Noticia sobre el Colegio

     Madrid, a 9 de julio de 2025

El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), en el ejercicio de sus funciones legales como corporación de derecho público y único órgano colegial reconocido en materia de Criminología en la Comunidad de Madrid, desea trasladar a la opinión pública, a los profesionales del sector y a la ciudadanía en general la siguiente declaración institucional en relación con la sentencia a la llamada Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España (ASPROCRIME).

El pasado 12 de junio la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección Segunda) dictó la Sentencia nº 17/2025, en la que condena a tres responsables de ASPROCRIME por un delito continuado de estafa, cometido mediante la comercialización fraudulenta de cursos de Criminología con apariencia de oficialidad.

Han sido condenados tres miembros de esta entidad a penas de cárcel. No obstante, la sentencia aún no es firme y es previsible que sea objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que se mantiene el principio de presunción de inocencia de los implicados hasta que el fallo judicial definitivo.

Según recoge la sentencia, estas personas ofrecían formación en Criminología supuestamente avalada por universidades extranjeras, con promesas de homologación en España, diplomas con códigos copiados del SEPE y menciones a una inexistente «ASPROCRIME International University». Todo ello sin respaldo legal ni académico, captando víctimas a través de plataformas de formación y publicidad engañosa.

ASPOCRIME NO ES NI NUNCA FUE UN COLEGIO PROFESIONAL

El CPCM recuerda que ASPROCRIME nunca ha sido un Colegio Profesional, ni ha formado parte del sistema oficial de Colegios constituido conforme a la legislación estatal y autonómica española. El uso de términos como «profesional», «colegial», «universidad», «criminólogo/a titulado» o la expedición de títulos y placas de criminólogo/a ha generado una falsa apariencia de oficialidad, vulnerando el principio de legalidad y generando confusión entre estudiantes, profesionales y empleadores.

Este Colegio ya advirtió públicamente en enero de 2019 de la utilización ilícita de la denominación «colegial» por parte de esta entidad, exigiendo la retirada de esa denominación de todos sus canales. Lamentablemente, dicha advertencia fue desoída y las actividades fraudulentas se mantuvieron hasta la llegada de los procedimientos judiciales, según se detalla en la sentencia.

RECOMENDACIONES A PROFESIONALES Y CIUDADANÍA

El CPCM desea recordar la importancia de verificar siempre la legalidad de las entidades que ofrecen formación o acreditaciones profesionales. Solo los Colegios Profesionales legalmente reconocidos, como el nuestro, pueden otorgar acreditaciones profesionales válidas.

Además, cualquier uso de términos como «colegiado/a», «criminólogo/a profesional» o «certificación oficial» debe estar sustentado por titulaciones oficiales y procesos de colegiación reales. Las promesas de homologación automática o títulos «reconocidos internacionalmente» sin respaldo institucional deben ser motivo de alerta.

Este caso supone un grave perjuicio para la imagen pública de la Criminología y para las personas que, confiando en la supuesta oficialidad de ASPROCRIME, abonaron sumas de hasta 4.950 euros por títulos sin ningún valor académico ni profesional. Entre las víctimas figuran guardias civiles, psicólogos, peritos y estudiantes que vieron frustradas sus expectativas laborales y formativas.

COMPROMISO DEL COLEGIO Y ACCIONES FUTURAS

Desde el CPCM expresamos nuestra más firme condena ante estos hechos y manifestamos nuestro compromiso con la defensa de la Criminología y los criminólogos/as, la calidad profesional, el cumplimiento ético y la protección de los derechos de la ciudadanía. Seguiremos impulsando acciones de información, fiscalización y colaboración con las administraciones públicas para detectar y combatir el intrusismo profesional y las prácticas fraudulentas.

Asimismo, el Colegio madrileño continuará el seguimiento del procedimiento judicial y valorará, una vez que la sentencia sea firme, las acciones jurídicas e institucionales que correspondan. La Criminología se construye con legalidad, ética y garantías y la colegiación oficial es compromiso de todo ello. 

