La Junta de Gobierno del Colegio de la Criminología de la Comunidad de Madrid, reunida en sesión ordinaria el 9 de noviembre de 2023, ha acordado por mayoría de sus miembros la siguiente declaración Institucional:

Amparada por el preámbulo de los Estatutos de este Colegio en donde se considera la Criminología como la Ciencia Empírico-Social que tiene como objeto, entre otras, “las relaciones sociales conflictuales, así como las respuestas a las mismas que sean de carácter preventivo, paliativo o sancionador … así pues, la criminología se entiende como una ciencia al servicio de la Sociedad y de la Justicia …. Ello sitúa al criminólogo en condiciones de evaluar, proponer, intervenir, con método y profesionalidad, en las diversas realidades y niveles que conforman la transgresión social, el conflicto relacional y las diferentes formas para valorar, prevenir, evitar o paliar, comportamientos y consecuencias indeseables que afectan a la seguridad individual y colectiva”.

Por otra parte, en el artículo 9.12 de los vigentes Estatutos del Colegio se indica como funciones básicas las siguientes: “promover una concepción de la comunidad científica criminológica al servicio de la paz y el progreso social que impulse un concepto activo de esta disciplina como instrumento solidario y democrático de acción y realización de los Derechos Humanos en toda su plenitud; así como cualquier otro fin que impulse la Criminología como instrumento útil de análisis y solución de problemas sociales”.

Con base a lo anterior y en relación al acuerdo hecho público el 9 de noviembre de 2023 por el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Político Junts per Catalunya, este Colegio Profesional manifiesta que:

1. No se puede lograr la paz y el progreso social si no existe una clara separación de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), donde la principal norma de prevención y promoción de la convivencia es la Constitución Española de 1978. Norma que orienta y guía la política de prevención del delito. Y, por tanto, existe un riesgo real de deslegitimación de la Carta Magna como base y fundamento de la convivencia en nuestro país,
2. que toda esta situación conllevará una serie de problemas de difícil solución para la convivencia pacífica en nuestro país,
3. desde el respeto a la pluralidad política, la conformación de mayorías parlamentarias ha de estar supeditada, siempre, al principio de legalidad constitucional,
4. las concesiones económicas pactadas que se pretenden realizar provocarán diferencias entre las regiones para invertir en políticas de prevención del delito, con el consiguiente deterioro de la convivencia pacífica,
5. la instrumentalización de la justicia con fines políticos no tiene cabida en un Estado democrático; toda vez que la independencia judicial y la sumisión de los jueces a la Ley, constituyen un presupuesto del Estado de Derecho que debe ser respetado por todos los actores públicos y privados que conforman el Estado que entre todos nos hemos dado.

Por las razones expuestas, el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento a la responsabilidad en defensa del Estado de Derecho y el apoyo solidario a los jueces y tribunales de este país cuya función, tal y como declara nuestra Constitución, constituye en sí mismo un Poder que en ningún caso puede estar sometido a otro.

Madrid, a 10 de noviembre de 2023
COLEGIO PROFESIONAL DE LA CRIMINOLOGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID