Madrid, a 7 de mayo de 2025

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por una muy amplia mayoría una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de la Criminología.

Esta medida representa un paso decisivo tras años de demandas por parte de los Colegios de Criminología de España, liderados por el de Madrid, que han trabajado incansablemente para alcanzar un reconocimiento legal acorde a la importancia social de la disciplina.

La PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y consensuada con el Popular, ha sido defendida en la Comisión de Justicia del Congreso. Según el texto aprobado, se pretende dotar a la Criminología de un marco jurídico estable, moderno y adecuado a su evolución como ciencia aplicada, con su régimen disciplinario y el reconocimiento del Grado o Licenciatura de Criminología como mérito en procesos de acceso a empleos públicos.

El documento resalta que la Criminología es una herramienta esencial para la prevención del delito, el análisis de causas criminales, la elaboración de políticas públicas y la rehabilitación de personas. En ese sentido, la norma buscará acabar con la actual indefinición profesional que sufren miles de titulados, pese a su formación universitaria especializada.

A partir de ahora corresponde al Ejecutivo central elaborar un proyecto de ley específico que defina las funciones propias del criminólogo, los campos de intervención profesional, la estructura colegial y el acceso al ejercicio profesional, el régimen disciplinario aplicable y el reconocimiento del Grado en Criminología como mérito específico en oposiciones y convocatorias públicas.

Asimismo, se constituirá un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y los colegios profesionales de Criminología. Este órgano será responsable de redactar un Estatuto General de la Criminología, que recoja las especificidades de la profesión, sus buenas prácticas y su integración en las políticas públicas.

La iniciativa legislativa incluye una relación de campos y funciones en los que la Criminología puede aportar un valor diferencial, como la prevención del delito en entornos urbanos, escolares y comunitarios; el análisis de cibercriminalidad, terrorismo y crimen organizado; la Justicia restaurativa, mediación penal y gestión del conflicto; la seguridad pública y privada, intervención en crisis y análisis de riesgos; el apoyo a la política criminal y evaluación de programas penitenciarios; la intervención con colectivos vulnerables: mujeres víctimas de violencia, infancia, migrantes o personas reclusas.

Asimismo, se reconoce la necesidad de incorporar a criminólogos en cuerpos técnicos de la Administración pública, como sucede con psicólogos, trabajadores sociales o juristas.

UNA REGULACIÓN LARGAMENTE ESPERADA

El origen de esta iniciativa tiene raíces profundas. Desde hace más de 15 años, asociaciones estudiantiles, colegios profesionales y facultades de Criminología vienen reclamando al Estado una regulación específica de la profesión, como ocurre en países como Reino Unido, Alemania o Italia. La ausencia de ley propia ha generado un limbo legal que impide a los criminólogos acceder a plazas públicas, ejercer en igualdad de condiciones frente a otras disciplinas y evitar situaciones de intrusismo.

Durante los últimos tres años, el movimiento por la regulación se ha intensificado. El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), con el impulso de la decana, Carmen Balfagón, ha mantenido más de treinta reuniones institucionales de alto nivel representando al conjunto de colegios oficiales –Madrid, Cataluña, Murcia, Asturias y Comunidad Valenciana– y las asociaciones de País Vasco y Andalucía. Este trabajo técnico y político ha desembocado en el texto aprobado en el Congreso.

Así, la futura ley, que contará con la participación del CPCM, no solo permitirá proteger a los profesionales y a la ciudadanía, sino que fomentará la generación de empleo de calidad, asegurará la cualificación mínima exigida para ejercer tareas sensibles y contribuirá a la modernización del sistema de seguridad y justicia español.

Además, reforzará la presencia de la Criminología en proyectos europeos, redes de investigación, evaluación de políticas públicas y organismos multilaterales que ya contemplan esta figura profesional.

UN IMPULSO AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

El documento aprobado recoge la preocupación por la «escasa implementación práctica» del Grado en Criminología en la estructura del Estado, pese a que más de 30 universidades públicas y privadas españolas imparten el título y existen más de 30.000 titulados y estudiantes en el país. También se denuncia que la ausencia de ley ha generado desigualdad territorial, precariedad y desprotección jurídica.

El texto también sugiere que la ley futura esté alineada con la normativa europea, lo que permitirá equiparar la figura del criminólogo español con la de otros países, facilitando la movilidad internacional y el acceso a fondos europeos para proyectos de intervención social y seguridad.

La proposición destaca que la futura ley deberá otorgar un papel clave a los Colegios Profesionales, en tanto que organismos de representación, ordenación, formación y control ético de la profesión. Estos colegios deberán supervisar la aplicación del código deontológico, fomentar la excelencia profesional y canalizar las denuncias por malas prácticas o intrusismo.

