Madrid, a 17 de septiembre de 2024
La decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Carmen Balfagón, y el secretario del Colegio, Ramón Chippirrás, han hablado este miércoles largo y tendido con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el proyecto de ley para la regulación de la profesión de Criminólogo/a.
El ministro se ha comprometido a estudiarlo detenidamente y ha reconocido la importancia de los profesionales en el sector judicial y de prevención de la delincuencia. Este encuentro, celebrado durante la inauguración del Año Judicial madrileño, al que cada año son invitados los representantes de los criminólogos de la región, se enmarca en los trabajos que los Colegios Profesionales de Criminología de España vienen desarrollando desde hace años para dotar a la disciplina de un marco normativo.
La Comisión Intercolegial de Criminología, que agrupa a todos los Colegios autonómicos, celebró hace unos meses de forma muy positiva la Proposición No de Ley (PNL) aprobada en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que defina las funciones, competencias, requisitos de colegiación, código deontológico y régimen disciplinario de la profesión.
Según la PNL, presentada para su debate en la Comisión de Justicia, resulta “impensable que no exista un marco jurídico que regule una profesión de tal importancia”, cuya labor se centra en la prevención del delito, el análisis de fenómenos antisociales, la convivencia y el diseño de políticas públicas eficaces. El texto plantea además la creación de un grupo de trabajo interinstitucional en el que participen representantes del Ministerio de Justicia y de los Colegios Profesionales para redactar de forma colaborativa un Estatuto General de la Criminología.
Ahora, los criminólogos se centran en poner en marcha estos canales y que salga adelante la propuesta legislativa detallada, que recoge para nuestros profesionales funciones como la elaboración de informes periciales, la prevención de conductas antisociales y delictivas, la mediación, el apoyo a la Justicia, la atención a víctimas, la reinserción penitenciaria, la docencia y la investigación universitaria, así como la colaboración con Fuerzas y de Seguridad. Incluye un código ético, un régimen disciplinario y la definición de modalidades de ejercicio en los sectores público y privado. Inspirado en la legislación de países como Portugal, establece la titulación en Criminología y la colegiación como requisitos para ejercer.