia trayectoria y vinculadas a la Criminología, autoridades en la materia quienes han desarrollado su actividad tanto la universidad como otros ámbitos de la sociedad civil.

El Comité estará presidido por Paz Velasco de la Fuente, criminóloga y jurista especializada en personalidad psicopática y delitos violentos. Colaborada de diferentes medios de comunicación y conferenciante, es profesora en la Universidad Internacional de Valencia y vicepresidenta de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses. Su obra maestra es, hasta el momento, su ensayo ‘Criminal-mente: la criminología como ciencia’.

En su amplia trayectoria, la colegiada Velasco siempre ha defendido el papel que la Criminología debe tener en la estructura de nuestro país y de una sociedad moderna como la nueva “y, por ende, el importante papel que tiene que cumplir el criminólogo».

Entre los miembros que formarán parte de este Comité Asesor se encuentra Javier Gómez Bermúdez, expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional; y Vicente Garrido Genovés, catedrático de Criminología en la Universidad de Valencia, una de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la Criminología violenta.

También participarán el Catedrático de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid José Luis Graña; los periodistas de investigación e historiador de crónica negra contemporánea Francisco Pérez Caballero y Juan Rada; los reputados abogados Susanna Antequera y Carlos Gobernado; el presidente del Colegio de Especialistas Forenses de México, Martín Balderrama Almeida; y el doctor en Psiquiatría José Carlos Fuertes Rocañín.

La secretaria del Comité será Ana Sánchez, criminóloga y miembro del Grupo de Trabajo de Prevención de la Radicalización Violenta en el Colegio. Como vocales también colaborarán los también colegiados David García Martín, director de Sec2Crime , José Julián Isturitz, profesional de alto prestigio en seguridad privada; y Susana Alwasity, analista de Ciberinteligencia.

El Colegio Profesional de la Criminología se verá orientado así por el Comité Asesor de Expertos en el desarrollo de líneas de actuación dirigidas al reconocimiento y divulgación de la Criminología, defensa de la importancia del criminólogo como profesional en la sociedad actual en muy diferentes ámbitos, evaluación de las actividades científicas propuestas por el CPCM, y valoración y publicación de artículos e investigaciones científicas de los colegiados y colegiadas.