El Colegio madrileña señala que esta aprobación «es un punto de inflexión» y que seguirán trabajando para que la ley se materialice cuanto antes, «escuchando a toda la comunidad profesional, al ámbito universitario y a los poderes públicos».

Tras la aprobación de la proposición, corresponde ahora al Gobierno emprender la elaboración del proyecto de ley, que deberá someterse posteriormente a consulta pública, tramitación parlamentaria y debate institucional.

     Madrid, a 29 de abril de 2025

Aprobadas por unanimidad la Memoria Económica y de Actividades de 2024

La decana defendió una estrategia «paso a paso pero contundente» para consolidar al criminólogo como figura reconocida en el ámbito público.

Con el lema implícito de «seguir avanzando sin retroceder», el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid celebró el pasado sábado su I Asamblea Ordinaria de 2025, en la que se puso de relieve el trabajo institucional realizado en el año pasado, se aprobaron nuevos reglamentos y se hizo un firme llamamiento a la unidad del colectivo ante la futura Ley que regulará la profesión.

La jornada comenzó con la ratificación del acta anterior por unanimidad y con la intervención de la decana, Carmen Balfagón, quien realizó un extenso balance del año 2024. «Ha sido un año muy importante, probablemente el más decisivo desde la creación del Colegio. Tenemos sede propia, formación especializada, músculo institucional… Y, sobre todo, una proposición legislativa en trámite parlamentario, algo que jamás habíamos logrado y en la que el Colegio madrileño ha llevado la iniciativa, siempre con el apoyo permanente del resto Colegios de España», señaló.

Balfagón hizo hincapié en que el proyecto normativo se ha construido con estrategia y realismo. «No podemos llevar al Congreso una ley con una memoria económica inviable en un momento en que el Gobierno no tiene presupuestos. Eso lo hemos explicado una y otra vez. Lo primero es que nos reconozcan», insistió.

Por su parte, el vicedecano, Abel González, detalló el trabajo realizado durante 2024 con los distintos grupos parlamentarios, como PSOE, Sumar, PP, ERC o incluso Ciudadanos, ya sin representación institucional. «El objetivo es que la profesión exista jurídicamente. A partir de ahí, la reivindicación de plazas será cuestión de negociación técnica y política», explicó.

González defendió el enfoque gradualista del Colegio, similar al que permitió la creación de la licenciatura en Criminología en 2003. «Entonces nos decían que no era posible porque venía Bolonia. Y lo logramos. Esta vez la clave está en conseguir que el BOE publique el Estatuto del Criminólogo/a español», subrayó.

AMPLIA LISTA DE ACTIVIDADES

El siguiente punto fue la aprobación de la Memoria de Actividades 2024, también por unanimidad. El secretario del Colegio, Ramón Chippirrás, repasó los hitos alcanzados: más de 40 convenios firmados, 37 volantes de prisión emitidos, 14 grupos de trabajo activos, decenas de cursos, biblioteca jurídica, bolsa de empleo reforzada, y un crecimiento neto de colegiados. «Muchos servicios han mejorado en silencio: el correo profesional, el acceso a bases jurídicas o la gestión documental en el área privada. Todo eso genera profesionalización y confianza institucional», explicó.

También se detallaron los servicios del área social (con importantes descuentos en transporte, alojamiento, formación o espectáculos, que supone la amortización del coste de las cuotas colegiados para muchos beneficiarios) o el refuerzo de la base de datos jurídica y los acuerdos con universidades para prácticas. «Tenemos ya presencia estable de alumnos en prácticas de universidades como la Camilo José Cela o la Universidad Rey Juan Carlos», añadió el secretario.

El Colegio también ha tenido presencia creciente en medios de comunicación, ferias de empleo, jornadas universitarias y foros de orientación profesional. La idea es que el criminólogo esté presente no solo en instituciones públicas, sino también en el imaginario colectivo y social del país.

La memoria también recogió un incremento significativo en la actividad formativa en 2024: 9 webinars organizados por los Grupos de Trabajo, 4 cursos externos y el exitoso Curso de Facilitadores Judiciales, pionero en su enfoque y contenido. «Ha sido reconocido por la Comunidad de Madrid como formación estratégica», afirmó el vicedecano.

Otro punto destacado fue el impulso de la Oficina de Peritos, que ha permitido la inclusión de colegiados en listas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta, Murcia y Baleares. «El turno de peritos está creciendo y consolidándose. Algunos colegiados han recibido hasta 5 o 6 encargos en el año», explicó Chippirrás.

También se abordaron los tres expedientes disciplinarios gestionados en 2024 por la Comisión de Ética y Deontología. Dos concluyeron con inhabilitaciones temporales, y uno sin sanción. Se destacó la colaboración con otros colegios para el cumplimiento de sanciones interterritoriales.