     “Esta sentencia es un primer paso hacia la reparación de un daño que nunca debió producirse. La Criminología en España necesita rigor, legalidad y compromiso ético. Desde el Colegio seguiremos trabajando para blindar a la profesión frente al fraude, el intrusismo y cualquier intento de banalizar el valor real de nuestra ciencia y nuestros profesionales. La colegiación oficial es la única vía para garantizar la protección de quienes ejercen y de quienes reciben nuestros servicios”, ha concluido la decana del CPCM, Carmen Balfagón.

     Madrid, a 10 de junio de 2025

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM) han suscrito este lunes un convenio marco de colaboración orientado al desarrollo conjunto de programas formativos dirigidos a los afiliados/as del SUP y a nuestros colegiados/as, con especial atención a la aplicación práctica de la Criminología en la función policial.

El acuerdo, firmado por Carmen Balfagón, decana del Colegio, y el secretario general del sindicato, José Antonio Feijóo, es fruto de las gestiones realizadas por el Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada a la Función Policial del CPCM, y tiene como objetivo prioritario crear un espacio común de conocimiento que conecte la teoría criminológica con las realidades operativas del trabajo policial diario.

El convenio establece un marco de cooperación estable, sin contraprestación económica, que facilitará la organización conjunta de actividades como seminarios, cursos, jornadas, investigaciones, intercambio de documentación y asesoramiento técnico en áreas de interés mutuo. El propósito de esta alianza es dotar a los profesionales de herramientas analíticas, metodológicas y éticas que fortalezcan su actuación sobre el terreno.

Entre las áreas destacadas figuran el análisis de delitos complejos, técnicas de prevención del crimen, evaluación de riesgos y desarrollo de competencias en contextos sensibles como violencia de género, intervención en menores o delitos de odio. Todo ello, con un enfoque integrador entre las ciencias del comportamiento y la práctica policial.

El convenio contempla además la participación del Colegio en el Programa de Formación del SUP, contribuyendo a reforzar la capacitación continua de los agentes desde una perspectiva científica y multidisciplinar. “Queremos acercar la Criminología real a quienes toman decisiones en la calle”, ha explicado Balfagón durante el acto de firma.

Con este acuerdo, el CPCM refuerza su estrategia de vinculación con los operadores del sistema penal y policial y consolida su papel como actor clave en la profesionalización de la Criminología aplicada en España. El Grupo de Trabajo de Criminología Aplicada del CPCM ha subrayado la importancia de que este convenio “no sea un punto de llegada, sino un punto de partida”, para avanzar en una formación policial más rigurosa, basada en evidencia y abierta a la colaboración interdisciplinar.

Madrid, a 7 de mayo de 2025

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes por una muy amplia mayoría una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno de España a elaborar un proyecto de ley que regule el ejercicio profesional de la Criminología.

Esta medida representa un paso decisivo tras años de demandas por parte de los Colegios de Criminología de España, liderados por el de Madrid, que han trabajado incansablemente para alcanzar un reconocimiento legal acorde a la importancia social de la disciplina.

La PNL, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y consensuada con el Popular, ha sido defendida en la Comisión de Justicia del Congreso. Según el texto aprobado, se pretende dotar a la Criminología de un marco jurídico estable, moderno y adecuado a su evolución como ciencia aplicada, con su régimen disciplinario y el reconocimiento del Grado o Licenciatura de Criminología como mérito en procesos de acceso a empleos públicos.

El documento resalta que la Criminología es una herramienta esencial para la prevención del delito, el análisis de causas criminales, la elaboración de políticas públicas y la rehabilitación de personas. En ese sentido, la norma buscará acabar con la actual indefinición profesional que sufren miles de titulados, pese a su formación universitaria especializada.

A partir de ahora corresponde al Ejecutivo central elaborar un proyecto de ley específico que defina las funciones propias del criminólogo, los campos de intervención profesional, la estructura colegial y el acceso al ejercicio profesional, el régimen disciplinario aplicable y el reconocimiento del Grado en Criminología como mérito específico en oposiciones y convocatorias públicas.

Asimismo, se constituirá un grupo de trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y los colegios profesionales de Criminología. Este órgano será responsable de redactar un Estatuto General de la Criminología, que recoja las especificidades de la profesión, sus buenas prácticas y su integración en las políticas públicas.

