mayo 12, 2022

PSOE y PP se interesan por el proyecto de Ley para regular la profesión de Criminólogo/a

El proyecto legislativo está publicado en el Área Privada del Colegio

 MADRID, a 12 de mayo de 2022

Representantes del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad Madrid (CPCM), y en nombre, igualmente, del resto de Colegios de la Criminología de España, se han reunido con parlamentarios de los dos grupos mayoritarios en el Congreso de los Diputados, PSOE y PP, para presentarles el proyecto legislativo que ha sido elaborado por todos los Colegios y que pretende regular el de la profesión de Criminólogo/a en nuestro país, al igual que ya ocurre en otros países de nuestro entorno.

La decana del CPCM, Carmen Balfagón; el vicedecano, Abel González; el secretario del Colegio, Ramón Chippirrás; y la vocal de Formación y Apoyo a Comunicación Victoria Pascual, han mantenido estos días sendos encuentros con la diputada del Partido Popular Ana Vázquez y con el diputado del Partido Socialista Obrero España David Serrada.

A los parlamentarios, en términos generales, les llamó la atención la situación actual de los criminólogos y criminólogas en nuestro país, aun a pesar del elevado número tanto de egresados y el número de universidades españolas que tienen entre su oferta educativa esta carrera universitaria, con notas de corte cada vez más altas para poder cursar estos estudios.

Los representantes de los criminólogos de España, a través del Colegio de la Comunidad de Madrid, también expusieron a los políticos de estos grupos parlamentarios la cantidad de funciones que pueden desarrollar en el ámbito de las competencias que les son propias por su titulación, entendiendo como fundamental la prevención y la valoración del riesgo como respuesta al delito.

Los diputados se sorprendieron por situaciones tan injustas como la ausencia de criminólogos/as en las prisiones españolas o, entre otros, la ausencia total de Oferta Pública de Empleo de estos titulados. Por todo ello, se comprometieron a estudiar el proyecto legislativo y valorar una posible toma en consideración para elevarlo a tramitación parlamentaria en un futuro.

La Comisión Intercolegial, a través del Colegio de la Comunidad de Madrid, ya ha mantenido reuniones con otros grupos parlamentarios como ERC, Ciudadanos y Vox.

La vicepresidenta de esta Comisión, y decana del Colegio Profesional de la Criminología de Madrid, Carmen Balfagón, ha solicitado reuniones con el resto de los grupos representados en la Cámara Baja y espera y confía, en nombre de todos los actuales criminólogos/as y futuros, que nuestro poder legislativo, haga realidad una Ley que ya es realidad  en otros países europeos, como ocurrió en septiembre del año 2019, en donde Portugal se dotó de una Ley en donde se regula el ejercicio de la profesión de Criminólogo.

“España debe ser ejemplo de modernidad y debe acabar de una vez por todas con la infravaloración del Criminólogo y su ausencia en las instituciones públicas. Una Ley que regule nuestra profesión nos permitirá acabar con la injerencia profesional a la que se viene enfrentando nuestro colectivo. No se puede seguir coartando el principio de igualdad de oportunidades reconocido por nuestra Constitución”, ha señalado Balfagón.

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PROYECTO DE LEY

En 2003 un Real Decreto estableció el Título de Licenciado en Criminología y en 2010, a consecuencia del Plan Bolonia, el Título de Graduado. Sin embargo, la profesión no goza de la correspondiente regulación donde se señalen, entre otros aspectos, el título universitario que habilita para su ejercicio y la normativa vigente al respecto.

La profesión de Criminólogo/a desarrolla los aspectos preventivos de la conducta delictiva, de la conducta antisocial, de la Victimología y de los problemas de convivencia a través del análisis en profundidad de los fenómenos y problemas sociales vinculados con la delincuencia y la convivencia, incluidas las del ámbito escolar. Se realiza tanto con el análisis de casos concreta y de zonas, poblaciones, comunidades o instituciones.

Esta labor preventiva se desarrolla en todos los ámbitos del control social formal: operadores policiales, jurídicos, penitenciarios y de justicia de menores. También en el control social informal, como pueden ser entidades locales, comunidades, centros educativos o empresas. En todos ellos la Criminología aporta y enrique sus conocimientos y soluciones prácticas, puesto que es la ciencia que se encarga de todo ello.

Una vez fijados en detalle todos estos ámbitos, el Proyecto de Ley determina que el ejercicio de las funciones de criminólogo con carácter profesional corresponde a las personas que ostenten el título universitario de Licenciado/Graduado en Criminología. Esta exigencia debe ser vinculante para los sectores públicos, privados, sociales y cualquier otro que realicen la contratación de un criminólogo, intentando con ello erradicar la injerencia profesional en este colectivo. Todos sus actividades, tanto en territorio nacional como autonómico, bien por cuenta ajena o propia, deben estar recogidos en él.

Tras exponer las funciones concretas de los criminólogos, la iniciativa parlamentaria pretende regular que podrán ejercer su actividad en investigación científica y la docencia, en el ámbito de su formación y/o especialización; en el apoyo, como asesores, a las autoridades judiciales en la fase de Instrucción cuando dichas autoridades judiciales lo soliciten; en calidad de peritos en la fase de juicio oral; o en los equipos técnicos de Instituciones Penitenciarias, para contribuir a la constitucional labor de reinserción.

Igualmente, en las Oficinas de Atención a Víctimas como profesionales especialistas en Victimología; en los equipos de mediación; en calidad de agentes de libertad vigilada; en los equipos técnicos adscritos a los Juzgados de Menores con ejecución de medidas judiciales para que, junto con el resto de profesionales implicados; en las plantillas de los Centros de Ejecución de medidas judiciales; en los ámbitos empresariales de seguridad y ciberdelincuencia; o colaborando con los profesionales responsables de la educación, en la prevención y/o erradicación de conductas violentas en las aulas; en las oficinas de delitos de odio; y en las FCSE como asesores externos para la investigación criminal.

El Proyecto de Ley –cuyos detalles se pueden analizar en el Área Privada del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid– contempla las distintas modalidades del ejercicio de nuestra profesión, tanto en el ámbito privado como público.

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