CUENTAS EQUILIBRADAS Y NUEVOS REGLAMENTOS

Tras la aprobación de la memoria económica -también por unanimidad-, el tesorero, Juan Carlos Gutiérrez, presentó unas cuentas equilibradas y con superávit. «El saldo positivo de casi 22.000 euros refleja una gestión profesional y prudente. La inversión en la sede ha sido estratégica y está perfectamente justificada como activo del Colegio», detalló.

Los ingresos por formación y cuotas crecieron respecto a 2023. También se reconoció el pequeño déficit del II Congreso de Criminología, compensado con otras partidas. «La formación ya es una fuente propia de financiación. Y lo será más aún con los cursos de peritos y los de experto en facilitación», apuntó Gutiérrez.

Uno de los puntos con mayor consenso fue la aprobación del nuevo Reglamento de Grupos de Trabajo, una revisión profunda del modelo anterior. Se establecen nuevas normas para la creación de grupos, la figura del coordinador, el compromiso de confidencialidad y la gestión de bajas, entre otros aspectos. «Queremos proteger la producción académica, evitar conflictos internos y reforzar la capacidad de los coordinadores. Este reglamento es una apuesta por la calidad y la transparencia», explicaron los responsables de la Comisión Deontología del Colegio, Ignacio de Borja González y Marta de la Fuente.

Inmediatamente después, se debatió y aprobó el Reglamento de Uso de Inteligencias Artificiales, pionero entre los colegios profesionales del ámbito criminológico. De la Fuente alertó de los riesgos: «La IA no puede sustituir al profesional. Ni puede hacer informes, ni diagnósticos, ni evaluaciones. Solo puede ser un apoyo técnico bajo control humano».

La norma recoge los usos prohibidos según el reglamento europeo: puntuación social, predicción delictiva, inferencia de emociones, reconocimiento biométrico y otras prácticas invasivas. «Este reglamento es una garantía para los ciudadanos y una protección para los colegiados», afirmó.

Ambas propuestas fueron aprobadas sin votos en contra y se incorporarán al funcionamiento interno del Colegio. Se introdujo además una cláusula de revisión automática del reglamento de IA conforme evolucione la normativa europea, a propuesta del colegiado Jordi Delgado.

OTRAS CUESTIONES DE GRAN INTERÉS

En el turno de ruegos y preguntas se trataron cuestiones como la creación de una institución de mediación, la necesidad de actualizar la base de datos para colaboraciones mediáticas y una emotiva propuesta para instalar una vitrina conmemorativa con objetos personales de una criminóloga pionera en televisión.

«Estos recuerdos son un homenaje a quien abrió camino cuando apenas se hablaba de criminología en España», explicó Cristian el colegiado que ha recibido la donación. El proyecto fue acogido con entusiasmo.

También se propuso organizar actos de bienvenida a los nuevos colegiados, al estilo de otros colegios profesionales, que serviría para reforzar el vínculo institucional y dar visibilidad a quienes se incorporan a la institución.

Asimismo, se trató el futuro en la nueva ley para los pocos colegiados que se acogieron en el momento de la creación del CPCM a la disposición transitoria de la Comunidad de Madrid, que permitió su colegiación sin titulación de Grado pero con experiencia criminóloga reconocida.

Balfagón fue clara al respecto: «Vamos a luchar por todos los que accedieron legalmente. La ley no puede dejar atrás a quienes fueron pioneros en la profesionalización». En esta línea, se propuso añadir una cláusula adicional que reconozca como criminólogos a quienes estuvieran colegiados a fecha concreta. «Es una vía jurídica viable y justa», explicó Chippirrás, secretario del Colegio.

La Asamblea, que se celebró de forma online, concluyó con palabras de agradecimiento de la decana: «Este Colegio no solo está haciendo historia, sino que está sentando las bases del futuro. Y lo hace gracias al compromiso y al rigor de todos vosotros». Balfagón y su equipo también recibieron palabras de elogio y apoyo por el trabajo realizado.

Con 40 colegiados presentes y 13 delegaciones de voto, animando a una participación más importante en próximas citas, la Asamblea cerró sin incidentes, con la aprobación de todos los puntos del orden del día, y una sensación compartida de que el Colegio está en su momento más sólido y ambicioso desde su creación.

Madrid, 29 de marzo de 2025

La criminóloga y vocal de Formación de la Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Victoria Pascual, presentó este jueves en Madrid su último libro, ‘Familias asesinas. Los casos oscuros cometidos por clanes homicidas a la luz de la Criminología’, una obra que profundiza en el papel de la familia como posible origen, contexto o cómplice de conductas criminales.

