Madrid, 10 de marzo de 2019. CPCM.

Desde el año 2010 se han presentado en España un total de 174.883 denuncias por desapariciones de personas, de las que han sido resuelta 163.405, quedando 12.330 denuncias activas, según el informe de 2019 elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) presentado por el ministro del Interior, Francisco Grande Marlaska hace unos días con motivo de la celebración el 9 de marzo del Día Nacional de las Personas Desaparecidas.

El documento establece una nueva clasificación sobre las personas desaparecidas (voluntarias, involuntarias y forzosas) y en función de ello introduce unos Indicadores de Riesgo. También se incluye un apartado concreto dirigido a los familiares, personas allegadas y conocidos de desaparecidos, donde se precisan aspectos relacionados con la atención, protección y orientación que debe dispensarse. Se implanta además un nuevo sistema de alerta –Alerta Mayor Desaparecido– para personas de edad avanzada. No obstante, la mayoría de las denuncias, el 66 por ciento, corresponde a la desaparición de menores de edad. De hecho, existe el número 116000 para alertar y comunicar cualquier circunstancia en torno a la desaparición de un menor.

En la presentación también informaron de una web específica del CNDES que servirá para publicar alertas de desapariciones, para ofrecer consejos y prevenciones y para contactar con el organismo. También se puso en valor la funcionalidad para casos de desapariciones de Alertcops, la aplicación de móvil que permite comunicarse de una manera rápida y segura con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que, entre otras cosas, permite a los ciudadanos emitir alertas geoposicionadas.

Estas iniciativas se han llevado a cabo en cumplimiento, seis años después de la conclusiones de la Comisión especial del Senado sobre personas desaparecidas sin causa aparente del Senado. Entonces, el secretario de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses (SECCIF), Antonio Cela, participó en dicha comisión y reivindicó la figura del criminólogo en la investigación de estos casos y también, gracias a la Victimología, en la ayuda a los familiares y allegados de los desaparecidos porque, entre otras cosas, no pueden elaborar el duelo y porque tienen esa sensación de que su condición de víctimas es de segunda o cuarta categoría.

Nosotros, los criminólogos, explicamos al entorno familiar y social qué es lo que ha ocurrido, por qué puede desaparecer una persona, qué es normal y qué no es normal; cuáles son las causas de las desapariciones y cuáles son los pasos que debe seguir la familia o el entorno de la víctima. También se debe explicar a la familia en qué estado está la investigación para que al menos se quede con la seguridad de que se están dando pasos para localizarle lo antes posible.

Así, reivindicamos la figura del criminólogo como perfil profesional adecuado para las tareas de prevención, explicación e investigación y reparación de las víctimas de desapariciones con los órganos competentes que implementen las autoridades. Los grupos especializados en localización de personas han de contar con profesionales específicos, que sepan distinguir una fuga disociativa de otra relacionada con un trastorno límite de la personalidad, por ejemplo.

Por otro ello, desde el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid solicitamos a la Secretaría de Estado de Seguridad y al Centro Nacional de Desaparecidos que nos tengan en cuenta para desarrollar eficientemente, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, psicólogos y juristas, esas nuevas medidas anunciadas para frenar el grave problema que supone en España las desapariciones inesperadas de personas. Las universidades españolas están licenciando a los graduados en Criminología más preparados de la Historia, pero las administraciones siguen ignorándolo pese la sofisticación de los fenómenos delincuencial y la escasez de política criminal. Es el momento de poner en valor nuestro conocimiento.