La iniciativa legislativa incluye una relación de campos y funciones en los que la Criminología puede aportar un valor diferencial, como la prevención del delito en entornos urbanos, escolares y comunitarios; el análisis de cibercriminalidad, terrorismo y crimen organizado; la Justicia restaurativa, mediación penal y gestión del conflicto; la seguridad pública y privada, intervención en crisis y análisis de riesgos; el apoyo a la política criminal y evaluación de programas penitenciarios; la intervención con colectivos vulnerables: mujeres víctimas de violencia, infancia, migrantes o personas reclusas.

Asimismo, se reconoce la necesidad de incorporar a criminólogos en cuerpos técnicos de la Administración pública, como sucede con psicólogos, trabajadores sociales o juristas.

UNA REGULACIÓN LARGAMENTE ESPERADA

El origen de esta iniciativa tiene raíces profundas. Desde hace más de 15 años, asociaciones estudiantiles, colegios profesionales y facultades de Criminología vienen reclamando al Estado una regulación específica de la profesión, como ocurre en países como Reino Unido, Alemania o Italia. La ausencia de ley propia ha generado un limbo legal que impide a los criminólogos acceder a plazas públicas, ejercer en igualdad de condiciones frente a otras disciplinas y evitar situaciones de intrusismo.

Durante los últimos tres años, el movimiento por la regulación se ha intensificado. El Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), con el impulso de la decana, Carmen Balfagón, ha mantenido más de treinta reuniones institucionales de alto nivel representando al conjunto de colegios oficiales –Madrid, Cataluña, Murcia, Asturias y Comunidad Valenciana– y las asociaciones de País Vasco y Andalucía. Este trabajo técnico y político ha desembocado en el texto aprobado en el Congreso.

Así, la futura ley, que contará con la participación del CPCM, no solo permitirá proteger a los profesionales y a la ciudadanía, sino que fomentará la generación de empleo de calidad, asegurará la cualificación mínima exigida para ejercer tareas sensibles y contribuirá a la modernización del sistema de seguridad y justicia español.

Además, reforzará la presencia de la Criminología en proyectos europeos, redes de investigación, evaluación de políticas públicas y organismos multilaterales que ya contemplan esta figura profesional.

UN IMPULSO AL RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL

El documento aprobado recoge la preocupación por la «escasa implementación práctica» del Grado en Criminología en la estructura del Estado, pese a que más de 30 universidades públicas y privadas españolas imparten el título y existen más de 30.000 titulados y estudiantes en el país. También se denuncia que la ausencia de ley ha generado desigualdad territorial, precariedad y desprotección jurídica.

El texto también sugiere que la ley futura esté alineada con la normativa europea, lo que permitirá equiparar la figura del criminólogo español con la de otros países, facilitando la movilidad internacional y el acceso a fondos europeos para proyectos de intervención social y seguridad.

La proposición destaca que la futura ley deberá otorgar un papel clave a los Colegios Profesionales, en tanto que organismos de representación, ordenación, formación y control ético de la profesión. Estos colegios deberán supervisar la aplicación del código deontológico, fomentar la excelencia profesional y canalizar las denuncias por malas prácticas o intrusismo.

El Colegio madrileña señala que esta aprobación «es un punto de inflexión» y que seguirán trabajando para que la ley se materialice cuanto antes, «escuchando a toda la comunidad profesional, al ámbito universitario y a los poderes públicos».

Tras la aprobación de la proposición, corresponde ahora al Gobierno emprender la elaboración del proyecto de ley, que deberá someterse posteriormente a consulta pública, tramitación parlamentaria y debate institucional.

     Madrid, a 29 de abril de 2025

Aprobadas por unanimidad la Memoria Económica y de Actividades de 2024

La decana defendió una estrategia «paso a paso pero contundente» para consolidar al criminólogo como figura reconocida en el ámbito público.