El acto tuvo lugar en la sede del CPCM, situado en la calle Costa Verde número 7, que organizó el evento y reunió a profesionales del ámbito criminológico, docentes, estudiantes y público general interesado en el fenómeno delictivo en el ámbito familiar.

La decana del Colegio, Carmen Balfagón, fue la encargada de abrir el acto con palabras de admiración hacia Victoria, a quien calificó como «una de las grandes voces de la Criminología española contemporánea». «Para nosotros, Victoria es una bandera de esta profesión. Su trabajo es brillante y riguroso, pero también accesible y pedagógico», señaló durante su intervención.

Pascual, autora también del aclamado libro ‘Asesinas’, agradeció la presentación y la gran química que tiene con Balfagón, al tiempo que explicó que su nuevo trabajo nace de una inquietud por comprender cómo la familia, un entorno normalmente vinculado al cuidado y la protección, puede convertirse en un núcleo criminal.

En su intervención, destacó que la familia no solo influye en la formación de la personalidad, sino que también puede reforzar comportamientos delictivos, sobre todo cuando actúan como grupos cohesionados.

‘Familias asesinas’ se estructura en torno a tres grandes bloques temáticos que agrupan distintos tipos de criminalidad en el ámbito familiar. El primero de ellos aborda las familias jerarquizadas con un líder dominante que dirige y organiza actividades delictivas, como en el caso del clan Puccio en la Argentina postdictatorial.

Según explicó la autora, en estos contextos la figura patriarcal ejerce un fuerte control sobre los miembros del grupo, quienes muchas veces actúan por lealtad, dependencia o miedo. «Los hijos buscan la validación del padre. Si ese padre es un criminal y exige colaboración, muchos de ellos terminan participando en delitos para recibir aprobación», dijo.

El segundo bloque del libro se centra en parejas sentimentales que cometen crímenes juntas, con un enfoque especial en los móviles de tipo sádico-sexual. Victoria analizó el caso de Michel Fourniret y Monique Olivier, pareja francesa que durante décadas secuestró, torturó y asesinó a menores y jóvenes, utilizando incluso a sus propios hijos como señuelo.

En estos casos, según Pascual, se da una dinámica de dominación y sumisión, pero también de complicidad activa. «Ella buscaba a las víctimas, las identificaba, y en algunos casos participaba directamente en los crímenes», detalló.

El tercer bloque se centra en familias que reaccionan violentamente ante amenazas reales o simbólicas contra su estructura, como ocurre en los crímenes de honor. Uno de los casos que incluye el libro es el asesinato de una joven en Reino Unido por parte de su familia, tras iniciar una relación sentimental que ellos consideraban inaceptable.

Pascual analizó también el fenómeno de la histeria colectiva o contagio emocional dentro de grupos familiares muy cohesionados, como en el caso de las hermanas Papin en la Francia de entreguerras. «Estas hermanas compartían un aislamiento absoluto, una historia traumática común y una relación simbiótica que derivó en un acto brutal de violencia contra su empleadora», relató.

La escritora contextualizó históricamente la evolución del concepto de familia, desde la antigüedad hasta la actualidad, para comprender cómo han cambiado las dinámicas internas y el rol social de esta institución. Destacó que la familia sigue siendo, en cualquier contexto cultural, un agente primario de socialización que puede influir decisivamente en el desarrollo de conductas prosociales o desviadas.

La autora de ‘Familias Asesinas’ explicó teorías criminológicas como la del control social o la asociación diferencial para argumentar cómo los comportamientos delictivos pueden ser aprendidos y transmitidos dentro del núcleo familiar. «Una familia desestructurada no se define por su forma externa, sino por la ausencia de roles, normas claras y vínculos afectivos seguros», afirmó.

Y añadió que en muchos de los casos estudiados se repiten factores de riesgo como la exposición a violencia, negligencia, carencia de límites o modelos delictivos como referencia.

Asimismo, Pascual profundizó en los estilos de apego inseguros y su relación con la aparición de conductas criminales en la edad adulta. El libro combina el análisis criminológico con una cuidada investigación documental y entrevistas, en un formato que busca tanto informar como provocar la reflexión crítica del lector.

«Vivimos rodeados de contenidos relacionados con la criminología, pero pocas veces se ofrece una visión rigurosa y didáctica. Mis libros quieren llenar ese vacío», señaló Victoria, quien alertó sobre la banalización del delito en los medios y la proliferación de voces sin formación especializada que comentan casos criminales. «Hay una fascinación legítima por el crimen, pero también una responsabilidad en cómo se cuenta», advirtió.

