Madrid, a 3 de marzo
La Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados ha acogido este martes la I Jornada “Política Criminológica y Estado de Derecho en la era de la IA”, un encuentro preparatorio del V Congreso Internacional Profesional de Criminología y del III Congreso de Criminología de la Comunidad de Madrid, organizado por los Colegios Profesionales de Criminología de España para “integrar el conocimiento criminológico en la toma de decisiones legislativas” en un escenario de transformación tecnológica y cambio en los patrones delictivos.
La apertura institucional ha corrido a cargo de la decana del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid, Carmen Balfagón; del el presidente del Col·legi Oficial de Criminologia de Catalunya, Ángel Párraga; de la decana del Ilustre Colegio Oficial de Criminología de la Comunidad Valenciana, Amparo Peris; y del decano del Colegio Oficial de Criminología de Euskadi, Diego Leonet; junto al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Joaquín Martínez Salmerón.
En la conferencia inaugural, el magistrado y asesor del Ministerio de Justicia Fernando de la Fuente Honrubia ha defendido el papel de la Criminología en el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, subrayando su aportación para evaluar el impacto de medidas, estudiar reincidencia y riesgo y equilibrar garantías y eficacia investigadora.
La primera mesa redonda, centrada en políticas de seguridad, ha girado alrededor de la distancia entre seguridad objetiva y seguridad subjetiva, y de la necesidad de reforzar herramientas de medición más allá de los delitos conocidos. En ese contexto, el presidente del colegio catalán, Ángel Párraga, ha sostenido que España es “probablemente uno de los más seguros del mundo” en términos objetivos, pero ha advertido de la falta de correlación con la percepción social y el miedo de parte de la sociedad a la delincuencia y al problema de la multirreincidencia.
Así, se ha debatido el hecho de que la seguridad no es absoluta y depende de variables que trascienden el recuento estadístico, como el entorno cotidiano, la salud, el nivel de vida o la soledad. En este sentido, el vocal del Colegio madrileño Alberto Rodríguez ha pedido desarrollar encuestas de victimización para abordar la “cifra negra” de delitos no denunciados y ha puesto ejemplos de conductas que, a su juicio, pueden escalar cuando “el agresor solo tiene beneficio y no tiene coste”.
Rodríguez, que coordina el Grupo de Trabajo de Criminología aplicada a la Función Policial También ha cuestionado la utilidad de la tasa de criminalidad agregada, utilizada por el Ministerio del Interior al considerar que mezcla categorías y puede ocultar repuntes relevantes. Además, ha expuesto una batería de datos comparativos de 2017 a 2025 y ha advertido de un incremento en delitos graves, aunque ha matizado que, en comparación internacional, España sigue siendo un país seguro, “pero camino de dejar de serlo si seguimos con esta tendencia”.
En la misma mesa ha intervenido el diputado de Vox por Barcelona y portavoz de su partido en la Comisión de Justicia, Juan José Aizcórbe, quien ha afirmado que “España en relación al 2017 es menos segura y esto los datos lo demuestran”, y ha señalado que existe una “percepción social” de inseguridad alimentada, entre otros factores, por la idea de que algunos delincuentes “entran por una puerta y salen por otra”.
La mesa también ha abordado el papel de las fuerzas de seguridad y los límites del enfoque policial. Párraga ha defendido que la seguridad “es transversal” y que “la policía no es la solución”, sino “una herramienta potente”, al tiempo que ha alertado contra “policializar” problemas que —ha dicho— deberían contar con respuestas sociales y comunitarias para reforzar el control informal.
En la segunda mesa, dedicada a políticas tecnológicas y riesgos de la inteligencia artificial, el diputado del PP José Luis Pedreño Molina ha descrito la IA como una tecnología “disruptiva de verdad” por basarse en el aprendizaje, y ha subrayado que el núcleo del debate está en los datos, el modelo y el algoritmo. Pedreño ha destacado que Europa regula por categorías de riesgo y ha citado el debate sobre biometría como una de las cuestiones más sensibles al cruzar seguridad pública y derechos fundamentales.
Durante el debate, se han citado riesgos como el exceso de confianza en sistemas automatizados, la necesidad de “supervisión” y la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en decisiones que afectan a terceros, especialmente en ámbitos como seguridad, justicia y prueba digital.
El experto criminólogo miembro del Colegio madrileño Pablo Luis Gómez ha advertido de un escenario de “sociedad sintética” y ha explicado que la IA se sostiene —en su planteamiento— sobre tres capas: energía, algoritmo y datos, además del papel del usuario como “discriminador” del resultado. En su intervención, ha reclamado mecanismos claros de transparencia sobre fiabilidad y sesgos, y ha citado amenazas como la manipulación hiperrealista, el fraude automatizado y los riesgos de estigmatización en sistemas predictivos.
La jornada reservó su tramo final a una conclusión de carácter estructural: sin un marco de regulación profesional suficiente, la Criminología pierde capacidad de aportar valor estable al Estado de Derecho y, a la vez, se expone a riesgos que terminan impactando en la ciudadanía y en la propia calidad del sistema penal y de seguridad.
Ese fue el eje de la conferencia ‘La importancia de la regulación de la profesión criminológica”, prevista como clausura y atribuida en el programa al diputado del Grupo Socialista Francisco Aranda, con la presencia de Carmen Balfagón; el vicedecano del Colegio madrileño, Abel García; y el secretario de la entidad, Ramón Chippirrás.
El mensaje final se resume en que la profesión necesita un encaje normativo que reduzca la arbitrariedad, unifique criterios y evite que el asesoramiento criminológico dependa de prácticas dispares o de actores no cualificados.
