Artículo publicado en el periódico ‘La Nueva España’ de Oviedo el 23 de marzo por Emilio Marqués Suárez, profesor-tutor de Criminología del Centro asociado de la UNED en Asturias y miembro del CPCM.

En numerosas ocasiones se utiliza el término “alarma social” para referirnos a la gravedad de un hecho delictivo y la respuesta judicial que este tiene. Hemos de señalar al respecto que la alusión al término “alarma social” ha desaparecido de los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) tras la modificación efectuada por la Ley Orgánica 13/2003, ya que anteriormente y por resumir, se podía decretar prisión provisional basada en la genérica”alarma social” ocasionada por el delito cometido y el Tribunal Constitucional en Sentencia del año 2000 (STC. 47/2000) ya había considerado que no era constitucionalmente válida esta fórmula por quebrar los principios y garantías jurídicas fundamentales al presuponer un juicio previo de culpabilidad, quedando vigentes el riesgo de fuga y de obstrucción al proceso.

Sin embargo, este estado de Alarma que vivimos hoy en nuestra sociedad obedece a otra situación, es un estado decretado por el Ejecutivo, al igual que el de Excepción o de Sitio. La diferencia es que; Alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros por un máximo de 15 días dando cuenta al Congreso; Sitio lo determina el Congreso por mayoría absoluta y Excepción lo acuerda el Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Todos estos “estados” están previstos en el art. 116 de la Constitución y se desarrollan en la Ley 4/1981 de 1 de junio.

Hoy la alarma tiene varias acepciones, entre ellas y la más destacable es la “intervención del orden social” por el Gobierno para movilizar recursos públicos y privados, sanitarios,económicos, civiles y militares, en aras de proteger a los ciudadanos de esa emergencia social a la que se enfrentan. Traduciéndose esto en la posibilidad de intervenir industrias farmacéuticas, hospitales privados y otros servicios de necesidad.

La mayor emergencia o la que más preocupa actualmente y así lo resaltan los medios de comunicación es la sanitaria, la salud de las personas, la pandemia, la atención hospitalaria y evitar el contagio del ciudadano para que el COVID-19 no se propague, sorteando así una alta tasa de mortalidad entre la población más vulnerable.

A nivel individual, el texto del BOE 14 de marzo de 2020 explica qué pueden hacer los ciudadanos y qué cosas no, durante la duración de este periodo de Alarma.

El comportamiento irresponsable de aquellos que incumplen las instrucciones dadas por las autoridades, de quedarse en sus casas durante el tiempo que dure esta situación, 14 días ahora prorrogados, no es el único comportamiento constitutivo de peligro social. Y el mero hecho de quedarse en casa tampoco garantiza la paz absoluta.

Las pandemias suelen traer consigo actuaciones incívicas de sujetos que causan atmósferas de conflicto y tensión, ciudadanos a los que el miedo les hace incurrir en conductas temerarias. Las agresiones por conseguir productos en supermercados y tiendas, los hostigamientos o provocar accidentes debido a determinadas imprudencias cuya raíz está en el pánico colectivo, son algunos de los peligros que atraen estos escenarios sociales.El miedo entendido como aquella percepción subjetiva de inseguridad que tienen las personas en un contexto concreto es un factor determinante en la calidad de vida.

En el momento en que las personas perciben peligro, su calidad de vida se ve amenazada,aparecen los cambios de hábitos, la ansiedad y con ello las temeridades o la truhanería que muchos sujetos agudizan, sacando lo peor del ser humano con el único fin de lucrarse con el mal ajeno. Descendiendo en igual medida que la moral de algunos, la “calidad de vida urbana”.

Desde el sentido común podríamos pensar que cuando en un estado de Alarma las personas permanecen en sus casas, la tasa de delincuencia se reducirá a cero y habrá más sensación de seguridad en las calles, cometiéndose menor número de delitos. Nada más lejos. No solamente las urbes desiertas son un buen escenario para la “ocasión” que podrían aprovechar muchos delincuentes para hacer de estos lugares sus territorios de caza, sino que provocan una sensación de desamparo.

Existen además de los delitos expresamente recogidos en los artículos 550 a 556 del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, otra tipología de estos que por su necesario modus operandi son más frecuentes cuando se dan condiciones como las que actualmente estamos viviendo. Nos referimos a delitos en las redes sociales, en el seno familiar o en determinados lugares en que confluyen intereses sociales contrapuestos.

La conducta del maltrato dentro de la familia conlleva la existencia de una serie de psicopatologías; carácter agresivo, falta de control de la ira, consumo de sustancias y estupefacientes o alcohol, un producto este último sobre el que hemos visto a numerosas personas proveerse de ingentes cantidades en tiendas y supermercados, aunque también el síndrome de abstinencia puede ser un factor concurrente en la comisión de determinados comportamientos delictivos. Asimismo, se investigan alteraciones de la personalidad en los problemas de violencia de género que puedan explicar tales reacciones.

Las teorías criminológicas basadas en la violencia dentro del núcleo familiar asumen que esta es el resultado de problemas derivados de una interacción inadecuada en la familia y de los patrones desadaptativos de resolución de conflictos de pareja o familiares. En situaciones de permanencia obligada y prolongada en el domicilio, estas patologías pueden aflorar con más virulencia.