Pascual agradeció al Colegio de la Criminología su apoyo continuo y la posibilidad de presentar nuevamente su obra en esta institución. Durante el turno de preguntas, los asistentes plantearon cuestiones sobre la influencia de la cultura, la estructura familiar o el rol del Estado en la educación de los menores.

Durante la presentación hubo también espacio para debatir sobre la línea que separa el entorno criminal de la complicidad emocional dentro de la familia. Algunos asistentes destacaron la dificultad de denunciar a familiares implicados en actividades delictivas por los vínculos afectivos y las dinámicas de dependencia.

La autora y busca nuevas historias para continuar su exploración sobre los factores sociales, psicológicos y culturales que rodean al crimen. El evento concluyó con una propuesta de organizar ‘Noches de la Criminología’ en la sede del Colegio para fomentar el debate abierto y riguroso entre profesionales y ciudadanía.

Pascual recibió una ovación cerrada del público, entre quienes se encontraban futuros criminólogos y criminólogas que ya consideran su obra una referencia indispensable. «Leer a Victoria es aprender Criminología desde la raíz, sin morbo y con profundidad», resumió una de sus alumnas al término del acto.

La presentación fue todo un éxito de público, que llenó la sede del CPCM, y que compartió luego momento distendidos por la decana y la autora de ‘Familias Asesinas’, quien firmó gran cantidad de ejemplares. Por su parte, varias decenas de personas lo vieron online de forma gratuita. Si tú no eres una de ellas, puedes hacerlo ahora o cuando lo desees en el siguiente enlace: https://youtu.be/HB1BVxbR6iY.

La PNL llega tras la elaboración de un proyecto legislativo, arduos trabajos y múltiples reuniones lideradas por representantes del Colegio madrileño

Madrid, 24 de marzo de 2025

La Comisión Intercolegial de Criminología de España, que agrupa a los Colegios Profesionales de Criminología del país, ha celebrado de forma muy positiva, a través de su vicepresidenta, Carmen Balfagón, la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se insta al Gobierno a regular por ley el marco jurídico y laboral del ejercicio profesional de la Criminología.

Se trata de un paso que, a juicio del colectivo, “marca un antes y un después para una profesión con más de más de 20 años de desarrollo académico en España, pero sin el respaldo normativo que le corresponde”.

Según detalla la Proposición No de Ley (PNL), presentada para su debate en la Comisión de Justicia, el Congreso debería instar al Ejecutivo a elaborar un proyecto de ley que recoja, de forma clara y detallada, las funciones, competencias, ámbitos de actuación, requisitos de colegiación, marco deontológico y régimen disciplinario que rigen el ejercicio profesional de la nuestra Ciencia.

El texto pone de manifiesto que “es impensable que no exista un marco jurídico que regule una profesión de tal importancia”, cuya labor incide directamente en la prevención del delito, la convivencia, el análisis de fenómenos antisociales y el diseño de políticas públicas eficaces.

Además, propone que se constituya un grupo de trabajo interinstitucional en el que participen representantes del Ministerio de Justicia y de los diferentes Colegios Profesionales para la redacción colaborativa de un Estatuto General de la Criminología para integrar la voz de los profesionales en el desarrollo normativo de la disciplina.

“Una vez iniciado el camino, esperamos que siga adelante. El reconocimiento de los criminólogos en la sociedad española se ha convertido en una necesidad imperiosa que lo único que puede conseguir es hacer más moderna nuestra sociedad. Todos los criminólogos estamos muy satisfechos con esta iniciativa del PSOE, a la que no dudamos que se sumarán el resto de las fuerzas parlamentarias”, ha subrayado Balfagón.

Más de 40.000 profesionales sin un marco legal

Desde el año 2003, cuando se reconoció oficialmente el título universitario de Licenciado en Criminología en España –posteriormente sustituido por el de Graduado/a–, más de 40.000 personas han obtenido una titulación oficial en esta disciplina en España. Sin embargo, hoy en día la Criminología sigue sin contar con una ley que defina su ejercicio profesional, lo que genera inseguridad jurídica tanto para los profesionales como para las instituciones que quieren contratarlos.

Esta falta de regulación ha impedido que se reserven funciones específicas a los criminólogos/as en los sectores público y privado, lo que a su vez ha facilitado situaciones de intrusismo profesional y ha limitado el desarrollo de esta ciencia aplicada, con gran potencial para contribuir a la mejora de la convivencia y la seguridad en todos los niveles del control social, tanto formal (Policía, Justicia, Prisiones) como informal (comunidades, centros escolares, entidades sociales, etc.).

