El CPCM recurrirá el fallo por “inconsistente y contradictorio”.

Madrid, a 16 de junio de 2020

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso que el Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid (CPCM) interpuso en 2018 contra la convocatoria de oposiciones de abril de ese año para el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias (IIPP) de España, en la que de nuevo se excluía a los profesionales criminólogos en este Cuerpo de la Administración estatal, en el que desde hace décadas solo entran graduados de Derecho y Psicología.

Este Colegio ha informado desde el primer momento en asambleas y notas informativas de los avatares judiciales y de todo el dilatado y complejo proceso judicial a los colegiados y a los colegiadas, y a los criminólogos en general. Desde el nacimiento del CPCM, la Junta de Gobierno tomó la determinación de luchar de forma proactiva para que la profesión tuviera un reconocimiento en todos los ámbitos profesionales que corresponden por su currículum a sus licenciados y graduados, olvidados por la sociedad y la administración. Y no nos equivocamos.

Precisamente sabemos que las instituciones públicas son fundamentales para lograr hacernos un hueco laboral en la sociedad española, más allá de la Docencia. Y un símbolo de nuestra discriminación son, año tras año, las convocatorias de ofertas de empleo público para trabajar en las cárceles, donde la sabiduría, investigación y experiencia criminológica tenía que ser obligatoria en un estado moderno del siglo XXI. Abrir un pequeño agujero en el muro de hormigón forjado durante décadas por los poderes fácticos visibilizaría el buen hacer de los criminólogos y criminólogas y allanaría el camino hacia metas más importantes.

Así, articulamos un recurso bien motivado, en el que expusimos al Alto Tribunal madrileño la necesidad de que IIPP actualice y modernice su funcionamiento, con la apertura a profesionales de nuevos campos de estudio especializado. Nuestro objetivo no es excluir a juristas ni psicológos, a pesar de las zancadillas recibidas, sino que accedan otros profesionales expertos en prisiones y reinserción como criminólogos o trabajadores sociales, por ejemplo, tal y como marca la Constitución Española.

Además, hay que tener en cuenta que los criminólogos y las criminólogas ya estuvieron presentes en las cárceles españolas durante buena parte del siglo XX, hasta que fueron excluidos en los años 80. No es baladí recordar que, según terminología del artículo 281 del Real Decreto 1201/1981, de 8 de Mayo, por el que se aprobó el Reglamento Penitenciario, los funcionarios tenían la categoría de juristas-criminólogos.

El TSJM admite que en 2003 fue creada la titulación de Criminología en España y que gran parte de las asignaturas y currículo de la antigua Licenciatura y el actual Grado se adecuan a las materias exigidas en dichas convocatorias de empleo público. Además, reconoce las “serias dudas de derecho que la cuestión analizada planteaba” para fallar en contra de los criminólogos, y por ello no le impone ningún tipo de costas al Colegio.

MOTIVACIÓN

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, presidida por la magistrada María Jesús Muriel, ha rechazado todos nuestros argumentos y, en cambio, avala los planteados por la Abogacía del Estado, que solicitó en primera instancia el recurso del CPCM, sin conseguirlo.

Durante las diligencias efectuadas, la Abogacía esgrimió, y así fue avalado por los magistrados sin mayor apunte ni reproche, que “forma parte de la potestad de autoorganización de la Administración tanto la determinación, dentro del marco que configura el ordenamiento jurídico en vigor, de los perfiles, titulación y formación necesarios para la cobertura de las plazas que se ofertan en los distintos Cuerpos de Funcionarios que la integran y que la Criminología no puede calificarse como una disciplina científica perteneciente al área jurídica”.

Eso a pesar de que los estudios de Derecho permitían acceder a su Segundo grado de Criminología en anteriores planes de estudio; que en la actualidad haya dobles grado en Derecho y Criminología; que nuestros estudios estén referidos en el área jurídica o en la Facultad de Derecho de la mayoría de las universidades; y que una buena parte de los créditos de los grados de Criminología sean jurídicos o relacionados con esas ciencias, punto que también reconoce el TSJM en la sentencia.

“Resulta extremadamente dudoso que se pueda considerar a la Criminología como una parte de las Ciencias Jurídicas, o a los poseedores del Título de Licenciado y/o Grado en Criminología como profesionales del área de la especialidad ‘jurídica’, ya que mayoritariamente las enseñanzas que componen el currículo de dicha carrera pertenecen al área de las ‘Ciencias del Comportamiento’”, arguyen los magistrados.

La Criminología, como ciencia multidisciplinar, engloba parte de las ciencias del comportamiento, por supuesto; pero también del área jurídica, psicológica y de medicina legal, entre otras. Ello no puede servir de excusa para excluir y discriminar a sus profesionales cuando, como es el caso, las asignaturas que conforman actualmente el Grado de Criminología “puedan coincidir, y de hecho coinciden” con la práctica totalidad del temario de la convocatoria objeto de recurso, como reconoce textualmente el propio TSJM en su fallo.

Sin embargo, a renglón seguido, asevera paradójicamente que el Título de Licenciado o Graduado en Criminología “no es la titulación adecuada a las tareas a realizar” en el puesto de jurista-criminólogo para el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias, siendo la de Derecho la “idónea y la adecuada por su contenido fundacional”; por lo que la Administración “no incurre en arbitrariedad” al discriminar a los criminólogos, pues hace uso de su “potestad autoorganizativa para exigir una concreta titulación”.

RECURRIMOS

Ante todo ello, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid recurrirá por “inconsistente y contradictora” este sentencia ante el Tribunal Supremo. Al mismo tiempo, tras el parón del estado de alarma, retomaremos los contactos con Instituciones Penitenciarias, cuyo secretario general, Ángel Luis Ortiz, manifestó que el ámbito penitenciario es “el lugar natural del criminólogo”. Son dos caminos, no incompatibles entre sí, que seguiremos transitando.

Somos optimistas. Recientemente, la Generalitat de Cataluña, en el marco de sus competencias, ha incluido la Criminología como uno de los grados para acceder a alguna plaza de la administración de Justicia autonómica. En otros países de nuestro entorno es una realidad desde hace muchos años.