La respuesta social es uno de los elementos fundamentales en la lucha orientada a erradicar el problema anteriormente expuesto. No se trata de pedir a los ciudadanos,como único medio de control informal, que estén alerta si saben que una familia está siendo maltratada o una mujer está siendo víctima de violencia de género, la Ley Integral de V.G. fue sin duda una herramienta necesaria para abordar este tema, pero no suficiente.

En estados excepcionales como el que estamos viviendo, se ha de movilizar a los Servicios Sociales al igual que se moviliza a los Servicios Sanitarios. La intervención Estatal ha de extenderse hacia la protección y bienestar de las familias o grupos con mayores necesidades, lo registros de maltrato familiar o VIOGEN han de cobrar especial importancia. Se ha de movilizar a los Trabajadores Sociales, Educadores Sociales,Psicólogos y Criminólogos para combatir determinados tipos de violencia de los que no se pueden encargar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por estar inmersos en otro tipo de labores preventivas o combativas de delitos. No podemos depender únicamente del voluntariado espontáneo.

El control del problema que planteamos ha de estar en manos de profesionales no se ha de ver como un asunto de menor importancia olvidándonos de él, se han de realizar visitas domiciliarias, vigilancia y atención especializada, para dar cobertura a estas dificultades que atraviesa la población al igual que se hace con la atención psicológica ofrecida a las víctimas en casos de catástrofes o terrorismo.

Las conductas desviadas en la red son otra gran preocupación cuando aumenta el número de personas que permanecen conectadas a las redes sociales de forma masiva desde sus domicilios. Los delitos en este campo se pueden incrementar de manera exponencial ante una situación de Alarma en la que crece el número de usuarios que intercambia distintas opiniones, muchas veces controvertidas y con trasfondos político-sociales o raciales. Es un factor a tener en cuenta por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también por esos medios de control informal a los que hacíamos alusión. Los padres o tutores son el primer filtro que deben tener los jóvenes en este momento, cuando la permanencia domiciliaria propicia el consumo de su tiempo frente al ordenador.

No podemos obviar que los depredadores de la red verán en este momento un territorio de caza propicio para sus fines.

Los medios de comunicación no deben instar al ocio en la red, hemos de entender que es un canal de información que no se puede colapsar, es necesario dejarlo libre para los profesionales, lo estamos saturando innecesariamente con memes y videos que ocupan demasiado espacio, dando lugar en muchos casos a la divulgación de noticias falsas. Paradójicamente se ha de volver a la difusión de información por los métodos tradicionales, televisión o radio y al consumo de publicaciones escritas.

En términos generales Asturias juega con cierta ventaja en lo que a la comisión de delitos se refiere y aunque los datos oficiales ofrecieron un incremento de la delincuencia producido en 2018, actualmente somos la comunidad con índices delictivos más bajos de España según fuentes del Ministerio del Interior publicadas por EpData en 2019.

En momentos así se echa de menos, no sólo la voluntad de enfrentarse con profesionalidad a circunstancias excepcionales, o la falta de previsión que evidencia la carencia de programas concretos para afrontar situaciones como las detalladas, sino la ausencia de un mensaje claro sobre la necesidad de solidaridad humana y sobre todo de empatía social, desde las instituciones hacia los ciudadanos. Informar y llegar a los jóvenes a través de sus redes de comunicación es tan fácil como beneficioso, sólo falta voluntad Institucional. Porque tenemos los medios y tenemos los profesionales que pueden hacerlo.

La criminología obliga a observar la empatía como uno de los argumentos más eficaces para combatir la violencia que pueda aparecer en determinados escenarios. Es un arma sobradamente conocida por aquellos profesionales que se enfrentan a la resolución de conflictos mediante la negociación. Nuestra especie es quizá la más violenta del planeta,porque somos capaces de asesinar en serie, de cometer genocidios y otras atrocidades en masa similares. Pero, por otro lado, los seres humanos somos también la especie más empática. Capaces de ponernos en el lugar de otros y actuar de manera altruista con personas que no pertenecen a nuestro entorno o familia. Si potenciamos la empatía entre las personas, para estas será mucho más difícil y complicado comportarse de modo violento. La educación dirigida a la empatía podría representar un camino efectivo para reducir los conflictos y actos agresivos.

Una vez más la educación se muestra como el método de combate más efectivo para afrontar situaciones difíciles.

Muchos de los técnicos que hemos señalado, pertenecen a una nueva era social, algunas son carreras universitarias de última generación y son tan necesarios en estos momentos como los profesionales sanitarios encargados de velar por la salud física de los hospitalizados. Muchos de ellos podrían estar en esa reserva activa necesaria para la ayuda domiciliaria de una población envejecida, afectada por el maltrato, con antecedentes de violencia de género u otras patologías personales o sociales que se deben auxiliar.

Un estado de Alarma no conlleva solamente la intervención de empresas, la militarización de la seguridad u ordenar el encierro domiciliario olvidándonos que tras él continúa habiendo personas con insuficiencias sociales.

Para lograr este objetivo hace falta que se eduque en la empatía, sí, pero también que se mapeen los problemas, se creen departamentos multidisciplinares, bases de datos y/o se realicen estudios criminológicos. Equipos de expertos dirigidos a la preparación de profesionales que llegado el momento puedan hacer frente a tan arduas situaciones. Porque nuestra sociedad es muy distinta a otras repartidas por la geografía europea mundial y sus necesidades también, por ello es preciso especificación.

El COVID-19 ha de servir para emprender un camino diferente. Ha de despertar en las personas e Instituciones esa solidaridad y empatía perdida, redundando todo ello en nuestra propia seguridad.