Una hoja de ruta construida desde el trabajo colectivo

La Comisión Intercolegial, liderada por el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), elaboró en 2022 una propuesta legislativa detallada para regular la profesión. Desde entonces, sus miembros se han reunido con representantes de casi todos los partidos políticos y entidades relacionadas, y han llevado la iniciativa a diferentes ámbitos, como al propio Congreso de los Diputados, con una IV Jornada-Taller ‘Ciencia y Políticas Públicas relacionadas con la delincuencia’ celebrada hace unos meses.

Este borrador contempla la definición de las funciones propias del criminólogo/a, incluyendo la intervención en áreas como el análisis criminológico de zonas, colectivos o casos individuales; informes periciales y forenses; prevención de conductas antisociales y delictivas; apoyo a la Justicia en la fase de instrucción y juicio oral; mediación y resolución de conflictos; atención a víctimas; reinserción en el ámbito penitenciario y de justicia juvenil; seguridad privada y pública; investigación criminal, docencia e investigación universitaria; prevención de la violencia en las aulas y el entorno educativo; colaboración en oficinas de delitos de odio; y asesoría especializada en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El proyecto legislativo impulsado por la Comisión Intercolegial también incorpora un código ético, un régimen disciplinario y una delimitación clara de las competencias profesionales, además de definir las modalidades de ejercicio en el ámbito público y privado. El objetivo es garantizar la calidad y especialización de la intervención criminológica, así como proteger a la ciudadanía frente a prácticas inadecuadas por parte de personas sin la formación requerida.

Inspirado en experiencias normativas como la de Portugal, que cuenta desde hace años con una ley que regula el ejercicio de la Criminología, el modelo propuesto busca ser adaptado a la realidad española, estableciendo requisitos académicos (titulación en Criminología) y la colegiación obligatoria para ejercer la profesión.

La comunidad criminológica considera que esta ley será un hito clave para modernizar el sistema de seguridad, convivencia y justicia en España, integrando el conocimiento científico en la toma de decisiones públicas. Con una profesión regulada, los criminólogos podrán ser incorporados de forma estable en plantillas municipales, autonómicas, judiciales o penitenciarias, así como en empresas privadas, centros educativos y proyectos sociales.

Madrid, a 1 de marzo de 2025

La Academia Duque & Wittmaack (ADW) y el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) han firmado un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de fortalecer la formación y el desarrollo profesional en el ámbito de la Criminología y la Criminalística.

El convenio, firmado por Luis Duque Arnaiz, director de ADW, y Carmen Balfagón Lloreda, decana del CPCM, establece condiciones especiales para los colegiados/as y precolegiados/as de la institución madrileña en la oferta formativa de la academia. Además, el acuerdo contempla la participación del Colegio en programas educativos, conferencias y eventos organizados por ADW.

Entre los puntos destacados del convenio, se incluyen descuentos exclusivos para los miembros del Colegio y sus familiares directos, la integración de expertos del CPCM como docentes y ponentes en los programas de ADW, así como la organización conjunta de actividades formativas e investigadoras, tales como congresos, masterclass y webinars.

Según los firmantes, esta colaboración busca mejorar la especialización de los criminólogos y las criminólogas, promoviendo un acceso más sencillo a formación de alta calidad. Con ello, ambas entidades refuerzan su compromiso con el desarrollo profesional y la actualización constante de conocimientos en el campo de la criminología.

El CPCM, como entidad que vela por los intereses de los criminólogos en la Comunidad de Madrid, considera este convenio «un paso significativo para garantizar que sus colegiados cuenten con acceso a programas de formación que respondan a las necesidades del sector y las nuevas tendencias en criminalística».

Por su parte, la Academia Duque & Wittmaack subraya la importancia de esta alianza para consolidarse como «un referente en la formación especializada en Criminología, ofreciendo mentorías personalizadas y programas actualizados en investigación criminal y pericia judicial».

Además de los beneficios académicos, el acuerdo abre la puerta a futuras colaboraciones en el ámbito de la investigación, permitiendo el desarrollo de estudios conjuntos y publicaciones especializadas en criminología y ciencias forenses.

Otra de las iniciativas derivadas del acuerdo será la organización de jornadas de debate y mesas redondas, en las que expertos del CPCM y la academia compartirán sus conocimientos y experiencias con estudiantes y profesionales del sector.

La colaboración también prevé la posibilidad de establecer convenios específicos para cursos de especialización, adaptados a las demandas del mercado laboral y a los desafíos actuales de la Criminología aplicada.

Con una vigencia inicial de un año, renovable automáticamente salvo notificación en contrario, este acuerdo refuerza la colaboración entre ambas entidades en pro del desarrollo de la Criminología y la formación de profesionales altamente cualificados en la materia.

Todos los colegiados y precolegiados tienen acceso al contenido del convenio, y todos los demás vigentes, y de los descuentos correspondientes, en el Área Privada de la web.

Javier Font, presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid recibe el reconocimiento por su prestancia y colaboración con el Colegio

Madrid, a 31 de enero de 2025

La decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Carmen Balfagón, el vicedecano Abel González, y el secretario del Colegio, Ramón Chippirrás, han entregado este jueves presencialmente el Premio ‘Pedro Campoy Torrente’, en su primera edición, al diputado socialista Francisco Aranda Vargas, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.

Aranda acudió a la recién inaugurada sede física del CPCM, situada en el madrileño barrio de Ventilla, para recoger el galardón, concedido por la Junta de Gobierno por su interés y apoyo a la propuesta para la aprobación de una Ley nacional que regule la profesión del Criminólogo/a.

Por cuestión de enfermedad, no pudo recogerlo el día de entrega de reconocimientos, el pasado 13 de diciembre. Pero ahora ha venido desde Barcelona para recibirlo. Aranda transmitió a la decana y el secretario del CPCM la esperanza compartida en la aprobación de dicha Ley esta legislatura, para que así se abra el camino hacia una mayor profesionalización del Criminólogo/a, con funciones más definidas y un estatus jurídico claro, indicó la decana.

De esta forma, la sociedad podrá beneficiarse plenamente de las cualificaciones de criminólogos en ámbitos tan diversos como la protección a víctimas, la mediación, la prevención del delito y el diseño de políticas públicas, entre otras.

Carmen Balfagón agradeció el trabajo del premiado y de su Grupo Parlamentario en el reconocimiento y visualización de nuestros profesionales. La institución seguirá trabajando este año para que aunar los esfuerzos y apoyos de más entidades y Grupos políticos.

El premio recibido por Francisco Aranda valora la labor de las personas que ayudan a la profesión y lleva el nombre del recientemente fallecido Pedro Campoy Torrente, doctor en Criminología por la Universidad de Málaga, que ha sido activo fundamental de la Criminología española y con gran implicación en la creación del Colegio de Criminólogos de Cataluña.

Campoy Torrente destacó por su trabajo en la prevención de la delincuencia en entornos de ocio, el diseño de auditorías de convivencia en centros educativos y la promoción de la Criminología como profesión estratégica. Su labor académica y de campo, su dedicación a la formación de nuevos criminólogos, dejó una huella imborrable.

RECONOCIMIENTO A JAVIER FONT

Por otro lado, este jueves también pasó por la sede del Colegio Javier Font, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid y de la Fundación 360, quien recogió el reconocimiento otorgado a finales del año pasado y que no pudo recibir en el evento de diciembre.

La institución ha querido así agradecer el apoyo de Font al Colegio madrileño de Criminología desde hace años, y este se mostró encantado con el galardón y dispuesto a seguir trabajando juntos. Así, se destaca su colaboración en el gran éxito que ha supuesto el primer curso de experto facilitador de apoyo en Juzgados a personas con discapacidad, cuyos diplomas también fueron entregados durante la inauguración de la sede.

Allí se destacó que este proyecto abre vías insólitas, no solo en la Criminología madrileña, sino en el conjunto del país, al permitir el acompañamiento y mediación en procedimientos legales para quienes tienen más dificultades de comprensión o movilidad.

«Javier lleva toda su vida luchando por los derechos de las personas con discapacidad, por su plena integración, por que no haya ninguna barrera que le separe del resto. Y tengo que agradecerle que creyeran que nosotros éramos capaces de hacer algo distinto y algo bueno, como ha así ha ocurrido», ha glosado la decana.

Además, el Colegio resalta la importancia de la Criminología de la Discapacidad –que cuenta con un propio Grupo de Trabajo–, una vertiente emergente que busca derribar barreras y ofrecer mediadores especializados para facilitar el acceso a la Justicia a personas con diversidad funcional. Esta visión incluyente amplía el campo de la Criminología, reflejando el compromiso de la institución con colectivos vulnerables.

Compañeros del Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial acudieron a la Mesa Técnica convocada por Delegación del Gobierno y expusieron propuestas concretas tras el informe publicado en junio.

Madrid, a 30 de enero de 2025

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha reivindicado este jueves el trabajo de los criminólogos, ha pedido más implicación de las tres administraciones y un trabajo multidisciplinar serio y profesional para acabar con la problemática de convivencia social, falta de salubridad y ‘narcokupación’ que viven los vecinos de varios bloque de la madrileña calle Cullera.

El representante del CPCM, miembro del Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial y secretario de la Comisión Deontológica, Ignacio Borja González Behrendt, ha señalado a los medios que en estas zonas de conflicto social están intentando barajar la posibilidad de actuar de una manera multivectorial entre las distintas asociaciones y las distintas administraciones.