Con el lema implícito de «seguir avanzando sin retroceder», el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid celebró el pasado sábado su I Asamblea Ordinaria de 2025, en la que se puso de relieve el trabajo institucional realizado en el año pasado, se aprobaron nuevos reglamentos y se hizo un firme llamamiento a la unidad del colectivo ante la futura Ley que regulará la profesión.

La jornada comenzó con la ratificación del acta anterior por unanimidad y con la intervención de la decana, Carmen Balfagón, quien realizó un extenso balance del año 2024. «Ha sido un año muy importante, probablemente el más decisivo desde la creación del Colegio. Tenemos sede propia, formación especializada, músculo institucional… Y, sobre todo, una proposición legislativa en trámite parlamentario, algo que jamás habíamos logrado y en la que el Colegio madrileño ha llevado la iniciativa, siempre con el apoyo permanente del resto Colegios de España», señaló.

Balfagón hizo hincapié en que el proyecto normativo se ha construido con estrategia y realismo. «No podemos llevar al Congreso una ley con una memoria económica inviable en un momento en que el Gobierno no tiene presupuestos. Eso lo hemos explicado una y otra vez. Lo primero es que nos reconozcan», insistió.

Por su parte, el vicedecano, Abel González, detalló el trabajo realizado durante 2024 con los distintos grupos parlamentarios, como PSOE, Sumar, PP, ERC o incluso Ciudadanos, ya sin representación institucional. «El objetivo es que la profesión exista jurídicamente. A partir de ahí, la reivindicación de plazas será cuestión de negociación técnica y política», explicó.

González defendió el enfoque gradualista del Colegio, similar al que permitió la creación de la licenciatura en Criminología en 2003. «Entonces nos decían que no era posible porque venía Bolonia. Y lo logramos. Esta vez la clave está en conseguir que el BOE publique el Estatuto del Criminólogo/a español», subrayó.

AMPLIA LISTA DE ACTIVIDADES

El siguiente punto fue la aprobación de la Memoria de Actividades 2024, también por unanimidad. El secretario del Colegio, Ramón Chippirrás, repasó los hitos alcanzados: más de 40 convenios firmados, 37 volantes de prisión emitidos, 14 grupos de trabajo activos, decenas de cursos, biblioteca jurídica, bolsa de empleo reforzada, y un crecimiento neto de colegiados. «Muchos servicios han mejorado en silencio: el correo profesional, el acceso a bases jurídicas o la gestión documental en el área privada. Todo eso genera profesionalización y confianza institucional», explicó.

También se detallaron los servicios del área social (con importantes descuentos en transporte, alojamiento, formación o espectáculos, que supone la amortización del coste de las cuotas colegiados para muchos beneficiarios) o el refuerzo de la base de datos jurídica y los acuerdos con universidades para prácticas. «Tenemos ya presencia estable de alumnos en prácticas de universidades como la Camilo José Cela o la Universidad Rey Juan Carlos», añadió el secretario.

El Colegio también ha tenido presencia creciente en medios de comunicación, ferias de empleo, jornadas universitarias y foros de orientación profesional. La idea es que el criminólogo esté presente no solo en instituciones públicas, sino también en el imaginario colectivo y social del país.

La memoria también recogió un incremento significativo en la actividad formativa en 2024: 9 webinars organizados por los Grupos de Trabajo, 4 cursos externos y el exitoso Curso de Facilitadores Judiciales, pionero en su enfoque y contenido. «Ha sido reconocido por la Comunidad de Madrid como formación estratégica», afirmó el vicedecano.

Otro punto destacado fue el impulso de la Oficina de Peritos, que ha permitido la inclusión de colegiados en listas de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta, Murcia y Baleares. «El turno de peritos está creciendo y consolidándose. Algunos colegiados han recibido hasta 5 o 6 encargos en el año», explicó Chippirrás.

También se abordaron los tres expedientes disciplinarios gestionados en 2024 por la Comisión de Ética y Deontología. Dos concluyeron con inhabilitaciones temporales, y uno sin sanción. Se destacó la colaboración con otros colegios para el cumplimiento de sanciones interterritoriales.

