Compañeros del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial acudieron a la Mesa Técnica convocada por Delegación del Gobierno y expusieron propuestas concretas tras el informe publicado en junio.

Madrid, a 30 de enero de 2025

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha reivindicado este jueves el trabajo de los criminólogos, ha pedido más implicación de las tres administraciones y un trabajo multidisciplinar serio y profesional para acabar con la problemática de convivencia social, falta de salubridad y ‘narcokupación’ que viven los vecinos de varios bloque de la madrileña calle Cullera.

El representante del CPCM, miembro del Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial y secretario de la Comisión Deontológica, Ignacio Borja González Behrendt, ha señalado a los medios que en estas zonas de conflicto social están intentando barajar la posibilidad de actuar de una manera multivectorial entre las distintas asociaciones y las distintas administraciones.

«Hemos tenido la problemática de la falta de colaboración por ahora entre distintas administraciones con las necesidades que tenemos de hablar con ellos. Y el Colegio lo que ha planteado hoy a la Delegación del Gobierno y a los vecinos es poder llegar a un plan y conseguir implementar una solución a toda la problemática en esa zona», ha apuntado.

Para González Behrendt, la actuación de la Policía Nacional está siendo «muy correcta», pero se necesita dotar la zona de una cierta seguridad, salubridad, higiene, videovigilancia, acción social respecto a la reinserción de efectos toxicómanos «y, sobre todo, intentar cooperar en lo que es la facilitación a la hora de aprender e instruir un poquito a las asociaciones vecinales para cooperar con nosotros y con el resto de administraciones para que se cree un entorno de seguridad y de convivencia».

«El trabajo que ha hecho Policía Nacional ha sido excelente, la verdad, ha bajado mucho el índice de criminalidad, pero el problema no acaba ahí, porque el problema sigue enquistado. Lo que se necesita es un trabajo detrás que conlleve la reubicación de ciertos componentes que pueden desestabilizar la zona. Entonces, la realidad es que no solo es la actividad de seguridad, sino que también necesitan una implicación de distintas disciplinas que puedan abordar todos los problemas que se están dando allí», ha concluido.

NUESTRA PROPUESTA

En la reunión, en la que ha participado también el presidente de nuestro Grupo de Trabajo de Función Policial, Alberto Rodríguez, pusieron sobre la mesa el trabajo de campo, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero (Madrid)’, que presentó a las administraciones el Colegio el pasado mes de junio y contó con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes revelaron que la problemática comenzó con la llegada de una familia conflictiva que ha ocupado varias viviendas.

Desde entonces, califican como «dramática» la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido «insuficientes» y los narcotraficantes se sienten «intocables». Por tanto, los vecinos han perdido la confianza en las instituciones y expresan una sensación de «vulnerabilidad e indefensión».

Ante este problemática, el Colegio ha desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países. Pasa por involucrar a los propietarios, realizando talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.

También implementar medidas comunitarias, como lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos. Desde el punto de vista policial, establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de vigilancia. Medidas

Otras medidas judiciales pasan por implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para actividades delictivas.

Por otro lado, los criminólogos madrileños proponen mejorar la iluminación y el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes, e instalar cámaras en zonas estratégicas. También defienden informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.

Asimismo, solicitan asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas, implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas e involucrar a las administraciones, informando y exigiendo una actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.

Los criminólogos madrileños señalan que estas medidas, combinadas de manera estratégica y adaptadas a las condiciones específicas del barrio de Lucero, «pueden ayudar a reducir y eventualmente eliminar el problema de los narcopisos».

Estas estrategias se deben basar en estudios de investigación criminológica y de informes policiales que subrayan «la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes» en la solución del problema, entre los que citan a vecinos, asociaciones culturales del barrio, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Municipal y Juzgados.

LA PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS

La reunión, presidida por la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, tenía como objetivo coordinar a las distintas administraciones para ofrecer soluciones a los problemas que afectan a los vecinos.

Los residentes de la conflictiva vía llevan más de una década denunciando la degradación de sus edificios, que incluyen viviendas okupadas, tráfico de drogas a plena luz del día y una insalubridad extrema. Los portales de los edificios de Cullera 14 y 16 no pueden cerrarse, permitiendo la entrada y salida constante de toxicómanos y delincuentes. Además, los ascensores están inutilizables, con techos arrancados y restos de orines y defecaciones en su interior.

«La convivencia es insostenible», ha explicado Javier Poveda, portavoz de la Asociación Vecinal de Lucero. «Los drogadictos entran y salen a cualquier hora, destrozan los portales y utilizan los rincones como baños públicos. La Policía Nacional ha actuado, pero mientras sigan okupadas estas viviendas de la Agencia Social de la Vivienda, el problema persistirá», explica.

Asimismo, se quejan de que Ayuntamiento de Madrid sigue sin instalar las cámaras de videovigilancia prometidas desde 2020. «Cada año nos dicen que estarán listas a finales del próximo, pero ni siquiera han solicitado la autorización necesaria», critican. Por último, también denuncian que la jueza decana de Madrid se niegue a recibirle. Su objetivo es pedirle que unifiquen todas las causas para lograr mayor eficacia policial y en el desalojo de los usurpadores.