«Hemos tenido la problemática de la falta de colaboración por ahora entre distintas administraciones con las necesidades que tenemos de hablar con ellos. Y el Colegio lo que ha planteado hoy a la Delegación del Gobierno y a los vecinos es poder llegar a un plan y conseguir implementar una solución a toda la problemática en esa zona», ha apuntado.

Para González Behrendt, la actuación de la Policía Nacional está siendo «muy correcta», pero se necesita dotar la zona de una cierta seguridad, salubridad, higiene, videovigilancia, acción social respecto a la reinserción de efectos toxicómanos «y, sobre todo, intentar cooperar en lo que es la facilitación a la hora de aprender e instruir un poquito a las asociaciones vecinales para cooperar con nosotros y con el resto de administraciones para que se cree un entorno de seguridad y de convivencia».

«El trabajo que ha hecho Policía Nacional ha sido excelente, la verdad, ha bajado mucho el índice de criminalidad, pero el problema no acaba ahí, porque el problema sigue enquistado. Lo que se necesita es un trabajo detrás que conlleve la reubicación de ciertos componentes que pueden desestabilizar la zona. Entonces, la realidad es que no solo es la actividad de seguridad, sino que también necesitan una implicación de distintas disciplinas que puedan abordar todos los problemas que se están dando allí», ha concluido.

NUESTRA PROPUESTA

En la reunión, en la que ha participado también el presidente de nuestro Grupo de Trabajo de Función Policial, Alberto Rodríguez, pusieron sobre la mesa el trabajo de campo, titulado ‘Propuesta criminológica para una intervención y prevención eficaz en el barrio de Lucero (Madrid)’, que presentó a las administraciones el Colegio el pasado mes de junio y contó con entrevistas realizadas a los vecinos, quienes revelaron que la problemática comenzó con la llegada de una familia conflictiva que ha ocupado varias viviendas.

Desde entonces, califican como «dramática» la convivencia, salubridad e inseguridad de la zona y destacan que las intervenciones policiales han sido «insuficientes» y los narcotraficantes se sienten «intocables». Por tanto, los vecinos han perdido la confianza en las instituciones y expresan una sensación de «vulnerabilidad e indefensión».

Ante este problemática, el Colegio ha desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países. Pasa por involucrar a los propietarios, realizando talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.

También implementar medidas comunitarias, como lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos. Desde el punto de vista policial, establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de vigilancia. Medidas

Otras medidas judiciales pasan por implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para actividades delictivas.

Por otro lado, los criminólogos madrileños proponen mejorar la iluminación y el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes, e instalar cámaras en zonas estratégicas. También defienden informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.

Asimismo, solicitan asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas, implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas e involucrar a las administraciones, informando y exigiendo una actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.

Los criminólogos madrileños señalan que estas medidas, combinadas de manera estratégica y adaptadas a las condiciones específicas del barrio de Lucero, «pueden ayudar a reducir y eventualmente eliminar el problema de los narcopisos».

Estas estrategias se deben basar en estudios de investigación criminológica y de informes policiales que subrayan «la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes» en la solución del problema, entre los que citan a vecinos, asociaciones culturales del barrio, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, Policía Nacional y Municipal y Juzgados.

LA PROBLEMÁTICA DE LOS VECINOS

La reunión, presidida por la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad, tenía como objetivo coordinar a las distintas administraciones para ofrecer soluciones a los problemas que afectan a los vecinos.

Los residentes de la conflictiva vía llevan más de una década denunciando la degradación de sus edificios, que incluyen viviendas okupadas, tráfico de drogas a plena luz del día y una insalubridad extrema. Los portales de los edificios de Cullera 14 y 16 no pueden cerrarse, permitiendo la entrada y salida constante de toxicómanos y delincuentes. Además, los ascensores están inutilizables, con techos arrancados y restos de orines y defecaciones en su interior.

«La convivencia es insostenible», ha explicado Javier Poveda, portavoz de la Asociación Vecinal de Lucero. «Los drogadictos entran y salen a cualquier hora, destrozan los portales y utilizan los rincones como baños públicos. La Policía Nacional ha actuado, pero mientras sigan okupadas estas viviendas de la Agencia Social de la Vivienda, el problema persistirá», explica.

Asimismo, se quejan de que Ayuntamiento de Madrid sigue sin instalar las cámaras de videovigilancia prometidas desde 2020. «Cada año nos dicen que estarán listas a finales del próximo, pero ni siquiera han solicitado la autorización necesaria», critican. Por último, también denuncian que la jueza decana de Madrid se niegue a recibirle. Su objetivo es pedirle que unifiquen todas las causas para lograr mayor eficacia policial y en el desalojo de los usurpadores.