CUENTAS EQUILIBRADAS Y NUEVOS REGLAMENTOS

Tras la aprobación de la memoria económica -también por unanimidad-, el tesorero, Juan Carlos Gutiérrez, presentó unas cuentas equilibradas y con superávit. «El saldo positivo de casi 22.000 euros refleja una gestión profesional y prudente. La inversión en la sede ha sido estratégica y está perfectamente justificada como activo del Colegio», detalló.

Los ingresos por formación y cuotas crecieron respecto a 2023. También se reconoció el pequeño déficit del II Congreso de Criminología, compensado con otras partidas. «La formación ya es una fuente propia de financiación. Y lo será más aún con los cursos de peritos y los de experto en facilitación», apuntó Gutiérrez.

Uno de los puntos con mayor consenso fue la aprobación del nuevo Reglamento de Grupos de Trabajo, una revisión profunda del modelo anterior. Se establecen nuevas normas para la creación de grupos, la figura del coordinador, el compromiso de confidencialidad y la gestión de bajas, entre otros aspectos. «Queremos proteger la producción académica, evitar conflictos internos y reforzar la capacidad de los coordinadores. Este reglamento es una apuesta por la calidad y la transparencia», explicaron los responsables de la Comisión Deontología del Colegio, Ignacio de Borja González y Marta de la Fuente.

Inmediatamente después, se debatió y aprobó el Reglamento de Uso de Inteligencias Artificiales, pionero entre los colegios profesionales del ámbito criminológico. De la Fuente alertó de los riesgos: «La IA no puede sustituir al profesional. Ni puede hacer informes, ni diagnósticos, ni evaluaciones. Solo puede ser un apoyo técnico bajo control humano».

La norma recoge los usos prohibidos según el reglamento europeo: puntuación social, predicción delictiva, inferencia de emociones, reconocimiento biométrico y otras prácticas invasivas. «Este reglamento es una garantía para los ciudadanos y una protección para los colegiados», afirmó.

Ambas propuestas fueron aprobadas sin votos en contra y se incorporarán al funcionamiento interno del Colegio. Se introdujo además una cláusula de revisión automática del reglamento de IA conforme evolucione la normativa europea, a propuesta del colegiado Jordi Delgado.

OTRAS CUESTIONES DE GRAN INTERÉS

En el turno de ruegos y preguntas se trataron cuestiones como la creación de una institución de mediación, la necesidad de actualizar la base de datos para colaboraciones mediáticas y una emotiva propuesta para instalar una vitrina conmemorativa con objetos personales de una criminóloga pionera en televisión.

«Estos recuerdos son un homenaje a quien abrió camino cuando apenas se hablaba de criminología en España», explicó Cristian el colegiado que ha recibido la donación. El proyecto fue acogido con entusiasmo.

También se propuso organizar actos de bienvenida a los nuevos colegiados, al estilo de otros colegios profesionales, que serviría para reforzar el vínculo institucional y dar visibilidad a quienes se incorporan a la institución.

Asimismo, se trató el futuro en la nueva ley para los pocos colegiados que se acogieron en el momento de la creación del CPCM a la disposición transitoria de la Comunidad de Madrid, que permitió su colegiación sin titulación de Grado pero con experiencia criminóloga reconocida.

Balfagón fue clara al respecto: «Vamos a luchar por todos los que accedieron legalmente. La ley no puede dejar atrás a quienes fueron pioneros en la profesionalización». En esta línea, se propuso añadir una cláusula adicional que reconozca como criminólogos a quienes estuvieran colegiados a fecha concreta. «Es una vía jurídica viable y justa», explicó Chippirrás, secretario del Colegio.

La Asamblea, que se celebró de forma online, concluyó con palabras de agradecimiento de la decana: «Este Colegio no solo está haciendo historia, sino que está sentando las bases del futuro. Y lo hace gracias al compromiso y al rigor de todos vosotros». Balfagón y su equipo también recibieron palabras de elogio y apoyo por el trabajo realizado.

Con 40 colegiados presentes y 13 delegaciones de voto, animando a una participación más importante en próximas citas, la Asamblea cerró sin incidentes, con la aprobación de todos los puntos del orden del día, y una sensación compartida de que el Colegio está en su momento más sólido y ambicioso desde su creación.